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Carlos Ramírez

Las elecciones legislativas mexicanas del pasado 6 de junio ayudaron a reconfigurar el panorama de los factores reales de poder existentes. Dos datos destacan entre muchos: la construcción de un frente de centro-derecha con nuevos grupos de poder y el surgimiento de grupos localizados del crimen organizado en la configuración de espacios gubernamentales locales y del congreso federal en su Cámara de Diputados.

El dato mayor se localiza en el fortalecimiento del partido Morena, del presidente López Obrador, como la fuerza política más importante con 35% de los votos y 55 por ciento en alianza con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde ecologista, dos partidos sin fuerzas reales, pero con votos suficientes para construir alianzas. Lo importante de este dato radica en el hecho de que Morena no es formalmente o en sentido estricto un partido político –de ideas, de masas o de programa de gobierno–, sino que se identifica, en lenguaje politológico, como un movimiento de movimientos, o alianza de una diversidad de pequeños y medianos grupos sociales bajo el liderazgo del presidente López Obrador.

Del lado opuesto, México ya ofrece un panorama diferente. El PRI, que había sido el partido dominante con porcentaje de votos hasta 90%, se desplomó a una votación menor a 20%, sin capacidad para liderar de manera decidida alguna coalición y a ello se agrega el hecho de que sus principales aliados hoy fueron el PAN, partido de la derecha nacido en 1939 para oponerse al PRI, y el PRD del cardenismo que rompió con el PRI en 1987 y se alió al Partido Comunista Mexicano para crear una especie de izquierda no marxista sino basada en la ideología social de la Revolución Mexicana que había ya soslayado el PRI en sus programas de gobierno.

A esta alianza PRI-PAN-PRD –conocida con el mote de prianredé— se adhirieron cuando menos cuatro formaciones fuera de los procesos electorales directos: el gobierno de Estados Unidos a través de apoyo a fundaciones social-electorales, la prensa extranjera pidiendo el voto contra de Morena, el sindicato patronal político COPARMEX y el empresario activista antisistema Claudio X. González.

Lo paradójico de esta nueva alianza radica en el hecho de que todos los nuevos grupos, el PAN y el PRD habían sido enemigos históricos del PRI en sus dos fases: la populista de 1934 a 1982 y la neoliberal de 1983 a 2012. En este escenario, ha habido en México un realineamiento de la derecha al centro y del centro a la derecha, abandonando el centro-izquierda en manos de Morena. El PRI no es el eje de la nueva coalición, sino que el nuevo cetro dinamizador de la alianza de centro-derecha es el PAN, el partido católico conservador nacido de los banqueros de los años treinta.

El gobierno de EEUU siempre ha querido inducir reagrupaciones conservadoras. En 1985 hizo un intento audaz para coaligar al PAN con empresarios de derecha, la jerarquía católica conservadora y grupos vinculados a los intereses estadounidenses. La idea entonces era ganar el congreso en 1985 y buscar la alternancia presidencial al PAN en 1988. El pivote organizador de la alianza de 1985 fue el entonces embajador estadunidense en México John Gavin, un actor compañero de películas del presidente Reagan. Sin embargo, a la hora decisiva Gavin no pudo consolidar la alianza y el PRI conservador del gobierno tecnócrata de Miguel de la Madrid ganó la mayoría legislativa en 1985 e impuso como candidato presidencial a Carlos Salinas de Gortari, quien llegó con la bandera del tratado de Comercio libre que dio el giro económico a la derecha de México terminando con casi ochenta años de dominio estatista.

El espacio de oportunidad de las elecciones de este año en México con el enfoque social-popular-populista del gobierno del presidente López Obrador provocó la construcción del bloque opositor conservador de centro-derecha, uniendo a viejos adversarios históricos como lo fueron el PRI, el PAN y el PRD con las nuevas formaciones político-sociales activistas a favor de la defensa del modelo de globalización económica en torno al mercado.

El saldo final benefició a Morena de López Obrador, aunque con menos votos que en el 2018; sin embargo, le ratificó la mayoría absoluta para poder cambiar o aprobar leyes con el 51% de votos, pero negándole la mayoría calificada de 67% para cambiar la Constitución por un mismo grupo político. En el pasado, hasta 1988, el PRI mantenía una mayoría de 70%-100% que le permitía cambiar la Constitución por sí mismo. A partir de los ochenta se decretó que ningún partido por sí solo podría tener mas de 60% de votos para obligar a alianzas pluripartidistas para cambiar la Constitución con el voto de dos terceras partes.

