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Rodolfo Aceves Jiménez*

Cabe la posibilidad que algunas de las valoraciones sobre el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador recaigan sobre tres factores. El primero, la ausencia de compromiso en el combate a la corrupción; segundo, la caída en el fortalecimiento a los derechos humanos; y tercero, en la falta de resultados en seguridad.

Sobre la corrupción, la curva de aprendizaje ya contiene los escándalos de las casas del director de CFE y su hijo, aun cuando el presidente pidió a sus secretarios de Estado que no permitan actos de corrupción, incluso de su propia familia.

De esta administración fue muy desafortunado y desagradable, que una investigación arrojara que desde la Agencia de Noticias del Estado mexicano se dirige una campaña deliberada en contra de críticos y algunos personajes de la política mexicana, con el presunto consentimiento de su titular. También las hordas de cuentas en redes sociales que se dedican a atacar a los críticos de la administración del presidente no abonan al establecimiento de un ambiente de cordialidad en la opinión pública.

Tampoco se ha sabido que abran expediente por responsabilidades en la Fiscalía General de la República y de la cancillería mexicana sobre el apoyo institucional de que se dio a Humberto Moreira, que fue acusado por la Fiscalía Española de nexos con el narco, quien fue literalmente rescatado por la embajada mexicana y la Agregaduría de la PGR en ese país. La corrupción se extiende a diversas Secretarías y dependencias del Ejecutivo, en Entidades Federativas, Municipios y Poderes; y como alguna vez dijo el exSecretario de Defensa Cienfuegos, es un asunto de seguridad nacional, y quizás, así lo vieron en West Wing en la Casa Blanca para las negociaciones con México en el T-MEC.

Hoy con entusiasmo la Cancillería mexicana anuncia que nuestro país obtuvo un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando día a día la delincuencia supera el horror de los delitos, al amparo de la impunidad.

En el tema de derechos humanos, no ha habido avance en los asuntos sensibles de la pasada administración, como Tlatlaya, Ayotzinapa y Ostula, que dan cuenta del estado de vulnerabilidad en que se encuentran los derechos humanos en México. No hay una política entre las corporaciones de seguridad de respeto a los derechos humanos, se siguen presentando casos de tortura y violaciones a los derechos humanos, como en Jalisco.

La diversidad en los mensajes institucionales sobre la pandemia y la precipitada vuelta a la normalidad no da confianza en la ciudadanía, en medio de la necesidad de salir a trabajar.

En el plano de la seguridad y defensa, la vulnerabilidad de las instituciones de seguridad se traslada a su ineficacia y sumado a la penetración de la corrupción en su clase política, dan como resultado, la desconfianza de la administración de la Casa Blanca sobre los cuerpos de seguridad mexicanos. Esta es una preocupación real, sobre todo por la situación geopolítica de México en el marco de los frentes que tiene abierto nuestro vecino, como una vulnerabilidad para su seguridad.

Más allá de sus escándalos, el punto es la vulnerabilidad del gobierno mexicano por los diversos frentes de crisis que ha abierto esta administración, y que compromete valores de la democracia.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Twitter: @racevesj

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Es politólogo por la Universidad de Guadalajara (UdG) y por invitación del Alto Mando es maestro en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Secretaria de Marina. Ha sido invitado como expositor en el curso de Mando y Estado Mayor General de la Armada de Mexico, así como en el CESNAV. Actualmente se desempeña como académico de la Universidad del Valle de México y cómo investigador externo del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (ININVESTAM). Twitter: @racevesj

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Carlos Ramírez

Indicador Político- AMLO y la memoria histórica: iniciar con Bartlett, Slim, Salinas Pliego y el PRI

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Carlos Ramírez*

Aunque le falta mucho para cumplir su compromiso desde 1988, la carta del presidente López Obrador al Senado para convocar a una consulta para investigar a cinco expresidentes de la república debería ser la base de una ley de la memoria histórica que fije el deslindamiento del ciclo neoliberal 1979-2018.

Pero a partir del contenido del documento que señala el inicio del ciclo neoliberal depredador y de alto costo social en el gobierno de Salinas de Gortari, entonces el gobierno de la 4-T podría comenzar antes que decida la Corte con la investigación penal de dos de los episodios más visibles del autoritarismo salinista: los fraudes electorales que entronizaron el neoliberalismo en el poder y sobre todo el de 1988 y la privatización de las empresas propiedad de la nación para construir un empresariado funcional a los intereses neoliberales del salinismo.

