Por Manuel Gutiérrez
El Poder Judicial inició un paro de labores que ha suscitado la solidaridad de foros de abogados, de colegios de juristas y adicionalmente, aunque para el presidente López, más dañino que nunca en sus últimos días, estamos libres de los jueces, por lo que los narcos, el crimen organizado no tendrán quién los absuelva, al igual que los delincuentes de cuello blanco.
Desdén, desprecio, soberbia, fueron el sello del presidente populista sobre el Tercer Poder en que se sustenta la República, el Poder Judicial, que tiene la facultad y misión de aplicar la ley, de fallar en controversias entre particulares y defender los derechos individuales inalienables en garantías de la constitución, cuando el particular este en contienda legal contra acciones del Estado.
Todos los circuitos, todos los sectores, todos los niveles de juicio, han cerrado filas no con Norma Piña, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino con principios jurídicos y normas que garantizan la democracia y el acotamiento de un poder en sus relaciones con los demás y con los ciudadanos.
Norma Piña, ha sido una mujer simbólica, en cuanto no se quebró ni ante las amenazas del poder, ni la seducción del mismo, como si lo hizo Arturo Zaldivar, cual hetaira disponible al mejor postor, en este caso, a servir doblegando a la Suprema Corte como ministro a los delirios del presidente saliente, como a su abyecta entrega a la causa de Morena, para lo cual renunció a uno de los cargos más ambicionados por un abogado, ser Ministro de la Suprema Corte.
UNA REFORMA POSITIVA, NO UNA REFORMA DE SUJETAMIENTO POLITICO Y MANIPULACIÓN.
En todo el perverso plan de centralización del poder, en manos del Ejecutivo (a) existe una realidad que hay que reconocer en forma, no en fondo.
El Poder Judicial y la procuración de justicia en México, requieren de mas apoyo, tecnología y personal, para desahogar los acumulados de casos que se amontonan en el escriterio del personal de un juzgado. Un juez, de fuero estatal, que lidia con casos de robos, extorsiones, secuestros, homicidios, en toda la gama de delitos penales punibles en México, tiene que resolver desde 200 a 800 casos en forma simúltanea.
De diez causas penales que se desahogan, solamente una termina con una resolución. Los procesos cesan por la declaratoria de culpabilidad del indiciado, por cancelaciones de los juicios, o convenios que logran acuerdos con las partes. Ciertamente el 90 por ciento de las resoluciones, según el diario Milenio del jueves 18 de Julio, terminan con sentencia condenatoria.
Al cierre del 2022, los procesos penales pendientes, considerando los acumulados de años anteriores, dan una cifra de 387 mil 945 asuntos por desahogar, están abiertos con datos de ese año. Ciertamente hay entidades del país en que se acumulan más asuntos por mayor actividad criminal e inseguridad pública, que en otros. Pero si se realizara una distribución equitativa entre todos los jueces de primera instancia penal que existen, les tocarían 217 casos para resolver lo que significa determinar la culpabilidad, el contexto de aplicación de la ley, hacer un proyecto de sentencia acorde a las normas aplicables, y resolver. Pero por ejemplo en Puebla, existen 27 jueces penales para desahogar 22 mil 177 casos, por lo que cada juez debería resolver 821 casos en el transcurso del año, o más por lo que se acumule de nuevos procedimientos.
Otro ejemplo: Veracruz, en 2022 reportó 686 causas penales con resolución fueron terminadas, pero se presentó un número de casos de 9,661 iniciadas. Tabasco, tiene 7136 causas y reportó la solución de 1,307 casos, Baja California también presenta números similares, incluso mayores, con carga de trabajo de 400 casos por juez penal.
Si consideramos que en la materia penal, los Ministerios Públicos por su parte, cargan con hasta 70 o más casos, en Jalisco por substanciar para que lleguen a los tribunales, estamos ante una carga de trabajo inusual, agravada por el acoso político, la amenaza de despedir a los actuales funcionarios, que en materia de derecho penal, son 1,785 jueces en todos el país.
Es decir, urge una reforma de apoyo y recursos tecnológicos y humanos, para que se realice el objetivo del Poder Judicial, con oportunidad, realismo y eficacia. Eso es lo que debería preocupar al Poder Ejecutivo de López, el emperador saliente, porque están asignando tareas sobrehumanas a las personas con la potestad de juzgar, siempre abogados con experiencia en su rama del derecho.