En la nueva coalición conservadora de los tres partidos políticos tradicionales más Estados Unidos, los empresarios y la prensa internacional fue el resultado más significativo y de largo plazo del proceso electoral. Pero no habrá ninguna otra oportunidad de consolidar esta alianza sino hasta las elecciones presidenciales del 2024. De todos modos, la coalición PRI-PAN-PRD ya anunció su funcionamiento como bloque legislativo en la Cámara de Diputados para cuando menos restarle credibilidad a la aprobación de las leyes que tendrá con facilidad Morena por su mayoría de 55%. No se tienen evidencias claras de que exista un acuerdo legislativo formal en función de propuestas de leyes específicas, sino que la alianza estará atada solamente al objetivo de oponer o dificultar la aprobación de leyes por parte de Morena como mayoría absoluta.

El escenario político de México, en efecto, se modificó en estas elecciones: nunca se había dado una alianza tan específica entre los tres partidos que fueron adversarios históricos a lo largo de más de ochenta años y que se unieron sólo bajo la motivación exclusiva de evitar la mayoría de Morena en el Parlamento. A partir de ahora, pues, México tendrá dos bloques de poder: de un lado, el de Morena; y del otro, la extraña de la izquierda, el centro y la derecha tradicionales para oponerse a López Obrador.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

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Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Desigualdad, sigue: 70% con ingreso Igual al 10%; 20% con mitad de riqueza

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Carlos Ramírez

Desde que en 1968 el economista Enrique Padilla Aragón reveló que el modelo de desarrollo posrevolucionario había generado un proceso de crecimiento económico con pobreza y desigualdad social, los gobiernos populistas, neoliberales y posneoliberales han carecido de alguna propuesta para vincular el crecimiento y la distribución de la riqueza que define el desarrollo.

La última Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos en los Hogares en 2020 del INEGI revela las cifras que desnuda la dimensión de la crisis populista, la crisis neoliberal y la crisis pandémica: la distribución del ingreso nacional entre familias perdió en el -8.5% del PIB el año pasado lo ganado en los anteriores dos años y el reparto de la riqueza regresó a la desigualdad de 2016.

Dos cifras son reveladoras del retroceso en desigualdad social padecida en los últimos dos años de PIB negativo:

1.- El 70% de las familias mexicanas entre pobres y clase media tienen el mismo ingreso que el 10% de las familias más ricas; a nivel más global el 80% de las familias tiene el mismo ingreso que el 20%de las familias ricas. Este 20% de las familias ricas acapara, sin que alguna política económica rompa esa concentración, el 51.7% del ingreso nacional.

2.- A nivel de ingreso corriente promedio, el 10% de las familias más ricas tiene ingresos por 18 veces más que el 10% de las familias más pobres.

La distribución de la riqueza representa una de las funciones prioritarias del Estado, si no es que la más importante, porque se utilizan instrumentos fiscales para repartir la riqueza nacional tratando evitar la concentración del ingreso. Al contrario, la crisis 2018-2020 disminuyóparticipación en el ingreso a los sectores más pobres y transfirió mayor riqueza a los sectores con mayor concentración.

Las cifras del INEGI exhiben que el 10% de las familias más pobres perdió lo ganado en 2016-2018 y en el 2020 regresó al punto de 2016. En cambio, el 10% de las familias más ricas había perdido 2.8 puntos porcentuales de su participación en la riqueza, pero la crisis permitió su recuperación.

Lo anterior quiere decir que la crisis económica, el tránsito del modelo neoliberal al modelo posneoliberal y el PIB negativo en 2019-2020 afectó más a los pobres y beneficio más a los ricos.

Otros datos de la encuesta 2020 del INEGI han sido ya referidos en medios: la disminución de 5.8% en el ingreso corriente trimestral y la baja de 12.9% en el gasto corriente, además del aumento de 45% del gasto en salud por la falta de una política estratégica del Estado para proteger a los sectores con bajos niveles de ingresos que dependen de los subsidios gubernamentales.