Ahí saltan los tres principales nombres de funcionarios o beneficiarios salinistas hoy incrustados en la 4-T lopezobradorista: Manuel Bartlett Díaz fue operador del fraude electoral de 1988 –además del de 1986 que ilustró hace días el propio presidente López Obrador– que permitió la construcción del salinismo y su proyecto económico autoritario; Carlos Slim Helú recibió por dedazo Teléfonos de México para iniciar la construcción de la plutocracia que sigue enquistada en la empresa y el poder y simboliza la riqueza ofensiva; y Ricardo Salinas Pliego recogió TV Azteca del presidente Salinas de Gortari y la pagó con dinero prestado por Raúl Salinas de Gortari, en un acto de tráfico abusivo de poder y de conflicto de intereses.

Si la carta para juzgar expresidentes se asume como principio de una ley de memoria histórica, entonces el gobierno actual tiene la obligación moral de deslindarse de los miembros de la élite del neoliberalismo que resultó beneficiaria por todos los expresidentes que quieren ser sometidos a juicio. De centrar el juicio sólo en los extitulares del ejecutivo federal, entonces sí podrían analizarse sus resultados como fracaso.

La obligación política y moral del presidente López Obrador con el deslindamiento de su proyecto respecto del pasado neoliberal 1979-2018 se sustenta en que su oferta de campaña y de gobierno fue una Cuarta Transformación de la vida pública, pero para ello necesita liquidar, de manera política y penal, con la 3.1 que fue la posrevolución en fase neoliberal.

En efecto, el neoliberalismo no ha sido nunca, ni aquí ni donde se ha aplicado, un modelo simple de política económica de mercado, sino que ha necesitado –y Chile con Milton Friedman y Arnold Harberger como asesores han sido el ejemplo de que se requirió de una dictadura militar represiva– del apoyo de gobiernos autoritarios en la orilla de la dictadura. El sistema político que avaló el neoliberalismo mexicano que depredo la economía y la sociedad fue posible por el PRI, por lo que se tendría que debatir si el PRI debiera ser proscrito como partido por su responsabilidad histórica en la dictadura neoliberal que empobreció al 75% de los mexicanos en actos conocidos y razonados ya como de “crímenes económicos”.

La puerta que abrió el presidente López Obrador con su consulta fue, aunque se critique, un acto de congruenciapersonal porque siempre dijo que así lo haría. Pero habría una obligación histórica para no dejarlo en mero acto de propaganda electoral para las elecciones legislativas del 2021, porque existe el riesgo de que ese neoliberalismo pueda regresar al poder por la vía electoral en 2024, después de una campaña de desprestigio personal contra el presidente López Obrador que ya está en marcha.

Mientras llega la respuesta positiva o negativa de la Corte a la consulta, el paso político debe ser una ley de la memoria histórica.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- El fraude de 86 en Chihuahua contado por AMLO es la versión de Krauze

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Carlos Ramírez*

El “fraude patriótico” en las elecciones de gobernador en Chihuahua en 1986 que contó y desglosó el presidente López Obrador en una reciente conferencia matutina fue centralizado en la historia negra del sistema político priísta por Enrique Krauze en 1997 en su libro La presidencia imperial. Auge y caída del sistema político mexicano (1940-1996), hasta ahora la narrativa más completa del sistema-PRI.

En medio de la polémica por las revelaciones presidenciales sobre la publicidad gubernamental en las revistas Nexos y Letras Libres, el propio presidente rescató el papel de Krauze como historiador de la debacle del PRI. El fraude en Chihuahua, operado por Manuel Bartlett Díaz como secretario de Gobernación y por la maestra Elba Esther Gordillo como lideresa del SNTE precipitó, fue, en efecto, el principio de la caída del PRI-sistema porque fue un elemento que impulsó la creación de la Corriente Democrática del PRI de Cuauhtémoc Cárdenas a las que se sumaron Porfirio Muñoz Ledo y el propio López Obrador.

El fraude en Chihuahua en 1986 fue el hundimiento de la promesa aperturista del presidente Miguel de la Madrid e involucro la sucesión presidencial de 1988 que se resolvió en 1987: Bartlett operó el fraude para De la Madrid y su candidato Salinas de Gortari y prefiguró el fraude electoral también operado por Bartlett de 1988 contra la candidatura presidencial de Cárdenas y en ese año también contra la elección local de gobernador en Tabasco contra López Obrador, candidato cardenista del Frente Democrático Nacional.

