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Carlos Ramírez
Indicador Político:

Atemorizado por la solicitud del ejército para que renunciara a la presidencia porque los militares no quisieron obedecer la orden de masacrar las protestas del pueblo, Evo Morales en realidad cayó porque perdió el apoyo de los bolivianos y dio, él sí, un golpe de Estado en el 2016 al desobedecer el resultado negativo contra su reelección de un plebiscito oficial.
La funcionaria del Tribunal Electoral que determinó la invalidez del plebiscito con el argumento de que impedirle la reelección era violar sus derechos humanos fue nada menos que la presidenta del Tribunal Electoral que validó el fraude electoral de las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre: María Cristina Choque Quispe, ahora arrestada.
En su abuso de poder y auto designado como representante de dioses indígenas para permanecer en el poder hasta su muerte (hoy tiene 60 años), Morales no supo leer el mandato democrático de los votos. El resultado del referéndum que le dijo no a su reelección arrojó una pérdida de 627 mil 173 votos con respecto a su tope electoral en 2014 de 3 millones 173 mil 304 votos. Morales se confió en el 83.3% de votos a su favor en el revocatorio de mandato de 2008, aunque fue sólo a dos años de tomar el poder.
La base electoral de Morales comenzó con un modesto 53.7% en 2006, subió a su techo de 64.2% en 2010, bajó a 63.36% en 2015 y en este 2019 perdió la mayoría absoluta y sólo acreditó 47.1% de votos, aunque con la sospecha de fraude porque las máquinas de conteo electoral fueron desconectadas y al regresar –como el fraude electoral mexicano de Carlos Salinas contra Cuauhtémoc Cárdenas, en un operativo de caída del sistema de cómputo bajo la responsabilidad de Manuel Bartlett Díaz como secretario de Gobernación– mantuvo sus votos, pero el nuevo recuento le dio 10 puntos porcentuales arriba del segundo lugar y por ello se auto proclamó presidente. Sin embargo, una auditoria de la OEA estableció la inexistencia de pruebas contundentes de la limpieza electoral y decretó la realización de otras elecciones.
Ahí, en ese momento, estalló la crisis: Morales se negó a nuevas elecciones, sectores sociales –por sí mismos y muchos azuzados por la extrema derecha católica con bases indígenas– salieron de manera violenta a las calles y el presidente Morales ordenó al ejército y a la policía reprimir las protestas a sangre y fuego. Cuando las protestas se salieron de control, el ejército sólo pidió la renuncia del presidente Morales, no se erigió en junta militar y acompañará el proceso constitucional para designar un interino y vigilar nuevas elecciones.
Morales, en su arrogancia populista, careció de pensamiento estratégico y se confió en su modelo de “socialismo indígena”. La Constitución sólo le permitía una reelección, la cambió para sí y en 2016 participó en un referéndum con el compromiso formal de que obedecería sus resultados. Las cifras finales fueron sorpresivas; 51.3% de bolivianos dijo que no a la reelección y sólo el 48.7% la apoyó. El Tribunal Electoral le oficializó la desobediencia al referéndum. Y lo más grave: Morales desdeñó esa consulta, no se reconcilió con la sociedad y decidió ya como dictador. Su candidatura fue, en los hechos, un golpe de Estado apoyado –¡sorpresa!– por militares y policías.
Bolivia tiene una larga historia de golpes de Estado: 46 presidentes de la república en 89 años y varias juntas militares y civiles, el último presidente militar fue Hugo Banzer que dio un golpe de Estado en 1971 contra el presidente militar socialista Juan José Torres; pero Banzer fue destituido, acusado de crímenes y nunca fue juzgado; en luego fundó su partido de derecha y gobernó por vía electoral de 1997 a 2001, aunque un cáncer lo obligó a dimitir en medio de protestas sociales por la privatización del agua en Cochabamba.
La crisis de Morales en Bolivia fue producto de su estilo autoritario, unidireccional y mediático de gobierno. A pesar de la historia militar, no realizó ningún trabajo político para reconstruir a las fuerzas armadas. Asimismo, permitió el crecimiento de un radicalismo católico conservador. Y el factor de ruptura fue su golpe político de Estado cuando desconoció el referéndum legal que votó en contra de su reelección y él se agandalló la presidencia. Por ello hay que decir que Morales se cayó solo.

