Por Laura Gutiérrez Franco
Mientras las pizarras financieras de los grandes centros de negocios celebran una inflación general que parece dar tregua al situarse apenas por encima del 4%, en las cocinas de las familias mexicanas se vive una realidad paralela y asfixiante. Para quien toma las decisiones macroeconómicas, un punto porcentual es una variable técnica; para quien recorre los pasillos del mercado en Guadalajara o en cualquier rincón de Jalisco, ese porcentaje es la diferencia entre poner proteína en la mesa o conformarse con legumbres.
La narrativa oficial nos habla del éxito del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), ese acuerdo que intenta ponerle un “techo” de 910 pesos a 24 productos esenciales. Sin embargo, el mercado es un animal indomable que no sabe de decretos. En lo que va de marzo de 2026, hemos visto cómo el jitomate —columna vertebral de la dieta nacional— ha disparado su precio en más de un 60%, obligando a las familias a realizar una ingeniería financiera doméstica que ya no admite más recortes.
Pero el verdadero reto no está solo en el campo, sino en el estante. En Jalisco, la disparidad de precios revela una realidad incómoda: el libre albedrío de los supermercados. Mientras en establecimientos de Tonalá o mercados tradicionales se logran encontrar canastas básicas cercanas a los 800 pesos, en ciertas zonas de Zapopan y Guadalajara, las mismas marcas y productos se disparan sin una lógica clara, rozando o incluso superando los límites establecidos. Esta arbitrariedad en el etiquetado es la que golpea directamente a las amas de casa, quienes hoy se han convertido en las verdaderas administradoras de la crisis, haciendo malabares para que el gasto no se evapore antes del mes..
Lo que hoy enfrentamos no es solo un fenómeno de precios, es una crisis de poder adquisitivo que golpea con saña a los sectores más vulnerables. Se estima que los hogares con menores ingresos destinan hasta 90 centavos de cada peso ganado exclusivamente a la alimentación. Cuando el costo de una canasta alimentaria real —aquella que incluye los 44 productos que una familia verdaderamente consume— supera ya los 2,000 pesos (A veces a la semana), el salario mínimo deja de ser un piso de dignidad para convertirse en un recordatorio de la precariedad.
Este encarecimiento genera un efecto dominó que debilita a toda la ciudad. Las cámaras industriales y los pequeños comerciantes locales ven con preocupación cómo el consumo interno se contrae. Si el ciudadano gasta todo su ingreso en comer, deja de consumir otros bienes y servicios, frenando el dinamismo económico de nuestra región. La “inflación de los alimentos” es, en esencia, un impuesto regresivo que castiga al que menos tiene y desincentiva el crecimiento local.
Es momento de cuestionar si las medidas de contención actuales son suficientes o si solo son aspirinas para una enfermedad estructural. No basta con monitorear precios en las conferencias matutinas mientras en el supermercado de la esquina la etiqueta sube “porque sí”. Se requiere una vigilancia real y una política que proteja la capacidad de compra de la clase trabajadora frente a la especulación.
El crecimiento económico sin bienestar social es una cifra hueca. De nada sirven los récords en exportaciones si el plato de los jaliscienses sigue siendo el rehén de una economía que crece hacia afuera, pero se aprieta hacia adentro. La estabilidad no se mide en el valor del peso frente al dólar, sino en la paz mental de una madre de familia que puede llenar su carrito del súper sin sentir que está empeñando el futuro de sus hijos.
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