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La conmemoración de los 51 años del movimiento estudiantil de 1968 nos permitirá advertir las capacidades del gobierno local y federal de hacer llegar su mensaje a audiencias jóvenes, divergentes, participativas y hasta ultrarradicales, lo mismo que valorar sus habilidades de garantizar la integridad de las personas y de sus bienes y el derecho a una manifestación pacífica.
La gestión inteligente, preventiva, de contención, selectiva y eficiente de la provocación, sí, de la actividad coordinada y dirigida a desatar una respuesta que detone afectación de la gobernabilidad de un gobierno surgido de fuerzas progresistas en lo local y lo nacional, será uno de los principales objetos de la observación y el análisis ‪a partir de las 16:00‬ horas de este miércoles, cuando inicia la manifestación.
Medio siglo después del comienzo del derrumbe, en diversas y complejas etapas, del sistema hegemónico autoritario, partidario y cultural, llama la atención que sea uno de los líderes e integrantes del Consejo Nacional de Huelga, el articulador colectivo del movimiento estudiantil Félix Hernández Gamundi, quien ponga con claridad meridiana la identidad mayoritaria de la sociedad política contemporánea y los límites después de los cuales no es aceptable la intervención de ciertos actores.
De acuerdo al mensaje compartido a los medios de difusión por Gamundi, como todo el mundo interesado en el activismo político y copartícipe de diversos movimientos sociales lo llama, “es una marcha pacífica y con la cara descubierta”.
La negativa clara y absoluta, verbalizada por el activista de cinco décadas se dirige a los encapuchados que se autodenominan “anarquistas” y que probablemente siéndolo o no, no están interesados en recordar las propias restricciones y sigilos que intentaba adoptar el movimiento estudiantil de aquellos años.
La exclusión de los encapuchados y sus diversas formas de vandalismo se corresponde con una necesidad de distinguir siempre, aquí y ahora, aquello que es aceptable y correcto y aquello que no lo es, frente a la ley, frente a la ética del comportamiento político de un movimiento social y de sus conmemoraciones, y de frente a la integridad a la cual tienen derecho las personas y sus bienes.
Dirigiéndose al centenar de jóvenes, integrantes de diversas procedencias, con diversa autenticidad y objetivo, que han participado de movilizaciones en los últimos años y que destruyen puertas, las incendian, vejan a las y los policías y provocan a personas y propietarios de negocios así como a las autoridades de toda índole, Gamundi invitó a los encapuchados integrantes de células “de conservadores”, como los llama el presidente Andrés Maniuel López Obrador, a abstenerse de participar en la marcha.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo
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Carlos Ramírez

UNAM: burla de Graue y engaño de Junta de Gobierno causan protestas

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Carlos Ramírez
Indicador Político:

La reelección del rector Enrique Graue Wiechers ha comenzado a desestabilizar la UNAM y ha causado molestias en los dos candidatos registrados por la decisión de la Junta de Gobierno asumida en Palacio Nacional. El proceso de designación de rector fue una farsa que lastimó a dos áreas importantes de la Universidad: la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Instituto de Investigaciones Jurídicas.
La nominación de Graue para un segundo periodo fue un tongo para disfrazar un proceso institucional manejado antes en el PRI y ahora en Morena. De nueva cuenta, los candidatos registrados de buena fe y la comunidad universitaria fueron defraudados por un esquema autoritario que ha convertido a la UNAM en un área paraestatal.
Graue ganó por un pacto Morena-PRI-mafia de exrectores. El programa de trabajo de Graue para inscribirse como candidato a la reelección fue el mismo que presentó hace cuatro años; es decir, se comprometió a realizar reformas que antes no pudo, no quiso o simplemente las enumeró como parte de su demagogia.
Desde 1999, con el arribo de Juan Ramón de la Fuente Ramírez a la rectoría procedente del gabinete presidencial de Zedillo y de su fracaso como precandidato presidencial priísta, la UNAM reconfirmó su dependencia absoluta del poder presidencial central y del partido en el poder: lo mismo con el PRI y el PAN y ahora con Morena.
Más que un rector, la UNAM ha necesitado desde el 68 a un administrador de intereses y un regulador de conflictos. Por sí misma, la autoridad legal del rector le impide ejercer un gobierno interno y su tarea es distribuir los recursos entre los grupos de interés que han desarticulado el funcionamiento académico, primero, y educativo, después.
Desde el rectorado sustituto de Guillermo Soberón por la decisión presidencial en 1973 de derrocar a Pablo González Casanova, los rectores de la UNAM han salido del gabinete presidencial o del PRI o han salido para ocupar posiciones de poder en el gobierno o en el partido en el poder. Existió el caso extremo de José Narro Robles, quien salió del PRI y del segundo nivel del gabinete presidencial para ir a la rectoría dos periodos, luego regresar al gabinete presidencial de Peña Nieto y competir como priísta por la candidatura presidencial del 2018 aceptando las humillaciones de Peña Nieto porque ya había decidido por José Antonio Meade Kuribreña y toda la competencia interna fue una pantomima.
Pero la UNAM es una bomba de tiempo de contradicciones y disputas por el poder. A los grupos estudiantiles y académicos se han agregado ya bandas delictivas que tienen el control de pasillos y jardines para la distribución de drogas y de grupos clandestinos violentos y armados que han abierto refugios para radicales anarquistas. En sus primeros cuatro años Graue no ha hecho sino lo que sus antecesores: congeniar con grupos de interés extrauniversitario y distribuir beneficios económicos y áreas de actividades clandestinas.
Desde el intento del rector Jorge Carpizo MacGregor de subir las cuotas a niveles aceptables que ayudaran a financiar a la Universidad, ningún rector ni ningún presidente de la república se ha atrevido a entrarle a la reforma estructural de la UNAM. El gigantismo, el deterioro salarial por el control presupuestal sindical, los grupos académicos que dominan las decisiones, la dependencia del rector de las decisiones presidenciales y la pérdida de influencia académica de la UNAM en la realidad nacional han convertido a la Universidad en una oficina de control estudiantil.
El gran desafío que presentó la pantomima de la reelección del rector obliga a Graue a cuando menos hacer un intento por plantear la reforma de la UNAM y a propiciar la multiplicación de universidades públicas que le quiten el dominio presupuestal y académico. Pero, sobre todo, la UNAM necesita un rector que ponga orden y autoridad en una rectoría que se dedica solo a redistribuir el poder entre grupos de interés universitario y extrauniversitario.
Sin embargo, desde ahora se sabe: Graue no es el rector para una tarea de esa envergadura y sólo administrará la crisis.