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Diferencias. El aprovechamiento político interno en México de la crisis en Bolivia está tensando las relaciones mexicanas con el gobierno de Trump, quien ha dejado ver que sí ha promovido la crisis boliviana. Y la agenda Palacio Nacional-Casa Blanca no está para mayores tensiones diplomáticas, y menos ya con el FBI operando en México como avanzada estadunidense para reconocer el terreno del crimen organizado.
Política para dummies: La política es, más temprano que tarde, el mandato de la sociedad democrática.

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Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- AMLO-Trump: no computadoras en Secretaria de Economía, metáfora TCL

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Carlos Ramírez*

Firmado y ratificado por los congresos legislativos de los dos países, el Tratado de Comercio Libre 2.0, con una lista muy estricta de exigencias estadunidenses y sin un nuevo modelo de desarrollo mexicano, el presidente López Obrador se reunirá con el presidente Donald Trump para agradecerle su apoyo en la revalidación del acuerdo comercial.

Sin embargo, la diplomacia no logrará ocultar el trasfondo de los efectos sociales y políticos del Tratado en el sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional mexicano. Las reformas comerciales impulsadas por Trump van a obligar al Estado mexicano a salirse del control y la conducción de las relaciones sociales, van a darle a los empresarios mayores libertades productivas que lo alejarán del autoritarismo del Estado y acotarán las funciones reforzadas el presidencialismo mexicano.

Dentro del TCL 2.0 no deben caer las recientes decisiones mexicanas de desplazar a inversionistas extranjeros para recuperar la participación del Estado en la economía productiva, sobre todo en el sector energético. Tampoco el nuevo TCL considera seguir arrastrando el viejo modelo sindical de control político de los trabajadores y los objetivos de los líderes sindicales de tener sus cuotas legislativas de poder. Y la parte más compleja deberá ser la desregulación de la economía para disminuir las restricciones del Estado, lo que tendría que llevar a una mayor autonomía relativa económica, productiva y sobre todo política de los empresarios.

Los gobiernos de Bush Sr., Clinton, Bush Jr. y Obama fueron muy tolerantes con la participación de México en el Tratado en función de su sistema/régimen/Estado de tipo priísta, es decir, de control presidencial de la economía estatizada. El primer aviso de Trump llegó por la vía del embajador estadunidense Christopher Landau y su quejade que no se pueden cambiar las reglas económicas vigentes. El embajador no lo dijo, pero en sus palabras quedó el mensaje cifrado: el Estado mexicano no puede regresar a la economía productiva,

El problema del modelo lopezobradorista de regreso del Estado al protagonismo económico no es el estatismo en sí o el discurso ideológico antineoliberal, sino que lo malo se localiza en el hecho de que el Estado mexicano carece del dinamismo, de capacidad tecnológica y de dinero para desplazar a grupos privados. Lo que vio el embajador Landau es que el Estado es parte de la producción y juez de las regulaciones.

Si el Estado mexicano quiere regresar a su papel dominante en la economía productiva, tendría que jugar sin ventajas. Sobre todo, necesitaría enormes cantidades de dinero para desarrollar tecnologías, capacitaciones e investigación científica para la competencia en innovaciones con las empresas privadas. Las empresas publicas se hundieron en la escasa competitividad porque su ineficacia fue tapada con subsidios y, al final, ni dieron fondos al Estado y si succionaron presupuesto.

El Tratado salinista desarticuló las alianzas sociales del Estado y la liberación de fuerzas llevó a la derrota del PRI en el 2000. Peña recuperó la presidencia para el PRI con un programa de modernización sectorial que perdió el rumbo y no quiso deshacerse de lo viejo. Ahora el modelo posneoliberal lopezobradorista quiere reconsolidaral Estado regresándolo a algunas áreas productivas que requieren de más fondos de los que tiene todo el presupuesto federal. Ahí naufragará el modelo posneoliberal: carece de financiamiento para el regreso del Estado a la economía productiva, de fuerza competitiva en tecnología y ciencia y sus viejas clases sociales –campesinos, obreros, clases profesionales, grupos populares– no saben a dónde dirigirse.

El mensaje contradictorio sobre el desafío del TCL 2.0 y la incapacidad del Estado para competir con el sector privado en la producción ocurrió en la Secretaría de Economía, la dependencia encargada del modelo de desarrollo, de la planta industrial y de la competitividad: por decisión de austeridad se le quitaron computadoras al 75% de los empleados y ahora tendrán que trabajar con lápiz y papel, mientras las empresas privadas han invertido capital en inteligencia artificial y desarrollo tecnológico.

