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Por Rubén Iñiguez
No es un cuerpo militar, pero tampoco es un cuerpo policiaco; tiene un mando militar, pero los soldados y marinos agregados han conservado sus nombramientos en la SEDENA y SEMAR, es un cuerpo militarizado convertido a policía, pero se le encargan misiones alejadas de las zonas de control del narcotráfico y no se vigilan los dominios del hampa.
Vigilan el Metro de la Ciudad de México, y los Hospitales destinados al COVID-19, algo que perfectamente podría hacer la policía municipal en muchas ciudades. Su tarea ya no integra la confrontación con los delincuentes organizados, con las comunidades de narco-cultura. Su función parece la de una Guardia Civil, como la Española, pero su formación es diferente.
La Guardia Civil de España nace para ser policía, que se hace operar con disciplina militar, pero es básicamente policía. En México se improvisa que los militares hagan las veces de policías, y ahora les amplían el campo a averiguar delitos del orden común. Incluso operaciones encubiertas, que pueden ser debatidas en su procedencia al consignar un sujeto.
Se ha creado un organismo que se ubica en forma caprichosa en el país. Aparece en Cancún, pero poco se ve en otras ciudades. Y particularmente se les aleja de las zonas calientes.
El cambio de orientación de este gobierno fue paralizar la guerra contra el narco, y de hecho han disminuido las confrontaciones y en ocasiones de encuentros, la Guardia Nacional se retira.
Se ha creado un gran órgano militar-policiaco, pero su justificación no se comprende. De hecho, su funcionamiento es irregular en lo administrativo. Se supone que un elemento de la Guardia Nacional gana 19 mil pesos mensuales, con un presupuesto de 3.8 mil millones de pesos. Pero si actualmente tienen 72 mil elementos, sumando su mes de aguinaldo, las cuentas no resultan ya que el presupuesto se consume tan sólo en salarios. Les quedan mil millones de pesos para comprar camionetas y uniformes diferentes.
Los Soldados y Marinos, reciben un sobresueldo que los nivela a lo que reciben sus compañeros que forman parte de las fuerzas armadas y de las cuales fueron comisionados a la GN.
Se supone que la Guardia Nacional no es un organismo militar, ya que de serlo crea problemas jurisdiccionales. Pero si lograra obtener un funcionamiento aceptable para la sociedad, su crecimiento en números de reclutamiento, sería sobre la disminución de los órganos de seguridad de los estados o de los municipios. Su carencia de instalaciones, su creación más política que formal y real, no ha considerado que la improvisación no es adecuada en un cuerpo de seguridad.
Como ente policiaco, es demasiado pensar en la Guardia Nacional para enfrentar a un ladronzuelo, pero es demasiado poco si se trata de detener el control de los convoyes armados de los carteles poderosos. Básicamente todo es un engaño, como acostumbra la 4T.
Los soldados y marinos, trabajaban en asuntos de la seguridad local, estatal y nacional. Les cambiaron el uniforme, para seguir haciendo lo mismo. Ciertamente hay estados como Hidalgo, Oaxaca, Guerrero o Ecatepec, Estado de México; en qué los ciudadanos son capaces de incendiar un hospital por creer que esparce o fomenta el COVID-19.
De hecho una simple sanitización, considerada por sus criterios supersticiosos- masivos, se convierte en una amenaza que moviliza a una población dada a los linchamientos. Indudablemente ahí se hace necesaria una presencia disuasiva que muchos municipios no tienen.
Pudieron hacerla con militares en el Plan DNIII, pero se trata de darle gusto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Tal vez la guerra de Calderón y la continuación de Peña Nieto, no eran tan eficaces y si de alto riesgo, pero la cantidad de detenidos, de muertos de las fuerzas delictivas por resistencia armada, o agresión a los militares atrajo reacciones de exterminio y de uso de fuerza letal, porque un Ejército es lo que porta, conserva y desarrolla.
Con la Guardia Nacional, dudo en llamarlos policías, pero tampoco son exactamente soldados. Su vulnerabilidad ante el COVID-19 evidenció improvisación, falta de equipos adecuados, entrenamiento ante esta emergencia, y finalmente un olímpico desconocimiento del riesgo de contagio.
El arsenal de la Guardia Nacional guardó pertrechos y coronavirus, sin que los mandos tuvieran una idea del riesgo de su personal, que hasta contagiarse, como sucedió en Puerto Vallarta, pusieron la señal de alerta; tarde, como se hace a la mexicana…
No han tenido logros, en más de un año de existencia. Podrá ser el cuerpo favorito del presidente, que muestra así su fobia a los mandos tradicionales del instituto armado. Además Alfonso Durazo, se ha visto cada día más disminuido en su efectividad. La vergüenza del fallido operativo contra Ovidio Guzmán, cobró a Durazo, un papel más discreto y secundario.
El presidente los hace madrugar para informarle antes de cada mañanera, y reúne a su gabinete de seguridad. Pero los casi 40 mil muertos del gobierno de la 4T demuestran que no hay una actividad o una iniciativa combativa al delito, función que se supone de un cuerpo grande como es la Guardia Nacional.
Los operativos se acabaron, y las cifras de incautación de drogas son reducidas, nada de que jactarse. Los detenidos por huachicol, que se supone exterminado hasta un 94% no se ven por ninguna parte. De hecho, este renglón golpea a Pemex duramente, porque en la medida en que se encarece el combustible por los impuestos, se vuelve más atractivo el adquirirlo en el mercado negro del huachicol.
En resumen, los homicidios siguen sin que se adopten estrategias de seguridad del gabinete especializado. Las cifras de muertos se siguen desbordando, incluso más que la propia letalidad del COVID-19. A pesar de ello, no se ha visto una planificación exitosa, el rescate de comunidades sometidas al dominio y cobro de plaza y control del narco, y la delincuencia común sigue escalando, los robos a mano armada, para despojo de vehículos, son habituales. Son temas del café de la mañana, “Ya vieron lo que le pasó a fulanito cuando salía de su casa, ya lo estaban esperando… o los motoratones armados”
¿De qué sirve que el Secretario de la Defensa y el mando de la Guardia Nacional se levanten en la madrugada, si de sus reflexiones nada sucede? Si el país parece perder la gobernabilidad por el vacío de autoridad.
Los transportistas de carga, repetidamente denuncian la inseguridad, presentan cifras de miedo, pero ninguna autoridad resuelve el cambio. Lo caminos han vuelto a ser zonas de robo, violación de pasajeros en los autobuses, y de crímenes a los trabajadores del transporte de carga.
Ciertamente la desaparición de la Policía Federal, por la sospecha de corrupción podría haber dado lugar a una depuración estricta y de confianza, pero este organismo se enfrentaba más en diversas instancias a los delincuentes. Por lo tanto, la Guardia Nacional, no ha podido siquiera llenar el hueco de esta corporación desaparecida.
Nadie quiere que falle la estrategia de seguridad, pero hasta hoy no hay un solo resultado positivo y contundente. Se culpará a los neoliberales, a los críticos que instigan el fracaso de la 4T. En realidad, están fracasando solos, porque no tienen rumbo, ni una estrategia adecuada que nos permita establecer éxitos, aciertos, desde el punto de vista de ganancia de seguridad.
Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo
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Nacional

