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Brújula pública:

Las conclusiones que presentó el equipo multinacional de investigadores sobre lo sucedido los días 26 y 27 de septiembre de 2014, con los 43 estudiantes de la Escuela Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa en Guerrero, señalan entre otras cosas, que la PGR forzó resultados, ocultó información y apresuró conclusiones, cometiendo errores que pusieron en riesgo la identificación de los restos enviados a Austria.

Además, esta investigación vino a desacreditar la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam y como si no fuera suficiente la tragedia, descubrió que la entonces PGR estableció 13 causas penales diferentes, que fueron enviadas a seis juzgados ubicados en Matamoros, Iguala, Cuernavaca, Toluca y Guadalajara; es decir, violando el principio de unidad procesal.

Para confundir aún más y en el apresuramiento por buscar culpables, la PGR acusó a diversos servidores públicos de secuestro y a otros por crimen organizado. Unos eran policías y otros empleados públicos, presuntos integrantes del grupo Guerreros Unidos; es decir, diversidad de delitos, sin una unidad penal. A algunos de ellos los enviaron a compurgar sus penas al penal de Tepic, otro a Jalisco y, a Gildardo López Astudillo alias “El Cabo Gil”, al penal del Altiplano.

Además de esta premeditada división del proceso por todo el país, aparece la sospechosa presencia de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia Federal de Investigaciones de la PGR, en el lugar de los hechos durante esos fatídicos días, en los que también se localizaron restos óseos. La sospecha de siembra de pruebas recae sobre Zerón.

Haber encarcelado al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, no fue suficiente; ya que evidenció la ausencia de coordinación entonces, de la Policía Federal, la PGR, el CISEN y el Ejército, con los cuerpos de seguridad municipal y del Estado de Guerrero.

A esta crisis se le sumó la sospecha de legisladores alemanes, quienes encontraron en el Convenio para la Venta de Armas de Alemania a México, el caldo de cultivo ideal para que dicho armamento fuera el cuerpo del delito para materializar los sucesos de Iguala y abriendo la sospecha internacional que algo grave había sucedido.

Esto vino a poner en evidencia las crisis en políticas públicas en diversas materias, como inteligencia, seguridad y, principalmente, derechos humanos. Sacó a la luz pública las redes de delincuencia que tejió el poder político con la delincuencia y cuyo asiento encontró una zona de confort en el gobierno del PRD en Iguala, con la posible complicidad del gobierno de Guerrero del exgobernador Ángel Aguirre Rivero. Se evidenció la nula vigencia y sincronía de la Agenda Nacional de Riesgos, que no pudo prevenir los eventos de Ayotzinapa.

Es un problema de Estado, porque se dejaron vulnerables los subcampos del poder social, al permitir el estado mexicano que la delincuencia superara, por la causa que haya sido, la capacidad de respuesta instalada para proteger a la ciudadanía.

La liberación de El Cabo Gil, cuyo proceso se llevaba en el juzgado primero de distrito de procesos penales federales en Matamoros, Tamaulipas, mientras él se encontraba preso en el penal del Altiplano, da cuenta de lo mal integrado en que se encuentran las investigaciones y, por tanto, seguirá siendo un dolor de cabeza para la Fiscalía General de la República.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Twitter: @racevesj

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Es politólogo por la Universidad de Guadalajara (UdG) y por invitación del Alto Mando es maestro en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Secretaria de Marina. Ha sido invitado como expositor en el curso de Mando y Estado Mayor General de la Armada de Mexico, así como en el CESNAV. Actualmente se desempeña como académico de la Universidad del Valle de México y cómo investigador externo del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (ININVESTAM). Twitter: @racevesj

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Carlos Ramírez

Derechos humanos: en una comisión o en las calles y medios, como antes

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Indicador Político:

