Análisis
Se tienen registros de cuatro esfuerzos de policía metropolitana en otras entidades federativas, que advierten la misma suerte que los esfuerzos empleados en Jalisco: 1) la Policía Metropolitana de Tampico, creada en 2005, estaba conformada por 580 elementos de los tres municipios metropolitanos [Tampico, Ciudad Madero y Altamira], con un comisionado nombrado por los tres alcaldes, sin embargo, en 2013, la policía federal desarmó la corporación para ulteriormente ser disuelto el convenio de colaboración; 2) la Policía Metropolitana de La Laguna [que patrullaría una zona metropolitana interestatal de Durango y Coahuila], la cual entró en operaciones en 2014, si bien es cierto, sigue en operaciones, es importante destacar que los 102 elementos que la integran fueron aportados por los gobiernos estatales: los municipios no participaron en absoluto; y 3) la Policía Estatal Metropolitana de Yucatán, que acaba de entrar en operaciones en junio pasado, se trata en realidad de una Policía Estatal con operaciones sobre la metrópoli: sus 383 elementos son aportados únicamente por la corporación estatal de seguridad.
El acuerdo anunciado por los gobiernos metropolitanos señaló dos aspectos relevantes: Ya no se crearía otro organismo público descentralizado: la Agencia Metropolitana de Seguridad –también un OPD– sería rebautizada como Agencia de Policía Metropolitana, con otras funciones –se dice–. Por otro lado, con relación a los dos modelos de Policía Metropolitana propuestos, existen importantes diferencias en términos de sus facultades. El primer convenio de coordinación, aprobado a finales del mes pasado, en su Cláusula Quinta establece que “la Policía Metropolitana de Guadalajara contará con un Comisario General, quien ejercerá el mando, conducción y control del personal adscrito al organismo, así como la representación legal y administrativa del OPD”. El punto de conflicto reside en el mando de las corporaciones policíacas municipales: ¿lo ejercerán los alcaldes o el Comisario General Metropolitano?. El nuevo acuerdo alcanzado ya no menciona nada sobre el mando de la fuerza pública. Antes bien, señala que el Comisario General Metropolitano creará, en un plazo no mayor a 30 días, una propuesta de modelo operativo (es decir, no existe).
Se pasa de un ente metropolitano supramunicipal [por establecer un mando de la fuerza pública por encima de los Ayuntamientos metropolitanos], a un ente metropolitano intermunicipal –y descafeinado–. Sin embargo, resulta un asunto muy complejo ‘metropolizar’ la seguridad pública: de acuerdo a la OCDE (2015), no existe, entre sus 36 países integrantes, un solo modelo de gobernación metropolitano con funciones de seguridad pública [sólo existen un total de 201 en materia de transporte, planeación espacial, etc.]; no obstante, el repunte de creación de modelos de gobernación metropolitana, han ido en ascenso. Esto se debe a la transterritorialidad de los problemas públicos sobre las divisiones político–administrativas, cada vez más evidente en el mundo moderno: a nivel nacional: el terrorismo, el narcotráfico, las pandemias; a nivel sub-nacional, el transporte, la seguridad, la planeación, etc.
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