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Indicador Político

La clave de la 4T (o 3.6T) no radica en la seguridad ni en la corrupción, sino en la economía y sus efectos sociales: si el PIB promedio sexenal no rompe el techo desestabilizador de 2.5%, entonces la falta de empleo productivo, la escasa repartición de la riqueza y la presión demográfica repetirán el fracaso de sexenios anteriores.

Los primeros nueves meses de gobierno han fijado los primeros indicios del modelo económico del país: el regreso del Estado rector y regulador de la producción y no el Estado intervencionista directo a la producción con empresas paraestatales que desplacen a empresas privadas, pero falta por convencer a la empresa privada que su función es crear riqueza y no determinar el rumbo político del régimen.

El modelo de Estado de la propuesta de López Obrador se complementa con un regreso al esquema del presidente Miguel Alemán en su reforma al artículo 3° constitucional el 30 de diciembre de 1946 donde definió la democracia “no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.

Es decir, la democracia no era el objetivo de las élites gobernantes priístas salidas de una revolución armada, sino que esa democracia quedaba en segundo lugar ante la prioridad de garantizar el bienestar social. Por eso la legitimidad del PRI duró hasta que la crisis 1973-1982 disminuyó el bienestar social y los mexicanos comenzaron a votar por otros partidos.

El planteamiento oximorónico democracia-bienestar no pudo sostenerse en el ciclo neoliberal 1983-2019 porque el PIB se estancó en 2% con crecimiento de la pobreza y el Estado se desentendió de las políticas sociales en aras de la estabilidad macroeconómica. A cambio, el sistema priísta fue cediendo espacios democráticos a la sociedad, aunque esa democracia potenció a la oposición anti priísta y, de manera paradójica, la democratización llevó a la sociedad a votar por la oposición en tres ocasiones: 2000, 2006 y 2018.

La clave de la larga campaña presidencial 2006-2018 de López Obrador fue justamente el bienestar de las mayorías, no la democracia. Por eso su principal compromiso se localiza en el binomio PIB-distribución de la riqueza. Por eso López Obrador parece basar su proyecto en dos ofertas: una política controlada por la clase gobernante y una economía dinamizada por el sector privado, ambas con un Estado garante de los límites de las nuevas funciones.

Los primeros nueve meses de gobierno lopezobradorista han revelado que el camino no será de regreso del Estado populista que sustituya a la empresa privada, pero le está costando trabajo político convencer a los empresarios que su deber es invertir y tener utilidades y no convertirse en el eje dinamizador del Estado y del régimen político.

En todo caso, al modelo lopezobradorista le falta un verdadero plan de desarrollo, la definición de un nuevo modelo de desarrollo y la utilización del gasto público como el detonador de la actividad empresarial productiva. El Estado regulador-estabilizador-rector podría ser el modelo de estatalidad–rectoría sin intervención en la producción– que definió Francis Fukuyama a partir del Banco Mundial después del colapso comunista y que le dio funciones de fijación de objetivos de desarrollo.

El problema radica en que el planteamiento de López Obrador –Estado promotor de la inversión privada, gasto público a sectores vulnerables y régimen político bajo control del Estado– carece de una operación estratégica, se basa en el carisma personal del líder refrendado todos los días y no tiene un verdadero plan de desarrollo de largo plazo.

El primer corte de caja es negativo: la inversión privada no fluye por decisión política empresarial que quiere poder político, la inversión pública está escasa por el control inflacionario neoliberal por el lado de la demanda y apenas alcanza para reasignar presupuesto a programas sociales improductivos y el efecto se nota en la relación demanda agregada negativa-PIB decreciente.

El PND redactado en el despacho presidencial de Palacio Nacional perdió la oportunidad de fijar el marco económico de la propuesta de López Obrador y se enfocó al planteamiento político de un modelo posneoliberal que no aparece procesado de manera programática en ningún documento oficial. Por tanto, el proyecto presidencial sabe que no quiere, pero no tiene un modelo programático para definir lo que sí quiere.

Las crisis políticas y sociales de México a lo largo de las diferentes fases de la 3T 1917-2018 han sido políticas con motivaciones económicas por pobreza social. Cuando los gobiernos han dejado de crear bienestar social general, la sociedad, temprano o tarde, con gobiernos populistas o neoliberales, se transforma en un electorado crítico opositor al grupo gobernante en turno.

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 Política para dummies: La política es la habilidad para convertir las relaciones de poder, de clase y de producción en bienestar social con estabilidad económica.