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CNDH, estreno. La nueva presidenta de la comisión Nacional de los Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, tuvo un estreno previsible: la exhibición del desconocimiento de sus funciones y la falta de información sobre la crisis de derechos humanos en el sector específico de los periodistas. El problema es que los periodistas y activistas de derechos humanos hostigados y asesinados son esas “víctimas” que la nueva funcionaria dijo representar. Mal empieza quien no sabe qué ocurre en las tareas asignadas contra viento y marea.
Política para dummies: La política es la habilidad de tomar decisiones engañosas, pero que pasen como veraces.

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Carlos Ramírez

Evo: ejército le hizo ¡bu! y salió huyendo; CNDH y Garza Sada

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Indicador Político:

Dos temas urgentes en la agenda política:
1.- El derecho de asilo en México ha sido histórico y las grandes migraciones enriquecieron la cultura y la ciencia. Inclusive, los asilados latinoamericanos socialistas en los setenta que llegaron huyendo de las dictaduras militares contribuyeron a ennoblecer el pensamiento mexicano y, de manera significativa, el periodismo progresista.
Evo Morales se auto desplazó del poder cuando el ejército tuvo que optar entre los beneficios del poder o el incumplimiento de la orden de reprimir. El modelo político de Evo Morales fue más discursivo que real, de clases, de reconstrucción de un poder popular. Ahora parece olvidarse un hecho: el apoyo de Evo a la producción de coca desestabilizó el mercado de tráfico de drogas.
El error político de Morales fue su decisión de permanecer en el poder más allá de sus promesas, de las leyes y de la dinámica misma del desgaste de su liderazgo. La derecha no solo permaneció, sino que encontró en el radicalismo del presidente indígena los espacios para la construcción de alianzas estratégicas internas y externas.
Con la huida de Morales de su país podría estar llegando a su fin el ciclo populista que comenzó en el primer decenio del siglo XXI. Los líderes Hugo Chávez, Nicolás Maduro, los Kirchner, Ortega y Lula, entre otros menores, dependieron de los hilos de control de Fidel Castro desde La Habana. A Raúl Castro le falta talento, enfoque estratégico, discurso y sobre todo habilidad. Y el modelo populista acorta su dinamismo en ciclos cortos para dar paso, de manera inevitable, al neoliberalismo estabilizador.
De todos los gobernantes en la actualidad, Evo Morales era el que tenía más imagen política, aunque careció de mayores relaciones con La Habana y no pudo asumirse como el líder de una corriente regional. El fracaso de proyecto comercial bolivariano se asoció a la declinación de la riqueza petrolera de Venezuela. Y el indigenismo de Bolivia nunca fue un prototipo para las economías productivas industriales de Iberoamérica.
Las posibilidades de reactivación política de Evo Morales dependerán de las posibilidades de su regreso a Bolivia; sin embargo, las circunstancias de su huida ante un ¡bu! de los militares le restaron calidad política y liderazgo.
2.- El proceso de nominación de la activista María del Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue, al mismo tiempo que una reafirmación de la política morenista sumisa en el legislativo, un mensaje sobre el funcionamiento de ese organismo de cara a su tarea de vigilar los derechos humanos. La CNDH nació para encarar al Estado y la pérdida de efectividad fue producto de la burocratización, apoltronamiento y jibarización de su papel durante la gestión de Luis Raúl González Pérez.
El fracaso previsible de una administración morenista en la CNDH lo ha evidenciado con claridad el papel de pollo descabezado del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez. Ningún gobierno desde el 2000 ha logrado aparecer a los desparecidos porque el responsable de esa política criminal contra la disidencia ha sido el Estado, lo mismo el priísta que el panista y ahora el morenista. La represión de la disidencia ha sido una tarea sistémica.
Lo que viene ahora es el efecto político: en 1973 el presidente Echeverría dio un giro estratégico hacia la izquierda discursiva y el asilo a chilenos socialistas provocó la ruptura con la derecha empresarial: rumores, oposiciones, desinversiones y el pánico al golpe de Estado. La parte más delicada de la ruptura empresarial fue la fuga de capitales que se unió a la inflación por el déficit presupuestal y condijeron al círculo vicioso de inflación-devaluación.
Ahora parece repetirse el ciclo de la historia: el asilado Evo Morales viene a hacer activismo para sí y contaminará el precario equilibrio ideológico del gobierno mexicano con los empresarios; y la nueva presidenta de la CNDH recordará de manera permanente el asesinato del empresario Eugenio Garza Sada porque su hermano Jesús Piedra Ibarra participó en el comando de la Liga Comunista 23 de Septiembre que quiso secuestrarlo y le provocó la muerte.
Lo malo de todo es que el presidente López Obrador no pertenece a esa izquierda socialista; más aún, desde hace tiempo dejó de auto denominarse de izquierda y su proyecto es un modelo de búsqueda del equilibrio social y la disminución de la riqueza y se acerca más al esquema priísta de los setenta de equidad en los beneficios del crecimiento.
La reactivación económica y productiva del Estado, el activismo de Evo Morales y la nueva presidenta de la CNDH podrían redefinir el proyecto de gobierno actual.

