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Análisis

Según datos oficiales, la defraudación fiscal en México equivale al 2.8% del PIB. Del 2014 a la fecha se emitieron8.8 millones de facturas apócrifas en México, mismas que alcanzan una cifra estimada en ¡dos billones de pesos!. Esta cantidad significa para México un quebranto financiero y pérdidas de hasta 510 mil millones de pesos al año, tan sólo en recaudación fiscal. Parte de la reforma fiscal de Méxicoimplica regular y sancionar cuentas en paraísos fiscales que redunden en evasión fiscal, como ya se hace en diversos países de América Latina, especialmente durante los últimos años a causa del escándalo que dejó la enrome evasión fiscal, con polémico caso ‘Panama Papers’. Según cifras de la CEPAL, en América Latina se evade el 6.3% del PIB regional en paraísos fiscales.
En este contexto, en México se discute el dictamen que reforma cinco ordenamientos legales (Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y al Código Penal Federal) para elevar a rango de delincuencia organizada la defraudación fiscal en nuestro país. Un delito que ameritará prisión preventiva oficiosa. El dictamen prevé imponer sanción de cinco a ocho años de prisión a quien -por sí mismo o a través de otra persona- compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes. La misma sanción se impondrá al que expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Se prevé además que, cuando tres o más personas se organicen para cometer, en forma permanente o reiterada, delitos tales como contrabando y su equivalente, o defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, sólo por ese hecho, serán sancionadas como miembros de la delincuencia organizada –lo que derivaría en prisión preventiva oficiosa–, siempre y cuando, el monto de la defraudación sume más de 7 millones 804 mil 230 pesos, es decir, “supere tres veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación’’.Adicionalmente, cuando el delito de evasión sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a 10 años para desempeñar cargo o comisión pública, además de la privación de la libertad.
Por otro lado, el gobierno federal debe ampliar la base de contribuyentes, toda vez que el 54% de la población económicamente activa hoy no paga impuestos. Cada año se pierden otros 500 mil millones de pesos debido a esto, justolo mismo que las arcas públicas dejan de recibir por defraudación fiscal [algo que realizan con peculiarfrecuencia y eficiencia las personas de mayores ingresos y acaudaladas del país]. Al respecto, conviene destacar que México ocupa el último lugar de la OCDE en recaudación de impuestos: mientras la ingreso tributario promedió fue del 13.6 por ciento del PIB en México durante el periodo 2013-2017, entre los países miembros de la OCDE, el porcentaje fue de 33.4 por ciento. Tan necesario es ampliar la base de contribuyentes (que más mexicanos paguen impuestos), como perseguir la evasión fiscal.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

Análisis- El individualismo encumbrado y el mercantilismo a ultranza

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Gabriel Torres Espinoza*

Todo parece indicar que el ‘Botón de Emergencia’ será activado por el gobierno de Jalisco en cuestión de días. La ocupación hospitalaria y la incidencia semanal –indicadores que por separado definirán su activación–, se encuentran en constante ascenso, lo que convierte a esta drástica medida en un asunto prácticamente ineludible. Este jueves, el gobernador, después de sostener una reunión con la mesa de salud, habrá de informar las medidas a adoptar. Viene bien recordar que, por primera vez en la historia de la humanidad, una pandemia puede ser enfrentada por una sociedad que dispone de los mayores avances científicos y tecnológicos, y que además cuenta con sistemas de salud pública –aunque aún insuficientes–, toda vez que estos eran todavía inexistentes en el contexto de la Gripe Española de 1918 [fueron los rusos quienes crearon la primera red pública de salud, en 1920, a causa de ella].  Esta pandemia por el covid-19, encontró una comunidad de escasa solidaridad, fraternidad y humanismo, respecto de los grupos más vulnerables. Resulta evidente que gran parte de la sociedad no está dispuesta a asumir un mayor ‘sacrificio’, que lo que quieren entender por esta ‘nueva normalidad’. Ni siquiera los mínimos como portar correctamente un cubrebocas, mantener la sana distancia o salir de casa sólo cuando sea necesario. Como resultado, Jalisco registra, en los últimos días, una movilidad superior al 72 por ciento.

