Por Laura Gutiérrez Franco
Para miles de tapatíos que se dieron cita en el Paseo Fray Antonio Alcalde, la quinta edición del Día Municipal de la Torta Ahogada fue una autentica fiesta popular. Entre el aroma al birote salado, las salsas picantes y el ambiente festivo en el corazón del Centro Histórico, las familias disfrutaron del reparto gratuito de 25 mil tortas acompañadas de su respectivo refresco, cortesía de una treintena de los establecimientos más tradicionales de la ciudad.
Sin embargo, detrás del festejo multitudinario y la foto oficial con el plato en mano, los números del evento dejan al descubierto un escandaloso sobreprecio cargado al erario municipal. La fiesta que alimentó la alegría tapatía por unas horas tuvo un costo total cercano a los 3.8 millones de pesos de recursos públicos. Al hacer la matemática elemental y dividir el gasto entre las piezas regaladas, cada torta le costó a los contribuyentes entre 152 y 153 pesos, una cifra que multiplica por dos o por tres el precio comercial promedio de este platillo en cualquier puesto o fonda de la ciudad. Regulamente su precio va de 30 a 85 pesos.
El argumento oficial para justificar semejante despropósito financiero apeló al concepto de la “logística y organización”: el montaje de carpas, escenarios, vallas de seguridad, publicidad y servicios de limpieza. No obstante, en las cuentas reales del mercado, la materia prima para elaborar 25 mil unidades no supera el millón de pesos. Cargar casi tres millones de pesos adicionales bajo la etiqueta de logística evidencia la falta de rigor en las compras públicas y el uso de intermediarios que inflan facturas para eventos de lucimiento gubernamental.
Porque conviene recordarlo con absoluta claridad: el gobierno no regaló absolutamente nada. Cada peso desembolsado para pagar la logística inflada y el festín mediático salió directamente de los bolsillos de la misma gente que hizo fila bajo el sol. Salió del pago del predial, de los derechos municipales, de las licencias de los comerciantes que día a día se la juegan para mantener abiertas sus puertas y del impuesto que paga el trabajador en cada trámite o servicio. Los funcionarios no pusieron un solo centavo de su salario; la cuenta la liquidó el pueblo.
En estricta realidad, fueron los propios tapatíos los que se regalaron las tortas a sí mismos, pero con la enorme desventaja de haber pagado un intermediario burócrata que les cobró el platillo a precio de restaurante de alta cocina. Disfrazar como una dádiva gubernamental lo que se financia estrictamente con el esfuerzo fiscal de los ciudadanos no solo es un acto de demagogia, sino una falta de respeto a la inteligencia de una sociedad que trabaja duro para sostener el presupuesto municipal.
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