 

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Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Derechos humanos: en una comisión o en las calles y medios, como antes

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A partir del hecho de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se burocratizó y perdió su esencia social, su existencia no ha tenido que ver con concesiones a una burocracia dorada que se apoltronó en la comodidad de informes y recomendaciones sin cumplir.
En los hechos, la CNDH nació por dos motivaciones: la necesidad de crear instancias de equilibrios democráticos que exigía la globalización económica y la urgencia de dar salida a las denuncias de represión del viejo régimen policiaco priísta. Las revelaciones del autoritarismo criminal del Estado estaban en las calles con las protestas paradójicamente de Rosario Ibarra de Piedra y en los medios donde se publicaban denuncias de violaciones de derechos.
La nominación de la activista María del Rosario Piedra Ibarra no garantiza el funcionamiento de la CNDH porque se trata de un organismo con la función primordial de denunciar los abusos del Estado. La designada presidenta de la Comisión viene de Morena y por tanto no denunciará abusos de gobernantes morenistas. En todo caso, a Piedra Ibarra le quedaría más bien una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes políticos del pasado priísta.
El perfil de Piedra Ibarra ayuda para simbolizar un deslindamiento del gobierno morenista con el pasado priísta, aunque ahora muchos priístas de ese pasado represivo estén en posiciones privilegiadas en la estructura de poder lopezobradorista. Un caso basta; Manuel Bartlett Díaz viene de tareas en el área político-policiaca de Gobernación desde finales del gobierno de Díaz Ordaz, pasó por el de Echeverría y López Portillo con los años de la guerra sucia para liquidar de manera criminal a guerrilleros y disidentes y fue aliado del neoliberalismo salinista que asesinó a cuando menos 500 perredistas.
Y Bartlett tiene otro caso pendiente: la CNDH debe reabrir la investigación del asesinato del columnista Manuel Buendía, de Excélsior, el 30 de mayo de 1984, año en que Bartlett era nada menos que secretario de Gobernación, jefe directo del director de la Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla Pérez, que fue sentenciado como autor intelectual de ese crimen. Buendía fue acribillado cuando se disponía a publicar datos de la protección de Gobernación y la DFS a los primeros cárteles de marihuaneros. Y la DEA le abrió a Bartlett un juicio pendiente en Los Angeles por el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar.
La CNDH de 1992 se dedicó sólo a atender quejas de la coyuntura; la fiscalía especial que creó Fox para indagar la represión priísta del pasado encontró en la CNDH de Jorge Carpizo MacGregor una puerta sellada a piedra y lodo y nunca pudo indiciar a los responsables de una era de represión.
Por lo tanto, la tarea de la CNDH en el nuevo gobierno lopezobradorista tendrá dos opciones: seguir el mismo camino de no meterse con la investigación de los crímenes de la represión priísta o abrir los expedientes de la represión priísta y llamar a cuentas a funcionarios priístas involucrados en esas tareas y hoy dentro de Morena.
Piedra Ibarra encarna el padecimiento de la represión priísta; en caso de ser ratificada a pesar del fraude instrumentado para darle los votos en el Senado, su tarea será darle a la CNDH una autonomía absoluta para convertirse en el principal dique a la violación de derechos humanos del Estado lopezobradorista.
Los primeros expedientes de la CNDH están a la vista: ausencia en la violencia de las bandas criminales, pasividad del Estado para defender los derechos humanos de la sociedad, las quejas no procesadas que equiparan los recortes presupuestales a estancias infantiles y a enfermos terminales con violación de derechos humanos por parte del Estado por reorganización presupuestal, entre los más importantes. En esos temas se calará al próximo encargado de la CNDH, sea Piedra Ibarra u otro.
Si la nueva CNDH no responde a estas quejas, las protestas saldrán a la calle e inundarán las páginas de los medios.

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Bolivia. La caída del presidente boliviano Evo Morales debe analizarse en función de un error estratégico: el fraude electoral. Auto asumido como un líder moral sin contrapesos, buscó eternizarse en el poder. El desplome de Morales fue producto de la conclusión de una comisión de la OEA. Cuando dio la orden a sus cuerpos de seguridad de reprimir al pueblo se encontró que no habría masacres y esas fuerzas de seguridad lo emplazaron a renunciar. La caída de Morales cambia el escenario populista en América Latina, a pesar de la liberación de Luis Ignazio da Silva. México no quiere esas alianzas, Cuba y Venezuela están en el desprestigio total y a Argentina no le alcanza.
Política para dummies: La política se tasa por el rendimiento final, no por sus costes.

