Horacio Villaseñor
La salida de Antonio Juárez Trueba del SIAPA no debe leerse como un simple ajuste de piezas, sino como el reconocimiento de un colapso sistémico. Sin embargo, el nombramiento de Ismael Jáuregui nos coloca ante una disyuntiva ética y técnica: ¿estamos ante la llegada de un verdadero administrador público o ante un ejecutor cuya misión es pavimentar el camino hacia la privatización o el endeudamiento?
El agua es el flujo vital que define la equidad en el territorio y frente a los intereses empresariales, el director general del SIAPA debe ser el administrador custodio del interés general, no del empresariado. Me explico: Si el SIAPA funcionara como un Sistema Viable (VSM), su director debería ser el garante de la cohesión entre la macro-infraestructura y la gestión de barrio. Pero para lograrlo, se requiere de un perfil que entienda que la eficiencia no se compra con deuda pública ni se delega en manos privadas.
¿El nuevo titular es un destacado administrador gubernamental o un constructor y contratante de obra? El Código de Ética de Jalisco es contundente: la idoneidad exige profesionalismo y lealtad al interés general. Un administrador público íntegro sabe que su responsabilidad es optimizar la estructura existente, no hipotecarla y como el Consejo de Administración fue omiso, no promovió una auditoría de perfil por terceros, no hizo examen alguno ni una evaluación de desempeño, ¡que Dios nos agarre confesados!
Guadalajara no necesita un gerente que vea en las carencias del SIAPA una oportunidad para adquirir deuda pública, dar contratos de obra o empujar la privatización del sistema. Esa salida fácil seguirá trasladando la ineficiencia actual a las facturas de las próximas generaciones. El agua no es una unidad de negocio. Jáuregui tiene ante sí el reto de demostrar que su experiencia no es solo la de un constructor de paso, sino la de un servidor público, un negociador político capaz de consolidar, con recursos propios, el “esqueleto” de infraestructura que la ciudad clama. No necesitamos a alguien que “empuje” contratos; necesitamos a alguien que rescate la operatividad pública.
Como sostenía Milton Santos, el territorio es el lugar donde se manifiesta la justicia, y no hay mayor injusticia que un Estado que abdica de su responsabilidad de proveer agua para convertirla en una concesión. La “confianza” depositada en este nuevo nombramiento debe ser validada por un plan de trabajo público que rechace tajantemente el modelo extractivo de la administración. El SIAPA requiere un cirujano de la estructura que sane las finanzas desde la austeridad y la técnica, no un gestor que prepare la mesa para que el sector privado se sirva de lo que es de todos.
En realidad el responsable de que el SIAPA esté en crisis es su Consejo de Administración, los que fallaron fueron los ayuntamientos y alcaldes que lo integran, fallaron porque constitucionalmente el suministro de agua potable y el servicio de drenaje son funcionesprimordiales de los gobiernos municipales que poseen el mandato político para definir la planeación estratégica, esa que no se hizo, el destino de los recursos y, además, son los responsables de nombrar al director general quien solamente asume el rol de operador y administrador legal de la red por lo que no se necesita un ingeniero constructor sino uno administrador, como lo fue Jorge Matute Remus.
Esta fragmentación genera un “cuello de botella” institucional: la Dirección General debe ejecutar con eficiencia un metabolismo urbano complejo, pero está supeditada a consensos políticos superiores que, a menudo, priorizan la viabilidad electoral o presupuestal de cada municipio por encima de una visión técnica integral y de largo plazo para la metrópoli. ¡Los que fallaron y lo siguen haciendo son los ayuntamientos y sus alcaldes! Ni hablar.
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