A partir del hecho de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se burocratizó y perdió su esencia social, su existencia no ha tenido que ver con concesiones a una burocracia dorada que se apoltronó en la comodidad de informes y recomendaciones sin cumplir.
En los hechos, la CNDH nació por dos motivaciones: la necesidad de crear instancias de equilibrios democráticos que exigía la globalización económica y la urgencia de dar salida a las denuncias de represión del viejo régimen policiaco priísta. Las revelaciones del autoritarismo criminal del Estado estaban en las calles con las protestas paradójicamente de Rosario Ibarra de Piedra y en los medios donde se publicaban denuncias de violaciones de derechos.
La nominación de la activista María del Rosario Piedra Ibarra no garantiza el funcionamiento de la CNDH porque se trata de un organismo con la función primordial de denunciar los abusos del Estado. La designada presidenta de la Comisión viene de Morena y por tanto no denunciará abusos de gobernantes morenistas. En todo caso, a Piedra Ibarra le quedaría más bien una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes políticos del pasado priísta.
El perfil de Piedra Ibarra ayuda para simbolizar un deslindamiento del gobierno morenista con el pasado priísta, aunque ahora muchos priístas de ese pasado represivo estén en posiciones privilegiadas en la estructura de poder lopezobradorista. Un caso basta; Manuel Bartlett Díaz viene de tareas en el área político-policiaca de Gobernación desde finales del gobierno de Díaz Ordaz, pasó por el de Echeverría y López Portillo con los años de la guerra sucia para liquidar de manera criminal a guerrilleros y disidentes y fue aliado del neoliberalismo salinista que asesinó a cuando menos 500 perredistas.
Y Bartlett tiene otro caso pendiente: la CNDH debe reabrir la investigación del asesinato del columnista Manuel Buendía, de Excélsior, el 30 de mayo de 1984, año en que Bartlett era nada menos que secretario de Gobernación, jefe directo del director de la Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla Pérez, que fue sentenciado como autor intelectual de ese crimen. Buendía fue acribillado cuando se disponía a publicar datos de la protección de Gobernación y la DFS a los primeros cárteles de marihuaneros. Y la DEA le abrió a Bartlett un juicio pendiente en Los Angeles por el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar.
La CNDH de 1992 se dedicó sólo a atender quejas de la coyuntura; la fiscalía especial que creó Fox para indagar la represión priísta del pasado encontró en la CNDH de Jorge Carpizo MacGregor una puerta sellada a piedra y lodo y nunca pudo indiciar a los responsables de una era de represión.
Por lo tanto, la tarea de la CNDH en el nuevo gobierno lopezobradorista tendrá dos opciones: seguir el mismo camino de no meterse con la investigación de los crímenes de la represión priísta o abrir los expedientes de la represión priísta y llamar a cuentas a funcionarios priístas involucrados en esas tareas y hoy dentro de Morena.
Piedra Ibarra encarna el padecimiento de la represión priísta; en caso de ser ratificada a pesar del fraude instrumentado para darle los votos en el Senado, su tarea será darle a la CNDH una autonomía absoluta para convertirse en el principal dique a la violación de derechos humanos del Estado lopezobradorista.
Los primeros expedientes de la CNDH están a la vista: ausencia en la violencia de las bandas criminales, pasividad del Estado para defender los derechos humanos de la sociedad, las quejas no procesadas que equiparan los recortes presupuestales a estancias infantiles y a enfermos terminales con violación de derechos humanos por parte del Estado por reorganización presupuestal, entre los más importantes. En esos temas se calará al próximo encargado de la CNDH, sea Piedra Ibarra u otro.
Si la nueva CNDH no responde a estas quejas, las protestas saldrán a la calle e inundarán las páginas de los medios.

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Bolivia. La caída del presidente boliviano Evo Morales debe analizarse en función de un error estratégico: el fraude electoral. Auto asumido como un líder moral sin contrapesos, buscó eternizarse en el poder. El desplome de Morales fue producto de la conclusión de una comisión de la OEA. Cuando dio la orden a sus cuerpos de seguridad de reprimir al pueblo se encontró que no habría masacres y esas fuerzas de seguridad lo emplazaron a renunciar. La caída de Morales cambia el escenario populista en América Latina, a pesar de la liberación de Luis Ignazio da Silva. México no quiere esas alianzas, Cuba y Venezuela están en el desprestigio total y a Argentina no le alcanza.
Política para dummies: La política se tasa por el rendimiento final, no por sus costes.