Si sumamos los jueces familiares, los de otras materias civiles, Mercantiles, Fiscales, estamos ante un mundo complejo de procuración de la ley, que no tiene ley, porque pretenden suplantarla mediante truculentas elecciones populares de jueces, con gente improvisada, de perfil irrelevante, pero de dogmática obediencia política. Los jueces son preparados por las universidades, luego por su participación en la vida jurídica de un juzgado, en que adquieren las experiencias necesarias.
La mentira ha sido sustento de muchas figuras de la 4T no solo del presidente López. Martí Batres, en un artículo en Milenio ofreció la perspectiva que en la vida colonial se elegian a los jueces por voto popular, pero olvido un punto toral: Si, pero jueces de paz, de registro civil, no los especialistas a resolver controversias profundas en que está en juego el derecho el patrimonio o la libertad entre los efectos de la sentencia.
Ricardo Monreal, en un desplante de cinismo, dijo que “Estan buen las consultas…pero que la reforma va, es inevitable”. Con un sesgo autoritario, reflejó la mentalidad de los últimos días de López que entre la sobre representación en el poder Poder Legislativo y la destrucción de la soberanía del Poder Judicial, quiere fincar una dictadura.
La idea ficticia más propia de un agitador bolchevique o de un anarquista, es que los jueces elegidos por el pueblo respondan a este. El pueblo sabe elegir pero en la Casa de los Famosos, no en cuestiones que implican gravedad, sensates y esfuerzo. Sheinbaum, como candidata, abonó candela a ese fuego, insistiendo en que si los jueces que tenemos son tan buenos, que se presenten a ser reelegidos por el pueblo, un ardid demagógico.
Tampoco es el mismo método para elegir ministros en otros países. Sólo la demencia de Bolivia llegó a ese extremo. Si las pasadas elecciones, con un INE a modo con Guadalupe Tadei, dejaron mucho que desear y la sospecha del algoritmo que registra aumentos substanciales en las cifras cuando se trataba de algunos candidatos de Morena, adicionalmente hubo inequidad y coptación, soborno y participación de los programas sociales en favor de la candidata oficial, Claudia Sheinbaum, aunque tenga constancia de mayoría.
Imagine entonces a que se expone el Poder Judicial en esa partida con tahúres y cartas marcadas, con envilecidos y maliciosos operadores que hacen de esto un problema político, no jurídico ni un afán por ayudar a los jueces con su carga de trabajo que desempeñan con responsabilidad.
Mientras somos un país ayuno de justicia, sin leyes. Sin aplicación, sin discusión, sin investigación de las mismas. Millones de asuntos quedaron paralizados, en una acción que rebasa el discurso del presidente, de que los jueces no hacen falta.
Las pérdidas millonarias, los miles de horas, los términos de asuntos han quedado trastocados.El rezagado se agrava con ese paro necesario. Pero el Poder Judicial, si quiere ser lo dice su nombre, tiene que luchar por prevalecer como un ente soberano, no como un juego populista.
El paro debe seguir el tiempo que sea necesario, hasta que prevalezca la razón y la presidenta logre en 40 días demostrar si es independiente o solamente un guiñol transexenal, para que proceda conforme a derecho, no a convocatorias partidistas para remover y alterar el poder judicial. Si, no he conocido un juez que me caiga bien, ninguno. Pero se que resolverá de conformidad a la ley, que estudiará el casa, sopesará las pruebas, considerará los argumentos y dentro del esquema del asunto, resolverá de manera confiable.
Un país desarrollado, comienza por tener seguridad jurídica, y buenos jueces, y en las condiciones actuales, este gobierno no ha alentado ninguna solución a los problemas de expansión de carga de trabajo que se padece en todos los juzgados, y el personal del Poder Judicial, ha comenzado a hacer ver que saben de lo que se trata, ser juzgador. Una potestad que no delegarán a la ligera, a una figura amorfa, manipulada a la que dicen pueblo.
Ser juez es ser sepultado en silencio, a vivir una vida densa de trabajo acumulado, interminable, farragoso y árido. Es también peligroso porque muchos se convierten en blanco de los criminales, y adicionalmente ahora enfrentan al presidencialismo sin límite, que anhela llevar nuestro sistema a una dictadura, burda e imperfecta, no la “perfecta” que padecimos y gozamos con el PRI de antaño, trasmutado al partido Morena, que incluso protege a delincuentes como Javier Corral, redimido por su abyección al presidente López…
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