Recordemos que, durante la Segunda Gran Guerra, la humanidad asumió varaderos sacrificios que distan mucho de las pequeñas exigencias que ahora se solicitan a la sociedad por el coronavirus [resguardo domiciliario, santa distancia, portar cubre bocas, lavarse las manos]. Por ejemplo: la hambruna holandesa de 1944 propició una escasez de alimentos sin precedentes. Los adultos comían entre 400 y 800 calorías diarias [dos rodajas de pan, dos papas y un poco de azúcar], de las mil 800 diarias que requiere como mínimo un adulto sedentario. En Estados Unidos, las mujeres jóvenes eran requeridas enfáticamente para ser enfermeras militares. En Asia, debido a las recientes epidemias del SARS y la gripe aviar, acaecidas en el siglo XXI, han propiciado que Japón, Corea del Sur, China, Taiwán, Hong Kong y Singapur, hagan del uso de la cubrebocas todo un ritual obligatorio de vestimenta desde hace tiempo. Aquí, simplemente se rehúsan a ello, por ‘incomodidad’. Erróneamente se ha encumbrado la individualidad y el mercado por encima de todo, justo cuando la política de salud pública encuentra a su mayor obstáculo en el individualismo egoísta y mercantilista a ultranza, que se expresa en el funesto ‘sálvese quien pueda’. Habría que replantear hoy la beneficio que reporta en la sociedad del siglo XXI, un principio político que fue olvidado, ignorado y omitido después de la Revolución Francesa: la fraternidad. La proclama de los franceses “Libertad, Igualdad, Fraternidad”, tuvo hondas repercusiones en el pensamiento político moderno, toda vez que el capitalismo retomó el principio de la libertad, y la ideología estatista-marxista asumió la paternidad de la igualdad. Pero la fraternidad quedó huérfana, y durante esta pandemia, tristemente hoy ausente también de la vida pública.

gabtorre@hotmail.com

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Gabriel Torres Espinoza

Los partidos políticos, ¿tienen futuro?

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Gabriel Torres Espinoza*

Es, en esencia, el futuro de la democracia. Esto porque resulta equivocado asumir la existencia de una democracia moderna y representativa, sin partidos políticos. Se llegó a decir que ante la permisión y legislación de las candidaturas independientes (en realidad son candidaturas sin partido), estas le darían un profundo revés a la vida político partidaria en nuestro país, ante la insurgencia, en 2015, de tres candidatos: El Bronco, Manuel Clouthier (diputado local de Sinaloa) y Kumamoto. Sin embargo, en 2018, tanto Kumamoto como Clouthier perdieron la contienda electoral por la que compitieron, y las candidaturas sin partido pasaron a convertirse en algo meramente testimonial. Por el contrario, Kumamoto y su equipo Wiki –otrora enemigo acérrimo de los partidos– decidió fundar un partido político (Futuro), y Calderón, ante la estrepitosa derrota de Margarita Zavala –otrora candidata “independiente” a la Presidencia de la República– decidió crear uno nuevo partido: México Libre. En el proceso electoral pasado, más del 90 por ciento de los mexicanos votaron por partidos políticos. Bien podría decirse que los partidos son consustanciales a la vida en democracia.

Muy ad hoc al pensamiento de Francis Fukuyama, quien planteó la tesis del “fin de la historia” a causa del fin de las ideologías, en las postrimerías del siglo XX, como fenómeno auspiciado por la Caída del Muro de Berlín, ahora se augura, ‘el fin de los partidos políticos’. No obstante, debe decirse que quien sostiene el fin de los partidos políticos argumenta, ineluctablemente, el fin de la democracia. Ya desde inicios del siglo pasado, el jurista Hans Kelsen, afirmaba que “la democracia moderna se funda enteramente en partidos políticos (…) sólo desde la ingenuidad o desde la hipocresía puede pretenderse que la democracia sea posible sin partidos políticos”.