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Carlos Ramírez

No es Trump sino la comunidad militar y de seguridad nacional

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El sentimiento mexicano anti Trump podría estar obnubilando el enfoque estratégico que requiere la llamada del presidente Donald Trump al presidente López Obrador para ofrecerle apoyo en la guerra contra las organizaciones criminales transnacionales.
Un imperio no puede tener su enorme puerta fronteriza del sur abierta no sólo a la migración ilegal –hoy un problema grave–, sino a una variedad compleja de grupos criminales especializados.
Con el PRI, con el PAN y ahora con Morena, México sigue siendo el problema número uno de seguridad nacional de los EE. UU. Quien no entienda este principio estará cometiendo errores geopolíticos muy costosos. El gobierno de López Obrador debió haber entendido esta lógica de la dominación geopolítica cuando Trump amenazó con castigos arancelarios si México no controlaba la migración ilegal.
Trump ha exacerbado el viejo temor instalado en esa comunidad de inteligencia y seguridad nacional de Estado clandestino instalada por Ronald Reagan y la CIA: la tesis del analista de la CIA, Constantine Menges de que la inestabilidad política de México a mediados de los ochenta estaba generando un Irán “next door” o como vecino, apanicada la Casa Blanca por la revolución del Ayatola Jomeini en Irán. Este argumento se instaló desde entonces en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y se usa cada que ven riesgos de inestabilidad en México que pudiera provocar un aumento del flujo ilegal de migrantes.
Existen cuando menos siete documentos formales que establecen la existencia de los EE. UU. como un Estado de Seguridad Nacional, imperial y erigido sobre la explotación y dominación de los demás. Y México está siendo procesado dentro de estos enfoques de seguridad nacional militarizada:
1.- Estrategia para el combate de las organizaciones criminales trasnacionales de 2011. Obama estableció ahí un criterio imperial: “proteger a los estadunidenses y a nuestros socios”, del daño, la violencia de las redes criminales. Asimismo, “ayudar a sus socios” a “cortar alianzas de los criminales con el Estado”. El enfoque es intervencionista:
2.- Estrategia nacional de lucha contra los narcos en el suroeste de la frontera, de mayo de 2016. El objetivo incluye la presión a México y Centroamérica a aceptar la ayuda estadunidense en la modernización de sus instituciones de justicia y gobierno. A través de este acuerdo, los EE. UU. asumen la dirección de las oficinas mexicanas y centroamericanas de seguridad.
3.- Estrategia de seguridad nacional, de diciembre de 2017. Esta directriz le da continuidad al modelo de vincular la política exterior con la política militar de defensa nacional y dominación imperial. Sus cuatro principios van más allá de sus fronteras: protección de la patria, promoción de la prosperidad en otros países, la paz a través de la fuerza y el avance de la influencia estadunidense en el mundo.
4.- La estrategia de defensa nacional de 2018. El principio rector de la defensa nacional de los EE. UU. es muy claro: defender la patria con la preeminencia del poder militar en el mundo, para asegurar que los equilibrios de poder permanezcan a favor de los EE. UU y promover un orden internacional que sea más propicio a la seguridad y la prosperidad de los EE. UU. Esta doctrina impone la seguridad nacional de los EE, UU. como un paraguas sobre otras naciones. Y anuncia una base de innovación de seguridad nacional sin igual en el siglo XXI.
5.- Estrategia nacional contraterrorista, de octubre de 2018. Los EE. UU. se hacen cargo de combatir el terrorismo fuera de sus fronteras y en países aliados.
6.- Estrategia nacional para control de drogas, de enero de 2019. Este documento atiende a atención a dicciones, pero deja claro que los EE. UU. lucharán contra el flujo de drogas en los países productores y de trasiego, entre ellos México.
7.- El Memorándum Ejecutivo de agosto de 2019 para nombrar a los países que no controlan las drogas que se consumen en los EE. UU., en cuya lista fue incluido México.
Así que no es Trump, sino el Estado de Seguridad Nacional.

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Sinaloa normalizada. Como para mandar el mensaje de que la crisis en Culiacán del 17 de octubre fue un suceso aislado, el gobernador Quirino Ordaz Coppel aumento su actividad política e inauguró el “Paseo de la Alegría” en el Parque Las Riberas de la capital estatal, en un evento que congregó a 10 mil personas, entre ellas familias enteras. El evento debe interpretarse como un evento de normalización de la vida cotidiana, luego del colapso anterior. La inauguración fue después de una marcha social para asentar los deseos de paz de los ciudadanos. Sinaloa quiere borrar la imagen de narcoestado que ha dejado El Chapo. Y que el Cártel de Sinaloa se asuma como lo que es: el Cártel de El Chapo.
Política para dummies: La política es un juego de dominación.