Resilientes, hasta altos mandos en LLDM reiteran: firmes con Naasón Joaquín

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Ya concluyó un proceso judicial contra el director internacional de la Iglesia La Luz de Mundo, con una desestimación del caso ordenado por la Corte de California y va a iniciar un segundo juicio a petición de la Fiscalía de ese estado norteamericano. Pues los miembros, y ahora los altos mandos de esa religión, ratificaron que siguen firmes con Naasón Joaquín.

Hoy domingo en la transmisión pública por Internet, el Consejo de Obispos preparó un video para los fieles de la Iglesia: en él, mandan un saludo al líder internacional de la Iglesia a quien además le patentizaron con gran alegría, su gratitud y plena obediencia a su misión.

El balance internacional es claro: La Iglesia La Luz del Mundo en 60 países está firme, segura y fiel con El Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García.

El saludo y solidaridad se hizo desde Estados Unidos de Norte América, El Salvador, Colombia, así como la Jurisdicción Norte y la Jurisdicción Sur de España, entre otros.

Esta unidad sobresale porque esta Iglesia mantiene cohesión y crecimiento.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- México: juicio penal o simbólico al neoliberalismo

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Carlos Ramírez*

En una acción prometida desde su posicionamiento en la oposición hace ya treinta años, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició un proceso legal de enjuiciamiento de cinco expresidentes de la república del periodo 1988-2018 por ser los responsables del neoliberalismo económico, de fraudes electorales y de la violencia de la inseguridad.

