Por Laura Gutiérrez Franco
Ahí viene otra genialidad burocrática envuelta en papel de regalo tecnológico. Bajo la bandera del progreso, la modernización y la inclusión financiera, la nueva Ley de Economía Digital se perfila para darle un golpe seco a lo más tangible que nos quedaba en el bolsillo: los billetes y las monedas. Con el argumento de que el efectivo es cosa del pasado, el gobierno prepara el terreno para que el simple acto de pagar con dinero constante y sonante se convierta en una especie en extinción.
¿Cuándo y cómo planean aplicar el torniquete?
Si usted pensaba que mañana mismo le van a rechazar el billete de quinientos pesos en la tiendita, no se espante… todavía. La estrategia no es un hachazo de un solo golpe, sino un ahogamiento gradual. El arranque formal está previsto para alinearse con el próximo ejercicio fiscal de 2027.
La primera fase arrancará obligando el cobro 100% digital en sectores bajo control gubernamental o concesionados, como casetas de autopistas, gasolineras, trámites, impuestos y servicios públicos Posteriormente, en una segunda fase, se irán emitiendo acuerdos operativos para acorralar a comercios medianos y pequeños, forzándolos a contar con terminales, códigos QR o esquemas de transferencia obligatorios si no quieren enfrentarse a clausuras o multas.
¿Qué pretenden y por qué la quieren aplicar?
El discurso institucional es bellísimo: nos dicen que quieren democratizar la tecnología, reducir los tiempos de espera y, de paso, acabar con la delincuencia porque sin efectivo no hay robos. Lástima que la realidad en la calle sea bastante menos romántica.
La verdadera razón de esta prisa legislativa responde a dos obsesiones del poder: el control total de la trazabilidad y una insaciable sed de recaudación.
El gobierno no quiere que exista un solo peso circulando sin que un algoritmo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sepa de dónde salió, a dónde va y quién se quedó con la comisión. En un país con un déficit fiscal creciente, el efectivo es el único espacio donde la gente común encuentra un tanque de oxígeno frente a la voracidad tributaria.
¿Ayuda al ciudadano o es pura acción fiscalizadora?
Tratar de vender esta medida como un beneficio para el pueblo en un país donde la mitad de la población ni siquiera tiene cuenta bancaria es una ironía que se cuenta sola. Pagar con tarjeta o transferencia suena muy elegante hasta que se cae el sistema, no hay señal en la colonia, o la terminal del comercio le cobra una comisión extra por manejo de cuenta.
¿Le prestó quinientos pesos a su hermano? Pague impuestos. ¿Hicieron una tanda en la oficina? Explíquele al fisco por qué entraron diez transferencias seguidas a su cuenta. ¿Vendió una bicicleta usada? Cuidado, no vaya a ser discrepancia fiscal. Nos aseguran que esto acabará con la economía informal, pero eso es mentira. Quien vende tacos en la calle no está en la informalidad por amor a los billetes, sino porque el sistema fiscal es un laberinto impagable. Obligarlo a usar terminal solo logrará que el taco sea más caro o que el negocio simplemente baje la cortina.
Al final del día, la Ley de Economía Digital no busca facilitarle la vida a usted cuando va por las tortillas. Lo que busca es que el Estado se siente a la mesa a cobrar su tajada de cada transacción, por insignificante que sea. No nos están quitando el efectivo para hacernos modernos; nos lo están quitando para que no tengamos a dónde escapar.
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