Por Amaury Sánchez
En el panorama político jalisciense, donde la complacencia parece ser la norma y la oposición una especie en peligro de extinción, el diputado Alberto Alfaro García emerge como una rara excepción. En su reciente rueda de prensa, Alfaro no solo levantó la voz; colocó el dedo en la llaga más dolorosa del estado: el Poder Judicial y su evidente fracaso. Pero, ¿es este un acto de genuina valentía política o un eco de las promesas que suelen naufragar en el mar de la inacción legislativa?
El rostro de la crisis: cifras que duelen y desnudan
Jalisco vive una de sus peores crisis de justicia. Cuando el 94% de los jaliscienses desconfía en la aplicación de la ley, según el INEGI, no hablamos de un problema técnico, sino de una tragedia que mina las bases mismas del contrato social. La justicia, concebida como el pilar de cualquier democracia, se ha convertido en una farsa que respalda a los poderosos y perpetúa la impunidad.
Más alarmante aún es el dato del Cesjal: ocho de cada diez ciudadanos perciben corrupción en las instituciones públicas. Este sentimiento no es infundado; los índices de impunidad en casos graves como desapariciones, violencia intrafamiliar y abuso sexual superan el 99%. No es casualidad que Alfaro haya subrayado que “el pueblo de Jalisco no puede esperar hasta 2027”. Y tiene razón: en un estado donde la justicia es tan solo una aspiración, el tiempo no es un lujo del que podamos disponer.
Morena y su apuesta por la transformación judicial
La propuesta de Morena, liderada por Alfaro, es ambiciosa y plantea acciones concretas: desde asambleas ciudadanas hasta reformas legales que buscan atacar las raíces de la corrupción judicial. Los puntos clave incluyen la creación de una comisión legislativa especial, la prohibición de que funcionarios cuestionados por acoso o nepotismo ocupen nuevos cargos, y la reasignación de recursos para financiar la reforma.
Sobre el papel, la estrategia parece sólida, incluso visionaria. Pero el verdadero desafío no será redactar la reforma, sino ejecutarla. ¿Podrá Morena superar las barreras de un sistema que históricamente ha demostrado ser impermeable al cambio? ¿Tendrá el músculo político para enfrentar los intereses que se beneficiaron durante décadas de este estado de cosas?
El protagonismo ciudadano como eje del cambio
Uno de los aciertos del discurso de Alfaro es su insistencia en que esta reforma no debe ser diseñada por las élites judiciales que han permitido la corrupción. Por el contrario, el proceso debe centrarse en las voces de las víctimas, los colectivos de derechos humanos y los ciudadanos que han padecido las omisiones del sistema. Sin embargo, esto abre una pregunta crucial: ¿está el pueblo de Jalisco listo para asumir ese rol protagónico?
La participación ciudadana no es solo deseable; es indispensable. Pero requiere un nivel de organización, información y persistencia que pocas veces hemos visto en este contexto. Alfaro, en su papel de legislador, tiene una doble tarea: impulsar la reforma en el Congreso y garantizar que la sociedad civil no quede relegada al papel de espectador.
El reloj político y el riesgo del discurso vacío
Alfaro fija una fecha clave: el 1 de junio. Este sentido de urgencia es bienvenido, pero también lo convierte en rehén de sus propias palabras. Si para esa fecha no hay avances concretos, el legislador corre el riesgo de que su mensaje quede archivado como otra promesa incumplida. Y en política, pocos errores son tan costosos como defraudar a un pueblo que ya está cansado de esperar.
Reflexión final: el momento de actuar es ahora
Jalisco enfrenta una oportunidad histórica para transformar su sistema judicial. Pero, como en toda crisis, esta oportunidad viene acompañada de riesgos. La reforma judicial debe ser más que un discurso; debe convertirse en una acción tangible, profunda y, sobre todo, inmediata.
Alfaro, como uno de los pocos diputados que realmente han hecho oposición en el Congreso local, tiene en sus manos la posibilidad de liderar un cambio trascendental. Sin embargo, no puede hacerlo solo. La ciudadanía debe asumir su papel, no como observadora pasiva, sino como agente activo de esta transformación.
El camino es complejo, pero necesario. Jalisco tiene frente a sí la posibilidad de ser un referente nacional en justicia o, por el contrario, de convertirse en un caso más de discursos grandilocuentes y acciones inconclusas. El reloj corre, y la historia no perdona a quienes dejan pasar los momentos clave.
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