La encuesta, además, reconfirma la polarización en el ingreso regional: Nuevo León, el estado con mayor actividad industrial, encabeza la lista de sociedades más favorecidas, en tanto que en los cinco últimos lugares aparecen las entidades más abandonadas de las políticas redistributivas de la riqueza: Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, Guerrero y en último lugar Chiapas. Chiapas, por ejemplo, tiene seis veces menos ingreso corriente qué Nuevo León.

Las cifras de concentración de la riqueza a través del ingreso nacional han sido siempre los indicadores definitivos de la estructura de desigualdad social que existe en México y de la polarización entre ricos y pobres. Las tres políticas económicas existentes –populismo, neoliberalismo y posneoliberalismo– se han fijado las metas, con diferentes grados de eficacia, de evitar la profundización de la desigualdad a través de políticas públicas de carácter fiscal y de programas sociales, pero todas han fracasado.

La desigualdad estructural que existe entre las diferentes clases sociales se confirma en las evaluaciones del CONEVAL: en promedio el 80% de las familias mexicanas vive con una a cinco restricciones sociales, lo que indica padecimientos de desigualdad en diferentes niveles y puntos de bienestar por abajo de la media; y del lado contrario, solo el 20%de la población vive con un bienestar suficiente y sin ninguna carencia social.

 La encuesta del INEGI confirmó que México sigue siendo un país con desigualdades sociales estructurales que lo colocan entre las naciones de bajodesarrollo social.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Intelectuales y Cuba, “una pasión desdichada”

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Carlos Ramírez

Ahora que existe una coyuntura para la rendición de cuentas sobre la construcción de ese monstruo caribeño que se simbolizó como revolución cubana, podrían estarse dando las condiciones para voltear la mirada hacia los intelectuales sartreanos que proyectaron el compromiso de su escritura en apoyo a un movimiento social ideológico que resultó en una caricatura de socialismo autoritario.

Quizá el alejamiento posterior crítico de esos intelectuales pueda disminuir un poco su responsabilidad en la justificación de una dictadura personalista en La Habana. De todos modos, habría que fijar la atención sobre ellos, cuando menos para que asuman su responsabilidad del pasado.

Los intelectuales latinoamericanos y europeos apoyaron y forjaron el mito revolucionario de Fidel Castro de 1959 a 1971 y la ruptura se dio entorno al arresto, tortura psicológica y represión al poeta cubano Heberto Padilla, por cierto, funcionario revolucionario y víctima de sus propias teorías de la conspiración. La acusación en su contra fue un absurdo del Gobierno cubano, pero ocurrió en el momento en que la sensibilidad revolucionaria no aceptaba poemas insidiosos contra sus líderes.

El caso Padilla no fue el primero. En 1961 el gobierno de Fidel Castro reprimió, censuró y regañó a los intelectuales que suponían que la revolución era un acta de libertad absoluta ajena a sumisiones autoritarias. En esta columna ya recordamos que en ese año el gobierno de Castro censuró el documental P.M. que contaba sin inhibiciones la vida nocturna en La Habana y que había sido realizado por el hermano de Guillermo Cabrera Infante, otro intelectual de origen revolucionario y castrista, aunque después rompió con el gobierno y se convirtió en un gusano en el exterior. En el debate abierto por el gobierno con intelectuales se definió la doctrina intelectual de Fidel Castro: “contra la revolución ningún derecho”.

A pesar de ello, muchos intelectuales extranjeros siguieron apoyando a Cuba hasta 1971. Un caso singular fue el de Julio Cortázar, el escritor argentino-francés que arrió sus banderas creativas para someterlas a los criterios estalinistas de apoyo estricto a la revolución. Quedó como constancia infame su poema Policrítica a la hora de los chacales, en el cual de manera patética implora el perdón del dictador. Inclusive, Cortázar rompió su línea creativa en 1973 para escribir su novela Libro de Manuel, una oda a los revolucionarios muy al estilo del estalinismo de los años cincuenta.

Mario Vargas Llosa fue uno de los promotores entusiastas de la revolución cubana y escribió varios textos en periódicos de Estados Unidos para señalar una nueva etapa de la humanidad. En 1971 se convirtió en el pivote de dos cartas de protesta de intelectuales contra Fidel Castro publicadas en París y que significaron el punto de ruptura con la revolución cubana.

