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Indicador Político

Algunas horas después de que el gobernador michoacano Silvano Aureoles Conejo declaró contundente que “Michoacán está pacífico y no existe una guerra”, grupos armados locales repelieron a fuerzas armadas y asesinaron al coronel Víctor Manuel Maldonado Celis en un choque propio de una guerra.

La muerte de un coronel el sábado 24 no debe pasar desapercibida, aunque sólo dosde los 17 principales diarios de la capital de la república registraron el lunes el hecho en su primera plana; para los quince restantes el suceso desmereció valor y por tanto no habrá análisis estratégicos sobre lo que está ocurriendo en la república: la toma de control de espacios territoriales de la soberanía del Estado nacional por parte de grupos armados que impiden la aplicación de la ley.

La violencia criminal ha encontrado en estos siete meses de gobierno lopezobradorista un espacio de acción sin precedentes por los tres perfiles de la nuestra estrategia de seguridad de la administración: cesar persecuciones de capos, negociar con grupos criminales para su rendición y preparación del Consejo para la Construcción de la Paz.

La respuesta de las organizaciones criminales ha sido en estos siete meses aumentar sus actividades delictivas, sólo que con una definición de acciones: los cárteles que se dedican al tráfico de drogas han incrementado su guerra contra otros cárteles, con mínimos daños colaterales civiles; en cambio, los grupos armados que han tomado el control de espacios territoriales de hecho gobiernan para sus intereses, sin que haya presencia del Estado; y los delincuentes al menudeo tiene una fiesta ante la incapacidad de las policías estatales y municipales.

Las fuerzas armadas entraron en apoyo a acciones de seguridad pública en tanto que se trataba de delitos de seguridad interior–es decir, contra el Estado y no contra las personas–, pero en este gobierno han recibido la orden de no contestar; el mismo sábado, en otra población de Michoacán, pobladores de Los Reyes, atacaron con palos a soldados que realizaban labores de reconocimiento; y en otras poblaciones aledañas de Michoacán, Oaxaca y Guerrero, personas presuntamente controladas por grupos criminales también han atacado a las fuerzas de seguridad.

El problema radica en que las fuerzas de seguridad tienen armas y facultad es para repeler ataques y agresiones de delincuentes y pobladores, pero con instrucciones precisas de no responder a las embestidas agresivas en su contra. Para instancias del gobierno se trata de provocaciones que buscan respuestas armadas de las fuerzas de seguridad para escalar conflictos.

Sin embargo, la orden de no responder a provocaciones carece de instrumentos legales, sociales y políticos para poner orden de Estado en zonas amplias en poder de grupos armados; en este sentido, algunos analistas consideran que la presencia de seguridad armada con orden de no usar armas en zonas de guerra criminal es una provocación al choque sin posibilidad de respuesta institucional. En los doce años de participación de fuerzas armadas en apoyo a seguridad pública han muerto 600 militares y marinos.

La mera presencia de fuerzas de seguridad sin autorizaciones para responder a agresiones –a excepción de ataques graves– es la única apariencia pública en territorios del Estado nacional expropiados por grupos armados y criminales. La negociación secreta de la Secretaría de Gobernación con grupos armados –presuntamente autodefensas, aunque con vinculaciones con el crimen organizado– se entiende ahora como parte adelantada de la pacificación por la vía de los acuerdos de paz.

Las fuerzas armadas están siendo desgastadas con su participación en una estrategia de negociación con grupos criminales; por tanto y para evitar efectos nocivos en la moral de las tropas, militares y marinos debieran ser replegados a cuarteles de zonas calientes de delincuencia organizada, pero lejos de confrontaciones o ataques para proteger su simbolismo castrense. La Guardia Nacional, la aún Policía Federal y las policías estatales y municipales debieran ser las que patrullen y corran con los costos de una estrategia no armada que sólo está engallando a grupos criminales y sus correlativos grupos de pobladores beneficiarios de la criminalidad.

