Óscar Ábrego
Sumida en la más severa crisis delincuencial, la ciudad despierta otra vez con la Agencia Metropolita de Seguridad. De esta manera, el convenio que recién se firmó el pasado 26 de julio para la creación del Organismo Público Descentralizado (OPD) Policía Metropolitana de Guadalajara, quedó sin efecto. Esto significa que la Agencia Metropolitana es el apéndice técnico de la Policía Metropolitana.
Así las cosas, hay que reconocer que en gran medida fue la alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón y los regidores morenistas encabezados por Alberto Maldonado Chavarín, quienes forzaron al poder ejecutivo y el resto de los ayuntamientos conurbados, a que admitieran que con la creación de un nuevo ente descentralizado habría más burocracia, lo que significaba más dinero y confusión logística y organizacional.
Queda claro que la ocurrencia y la improvisación son la constante cuando hablamos de la seguridad pública en Jalisco. Tiene que decirse con mucha responsabilidad, aunque se nos tache de enemigos del movimiento anaranjado. Lo cierto es que si en cosa de minutos se canceló un esquema que se presentó ante la opinión pública como la fórmula para resolver el tema de la delincuencia, entonces estamos frente a algo que no cuenta con bases sólidas para su puesta en marcha.
Y es que podemos lanzar algunas preguntas básicas que carecen de una respuesta plena y convincente, por ejemplo: ¿En quién o quiénes cayó la responsabilidad de la elaboración de este plan? ¿Se trata de especialistas con reconocimiento nacional e internacional, o sólo fue una idea del gobernador o de alguien más del gabinete? ¿Dónde están los diagnósticos general y específicos relativos al perfil delictivo de la metrópoli y de los municipios que justifican su aplicación? ¿Se ha socializado qué es lo que se busca en materia de prevención a los mandos intermedios y a los policías de calle y oficinas administrativas?
Algo que evidencia que este formato es producto de las prisas, con el fin de atajar la pésima percepción que la población tiene sobre esta asignatura, es que se le dio un mes al novel comisario, Arturo González García, para que presente su propuesta operativa a la Junta de Coordinación Metropolitana, la que después deberá ser avalada por los cabildos.
No obstante lo anterior, González García ya tiene la facultad de organizar operativos coordinados entre las distintas corporaciones, lo que resulta bastante cuestionable en virtud de que se ejecutarán acciones basadas en criterios más personales que sistémicos.
Ahora bien, por supuesto que todos deseamos que regrese la tranquilidad a nuestras colonias; no creo que haya alguien que en su sano juicio festeje que nuestra entidad ocupe uno de los primeros lugares en el ranking de la criminalidad. Sin embargo, si se va a implementar un modelo, que éste sea al menos la conclusión de un serio y profundo trabajo deliberativo que vaya más allá de la coyuntura y la imprevisión.
Que se tenga mucho cuidado, porque nunca, en cuestión de seguridad, es recomendable que un gobierno le juegue al vivo mientras la sociedad llora a sus muertos.
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