Staff.- El episodio en Vista Hermosa dejó en claro que la arbitrariedad y el prejuicio siguen marcando la actuación de las autoridades. Lo que comenzó como un supuesto operativo terminó en un fiasco legal que atentó contra derechos humanos básicos y, sobre todo, contra la libertad de culto.
Un juez determinó que la captura de 38 feligreses de La Luz del Mundo fue ilegal desde el primer minuto. El procedimiento estuvo plagado de irregularidades: se incumplieron plazos constitucionales, se ignoró lo que establece el Registro Nacional de Detenciones y, para colmo, el cateo se realizó en un predio particular sin sustento jurídico. “Fue un procedimiento viciado desde el inicio”, sentenció el penalista Leonardo Quevedo Domínguez.
La defensa fue contundente: nunca hubo pruebas reales, solo prejuicios disfrazados de justicia. La discriminación religiosa quedó a la vista no solo en el operativo, sino en la manera en que se construyó el caso en redes sociales, donde se multiplicaron burlas y estigmatizaciones contra la fe de los detenidos. “Se buscó criminalizarlos por su religión, no por hechos concretos”, reprocharon los abogados.
Tras días de incertidumbre, la resolución judicial devolvió la libertad a los 38 creyentes y dejó un mensaje que debería incomodar a las instituciones: la fe no puede ser perseguida ni ridiculizada por el aparato del Estado. Lo ocurrido exhibe no solo un operativo fallido, sino un ejercicio de intolerancia disfrazado de justicia.
El fallo, logrado gracias al trabajo de tres abogados —dos de ellos del despacho Quevedo Asociados—, representa más que una victoria legal: es la confirmación de que el abuso de poder tiene límites y de que la libertad religiosa no puede ponerse en entredicho por la incompetencia o la arbitrariedad de las autoridades.
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