La imagen de Economía será la del Tratado 2.0: el regreso a la edad de piedra de la economía con lápiz y papel.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- AMLO-EU: del nacionalismo defensivo al pragmatismo sin agenda estratégica

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Por Carlos Ramírez*

El error en el análisis sobre la reunión del presidente López Obrador con el presidente Donald Trump no radica en lo obvio: el uso que le dará el anfitrión dentro de su campaña electoral. Lo más importante radica en el hecho de que por primera vez México carece de una agenda estratégica con los EE UU.

La falta de esa agenda estratégica y la laguna de enfoque geopolítico en la diplomacia tribal del canciller Marcelo Ebrard Casaubón llevaron al error de pedir el apoyo de Trump en la pandemia –ventiladores–, cuando la agendaestratégica exigía una sana distancia del imperios ante la agenda real: migración, la Guardia Nacional resguardando los intereses de Washington en las fronteras mexicanas, la falta de iniciativas en las correcciones del Tratado de Comercio, el intervencionismo de las agencias de inteligencia y seguridad nacional en el narco en México y las presiones para mantener negocios dentro del Tratado.

En los más de doscientos años de relaciones bilaterales –primero como posición española y luego como república–, México definió sus relaciones con la Casa Blanca con tres principios: el conflicto histórico por la perdida de la mitad del territorio en la invasión de 1847, la vecindad imperial basada en la frontera estadunidense con el sur latinoamericano en el Suchiate y no en el Bravo y la desconfianza.

México pasó del nacionalismo activo hasta principios del Siglo XX al nacionalismo defensivo –concepto de Lorenzo Meyer– y de ahí saltó el entreguismo totalizador que exigió el Tratado de Comercio libre firmado por el presidente Carlos Salinas de Gortari en 1993 y ratificado en sus términos formales –comercio– y en sus términos estratégicos —geopolítica del imperialismo estadunidense– por los presidentes Enrique Peña Nieto y López Obrador.

El Tratado en sus dos versiones –el firmado por Bush-Clinton y el revisado por Peña-López Obrador– se basó en el Memorándum (Proceso 758) del embajador estadunidenses en México en 1991 John Dimitri Negroponte –el más poderoso jefe de los servicios de inteligencia y seguridad nacional de la Casa Blanca–, en el que se fijó el parámetro estratégico del comercio como eje de la dominación imperial:

Desde una perspectiva de política exterior, un TCL institucionalizaría la aceptación de una orientación norteamericana en las relaciones exteriores de México”.

Y así fue. El sometimiento de la histórica política exterior mexicana con principios estratégicos de seguridad nacional en función de los intereses mexicanos se enterró a finales de 1989, iniciadas ya las negociaciones del Tratado, con el apoyo de México a la invasión de los EE UU de Panamá para arrestar al jefe del ejército panameño –paradójicamente agente de la CIA durante el año en que George Bush Sr. dirigió la agencia–, violando la soberanía panameña.

El Tratado que rige la totalidad de las relaciones bilaterales –en lo económico y en seguridad nacional– se firmó en función de las propuestas de la Comisión Binacional México-EE UU que concluyó en 1987 que México debería cambiar sus enfoques históricos y educativos sobre los EE UU desde la educación. Los gobiernos de De la Madrid y Salinas cumplieron con esa recomendación.

Y ha querido la realidad exhibir el desdén estadunidense a los enfoques de vecindad del Tratado con una política migratoria militarizada, agresiva y racista que México, hasta ahora, no se ha atrevido a condenar. En plena revisión del Tratado Trump se dedicó a insultar, criminalizar y deportar a mexicanos sólo por consideraciones sociales, sin que los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador pudieran o quisieran impedirlo o cuando menos disminuir su agresividad.

El Tratado salinista anuló la agenda estratégica de la política exterior mexicana y el gobierno de Trump ha definido la suya con criterios racistas, de explotación de recursos y de desdén.

El nuevo gobierno del presidente López Obrador y del canciller Ebrard debió de haberle dado prioridad a la definición de su agenda estratégica con los EE UU, inclusive sin agresividad ni confrontación, pero sí con la ratificación de los principios históricos reales de la diplomacia de colaboración-resistencia-defensiva.