Las fuerzas armadas han perdido imagen en sus apoyos a la seguridad pública. Pero el asunto se complica cuando son utilizadas como parapeto de intimidación sin poder usar su capacidad de fuego de respuesta. Y se agrava cuando las coordinaciones de seguridad no han podido articular una estrategia coherente para negociar la paz. En este escenario, el país quedó en el peor de los mundos; un aparato de seguridad reformado y más profesional, pero sin ordenes de participación a la espera de la rendición de los delincuentes.

Y queda Michoacán como el estado sin ley, sin dirección política y sin capacidad de seguridad, el estado donde comenzó la guerra el presidente Calderón el 11 de diciembre del 2006 y donde casi catorce años después la inseguridad está peor.

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Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- AMLO y la memoria histórica: iniciar con Bartlett, Slim, Salinas Pliego y el PRI

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Carlos Ramírez*

Aunque le falta mucho para cumplir su compromiso desde 1988, la carta del presidente López Obrador al Senado para convocar a una consulta para investigar a cinco expresidentes de la república debería ser la base de una ley de la memoria histórica que fije el deslindamiento del ciclo neoliberal 1979-2018.

Pero a partir del contenido del documento que señala el inicio del ciclo neoliberal depredador y de alto costo social en el gobierno de Salinas de Gortari, entonces el gobierno de la 4-T podría comenzar antes que decida la Corte con la investigación penal de dos de los episodios más visibles del autoritarismo salinista: los fraudes electorales que entronizaron el neoliberalismo en el poder y sobre todo el de 1988 y la privatización de las empresas propiedad de la nación para construir un empresariado funcional a los intereses neoliberales del salinismo.

Ahí saltan los tres principales nombres de funcionarios o beneficiarios salinistas hoy incrustados en la 4-T lopezobradorista: Manuel Bartlett Díaz fue operador del fraude electoral de 1988 –además del de 1986 que ilustró hace días el propio presidente López Obrador– que permitió la construcción del salinismo y su proyecto económico autoritario; Carlos Slim Helú recibió por dedazo Teléfonos de México para iniciar la construcción de la plutocracia que sigue enquistada en la empresa y el poder y simboliza la riqueza ofensiva; y Ricardo Salinas Pliego recogió TV Azteca del presidente Salinas de Gortari y la pagó con dinero prestado por Raúl Salinas de Gortari, en un acto de tráfico abusivo de poder y de conflicto de intereses.

Si la carta para juzgar expresidentes se asume como principio de una ley de memoria histórica, entonces el gobierno actual tiene la obligación moral de deslindarse de los miembros de la élite del neoliberalismo que resultó beneficiaria por todos los expresidentes que quieren ser sometidos a juicio. De centrar el juicio sólo en los extitulares del ejecutivo federal, entonces sí podrían analizarse sus resultados como fracaso.

La obligación política y moral del presidente López Obrador con el deslindamiento de su proyecto respecto del pasado neoliberal 1979-2018 se sustenta en que su oferta de campaña y de gobierno fue una Cuarta Transformación de la vida pública, pero para ello necesita liquidar, de manera política y penal, con la 3.1 que fue la posrevolución en fase neoliberal.

En efecto, el neoliberalismo no ha sido nunca, ni aquí ni donde se ha aplicado, un modelo simple de política económica de mercado, sino que ha necesitado –y Chile con Milton Friedman y Arnold Harberger como asesores han sido el ejemplo de que se requirió de una dictadura militar represiva– del apoyo de gobiernos autoritarios en la orilla de la dictadura. El sistema político que avaló el neoliberalismo mexicano que depredo la economía y la sociedad fue posible por el PRI, por lo que se tendría que debatir si el PRI debiera ser proscrito como partido por su responsabilidad histórica en la dictadura neoliberal que empobreció al 75% de los mexicanos en actos conocidos y razonados ya como de “crímenes económicos”.

La puerta que abrió el presidente López Obrador con su consulta fue, aunque se critique, un acto de congruenciapersonal porque siempre dijo que así lo haría. Pero habría una obligación histórica para no dejarlo en mero acto de propaganda electoral para las elecciones legislativas del 2021, porque existe el riesgo de que ese neoliberalismo pueda regresar al poder por la vía electoral en 2024, después de una campaña de desprestigio personal contra el presidente López Obrador que ya está en marcha.