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Nacional

Columna Tiempo Nuevo: Asilo y riesgos, reinventando a México

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Salvador Guerrero Chiprés
@guerrerochipres

Nuestro país muestra su convergencia de historia y de propósitos progresistas con futuro cuando aporta lo mejor de su voluntad a enviar mensajes basados en la acción, en la solidaridad y en la ley.

Al mismo tiempo, México tiende a ser una nación con rasgos altamente conservadores cuando se niega a la inclusión posible… hasta los límites de la creatividad política.

Vivimos en un territorio en que las adversidades parecen concentrarse en nubarrones y caen como tormenta o se disipan ante la emergencia del nuevo tema de la agenda nacional que parece opacar al precedente.

Ocurre con el cambio de poder en Bolivia y con los espacios de debate e inclusión de nuestra agenda polarizada y a veces irresueltamente contradictoria.

De un lado, tenemos el asilo político al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, anunciado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, atendiendo una dimisión de apariencia voluntaria y personal. Morales entendió el fin de su ciclo ante los amagos del ejército boliviano, el deterioro de su base social y en consecuencia de su legitimidad, por lo que solicitó verbalmente este beneficio.

Dirán algunos que no necesariamente se registró un golpe de Estado en el sentido convencional que es la deposición: la salida forzada de un gobernante mediante la herramienta de la movilización político-militar de un segmento del gobierno, contra quien lo encabeza desde el Ejecutivo.

Del otro lado, en otro ámbito de todo el interés nacional cotidiano: el de la seguridad, en contraste con aquello que es imaginativo, incluyente, progresista y reivindicador de lo mejor de nuestra historia diplomática, las prácticas delictivas que un día se benefician de las decisiones debatibles de un juez federal, al día siguiente nos indican las vulnerabilidades cibernéticas de una empresa tan estratégica como Pemex.

La delincuencia hace vulnerables a todos.

Ante la constante amenaza de los negocios delictivos o de prácticas que merecen urgente y eficiente atención es indispensable una ciudadanía muy activa en que se respalde la acción del Estado, más precisamente, del gobierno.

Ante este contexto el Institute for Canadian Citizenship y la Fundación Reinventando a México, encabezada esta última por Javier López Casarin, han comenzado a aportar luz para dar sentido a las potencialidades de una ciudadanía que busca el diálogo y la promoción del desarrollo democrático, para comprender el valor de la inclusión y su potencial ante un complejo escenario internacional y de frente a una aguda percepción de crisis de seguridad en el país.

Este lunes, estas organizaciones reunieron, en el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México, a empresarios, académicos, políticos, periodistas y activistas, en la primera emisión del proyecto 6 Degrees Ciudad de México, donde se abrió un diálogo para realizar propuestas de apetito innovador, orientadas a hacer un llamado a reconocer la diversidad y fomentar la inclusión en México y el mundo.

En tiempos de disturbios y enfrentamientos como los que se llevan a cabo en Bolivia y en medio de las vulnerabilidades de empresas y de la sociedad ante la delincuencia tenemos que fortalecer los esfuerzos de trabajo coordinado para generar conversaciones y acciones en favor de todas y todos.

Eso. Necesitamos, respuestas creativas y asertivas; inmediatas y de largo plazo en nuestro país, al mismo tiempo solidario y asediado.

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Carlos Ramírez

No es Trump sino la comunidad militar y de seguridad nacional

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Indicador Político:

