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El día de ayer fue aprobada en lo general con 306 votos a favor, 129 en contra y cuatro abstenciones, el proyecto de la Ley de Amnistía presentada por el Presidente el pasado ‪18 de septiembre‬. Desde 1917, México ha publicado a nivel federal tan sólo dos Leyes de Amnistía: en 1978 y en 1994.
Grosso modo, la Ley decreta amnistiar a quienes hayan incurrido en delitos de: 1) aborto; 2) producción, transporte, tráfico, comercio y suministro de drogas, siempre y cuando se acredite pobreza, extrema vulnerabilidad social, discapacidad y a quienes hayan sido obligados por algún pariente, pareja sentimental o por grupos de la delincuencia organizada; 3) portación de narcóticos hasta en dos tantos la dosis permitida para consumo personal e inmediato; 4) a personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas que no hayan contado con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua durante el proceso penal; 5) por el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de la libertad superior a cuatro años; y 5) por delito de sedición impulsado por razones políticas. Estos beneficios se otorgarían a aquellos que no hayan cometido delitos graves o hayan utilizado armas de fuego.
Sobre ella, habría que destacar lo siguiente: I) contrario a la tendencia observada con respecto a la utilización de esta figura, es importante advertir que esta iniciativa no sólo se limita perdonar delitos políticos, sino que también delitos comunes como si se tratase de un indulto [robo simple y sin violencia, p. ej.]; II) a pesar de que la amnistía siempre circunscribe el perdón y el olvido a un tiempo, lugar y circunstancia específica, está ley señala un catálogo de delitos a amnistiar: es decir, adquiere vigencia permanente [condona la pena por delitos pasados, presentes y futuros], cuando toda amnistía es de carácter transitoria toda vez que se retrotrae a un pasado, lo olvida y lo perdona; III) uno de los principales fines que persigue una amnistía es impedir la repetición de los eventos que la causaron, a efectos de evitar su impunidad y revictimización a través de reformas estructurales de gran calado al aparato estatal [en materia de justicia, seguridad, derechos humanos, etc.]; sin embargo, esta ley se limita a únicamente perdonar delitos, y no a resarcir las causas que condujeron a ello: ¿por qué en vez de amnistiar el aborto (aún ilegal), el cual en no pocas ocasiones ocurre en condiciones marginales y clandestinas de salubridad, no se legaliza y se norma? ¿Por qué en vez de afianzar el derecho de indígenas de contar con un intérprete, obligando al Estado a ello a través de una ley y presupuesto específico, simplemente se otorga el perdón, para quien no lo tuvo?; IV) tanto el robo simple y sin violencia, el aborto, la posesión de droga para consumo personal e inmediato por encima de lo permitido y el narcomenudeo son delitos del fuero común, que competen a las entidades federativas, y no a la federación. Entonces, ¿cuál es el impacto real que tendrá esta Ley? Además, considérese que en México existe una ‘amnistía de facto’, toda vez que apenas el 2.8% de los delitos llegan a poner al delincuente a disposición de un juez (INEGI: 2018).

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

¿Por qué se disputan el Poder Judicial?

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Gabriel Torres Espinoza*

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los jueces y magistrados se colocan como las autoridades que son percibidas como más corruptas, con un 74.5 por ciento. Los policías de tránsito (73.3 %), la policía preventiva municipal (69.6%), ministerio público y procuradurías estatales (61.4 %), Fiscalía General de la República (61.2 %), policía estatal (61 %), policía ministerial o judicial (60.2 por ciento), policía federal (55.9 por ciento), ejército (24.7 %) y marina (17.1 %).

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, el Tercer Circuito, correspondiente al estado de Jalisco, “ocupa el primer lugar a nivel nacional en contratar a los hijos de jueces y magistrados”. Desde 2015, más de 80 juzgadores han sido nombrados con base en las ‘listas de reserva’, y todavía quedan más de 100 para ocupar el cargo en materias, penal, civil, familiar o mercantil.

