Por Manuel Gutiérrez
La economía mexicana tendrá una muy vertical cuesta de enero en el 2026. Los especialistas de Conde Nado Dinero, Laura Gutiérrez y Eduardo Paz, son ajenos al catastrofismo, pero tampoco se dejan seducir por las sirenas oficialistas que anuncian que en empleo formal somos una potencia superior a países del primer mundo.
Las cifras del gobierno de la 4T son extrañas, cuando la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) nos colocan al revés, en el furgón de cola de la región centro y sudamericana, con un 0.4 % de decrecimiento económico.
Los factores que han debilitado la confianza en México, para tener inversión nueva, incluso para atraer a los inversionistas nacionales, no se reflejan en las declaraciones oficiales. La necesidad de hacer sentir a los empresarios que México tiene certeza jurídica sale mal parada cuando la ferocidad recaudatoria del SAT de Hacienda hace que se requiera a la revisión judicial de algún caso derivado de inconformidad.
Sin embargo, el semblante judicial en México no es el adecuado, ya que los nuevos jueces no son garantía de imparcialidad, incluso de adecuada preparación. Otro organismo mundial que no gusta a la 4T por sus datos es el Organismo de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París, que estima que nuestro crecimiento en 2026 estará entre 0.7 % y, en el mejor de los casos, muy remoto, el 1.2 %; cifras que, comparables con el crecimiento poblacional y la demanda de empleos, dejan por muy debajo al crecimiento económico.
Medios como TV Azteca han incidido en sus especialistas económicos en que la situación actual es de estancamiento, con tendencia al decrecimiento. La inversión pública no logra detonar que sus cuantiosas inversiones y un presupuesto de gasto público en 2026 de 10.19 billones de pesos sean un motor del consumo privado; a pesar de ello, hay sectores como los exportadores a los Estados Unidos que se mantuvieron con un año de resultados favorables.
México, por tanto, está lejos del triunfalismo que pregona la propaganda oficial, pero tampoco se ha llegado a una caída tan grave, aunque hay indicios de que las cosas empeoran, como en el caso de la industria nacional, que cayó al 1.5 % anual, y no se habían tenido datos tan malos desde la pandemia.
La regla de oro es que, sin empleo formal, no hay consumo, pero México se enfrenta al 2026 con un marcado incremento de empleo en el lado informal, de un 56 %, carente de prestaciones, incluso de control fiscal. La cifra de desempleo oficial, aunque ahora cambian los datos oficiales, es una tasa de 2.6 de desempleo. El enorme crecimiento del sector informal, de tianguis, de puestos ambulantes o callejeros, resulta ineficiente para impulsar el PIB. Si la metodología para medir la tasa de desempleo en México no incluyera al sector informal, la tasa de desempleo se dispararía a más del 10 %.
El nuevo año se recibe con la aplicación de nuevo salario mínimo, que sigue una racha de crecimiento desde hace 7 años, los años de la 4T, pero si bien se informa de él mismo como un gran logro, Proceso informa con datos de Banamex que dicho aumento es considerado por sus especialistas como un efecto adverso a la economía saludable.
La reducción de la jornada laboral a 40 horas, a la par que la tendencia de ajustar el mínimo cada año, crean severos problemas a las PYMES que, por su tamaño empresarial, finalmente suman esas prestaciones al costo final de sus productos, con variaciones derivadas de su estructura de costos y su capacidad productiva.
Banamex incluso considera que, con el ritmo actual de la administración de Claudia Sheinbaum, puede llegarse a un 60 % del PIB considerando los Requisitos Financieros del Sector Público, por un sistemático y riesgoso desequilibrio fiscal. En diciembre el ingreso fue de 22.9 %, pero en ese mismo tiempo se tuvo un gasto en el PIB de 26.9 %; la diferencia es muy visible.
Con ese decorado económico ingresa el año con ajuste al Impuesto Especial de Productos y Servicios (IEPS) que se aplica a los consumidores de gasolina, diésel y gas licuado. La intención oficial es que el incremento de un 7 %, aunque algunos se resisten por temor a ser descalificados por el gobierno, a llamarle gasolinazo, es de facto un incremento de gasolina y este aplicará un aumento generalizado de precios en el país, más la subida de refrescos con gas, e incluso productos como el tabaco, altamente gravado en un 200 % sobre su precio original, con fines restrictivos, como se aplicó la prohibición de los llamados vapeadores, abriendo un gran mercado negro que no generará impuestos ni regulaciones oficiales.
Sin embargo, un factor poco cuantificado pero muy real, ya presente en todo el territorio nacional, es el cobro de piso, la venta de mercancías robadas o la directa extorsión, que suma cargas finales a los precios. La cruzada contra la extorsión, nunca reconocida en el sexenio anterior de López Obrador, por lo menos ahora se trata de confrontar como una política pública que, lo mismo que la tolerancia y complicidad de “abrazos, no balazos”, fue anulada, a pesar de la dependencia tipo Maximato que se vive en el México actual.
La intención del incremento de gasolinas es que los empresarios concesionarios absorban de sus ganancias ese nuevo cargo sin sumarlo al precio. La idea es absurda, dado que los concesionarios deben operar con un margen de ganancias que les permita mantener equipos, pagar productos y mantener sueldos en su plantilla.
Esto, sin un plan de apoyo paralelo y realista para esos distribuidores de combustibles, hará que el cargo se dirija principalmente al público. Los incrementos de impuestos prediales, de pago de derechos, en diversos niveles, incluso estatales y municipales, terminarán redondeando una cuesta muy agobiante de gasto para los mexicanos, que no encontrarán soluciones en las dádivas clientelares, que al parecer se mantendrán vigentes para conservar la aceptación de Morena entre la gente.
Definitivamente, la receta aplicada para este año y que es continuidad de la política económica mexicana es simple: el pueblo pagará por todo, como siempre, a excepción de los legisladores y funcionarios públicos que en altos niveles viven otra realidad alejada del pueblo.
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