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Análisis

Gabriel Torres Espinoza
Las redes sociales digitales son las herramientas tecnológicas emergentes más importantes en las democraciascontemporáneas. Su importancia y capacidad de transformación hace difícil su entera comprensión para los estudiosos de la renovación democrática de los poderes públicos. Sin embargo, ¿los órganos jurisdiccionales de México han establecido algún criterio para regular la libertad de expresión en redes sociales digitales o Internet?
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en su jurisprudencia Jurisprudencia 19/2016, TEPJF señala que “las redes sociales son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de expresión, para lo cual, resulta indispensable remover potenciales limitaciones sobre el involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de internet”.
De forma que sobre las redes sociales no sólo ocurre una discusión virtual, también descansa una ‘constelación’ de derechos y libertades de especial relevancia para la vida democrática de un país: libertad de expresión, acceso a la información [búsqueda, recepción y difusión], derecho de réplica [ante un perfil institucional-gubernamental, medio de comunicación o funcionario público], además del acceso a plataformas de las tecnologías de la información y comunicación. La Corte Interamericana de Derecho Humanos, en su Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (2013), ha señalado al respecto: “Si bien el ejercicio de la libertad de expresión en Internet goza de la misma protección que cuando se ejerce a través de otros medios, las condiciones de legitimidad de las limitaciones de derecho a la libertad de expresión requieren atender a características propias y especiales de la Red”.
En el marco jurídico mexicano no existe norma alguna que regule los actos de plataformas digitales, llámense redes sociales digitales [Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc.]; motores de búsqueda [Yahoo, Google, Bing, Internet Explorer, Mozilla, Opera o Safari]; blogs; sitios de contenido informativo; o audiovisual [Youtube, Vimeo, Flickr o Tumblr], etc. Ahora bien, ¿sería conveniente legislar al respecto? Hasta hoy, la relación entre la red social digital y el usuario, es una relación jurídica considerada entre particulares, básicamente porque al formar parte de una red social, el usuario acepta los términos y condiciones para crear su cuenta de usuario. Admite las “cláusulas”. Pero es verdad que esta relación entre ‘particulares’ puede también afectar y restringir los derechos a expresarse libremente, a informarse, así como los de réplica y acceso a plataformas de las tecnologías de la información y la comunicación, con lo que se puede vulnerar la situación jurídica de los ciudadanos. Una circunstancia que pronto tendremos que abordar, ante el avance de la participación política digital, en las ‘benditas redes sociales’…

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

Mototaxis ¿el fracaso del modelo de transporte?

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Análisis:

Ayer se dio a conocer que el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), “trabaja en la elaboración de un mapa de cuencas de servicio”. Mario Silva reconoce que se estudia la posibilidad de los ‘mototaxis. Incluso, el ex secretario en el gobierno de Emilio González Márquez, Diego Monraz, ahora titular de la Secretaría de Transporte, afirma que serán los mototaxis los que presten el servicio. Ayer mismo, la Coordinadora del Observatorio Ciudadano de Movilidad, Ana Belén Vázquez,  advirtió de los graves riesgos para los usuarios por el uso de la moto como servicio de transporte.Básicamente señaló una verdad de Perogrullo (algo evidente u obvio): ‘que los Mototaxis no reúnen las características de la norma técnica establecida.

Debe advertirse que el mototaxi surge como un medio de transporte que es recurrido por personas de escasos recursosque se encuentran en la necesidad de recorrer distancias cortas, donde no existen rutas establecidas de transporte público (producto de una omisión de la ciudad). En el corto plazo suele resultar un modo de transporte económico, de baja inversión para quien lo adquiere, de poco consumo de combustible, pero que expone a muchos más riesgos a quienes viajan en ellos. El mototaxi, según la Real Academia Española, es básicamente una motocicleta de tres ruedascon techo, que tiene pocos o nulos elementos que garanticen la seguridad al pasajero. El mototaxismo, provoca toda una actividad económica, basada en la ausencia de normas de seguridad para el pasajero, la falta de regulación en sus rutas y trayectos, y el caos vehicular donde circulan. Su aparición es, primordialmenteun fenómeno que denota una derrota a la innovación y la modernidad en materia de transporte.

Surge como consecuencia de las falta de oportunidades para una parte de la población. También, es el testimonio del fracaso en el modelo de transporte público de una ciudad. Significa la claudicaciónde las autoridades a los mínimos de calidad, seguridad y equilibrio en el transporte. Tal vez rebasados por la realidad. Lo que ayer anunciaron con tanta ligereza Mario Silva y Diego Monraz, resulta de la mayor importancia, porque en ello va el modelo de transporte que Jalisco desea darse, supuestamente capital de la Innovación. Una vez que acepten el ‘mototaxismo’ para Jalisco, no habrá vuelta atrás, y se tendrán que afrontar las consecuencias del crecimiento exponencial de semejante decisión. 