De acuerdo con MURAL, 18 de los 26 magistrados que integran actualmente el Supremo Tribunal de Justicia -STJ- están emparentados, al menos, con 68 funcionarios judiciales. De manera extraoficial se sabe que los partidos políticos, a través del sistema de ‘cuotas y cuates’ para integrar las magistraturas del STJ, las venden al mejor postor: de acuerdo con el ex Coordinador del Gobierno del Estado, Herbert Taylor Arthur, otrora diputados del PAN vendieron, al menos, 17 de estas posiciones [que corresponden al STJ y al TJA (antes TAE)], entre cuatro y cinco millones de pesos. Impune y flagrantemente, consejeros y magistrados, tanto federales como locales, se pasan por ‘el arco del triunfo’ el artículo 127 constitucional, que dispone que ningún servidor público podrá tener una remuneración mayor al del titular del Poder Ejecutivo.

Incluso, el Consejo de la Judicatura, que en teoría es el órgano interno de control del Poder Judicial, es el que alienta la corrupción a su interior. Sin embargo, lo peor del caso es que las autoridades que ejercen facultades de control en este Poder, se ‘rasgan las vestiduras’ en el discurso, aunque en los hechos fomentan sus nocivas prácticas. El cinismo es tal que, para evitar la crítica de la opinión pública, el 15 de octubre pasado, el Congreso del Estado aprobó una reforma al Reglamento de la Ley Orgánica del Legislativo, a efectos de que la ulterior designación de consejerías y magistraturas, los aspirantes a dichos cargos ya no tengan que demostrar un alto grado de conocimientos, al eliminar el requisito de obtener una calificación mínima de 80 en la prueba que se les aplica. Tienen que aplicar un examen, ¡que ya no es necesario aprobar!

El Legislativo, por ejemplo, tiene facultades ex ante de control en el Poder Judicial, al momento de nombrar a sus integrantes. No obstante, omiten criterios meritocráticos para salvaguardar el de los ´cuates’ incondicionales dispuestos a torcer la ley para responder a sus mentores. Como facultad ex post de control, el Legislativo dispone del juicio político, mismo que mantiene en desuso para destituir e inhabilitar un consejero o magistrado corrupto.

 

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Gabriel Torres Espinoza

La UIF: El ‘Zar Anticorrupción’ de México

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Gabriel Torres Espinoza*

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aunque parece una institución creada en este sexenio, debido al cuantioso número y valor de las cuentas bancarias congeladas, fue en realidad fundada por decreto en 2004. Mayor relevancia ha adquirido la UIF por ser tan sólo una “unidad” administrativa con el poder de una Secretaría de Estado, y un titular que hace las veces de un ‘Zar Anticorrupción’. En este sexenio, la UIF ha bloqueado cuentas por un monto superior a los siete mil 500 millones de pesos, sobre robo de hidrocarburos, corrupción política, empresas ‘fantasma’, trata de personas, tráfico de migrantes y crimen organizado.

Empero, ¿qué tanto representa este monto de las cuentas congeladas por la UIF, respecto del total del lavado de dinero y la corrupción en México? Aunque no existe una cifra oficial, el académico Jorge Lara Rivera, del INACIPE, con estimaciones basadas en reportes oficiales, ha señalado que, el monto del lavado de dinero en México, asciende a 50 mil millones de dólares. Ahora bien, de acuerdo con el titular de la OCDE para América Latina, Roberto Martínez Yllescas, el costo de la corrupción en México es del cinco al 10 por ciento del PIB Nacional, del que “tan solo los sobornos a funcionarios públicos tienen un costo del 2%”. De forma que esta cifra apenas representa el atajo de un asteroide en un universo financiero plagado de corrupción y lavado de dinero.

No dejan de ser importantísimos los esfuerzos y resultados de la UIF en materia de combate a la corrupción política. Para este 2021, se prevé que la UIF ejerza 170 millones de pesos. El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que está integrado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría Ejecutiva del SNA, ¡ejercerán 71 mil 900 millones de pesos! Quiere decir que, aunque con resultados muy superiores en materia de combate a la corrupción, ¡la UIF ejercerá apenas 0.2 por ciento de lo que cuesta el pesado e ineficiente SNA!