Entonces ¿por qué los partidos políticos son condición necesaria, más no suficiente, para la vida en democracia? Porque si partimos del hecho de que las democracias modernas 1) son representativas; 2) dirimen la conquista del poder político a través de consensos; y 3) están basadas en el principio de la mayoría –con respeto y garantía de las minorías–; pues la forma más eficaz de afianzar estos tres principios es sólo a través de los partidos políticos (organizaciones públicas), en la medida de que 1) ostentan el modelo de representación política por antonomasia; 2) son grandes articuladores de consensos sociales; y 3) posibilitan la conformación mayorías, coaliciones legislativas y/o de gobierno.

En términos ‘churchillianos’, podría decirse que los partidos políticos son las organizaciones más eficaces para afianzar estos tres principios, en tanto no se cree otra mejor. No se niegan los problemas consustanciales que registran las democracias de hoy y los partidos políticos. Pero éstos son, hasta ahora, el mejor sistema político (Churchill). Por otro lado, pretender el fin de los partidos políticos, a causa de las críticas fundadas que se les hacen a algunos por su desempeño, es tanto como proponer el fin de la democracia, por el desencanto que producen algunos de sus gobiernos electos democráticamente.

 

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Gabriel Torres Espinoza

‘Refundar’ y reinstalar el despotismo

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Gabriel Torres Espinoza*
En Jalisco, la justicia simboliza un botín que, asienten, debe quedar en manos del partido en el gobierno. Bajo esa lógica de componenda, prevalece la voluntad despótica del grupo dominante, a través de una mayoría inconmovible que tranza desde el Legislativo. Los métodos de sometimiento social se justifican bajo el argumento de que “el Congreso de Jalisco es el máximo órgano de representación jalisciense, facultado para designar los cargos públicos que constitucionalmente le fueron otorgados como Poder Público soberano” (Acuerdo Legislativo’ aprobado el martes pasado). No puede confundirse mayoría, con legalidad o idoneidad. Tampoco justificarse la aprobación de amagos y veladas amenazas, bajo la fachada de ‘Acuerdo Legislativo’, a través de una mayoría que arguye que, por serlo, le asiste el derecho al despojo, incluso al violar la Constitución, las leyes o sus propias convocatorias para designar funcionarios.

Lo ocurrido el pasado 21 de julio, con ese ‘Acuerdo Legislativo’ votado 22 días después del grotesco reparto de cargos en el Consejo de la Judicatura, visiblemente busca acallar voces, desestimar la crítica fundada y provocar la censura al interior del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Llegaron al cinismo de rememorar “tres millones, trescientos treinta y cinco mil quinientos sesenta y seis votantes”, como manifestación para reclamar el derecho al despojo sobre los cargos públicos en el Poder Judicial, para repartirlos como botín a sus ‘cuates’, mediante un pillaje basado en ‘cuotas’. Ese proceder ilegal e ilegítimo de legisladores vergonzosamente sometidos, que trasgreden sus propias normas, conduce a un deterioro mayor en el Poder Judicial. Redujeron el Consejo de la Judicatura a un apéndice palero del gobierno. Esto fue advertido públicamente -mediante carta abierta- por 140 firmas de académicos, periodistas, empresarios y el propio Comité de Participación Social.

Corrompen la separación y el equilibrio entre poderes, para colocar incondicionales en un Poder al que en este momento le urge una mayor autonomía. Se impusieron en votación, y para ello violaron la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Convocatoria que los diputados aprobaron, con las reglas que –sólo ellos- establecieron para la designación de los funcionarios que debían reunir un perfil y acreditar ciertos procesos de evaluación.

Un Congreso no es un régimen de mayorías ofuscas y anárquicas, sino un sistema deliberativo legal y de acuerdos. Son los representantes populares democráticamente electos, pero no por ello impunes para quebrantar la ley. Pero la ‘refundación’ no concibe de pluralidad, equilibrios y legalidad, sino de imposición y amagos. Justo de esa tiranía que se duelen sus legisladores federales en el Congreso de la Unión, es precisamente la que en Jalisco practican corregida y aumentada. Imaginan al Poder Judicial como un botín, y las más lucrativas funciones públicas las asignarán a sus secuaces y cómplices ¿Hasta qué punto un grupo de diputados debe amenazar el razonamiento libre de los miembros del CPS? ¿Es legítimo oponerse a un poder que viola la ley? ¡Por supuesto! Porque con este proceder representan hoy el despotismo en Jalisco.

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