Un caso de ruptura silenciosa fue Carlos Fuentes, quien, en 1961, en una caravana de intelectuales a Chile, de acuerdo con testimonios de José Donoso, dijo que ya no escribiría literatura y que se dedicaría a promover la revolución cubana. En 1971 Fuentes decidió mantener desde entonces un silencio respecto a Cuba, con indicios de qué se trataba de una posición crítica no expresa.

El escritor chileno Jorge Edwards fue el único extranjero que padeció la represión cubana. En 1971 arribó a La Habana como representante del gobierno socialista-comunista de Salvador Allende en Chile para reanudar relaciones diplomáticas. Sin embargo, Edwards mantuvo su actividad literaria y se reunió con frecuencia con escritores marcados por la policía secreta cubana. Fidel Castro presionó para expulsar a Edwards de Cuba y acusarlo con Allende y con el poeta Pablo Neruda, quien tenía autoridad moral sobre el escritor chileno.

La historia de la cuenta Edward en su libro testimonial Persona non grata que fue publicado en 1972 y que marcó el punto de ruptura de Castro con los intelectuales. En las páginas casi finales Edwards cuenta una áspera reunión de despedida con Fidel y revela que el líder cubano carecía de información real sobre la situación de los intelectuales, pero funcionaba como comisario ideológico estalinista. Edwards trató de explicarle a Fidel que la cultura no era contrarrevolucionaria y que Cuba tendría muchos problemas de mantener su cerrazón autoritaria contra la libertad de creación.

En México la revolución cubana determinó el espacio ideológico de la cultura y marcó las relaciones entre intelectuales mexicanos. Cuba fue el punto de ruptura de las relaciones entre el grupo de Fernando Benítez y su sucesor Carlos Monsiváis y el grupo de Octavio Paz, el primero moviéndose en los espacios progresistas de apoyo a la revolución cubana por su simbolismo ideológico en México y en América Latina y el segundo manteniendo una posición liberal de respeto a la libertad de creación. En 1977 ocurrió la polémica Paz-Monsiváis alrededor de opiniones muy críticas del primero contra el pensamiento socialista inflexible y las críticas de Paz al saldo negativo en libertad de creación del socialismo realmente existente, en particular el cubano.

Y no debe olvidarse el caso del intelectual Regis Debray, quién arribó a La Habana de la mano de ensayos ideológicos de apoyo a la revolución cubana, fue usado por Castro como mensajero secreto, resultó detenido después de haber visitado al Che Guevara y luego abandonado a su propia suerte. Debray rompió con Cuba luego de conocer la experiencia del socialismo democrático de Allende en Chile y se convirtió en un crítico de la dictadura cubana.

El gran debate actual se da hoy entorno a quién aprovechó a quién: si los escritores a la revolución o revolución a los escritores. A la larga, los intelectuales realizaron un viaje de la izquierda a la derecha o, en palabras de Vargas Llosa, un tránsito de Sartre a Camus, aunque bien pudo haber sido un viaje en reversa de la estación de Finlandia, en San Petersburgo, a Zúrich. Alemania.

Al final, quedan las palabras de Octavio Paz sobre la relación de los intelectuales con la política: “una pasión desdichada”.

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Carlos Ramírez

Seguridad y Defensa- Gobernanza criminal: No democracia sino dictadura

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Por Carlos Ramírez

La estrategia de seguridad de “construcción de la paz” se basa en un punto clave: que los grupos criminales asentados en comunidades territoriales de la república asuman su responsabilidad, abandonen la disputa a balazos de plazas municipales y contribuyan a mantener la estabilidad social.

El modelo se entiende en la teoría; sin embargo, la realidad es otra. La configuración educativa de los liderazgos criminales no sólo es menor a la educación media baja nacional, sino que está determinada por el uso de la violencia como instrumento de dominación social, territorial y de grupos ciudadanos.

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, surgió de las fuerzas de seguridad del gobierno y ha demostrado una ferocidad sin límite social y humano. Y el Chapo Guzmán y sus hijos tampoco pasaron por una educación media o media superior y su funcionamiento instintivo se sustenta en el ejercicio de la violencia.