El procedimiento legal es bastante complejo: solicitud al Congreso federal para realizar una consulta al pueblo si se deben enjuiciar a los ex presidentes que tiene que ser avalada por la suprema Corte de Justicia de la Nación; si gana el sí, entonces se deben juzgar a los expresidentes vivos Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (PRI, 1994-2000), Vicente Fox (PAN, 2000-2006), Felipe Calderón (PAN, 2006-2012) y Enrique Peña Nieto (PRI, 2012-2018) por la “presunta comisión de delitos” cometidos “antes, durante y después” de sus respectivas gestiones administrativas como jefes del ejecutivo federal.

El asunto complicado radica en el hecho de que los procedimientos judiciales se deben hacer a través de acusaciones concretas, carpetas de investigación y averiguaciones previas, no consultas populares para juzgar periodos presidenciales en bloque. Hasta ahora no se han precisado delitos concretos, sino orientaciones de gobierno.

La clave del procedimiento se encuentra en la Suprema Corte de Justicia, porque el Congreso tiene la mayoría el partido del presidente de la república. Y la Corte tendrá que validar la legalidad de la consulta para investigar gestiones administrativas “antes, durante y después” de los sexenios formales.

La propuesta del presidente mexicano mezcla acusaciones formales de presunta corrupción con la aplicación de un modelo económico neoliberal como si fuera un delito, además de reiteraciones de fraudes electorales que ya fueron exonerados en las instituciones electorales correspondientes. El asunto no es que no haya habido evidencias de delitos, sino que su momento se cumplieron con los procedimientos legales para cancelarlos. El tema más actual es el del caso Odebrecht hoy en litigio, pero el proceso legal está en curso con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en prisión domiciliaria hasta la entrega de pruebas que pudieran involucrar al hoy expresidente Peña recibiendo sobornos cuando era candidato presidencial del PRI en 2012.

El filtro principal estará en la autorización o negativa que tendría que dar la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal legal máximo: investigar la “presunta comisión de delitos” sin carpetas de averiguaciones previas y la temporalidad de esos delitos y “antes, durante y después de sus respectivas gestiones”, sin precisar tiempos legales. En términos procedimentales, las autoridades de la Fiscalía tienen facultades para iniciar carpetas de investigación para elaborar sin consultas populares averiguaciones previas que puedan conducir a solicitudes de órdenes de aprehensión contra expresidentes, aunque con el dato legal de que durante sus gestiones sólo podrían ser acusados de “delitos graves de orden común” y de “traición a la patria”.

Al margen de que se trate de un acto político de posicionamiento mediático que renueve el repudio popular contra el ciclo priísta-panista-priísta de 1988 a 2018 y que deje al margen los gobiernos anteriores con los mismos o peores delitos, el hecho es que bien encaminado el proceso pudiera convertirse en un enjuiciamiento social y político al neoliberalismo económico mexicano que profundizó la pobreza y la marginación y el enriquecimiento plutocrático, aunque sin cargos penales. La prueba del repudio social al neoliberalismo fue el voto a favor de López Obrador en el 2018 para inaugurar un periodo económico posneoliberal.

Dentro de ese periodo neoliberal 1988-2018 existieron casos flagrantes de corrupción que debieran de investigarse –inclusive sin consulta popular–, pero que el gobierno de López Obrador no ha iniciado los procedimientos legales. Por ejemplo, la muy criticada privatización de la empresa Teléfonos de México en 1992 para entregársela al empresario Carlos Slim Helú, con el dato de que hoy Slim es uno de los empresarios consentidos del gobierno de López Obrador. O la privatización de Televisión Azteca que se le dio al empresario Ricardo Salinas Pliego, quien tuvo que conseguir un préstamo de Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente que privatizaba la empresa, para completar la inversión. Salinas Pliego también es de los empresarios consentidos del gobierno de López Obrador.

Lo más probable es que la consulta no pase el filtro de la suprema Corte de Justicia de la Nación por la falta de consistencia legal al pedir investigaciones como día de pesca y sin basarse en averiguaciones previas con recopilación de pruebas procesales y legales, aunque un tercio de los ministros haya sido propuesto por el presidente de la república. Cada uno de los expresidentes tiene en su haber asuntos oscuros de corrupción y malversación de fondos, pero sin estar en carpetas oficiales de investigación.

