El acuerdo beneficiará a más de 7 millones de personas mediante acciones de capacitación, difusión y promoción de derechos humanos
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Leche para el Bienestar acordaron suscribir un convenio de colaboración interinstitucional con el objetivo de fortalecer el derecho humano a la alimentación, así como impulsar la capacitación y difusión en materia de derechos humanos en beneficio de millones de mexicanas y mexicanos.
Durante una reunión de trabajo, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, subrayó que el derecho a una alimentación adecuada es un derecho humano fundamental e indispensable para el desarrollo integral de las personas, particularmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
“Garantizar una alimentación adecuada es clave para construir condiciones de bienestar y justicia social”, expresó la titular del organismo nacional.
Por su parte, el director general de Leche para el Bienestar, Antonio Talamantes Geraldo, destacó que este convenio permitirá reforzar el compromiso de la institución con el acceso a alimentos de calidad, bajo un enfoque de respeto y promoción de los derechos humanos.
En el encuentro participaron también Víctor Hugo Pérez Rojas, director de Operaciones de Leche para el Bienestar, y Francisco Estrada Correa, secretario ejecutivo de la CNDH. Durante la reunión se definieron las líneas generales del convenio, así como posibles acciones de capacitación para el personal de Leche para el Bienestar en todo el país y estrategias de difusión sobre la importancia de los derechos humanos entre sus más de 7 millones de personas derechohabientes.
Leche para el Bienestar opera el Programa de Abasto Social de Leche, mediante el cual distribuye leche líquida y en polvo fortificada con hierro, zinc y ácido fólico, además de vitaminas A, C, D, B2 y B12, contribuyendo así al ejercicio efectivo del derecho humano a la alimentación y al fortalecimiento de la salud de la población beneficiaria.
Con este acercamiento, la CNDH refrendó su disposición de trabajar de manera coordinada con las instituciones del Gobierno de México para impulsar una cultura de respeto, protección y garantía de los derechos humanos, priorizando siempre a los sectores más desfavorecidos del país.
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