Cierto es que el mototaxismo ya existe en los barrios y zonas marginadas, precisamente por la falta de opciones detransporte público. En las ciudades donde se ha legalizado, a pesar de los riesgos que implica para los usuarios, creció tanto que el gobierno no pudo frenarlo, ni regularlo. Básicamente porque el ‘mototaxismo es un fenómeno que está íntimamente relacionado a la corrupción en el transporte público (no hay rutas, donde no hay ganancia), a la caída del salario, los precios bajos de las motos esencialmente las de bajo cilindraje- y a las facilidades de financiación. Además de la claudicación del gobierno a cuidar las condiciones mínimas de seguridad de las personas, durante su transporte.

 

 

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Gobierno

Columna Seguridad y Defensa: Estrategia de seguridad: No perseguir, pero no dejar escapar

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Por Carlos Ramírez

La crisis de seguridad en Culiacán el 18 de octubre llevó a la exposición de la realidad de la inseguridad: las organizaciones criminales no han leído la estrategia de seguridad pública que se basa en la construcción de la paz. Los ataques contra poblaciones civiles en Culiacán, Bavispe, Ciudad Juárez y Chihuahua revelan la urgencia de reactivar la persecución de bandas criminales, sin perder de vista la construcción de la paz.
Los golpes de efecto de los criminales en las últimas semanas requieren de una reafirmación del monopolio de la fuerza judicial del Estado. Podría estar bien que se haya abandonado la estrategia sólo de perseguir capos, pero no por ello se deje dejar en la impunidad a los grupos criminales que atacaron poblaciones civiles. Ahí, en esos casos, se justifica la línea persecutoria del Estado.
La estrategia de pacificación es tardada, llena de sobresaltos y exige contactos directos con las jefaturas criminales de las bandas delictivas. De todos esos grupos quizá sólo tres sigan usando la violencia en territorios civiles: el Cártel de El Chapo, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Santa Rosa de Lima, los tres en disputas territoriales. Los demás siguen desgranándose en bandas de delitos menores.
El problema de la violencia criminal requiere de un Estado que ponga límites. La estrategia de Calderón y Peña Nieto de perseguir capos se olvidó de las estructuras criminales; 90% de las bandas fueron descabezadas, pero la criminalidad siguió subiendo su índice de delitos.
Ahí, en los delitos de alto impacto social, es donde se debería trabajar con mayor intensidad, sin demérito de seguir buscando la construcción de la paz. El chapito Ovidio Guzmán López debe ser capturado y deportado a los EE. UU., los asesinos de la familia Lebarón tienen que ser arrestados y enjuiciados con todo el rigor de la ley, los atacantes a fuerzas de seguridad en Aguilillas e Iguala tienen que ser desarticulados con acciones de seguridad; en fin, los responsables de los delitos al menudeo, los miles de delincuentes sueltos en las calles tienen que pagar por sus delitos y no esperar a su lejano arrepentimiento.
La construcción de la paz se debe hacer sobre el ejercicio de la aplicación de le ley y con la persecución de delincuentes de todo tipo. Ninguna banda criminal se va a sentar a pactar la paz que implicaría su rendición, la entrega de sus botines y el castigo a sus miembros con acusaciones criminales. Los delincuentes pactan cuando se encuentran atrapados, arrinconados o perseguidlos sin piedad.
El Estado le debe a las víctimas de delitos de alto impacto no sólo la satisfacción de la preocupación, sino la persecución de los perpetradores y sobre todo las garantías de seguridad. El éxodo de mormones hacia los EE. UU. revela que las acciones del Estado han sido insuficientes y no satisfacen las exigencias de seguridad de quienes viven en zonas infectadas de delincuentes.
Así que el Estado debe construir la paz, pero perseguir el delito,

Ley de la Omertá
Todos saben qué hacer con las policías mexicanas como centro de la inseguridad, pero nadie sabe cómo resolver sus crisis. Antes de las elecciones del 1 de julio de 2018, un policía con formación profesional se atrevió a indagar el papel de los guardias de seguridad y escribió un libro ágil, profundo, desde dentro del alma policiaca: Nicolás González Perrín, por cierto, sobrino del famoso epigramista Tomás Perrín. Su libro: Para hacer posible lo imposible. Una mirada a la seguridad pública en México, editorial LEEA.
El libro ofrece una doble visión: un panorama social, político y criminal de las organizaciones delictivas en sus diferentes versiones y una anatomía desde dentro de las corporaciones policiacas y, sobre todo, los policías de carne y hueso.
El secretario Durazo Montaño ha otorgado mucha importancia a los cuerpos policiacos federales y locales e inclusive tiene un programa de reorganización integral, pero se ha encontrado con dos carencias: dinero y recursos humanos. Se ha tratado de un enfoque desde fuera, con los datos visibles. Ha faltado, sin embargo, una investigación desde dentro del alma de los policías, con todos los defectos, con todas las carencias, pero con voluntad para cambiar si tienen la oportunidad.
González Perrín habla de su experiencia como policía federal. Le han tocado casos complejos, como la tercera captura de Joaquín El Chapo Guzmán en Sinaloa después de su fuga del penal de Almoloya. Conoce al monstruo policiaco desde sus entrañas. Por ello, sabe de sus defectos, pero al mismo tiempo confía en sus regeneraciones. No es complicado, pero se requiere que policías controlen a policías. Al final de cuentas, no todo es cuestión de salarios o de entrenamiento. Se requiere de construir un espíritu policiaco, un orgullo.
El eje de su propuesta es simple: empoderar a la policía para empoderar al ciudadano. Por ahí habría que comenzar.