Una crisis local poselectoral logró la construcción de un bloque crítico que hizo el milagro de la confluencia en un desplegado de intelectuales de todos los grupos para exigir la anulación de las elecciones. Pero Bartlett, a pesar de reconocer que había habido un fraude, se negó a aceptar anulación por el significado histórico de Chihuahua para el PRI.

En una cena con intelectuales firmantes, entre ellos, Krauze y Aguilar Camín, Bartlett explicó las razones noelectorales por las cuales el PRI no podía “soltar” la gubernatura de Chihuahua: el simbolismo de esa entidad en la historia priísta de la Revolución Mexicana y porque el triunfo del PAN “abría las puertas a tres enemigos históricos de México: la iglesia, los Estados Unidos y los empresarios”.

Krauze termina así la parte de Chihuahua:

“Bartlett –que en su juventud había sido un colaborador y ardiente partidario de Carlos Madrazo– escuchó los argumentos y no movió un ápice su posición. Al final de la cena sugirió que se había cometido un fraude, pero era un fraude patriótico. Cualquier disturbio, advirtió, se toparía con la fuerza pública”.

Presente en la conferencia presidencial donde López Obrador recordó hace días ese fraude chihuahuense, Bartlett guardó silencio. El final histórico fue diferente: el Salinas beneficiario del fraude patriótico en 1986 cedió como presidente de la república la gubernatura al PAN en 1992, año en que Bartlett esperaba que el PRI, vía la operación política del superasesor salinista Joseph-Marie Córdoba Montoya, lo hiciera gobernador de Puebla, como pago de lealtades.

En este sentido, en el análisis de Krauze, el “fraude patriótico” de Bartlett a favor del viejo PRI fue el detonadorde la ofensiva de Cárdenas en el PRI para exigir una elección interna del candidato presidencial, impulso la creación de la Corriente Democrática del PRI que fue aplastada por Salinas y Bartlett en la XIII asamblea nacional de 1987 y lanzó el ciclo salinista neoliberal en 1988.

El “fraude patriótico” de Bartlett a favor del PRI fue el principio de la debacle priísta que terminó en julio de 2018 con la victoria de López Obrador, pero con el dato sobresaliente de que el responsable de ese fraude –y otros simbólicos para el PRI– hoy es miembro del gabinete presidencial ampliado del presidente López Obrador.

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 Política para dummies: La memoria es el veneno de los políticos.

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Nacional

Naasón Joaquín se declara no culpable; la ILLDM va contra prejuicios e insidia

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Tal como se esperaba, el director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, al presentarse en la audiencia celebrada hoy martes 15 de septiembre de 2020, se declaró no culpable, ante acusaciones anónimas que enfrenta en California. 

El Universal en su edición digital, presenta en una de sus notas lo siguiente: “Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, se declara no culpable de delitos de abuso sexual y violación

“El líder de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, se declaró hoy “no culpable” en el nuevo juicio que enfrenta en Los Ángeles por 36 cargos de abuso sexual y violación entre otros.

“¿Cómo se declara? preguntó el juez Ronald S Coen, de la Corte Superior de Los Ángeles, a Naasón…

“No culpable”, respondió el mexicano en español”.

Esta fecha es memorable en la vida religiosa mundial porque el líder de la Iglesia que más había crecido en el orbe, el mismo que en solo cinco años de Ministerio había recorrido en gira incansable -sin acusaciones ni objeciones, sino con premios- 27 países, y había multiplicado su Iglesia, inicia con el pie derecho su defensa.

Ahora el jurado popular escuchará las evidencias que dice tener la fiscalía y el descargo de todas las pruebas que pudieran presentarse y se declararían suficientes o insuficientes.

El juicio anterior fue desechado, luego que la fiscalía de ese estado no presentó las pruebas en el tiempo que señala la ley, por lo tanto, el defendido estuvo un año y dos meses sin los derechos que tiene todo acusado, primero a recibir una fianza acorde a casos o juicios similares, e incluso su libertad plena.

Mientras eso sucede, la membresía de La Luz del Mundo en 60 países está totalmente unida y fortalecida para seguir este caso, que a vista de juristas expertos está plagado de inconsistencias y mala fe contra del líder.

Son prejuicios e insidias los que privan en el juicio, pero habrá jurado popular y leyes que determinen el curso de este caso donde la inmensa mayoría confía en que la defensa anulará todas las evidencias -así le llaman- que se pudieran presentar.

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