El sentimiento mexicano anti Trump podría estar obnubilando el enfoque estratégico que requiere la llamada del presidente Donald Trump al presidente López Obrador para ofrecerle apoyo en la guerra contra las organizaciones criminales transnacionales.
Un imperio no puede tener su enorme puerta fronteriza del sur abierta no sólo a la migración ilegal –hoy un problema grave–, sino a una variedad compleja de grupos criminales especializados.
Con el PRI, con el PAN y ahora con Morena, México sigue siendo el problema número uno de seguridad nacional de los EE. UU. Quien no entienda este principio estará cometiendo errores geopolíticos muy costosos. El gobierno de López Obrador debió haber entendido esta lógica de la dominación geopolítica cuando Trump amenazó con castigos arancelarios si México no controlaba la migración ilegal.
Trump ha exacerbado el viejo temor instalado en esa comunidad de inteligencia y seguridad nacional de Estado clandestino instalada por Ronald Reagan y la CIA: la tesis del analista de la CIA, Constantine Menges de que la inestabilidad política de México a mediados de los ochenta estaba generando un Irán “next door” o como vecino, apanicada la Casa Blanca por la revolución del Ayatola Jomeini en Irán. Este argumento se instaló desde entonces en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y se usa cada que ven riesgos de inestabilidad en México que pudiera provocar un aumento del flujo ilegal de migrantes.
Existen cuando menos siete documentos formales que establecen la existencia de los EE. UU. como un Estado de Seguridad Nacional, imperial y erigido sobre la explotación y dominación de los demás. Y México está siendo procesado dentro de estos enfoques de seguridad nacional militarizada:
1.- Estrategia para el combate de las organizaciones criminales trasnacionales de 2011. Obama estableció ahí un criterio imperial: “proteger a los estadunidenses y a nuestros socios”, del daño, la violencia de las redes criminales. Asimismo, “ayudar a sus socios” a “cortar alianzas de los criminales con el Estado”. El enfoque es intervencionista:
2.- Estrategia nacional de lucha contra los narcos en el suroeste de la frontera, de mayo de 2016. El objetivo incluye la presión a México y Centroamérica a aceptar la ayuda estadunidense en la modernización de sus instituciones de justicia y gobierno. A través de este acuerdo, los EE. UU. asumen la dirección de las oficinas mexicanas y centroamericanas de seguridad.
3.- Estrategia de seguridad nacional, de diciembre de 2017. Esta directriz le da continuidad al modelo de vincular la política exterior con la política militar de defensa nacional y dominación imperial. Sus cuatro principios van más allá de sus fronteras: protección de la patria, promoción de la prosperidad en otros países, la paz a través de la fuerza y el avance de la influencia estadunidense en el mundo.
4.- La estrategia de defensa nacional de 2018. El principio rector de la defensa nacional de los EE. UU. es muy claro: defender la patria con la preeminencia del poder militar en el mundo, para asegurar que los equilibrios de poder permanezcan a favor de los EE. UU y promover un orden internacional que sea más propicio a la seguridad y la prosperidad de los EE. UU. Esta doctrina impone la seguridad nacional de los EE, UU. como un paraguas sobre otras naciones. Y anuncia una base de innovación de seguridad nacional sin igual en el siglo XXI.
5.- Estrategia nacional contraterrorista, de octubre de 2018. Los EE. UU. se hacen cargo de combatir el terrorismo fuera de sus fronteras y en países aliados.
6.- Estrategia nacional para control de drogas, de enero de 2019. Este documento atiende a atención a dicciones, pero deja claro que los EE. UU. lucharán contra el flujo de drogas en los países productores y de trasiego, entre ellos México.
7.- El Memorándum Ejecutivo de agosto de 2019 para nombrar a los países que no controlan las drogas que se consumen en los EE. UU., en cuya lista fue incluido México.
Así que no es Trump, sino el Estado de Seguridad Nacional.

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Sinaloa normalizada. Como para mandar el mensaje de que la crisis en Culiacán del 17 de octubre fue un suceso aislado, el gobernador Quirino Ordaz Coppel aumento su actividad política e inauguró el “Paseo de la Alegría” en el Parque Las Riberas de la capital estatal, en un evento que congregó a 10 mil personas, entre ellas familias enteras. El evento debe interpretarse como un evento de normalización de la vida cotidiana, luego del colapso anterior. La inauguración fue después de una marcha social para asentar los deseos de paz de los ciudadanos. Sinaloa quiere borrar la imagen de narcoestado que ha dejado El Chapo. Y que el Cártel de Sinaloa se asuma como lo que es: el Cártel de El Chapo.
Política para dummies: La política es un juego de dominación.

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