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Carlos Ramírez

Ocaso de los estadistas y el ciudadano Wikipedia

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Luego de las elecciones en Bolivia y Argentina, de las protestas callejeras violentas en Bolivia, Chile, Ecuador y Cataluña, de la crisis de gobernabilidad en México y de las elecciones para presidente del gobierno de España, una especie de común denominador atraviesa de manera transversal los conflictos: terminó la era de los estadistas y estamos en el ciclo nada agradable de los políticos del poder.
Unos días de presencia física en Barcelona y Madrid y el seguimiento de la política en España desde 1974 me permitieron ver una crisis de los estadistas, de los hombres de Estado, de dirigentes políticos capaces de no cruzar líneas prohibidas y con un apego a la institucionalidad y a las ideas. Los cinco principales candidatos a la presidencia están viendo acomodos de sus posibilidades y ninguno está enfocando una crisis del Estado. La ausencia de estadistas está liquidando la transición de 1976-1978.
Argentina es otro caso singular. Luego de los fracasos del modelo social-populista-personal de Juan Domingo Perón, en cuando menos tres ocasiones el peronismo ha irrumpido en la vida nacional. Derrotado en 2015, hoy regresa el mismo peronismo que llevó a Argentina a severas crisis de corrupción y económica. El presidente indígena Evo Morales, que enarboló una propuesta de transición, ha desobedecido las leyes para perpetuarse en el poder, a pesar, en las recientes elecciones, de las protestas masivas violentas por sospechas de fraude electoral.
En Chile una reforma económica de ajuste macroeconómico neoliberal sacó a los chilenos a las calles a protestar contra el neoliberalismo, sin reconocer que está reventando el modelo neoliberal de Pinochet que los mismos chilenos avalaron como gran reforma productiva. En Ecuador también reformas económicas indispensables en la lógica de sus programas de gobierno estalló la violencia. En Nicaragua fermenta una gran protesta social contra el sandinismo revolucionario que echó a los Somoza del poder, pero para dejar a los Ortega como copia del somocismo. En Brasil no se ha resuelto la crisis populismo neoliberalismo que precipitó Nilda Rousseff y la corrupción debatida en tribunales judiciales de Luis Ignazio da Silva.
En México asumió el poder el modelo de liderazgo social personal de Andrés Manuel López Obrador, después de seis presidentes que impulsaron un modelo neoliberal de mercado en condiciones de exclusión de los errores del viejo populismo que en 1982 lanzaron la economía estatal a la economía de mercado. Pero el primer efecto ha sido negativo: si en el ciclo populista 1934-1982 el PIB crecido 6% promedio anual y en el periodo neoliberal 1983-2018 ese indicador se ubicó en promedio anual sexenal de 2.2%, el primer año de nuevo gobierno y de nuevo proyecto económico será de -0.2%.
En todos estos escenarios se dio una constante: el agotamiento en diferentes niveles y fechas de modelos políticos populistas para dar paso a economías de mercado, pero con el regreso del populismo. Pero el dato mayor fue la existencia de liderazgos políticos de masas; es decir, que el populismo y el neoliberalismo condujeron a la terminación de los políticos-estadistas. La referencia es clara: los políticos hoy piensan en el ejercicio del poder a cualquier precio, en tanto que los estadistas siempre vieron el bosque del papel direccional del Estado.
Otra característica ha sido apenas esbozada por algunos analistas: el fin de las ideas políticas como espacios de cohesión social; en casi todas las elecciones de países con procesos electorales abiertos los candidatos asumen al electorado no como una ciudadanía en acto, sino como una masa dependiente de los pánicos sociales de las redes cibernéticas. Ahora mismo en España se percibe la contratación de expertos en redes para captar votos con propuestas direccionadas.
Los fracasos económicos, políticos y sociales de las naciones en crisis y en procesos electorales son asumidas con responsabilidades externas. Las campañas buscan votos cautivos con programas asistencialistas. En ninguno de los países en crisis se ha llevado a debate electoral el agotamiento de los dos sistemas en pugna –mercado y populismo– y todo se resuelve con dinero regalado. Una vez en el poder, la legitimidad y la duración de esos gobiernos dependerá de los recursos presupuestales. En México, el nuevo gobierno medirá resultados con el número de beneficiados directos de entregas de dinero en función de su marginación, en tanto que hay un desdén hacia el PIB que refleja la suma de la actividad económica cuantificable en empleos, salarios, bienestar y satisfacción.
Hoy la calificación de los gobernantes se hace con la medida de un maquiavelismo distorsionado: el ejercicio del poder, por el poder y para el poder, no la significación del Estado como el objetivo final. Aristóteles, en explicación de Julián Marías, desarrolló su obra Política no en función del ejercicio del poder, sino en relación al papel del gobernante en la polis. Y Thomas Hobbes definió el Estado como un contrato social que dejaría armas el Estado de naturaleza. Eso sí, los nuevos líderes políticos se quedaron con el Estado de Weber: el monopolio de la fuerza, una derivación hobbesiana.
La dinámica ruidosa de la comunicación cibernética, el surgimiento del ciudadano-Wikipedia por efecto de las redes sociales, la agonía de la filosofía política, la calificación de resultados vía el voto cautivo de los programas asistencialistas y la sustitución del Estado por el poder han llevado a la política a un intercambio de beneficios: se eligen distribuidores presupuestales, no estadistas.

‪indicadorpolitico.mx‬
carlosramirezh@hotmail.com
@carlosramirezh

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