Mientras llega la respuesta positiva o negativa de la Corte a la consulta, el paso político debe ser una ley de la memoria histórica.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- El fraude de 86 en Chihuahua contado por AMLO es la versión de Krauze

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Carlos Ramírez*

El “fraude patriótico” en las elecciones de gobernador en Chihuahua en 1986 que contó y desglosó el presidente López Obrador en una reciente conferencia matutina fue centralizado en la historia negra del sistema político priísta por Enrique Krauze en 1997 en su libro La presidencia imperial. Auge y caída del sistema político mexicano (1940-1996), hasta ahora la narrativa más completa del sistema-PRI.

En medio de la polémica por las revelaciones presidenciales sobre la publicidad gubernamental en las revistas Nexos y Letras Libres, el propio presidente rescató el papel de Krauze como historiador de la debacle del PRI. El fraude en Chihuahua, operado por Manuel Bartlett Díaz como secretario de Gobernación y por la maestra Elba Esther Gordillo como lideresa del SNTE precipitó, fue, en efecto, el principio de la caída del PRI-sistema porque fue un elemento que impulsó la creación de la Corriente Democrática del PRI de Cuauhtémoc Cárdenas a las que se sumaron Porfirio Muñoz Ledo y el propio López Obrador.

El fraude en Chihuahua en 1986 fue el hundimiento de la promesa aperturista del presidente Miguel de la Madrid e involucro la sucesión presidencial de 1988 que se resolvió en 1987: Bartlett operó el fraude para De la Madrid y su candidato Salinas de Gortari y prefiguró el fraude electoral también operado por Bartlett de 1988 contra la candidatura presidencial de Cárdenas y en ese año también contra la elección local de gobernador en Tabasco contra López Obrador, candidato cardenista del Frente Democrático Nacional.

Una crisis local poselectoral logró la construcción de un bloque crítico que hizo el milagro de la confluencia en un desplegado de intelectuales de todos los grupos para exigir la anulación de las elecciones. Pero Bartlett, a pesar de reconocer que había habido un fraude, se negó a aceptar anulación por el significado histórico de Chihuahua para el PRI.

En una cena con intelectuales firmantes, entre ellos, Krauze y Aguilar Camín, Bartlett explicó las razones noelectorales por las cuales el PRI no podía “soltar” la gubernatura de Chihuahua: el simbolismo de esa entidad en la historia priísta de la Revolución Mexicana y porque el triunfo del PAN “abría las puertas a tres enemigos históricos de México: la iglesia, los Estados Unidos y los empresarios”.

Krauze termina así la parte de Chihuahua:

“Bartlett –que en su juventud había sido un colaborador y ardiente partidario de Carlos Madrazo– escuchó los argumentos y no movió un ápice su posición. Al final de la cena sugirió que se había cometido un fraude, pero era un fraude patriótico. Cualquier disturbio, advirtió, se toparía con la fuerza pública”.

Presente en la conferencia presidencial donde López Obrador recordó hace días ese fraude chihuahuense, Bartlett guardó silencio. El final histórico fue diferente: el Salinas beneficiario del fraude patriótico en 1986 cedió como presidente de la república la gubernatura al PAN en 1992, año en que Bartlett esperaba que el PRI, vía la operación política del superasesor salinista Joseph-Marie Córdoba Montoya, lo hiciera gobernador de Puebla, como pago de lealtades.

En este sentido, en el análisis de Krauze, el “fraude patriótico” de Bartlett a favor del viejo PRI fue el detonadorde la ofensiva de Cárdenas en el PRI para exigir una elección interna del candidato presidencial, impulso la creación de la Corriente Democrática del PRI que fue aplastada por Salinas y Bartlett en la XIII asamblea nacional de 1987 y lanzó el ciclo salinista neoliberal en 1988.