La inusitada relevancia de la UIF tiene que ver con el gradual debilitamiento legal del Poder Ejecutivo en el sistema presidencial mexicano. Me explico. Frente a la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), que ya no dependen orgánicamente del Poder Ejecutivo, el presidente de la República sólo cuenta con un mecanismo para incidir en términos de la investigación y persecución de los delitos asociados a la corrupción: la UIF. De hecho, resulta ampliamente probable que, posterior a este sexenio, la UIF pase a formar parte de la FGR o del Poder Judicial (existen países con este modelo), o bien, se convierta en un órgano constitucional autónomo. ¿Por qué? Porque tanto la «investigación» como la «inteligencia», relacionada con los delitos, pueden recaer en indeseables o nocivos fines de persecución política. No obstante, la UIF es, hasta hora, el más eficiente (por sus resultados) instrumento con que cuenta el Estado Mexicano para el combate a la corrupción política.

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Gabriel Torres Espinoza

Maradona, es Diego

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Gabriel Torres Espinoza*

El día de ayer, de manera inesperada, murió el ex futbolista argentino, Diego Armando Maradona, por un paro cardiorrespiratorio, apenas a sus 60 años. Desde luego, se trata de una figura de fama internacional, sumamente polémica, con un sinfín de claroscuros y variadas aristas profesionales.  Maradona como El Ché Guevara (que no son comparables, pero sí reconocidos) se han posicionado como la figura iconográfica, más representativa o emblemática, de toda América Latina. Más allá de su innegable talento deportivo, le asistían dotes carismáticos que cualquier líder político, social, cultural, o incluso ídolo deportivo, envidiaría en cualquier parte del mundo. Su amplio reconocimiento internacional, el evidente fanatismo en torno a su personalidad, con una liturgia únicamente comparable u observable al que se le realiza a una deidad, no sólo derivada de un talento deportivo extraordinario [como el de Messi o Pelé], sino en un carisma que, si bien, para muchos era francamente inefable, para todos fue a todas luces irrefutable: poseía ese ‘imán’, ‘magia’, ‘aura’, ‘hechizo’, ‘brillo’ y un ‘no sé qué’ que sólo se llega a dar en binarias ocasiones cada siglo, ya sea en un país o en una región del planeta entero. Además de ser, para un inconmensurable número de “aficionados que viven la intensidad del futbol”, como diría Enrique El Perro Bermúdez, el “mejor futbolista de todos los tiempos”, fue también un exitoso presentador de televisión, un ácido comentarista deportivo con robustas cartas credenciales y un distinguido activista político de regímenes socialistas-comunistas, y amigo de Fidel Castro, Evo Morales, Lula da Silva, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Desde luego, su ‘meteórica’ carrera profesional estuvo acompañada de estruendosos escándalos relacionados con la adicción a las drogas, la violencia de género y el acoso sexual.  En todo caso, el dolor personal de millones de argentinos, así como la evidente consternación nacional que sucumbió y embargó a su país natal el día de ayer, obligó a que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, decretara ¡tres días de luto nacional!. Ese es el peso específico de Diego Armando Maradona en su tierra.  “Argentina es Maradona, y Maradona es Diego”, señalan diarios albicelestes. Más aún, el presidente de la República, Alberto Fernández, señaló el día de ayer ante la inverosímil noticia: “Maradona es casi un sinónimo de Argentina”. Tiene razón. En efecto, Maradona es ‘cultura’ en el sentido amplio de la palabra, mucho más que lo que representa el peronismo en Argentina: una hegemonía de la que se dice siempre constituye un ‘gobierno peronista’ y una ‘oposición peronista’, pero que todo termine por orbitar en torno al peronismo. Sin embargo, con Diego no hay oposición: sólo hay unanimidad. En todo caso, Maradona nos retrotrae a la etapa en el que el futbol era un deporte en el que prevalecía el talento deportivo nato, sobre el acondicionamiento físico de alto rendimiento y la robustez técnica, como sucedió con Romario (quien incluso no asistía a los entrenamientos). Actualmente, en el futbol profesional, destaca la cualidad técnico-física. Maradona, es Diego.

gabriel.torres.espinoza@gmail.com

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