La opinión del Mtro Horacio Villaseñor
A mediados del siglo pasado, un ingeniero tapatío entendió que el agua de una ciudad no se resuelve con boletines de prensa, sino con ingeniería e instituciones. Jorge Matute Remus, alcalde de Guadalajara entre 1953 y 1955, trajo el agua de Chapala a la ciudad e impulsó el Patronato de Agua Potable y Alcantarillado, que él mismo transformó después en el SIAPA, un organismo operador que fue modelo a nivel internacional. Era mi tío abuelo, y crecí escuchando que una obra pública se mide en décadas, no en sexenios. Hoy, al ver lo que queda de su legado, no siento nostalgia: siento indignación.
Setenta años después, el organismo que nació de esa visión entrega agua turbia y maloliente a unas 600 colonias del Área Metropolitana, según la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el propio gobierno reconoce 200. Miles de familias abren la llave sin saber si pueden bañar a sus hijos. La Comisión recibe quejas desde 2019 y en 2022 emitió una recomendación por agua turbia y desabasto que, según ella misma, sigue sin cumplirse. En abril tuvo que emitir otra. Que nadie se equivoque sobre quién es responsable: Movimiento Ciudadano gobierna Jalisco desde diciembre de 2018. Casi ocho años no son una herencia; son una gestión.
El gobernador Pablo Lemus ha reconocido “un abandono brutal desde hace más de 20 años del SIAPA” y ha admitido que las inversiones se destinaron a garantizar el abasto, no la calidad. Esa confesión no lo absuelve: lo condena. La respuesta oficial ha sido la de siempre: cambiar al director, reducir el suministro durante al menos seis meses, prometer una mejora importante para la próxima primavera y aclarar que el servicio no se privatizará.
Pero sobre esto último debemos encender las alarmas: la privatización del SIAPA es la amenaza más grave que se cierne sobre la ciudad. Un privado no llega a resolver un problema social ni a cuidar la salud de nuestras familias, sino a rentabilizar una necesidad básica. Si hoy sufrimos la inoperancia pública, mañana sufriremos la exclusión y el encarecimiento: inversiones solo donde hay dinero, colonias marginadas en el olvido y tarifas al alza bajo contratos opacos. Privatizar el agua no corrige la incompetencia de la autoridad; solo le da un cheque en blanco al lucro con un derecho humano.
No se conoce un diagnóstico público con metas por colonia ni datos abiertos sobre la calidad del agua. Al ciudadano se le pide paciencia mientras sigue pagando por un servicio que lo enferma. Tampoco el Congreso puede lavarse las manos. En marzo, el director del SIAPA canceló su comparecencia ante el pleno; en julio, ya con otro director, los diputados seguían pidiéndole que se presentara. Según legisladores de oposición, varias propuestas para mejorar el organismo están congeladas en comisiones. Un Congreso que no logra que el responsable del agua rinda cuentas no está cumpliendo su función.
Pero sería un error reducir esta tragedia a un gobernador o a un partido. El modelo centralizado está agotado: las decisiones bajan desde un escritorio que no ve la calle y la información sube sin poder cambiar nada. Por eso los gobiernos entran y salen y la ciudad conserva los mismos problemas. Las quejas se acumulaban desde hace años, pero el plan de fondo se anunció el 7 de octubre, después de tres días de bloqueos vecinales.
Propongo otra forma de gobernar, que he llamado gobernanza fractal: que cada escala del territorio tenga capacidad real de observar, decidir y corregir. Las grandes obras (fuentes, potabilizadoras, acueductos) deben quedar en un organismo intermunicipal con dirección profesional. Cada sector de la red debe tener metas públicas de presión, calidad y fugas. Y las colonias y manzanas deben poder medir su propia agua, mapear las fallas y exigir respuesta con voz vinculante, no con quejas que se pierden en un conmutador. No se trata de dejar solos a los vecinos, sino de que el centro deje de gobernar a ciegas.
Mi tío no tenía sensores ni datos abiertos. Tenía rigor técnico, visión de largo plazo, decencia y la convicción de que el agua es una responsabilidad pública, no un trámite político ni un negocio comercial. Hoy el gobierno de Jalisco tiene más herramientas que entonces, pero no la misma capacidad ni valores. Guadalajara no necesita otro director, otra promesa para la primavera ni la entrega de su patrimonio a un corporativo privado: necesita recuperar la soberanía de ver su agua, de protegerla como un bien público y de exigir por ella. El agua sucia no es mala suerte; es una decisión ignorante. Ni hablar.
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