Esta semana, sin esa agenda estratégica mexicana, se dará la reunión de López Obrador con Trump.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- CJNG: droga o narco-Estado como las FARC; El Mencho sólo es un matón

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Carlos Ramírez*

Las amenazas del presidente Donald Trump de caracterizar cárteles mexicanos del crimen organizado como terroristas ha tenido detrás un expediente de inteligencia contra el Cártel Jalisco Nueva Generación y contra el Cártel de El Chapo. Estas organizaciones criminales transnacionales mexicanas que operan de manera masiva dentro de los EE UU estarían llegando a ser grupos con propósitos políticos como la narcoguerrilla de las FARC colombianas.

La Operación Python de la DEA en marzo arrestó a más de 600 efectivos del CJNG, pero esa ofensiva antinarcóticos ya cruzó la frontera sur y está en México. Algunos expertos en análisis de seguridad señalan que en los EE UU tienen la impresión de que la estrategia mexicana de seguridad publica –que ya no busca desmantelar y descabezarlos principales cárteles— ha permitido la expansión del narco hacia territorio estadunidense.

Los expedientes sobre el CJNG y su líder Nemesio Oseguera Cervantes están acotados y se carece de información de inteligencia sobre su evolución y reforzamiento directivo. La versión de que El Mencho está enfermo, retirado o muerto no ha sido corroborada, tampoco se tienen datos de la reorganización de la élite dirigente del grupo, salvo algunos nombres más o menos conocidos.

La versión no oficial es que hay nuevas cabezas dirigentes en el cártel y con mayor capacidad de análisis político.

A pesar de esa presunta debilidad del CJNG por la falta de atención de tiempo completo por parte de El Mencho, el cártel no ha detenido su fase de expansión violenta en toda la república y en los EE UU. Pero lo que más ha llamado la atención ha sido el uso de algunas técnicas de violencia que se salen del marco de referencia de una banda delictiva que lucha por control de plazas territoriales. No es lo mismo atentar contra un jefe policiaco local que se niega a colaborar en un espacio territorial menor, que intentar asesinar al secretario de Seguridad de la capital de la república gobernada por una de las preferidas políticas del presiente López Obrador o amenazar el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sólo por “no estar jalando”, como si el poder de fuerza del CJNG necesitara de tan altos funcionarios en zonas donde los nervios del grupo en realidad operan sin freno y extendiéndose. Es decir, no necesitan de un pacto con esas altas autoridades. Por tanto, amenazas y agresiones tienen otro objetivo.

Las tácticas del atentado contra el jefe Omar García Harfuch o las amenazas contra el gobernador Alfaro y varios miembros del gabinete son propias de organizaciones políticas, no criminales. El cumplimiento de las amenazas contra esos dos altos funcionarios hubiera conducido a una operación gubernamental de exterminio contra el grupo criminal. Y si bien la capacidad de fuego del CJNG es superior a las policías locales, la Guardia Nacional con el apoyo de las fuerzas armadas podría casi aplastarlo como respuesta.

El atentado contra el jefe policiaco del gobierno de CDMX alertó más a las organizaciones estadunidenses de inteligencia y seguridad nacional, porque en los EE UU hay una recompensa de 10 millones de dólares por El Mencho. En la comunidad de inteligencia de Washington no les preocupa Harfuch porque no es un cuadro que hayan entrenado ni que participe en los enlaces bilaterales, sino que llamó su atención que el CJNG haya pasado a técnicas de guerra que también pudiera aplicar dentro del territorio estadunidense donde el cártel de El Mencho está siendo acotado por la policía.

La presión estadunidense sobre el gobierno mexicano por el CJNG El Mencho va a seguir creciendo porque esa organización criminal pudiera llevar su guerraa las calles de los EE UU. En la lógica analítica estadunidense están procesando la información del CJNG con elementos de un reacomodo en la dirección operativa del grupo criminal a partir de sus operaciones: pasar de lucha contra cárteles menores locales a provocaciones contra el Estado amenazando a secretarios del gabinete presidencial y atentando contra el jefe de la policía de la capital de la república. La dimensión de esos operativos contra figuras del Estado en su primer nivel rebasa la capacidad de El Mencho y conduce a decisiones de disputas por el poder con el Estado que requerirían de reflexiones más de guerrilla anti Estado que de criminales.

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Política para dummies: La política en esencia es actividad de pensamiento estratégico y enfoques de inteligencia.

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