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Política para dummies: La política es el sentido de la realidad de las contradicciones sociales y políticas.

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Gabriel Torres Espinoza

Evo, ¿dictador o salvador?

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Análisis

Gabriel Torres Espinoza
La discusión sobre la renuncia (golpe de Estado, dicen) de Evo Morales, es un buen ejemplo de eso que se llama la‘posverdad’; donde “los hechos objetivos son menos determinantes que la apelación a la emoción o las creencias personales”. Las opiniones versan hoy sobre lo que se desea que hubiese ocurrido en Bolivia -en razón de las filias y fobias-, no sobre lo que ocurrió. Se pretende explicar lo acontecido, bajo la dosis personal de simpatía o animadversión. Los ‘análisis’ -con algunas excepciones-, son basados en determinismos: de blancos y negros; del dictador, al salvador. Una discusión ideológica (bienvenida), con escasa indagación. Es la realidad de una América polarizada, desde Estados Unidos hasta Argentina.
Por la vía constitucional, existen tres mecanismos para destituir al titular del Poder Ejecutivo en un sistema presidencial: 1) el juicio político; 2) el desafuero; y 3) la declaratoria de incapacidad [física y/o mental]. Todos iniciados y consumados en el Poder Legislativo. Ahora bien, las Constituciones prevén la ‘renuncia’ por parte del Ejecutivo. Es una ‘salida constitucional’ para habilitar lavacante imprevista del Jefe de Estado. La última de todas ellas, es la sustitución o suplencia del Presidente de la República ante la falta absoluta de éste [magnicidio o fallecimiento]. El Golpe de Estado [que deviene del francés ‘coup d’État’, acuñado en 1639] es la única forma anticonstitucional e inconstitucional no sólo para deponer, sino más importante aún, para sustituir a un mandatario de manera inmediata -de hecho, no de derecho-, lo que suponeel quiebre del orden constitucional. El Golpe de Estadosiempre se origina en las altas esferas gubernativas, con el empleo de la violencia física y la participación militar y/o policíaca. La renuncia de Evo Morales no encuadra en un Golpe de Estado. Las circunstancias de conflicto, provocadas en su mayoría por sus propias decisiones, lo llevan a dejar el poder, renunciando él mismo al cargo.
Pero si insistimos, estaríamos hablando de un ‘Golpe de Estado’ sui géneris. La larga data del concepto y la complejidad de las relaciones fenomenológicas del poder en democracias constitucionales, acuñó otros términos para referirse a la renuncia o deposición del Presidente provocadapor factores reales de poder. 1) El ‘Golpe de Estado Suave o Blando’, que tiene como principal característica la ausencia de violencia y se origina desde ‘abajo’ (grupos organizados de la población), aunque promovido por intereses desde ‘arriba’ (los factores de poder). 2) El ‘Golpe de Estado Constitucional’, a través de mecanismos democráticos se anulan los frenos y contrapesos que deben existir entre órganos y poderes (hacerse de holgadas mayorías y altísimosniveles de popularidad), para ser cooptados por el Ejecutivo.3) Los ‘Golpes de Mercado’: desestabilización producida por el capital y derrumbe del capital financiero en un país, que provoca dimisión.
Resulta equívoco sostener que Evo es demócrata o dictador. En todo caso, un peculiar líder de contrastes y claroscuros. Con indicadores económicos encomiables en el gobierno, de gran arraigo popular y muy escasa convicción democrática.

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