El “fraude patriótico” de Bartlett a favor del PRI fue el principio de la debacle priísta que terminó en julio de 2018 con la victoria de López Obrador, pero con el dato sobresaliente de que el responsable de ese fraude –y otros simbólicos para el PRI– hoy es miembro del gabinete presidencial ampliado del presidente López Obrador.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Grupos intelectuales: Revueltas o Benítez/ Fuentes/Monsiváis/Camín o Paz/Zaid/Krauze

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Carlos Ramírez*

Aunque con el debate de los intelectuales y la política va a ocurrir con lo que otros temas que llegan, estallan en escándalo y se van sin resolver conflictos, se trata de uno de los asuntos de cultura política prioritaria de la sociedad.

Los intelectuales legitimaron al régimen priísta hasta 1958, luego pasaron a una crítica al sistema hasta 1968, llegó Echeverría y los regresó al redil y dejaron de ser útiles desde 1978.

A la fecha siguen existiendo tres modelos intelectuales en sus relaciones con el poder/política/Estado/PRI: el sistémico de Fernando Benítez, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis y Héctor Aguilar Camín de formar parte del aparato ideológico del régimen; el autónomo de Octavio Paz, Gabriel Zaid y Enrique Krauze, cuyas coordenadas se pueden localizar dentro del régimen pero con autonomía crítica severa, sin depender de los recursos públicos y en la línea de defensa de la libertad ante el Estado; y el disidente de José Revueltas, quizá el único con talla creativa y voz tronante, desde la perspectiva marxista.

Los posicionamientos se presentan en sus principales textos: los primeros, los sistémicos, se asentaron en el enfoque del nacionalismo revolucionario o “izquierda priísta”, cualquier cosa que esto pudiera ser, abrevado en el cada vez ojo de agua seco del cardenismo al que Revueltas calificó como “iglesia sin papa”. Se autodenominaron “progresistas” como coartada, defendiendo las posiciones populistas del régimen tricolor. Colaboran con Echeverría y con Carlos Salinas de Gortari para darle base cultural a los proyectos presidencialistas, el populista progresista y el populista neoliberal.

Los segundos, los autonomistas, definieron sus posiciones primero respecto al comunismo represor ruso-chino-coreano-cubano y en lo interno han defendido la democracia liberal basada en la libertad de optar y contra el autoritarismo sistémico del Estado priísta. En 1985 Paz y Zaid, en la revista Vuelta, prefiguraron el fin del PRI y fueron atacados por los fascios priístas y comunistas. Nunca dependieron de recursos públicos y fueron cuestionados por recibir publicidad y apoyos privados abiertos.

De los terceros sólo destacó la figura de Revueltas, aunque su objetivo crítico primario fue la estructura comunista partidaria en México. Su ensayo México: una democracia bárbara de 1958 fue el primer ensayo del sistema priísta desde el marxismo. Su tesis principal fue que el enfoque nacionalista revolucionario del PRI se metió como virus en el cuerpo orgánico de la izquierda marxista y lo infectó. Y la historia le dio la razón: en 1989 el Partido Comunista Mexicano, como PSUM-PMS, le cedió su registro legal como partido marxista a los priístas cardenistas de la Corriente Democrática del PRI y su mutación hasta Morena, desapareciendo el pensamiento crítico marxista. Eso sí, Revueltas murió comunista.

Los tres grupos siguen vigentes: los sistémicos se reaglutinaron en Nexos y siguen a la espera del regreso del PRI al poder para recuperar su esencia; los autonomistas perdieron Plural y Vuelta, tienen Letras Libres, padecen del fanatismo populista excluyente, su mercado de lectores se ha reducido por la falta de interés ideológico de los jóvenes y han reinsertado el interés por los textos de análisis político de Octavio Paz; y Revueltas parece haber sido olvidado por sus camaradas, pero a veces se aparece como el fantasma marxista que recorre las conciencias para sacudirlas de su modorra y para decirles en sus peores pesadillas que hace falta un partido socialista, ideológico, dialectico, histórico, y no las caricaturas que andan buscando una izquierda liberal inexistente.

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NOTA: mañana 16 de septiembre, por ser día de descanso obligatorio, no habrá Indicador Político. Nos leemos jueves.

 

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