Si la solicitud fracasa, entonces la bandera de enjuiciar la corrupción del PRI y el PAN en la presidencia podría fracasar y afectar la base social y política del partido lopezobradorista Morena que avanza a su primera prueba electoral en junio del 2021 con la elección de la Cámara federal de Diputados y quince gubernaturas y que está resintiendo en pérdida de votos el saldo de muertos por la pandemia, la crisis económica con un PIB promedio anual de 1.3% de 2020 a 2024 y el aumento en la violencia de los cárteles del crimen organizado.

López Obrador encarnó siempre el espíritu de justicia popular contra la élite gobernante depredadora a costa de la pobreza de las mayorías y su elección fue un voto de esperanza para someter a la justicia a los gobernantes anteriores. Sin embargo, se esperaban procedimientos legales muy bien cuidados y no solicitudes generales que pudieran esfumarse en el aire.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- AMLO y la memoria histórica: iniciar con Bartlett, Slim, Salinas Pliego y el PRI

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Carlos Ramírez*

Aunque le falta mucho para cumplir su compromiso desde 1988, la carta del presidente López Obrador al Senado para convocar a una consulta para investigar a cinco expresidentes de la república debería ser la base de una ley de la memoria histórica que fije el deslindamiento del ciclo neoliberal 1979-2018.

Pero a partir del contenido del documento que señala el inicio del ciclo neoliberal depredador y de alto costo social en el gobierno de Salinas de Gortari, entonces el gobierno de la 4-T podría comenzar antes que decida la Corte con la investigación penal de dos de los episodios más visibles del autoritarismo salinista: los fraudes electorales que entronizaron el neoliberalismo en el poder y sobre todo el de 1988 y la privatización de las empresas propiedad de la nación para construir un empresariado funcional a los intereses neoliberales del salinismo.

Ahí saltan los tres principales nombres de funcionarios o beneficiarios salinistas hoy incrustados en la 4-T lopezobradorista: Manuel Bartlett Díaz fue operador del fraude electoral de 1988 –además del de 1986 que ilustró hace días el propio presidente López Obrador– que permitió la construcción del salinismo y su proyecto económico autoritario; Carlos Slim Helú recibió por dedazo Teléfonos de México para iniciar la construcción de la plutocracia que sigue enquistada en la empresa y el poder y simboliza la riqueza ofensiva; y Ricardo Salinas Pliego recogió TV Azteca del presidente Salinas de Gortari y la pagó con dinero prestado por Raúl Salinas de Gortari, en un acto de tráfico abusivo de poder y de conflicto de intereses.

Si la carta para juzgar expresidentes se asume como principio de una ley de memoria histórica, entonces el gobierno actual tiene la obligación moral de deslindarse de los miembros de la élite del neoliberalismo que resultó beneficiaria por todos los expresidentes que quieren ser sometidos a juicio. De centrar el juicio sólo en los extitulares del ejecutivo federal, entonces sí podrían analizarse sus resultados como fracaso.

La obligación política y moral del presidente López Obrador con el deslindamiento de su proyecto respecto del pasado neoliberal 1979-2018 se sustenta en que su oferta de campaña y de gobierno fue una Cuarta Transformación de la vida pública, pero para ello necesita liquidar, de manera política y penal, con la 3.1 que fue la posrevolución en fase neoliberal.

En efecto, el neoliberalismo no ha sido nunca, ni aquí ni donde se ha aplicado, un modelo simple de política económica de mercado, sino que ha necesitado –y Chile con Milton Friedman y Arnold Harberger como asesores han sido el ejemplo de que se requirió de una dictadura militar represiva– del apoyo de gobiernos autoritarios en la orilla de la dictadura. El sistema político que avaló el neoliberalismo mexicano que depredo la economía y la sociedad fue posible por el PRI, por lo que se tendría que debatir si el PRI debiera ser proscrito como partido por su responsabilidad histórica en la dictadura neoliberal que empobreció al 75% de los mexicanos en actos conocidos y razonados ya como de “crímenes económicos”.

La puerta que abrió el presidente López Obrador con su consulta fue, aunque se critique, un acto de congruenciapersonal porque siempre dijo que así lo haría. Pero habría una obligación histórica para no dejarlo en mero acto de propaganda electoral para las elecciones legislativas del 2021, porque existe el riesgo de que ese neoliberalismo pueda regresar al poder por la vía electoral en 2024, después de una campaña de desprestigio personal contra el presidente López Obrador que ya está en marcha.

Mientras llega la respuesta positiva o negativa de la Corte a la consulta, el paso político debe ser una ley de la memoria histórica.

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 Política para dummies: La política es un acto de justicia o una ruta de escape.

 

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