Los grandes capos están inmersos en las estructuras de gobierno más por el deseo de controlar territorios y personas para favorecer las actividades criminales de sus organizaciones y no con el sentido de contribuir al mejoramiento de la estabilidad social y el nivel de bienestar de sus habitantes. Inclusive, la tendencia del Cártel del Golfo de distribuir despensas o de organizar festivales populares en fiestas de la comunidad son más actos de propaganda y relaciones públicas que de preocupación por el nivel de vida de las personas.

Cuando era jefe todopoderoso de la familia michoacana, Servando Gómez La Tuta llegó a ejercer funciones prácticas de gobernador, de delegado municipal y hasta de alcalde, tratando de involucrarse en la construcción, compra o expropiación violenta de empresas y con ello abrir el camino a la institucionalización productiva de su grupo delictivo. Sin embargo, nunca pudo entender el papel que juegan las autoridades como promotoras del bienestar y de la actividad económica y se quedó solamente en papel de recaudador de impuestos para aumentar su riqueza y no para beneficiar el desarrollo de la comunidad.

La llamada gobernanza criminal es el reconocimiento por parte del Estado y del gobierno al papel estabilizador y de promotor del bienestar que debieran jugar los jefes de los cárteles y las bandas criminales, a partir del criterio de que el ambiente de violencia armada sólo disminuye las posibilidades de los negocios directos e indirectos de la droga. Cuando un delincuente crea una empresa, no ingresa a las reglas competitivas con otras, sino que impone su dominio por la fuerza y la violencia.

En términos estrictos, es imposible que el jefe o capo de una banda criminal quiera dedicar tiempo a la compleja administración de los asuntos de las comunidades dónde está instalado y menos aún que sepa siquiera cómo construir una estructura de seguridad y justicia basado en las reglas de los derechos humanos. Los capos del crimen organizado utilizan solamente el lenguaje de la violencia represiva del adversario.

Por estas razones, en estos dos y medio años de gobierno no se han notado avances en la parte de la propuesta de construcción de la paz que tiene que ver con la corresponsabilidad de las bandas del crimen organizado con la administración cotidiana de las comunidades municipales. Al contrario, la pasividad operativa de las estructuras gubernamentales de seguridad ha sido aprovechadas por las bandas criminales para intensificar su violencia armada con el propósito de imponer su dominio y control territorial, institucional, económico y fiscal sobre los espacios territoriales dominados.

En este sentido, la línea de gobernanza criminal que se supone forma parte de la estrategia de construcción de la paz de manera difícil podrá llegar a reconstruir la estabilidad social, económica y pacífica en las comunidades asentadas que dominan los capos del crimen organizado. Y como no se trata sólo de los jefes, la tropa delictiva conoce menos de responsabilidad de su fuerza para mantener la paz en una comunidad rural o urbana.

El problema radica en que el objetivo prioritario de las bandas criminales no es sustituir a las autoridades institucionales, sino tomar el control de una zona territorial para marcar su territorio e impedir la presencia de otros grupos delictivos. Y ocurre que, al interior de las mismas bandas, formadas por liderazgos cómplices o por alianzas familiares, también existe disputa interna por el control del grupo, como se aprecia en los desprendimientos que ha habido en cárteles como el Jalisco o el de Sinaloa.

A dos y medio años de iniciada la estrategia se requiere una evaluación crítica de sus propuestas y resultados y de la valoración de las metas no alcanzadas. Al final de cuentas, la función del Estado y los gobiernos en zonas territoriales de la República tiene como objetivo la paz, el bienestar y las actividades legales que permitan la multiplicación de la riqueza.

 

Zona Zero

·         Los dos primeros años de funcionamiento de la Guardia Nacional ofrecen resultados concretos en configuración del cuerpo de seguridad, instalación territorial en toda la República y capacitación de su personal. Pero en los medios de información se analiza la tarea de la Guardia Nacional en función de sus resultados operativos y de las cifras de inseguridad que sigue acaparando la nota roja de los medios.

·         La crisis en Aguililla sigue escalando niveles de percepción crítica entre analistas y en la sociedad, porque la baja operatividad de las fuerzas de seguridad no ha generado algún compromiso de paz y no-violencia por parte de los cárteles en lucha por el control de la zona. En fuentes de seguridad se tiene claro qué el frenón operativo de la Guardia Nacional tiene un punto de inflexión que pudiera estar alcanzándose por la barbarie e impunidad de los carteles en lucha y por la afectación de la vida civil en el municipio.

 

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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