Zona Zero
·      Los funcionarios parecen haber perdido la capacidad de conmoverse, cuando la política debiera ser pasión. Ni un lamento, ni un saludo solidario, nada desde el poder a los mormones de LeBarón que fueron masacrados. Importa más la hegemonía del Estado. Ya abandonaron el país, exiliados por la violencia, 100 mormones.
·      Sigue el problema de la violencia criminal desconocida: los enterrados en fosas comunes clandestinas y los desaparecidos. Los números crecen, nadie sabe cuántos más hay, el Estado carece de sensibilidad e instrumentos y todos forman parte de los crímenes perfectos.
·      Siguen los ataques de los grupos criminales contra fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales. Ahora le tocó a Oaxaca: cinco policías asesinados en una emboscada en San Antonio Coyotepec, una población a quince kilómetros de la capital. Los escobazos a los panales criminales soltaron a las avispas.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

‪seguridadydefensa@gmail.com‬
www.seguridadydefensa.mx
@carlosramirezh

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Gabriel Torres Espinoza

Jalisco en los tiempos del dengue

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Análisis

Gabriel Torres Espinoza
Desde julio de 2019, el canal endémico del dengue de la Dirección General Epidemiológica, reportó que Jalisco se encontraba en ‘zona de epidemia’ respecto a ‘casos probables’. Pero en su momento se negó la emisión de una Alerta Epidemiológica. Las consecuencias de la decisión están a la vista. Jalisco sostiene hoy el liderazgo a nivel nacional en: 1) El mayor número de ‘casos confirmados’ de dengue, con 8 mil 270. 2) La mayor tasa de incidencia en ‘casos confirmados’, con 99.86 casos por cada 100 mil habitantes. 3) La suma más alta de ‘casos probables’ de dengue, con 66 mil 812. y 4) La mayor cantidad de ‘casos estimados’ de dengue, con 44 mil 146, colocándose dentro del ‘top 10’ de entidades federativas con mayor número de casos de dengue en la República Mexicana, al 2 de noviembre de 2019. 5) El estado con el mayor número de ‘defunciones confirmadas por dengue’, con 24 muertes registradas ‘oficialmente’; mientras que Veracruz le sigue con 23. 6) La mayor cifra de ‘defunciones en estudio’, hasta la Semana Epidemiológica 44, con 94 casos; es decir, 10 más con relación a los que se observaron hasta la Semana Epidemiológica 43 [con corte al 26 de octubre], donde el número ascendía a 84. 7) El mayor número de casos de ‘defunciones en estudio’ por dengue, con una total de 10; mientras que Veracruz tres defunciones (durante la Semana Epidemiológica 44).
De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, el 70% de los casos confirmados de dengue en el país se concentran en cinco estados: Jalisco [con 8 mil 270]; Veracruz [con 8 mil 190]; Chiapas [con 2 mil 96]; Oaxaca [con mil 471] y Puebla [con mil 422]. No obstante, ¡Jalisco tiene la incidencia más alta de ‘casos estimados’ de dengue a nivel nacional, con 533.05 casos por cada 100 mil habitantes!. Además, somos el estado líder con mayor número de ‘casos confirmados de dengue con signos de alarma’ [DCSA], con mil 522.El estado líder con mayor número de ‘casos confirmados de dengue grave’ [DG] con 955. También la segunda entidad con el mayor número de ‘casos confirmados de dengue no grave’ [DNG], con 5 mil 793.
El ‘aviso epidemiológico’ emitido en Jalisco (un vil inventopara no asumir la Alerta Epidemiológica), se circunscribió alÁrea Metropolitana de Guadalajara. Pero los cuatro municipios jaliscienses con mayor número de casos confirmados de dengue no grave por cada 100 mil habitantes, se encuentran ¡fuera de la jurisdicción de este ‘aviso epidemiológico’!, y acusan hoy una tasa mayor a la que tienen países como Belice [tasa de 387 casos por cada 100 mil habitantes] y El Salvador [258 casos por cada 100 mil habitantes], que se posicionan en el 4to y 5to lugar en el continente. Más aún, el municipio de Teocuitatlán de Corona registra una tasa mayor que la de Honduras, que se sitúa en el tercer sitio de la Región, con un total de 778 casos por cada 100 mil habitantes; y que, la de Brasil, que se ubica en un segundo sitio en el continente con una tasa de 939 casos de dengue por cada 100 mil habitantes. Las autoridades de Jalisco, en los tiempos del dengue, advertirán que las epidemias han tenido más influencia que los gobiernos, en el devenir de la historia.

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