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Rodolfo Aceves Jiménez*

En política de seguridad cada administración de gobierno tiene una forma peculiar de gobernar, que lo caracteriza para la posteridad.

Las esperanzas de cambio político, económico y social que llegaron con la administración de Vicente Fox Quesada, poco a poco comenzaron a desilusionar por las impericias de una administración mediocre y torpe, donde inició el declive de seguridad del país.

Luego vino la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, en donde el sello de la casa fue el aumento desproporcionado de la inseguridad y el desgaste de las Fuerzas Armadas, con una planeación deficiente basada entre otros, en el aumento de personal de seguridad.

La característica del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue la corrupción y la continuación de la inseguridad, en el que la primera no ha sido castigada y la segunda continua su permanencia sin poder ser erradicada, no pudo o no quiso poner manos a la obra aunque dejó la narrativa de confrontación, no hubo resultados significativos.

Hoy la administración del presidente López Obrador que llegó con la gran esperanza de moralizar un país dominado por un sistema político viciado, en donde creció y se forjó, tiene grandes retos en materia de seguridad.

Los diagnósticos arrojan la presencia de la delincuencia y quizás coincida con el informe del comandante del Comando Norte norteamericano, en el sentido de que el 30% del territorio nacional está en manos de la delincuencia. Así se percibiría en algunas de las zonas de Michoacán, Jalisco, Guerrero o Tamaulipas.

El problema también abarca la vulnerabilidad en que se encuentran los cuerpos de seguridad sumado a un decadente sistema de seguridad social de sus elementos, que los hace presa fácil de la corrupción y la delincuencia.

Por otra parte, el sistema y subsistemas de procuración e impartición de justicia pareciera que no son funcionales, aun cuando el nuevo sistema de justicia penal tiene unos cuantos años de vigencia, en un problema cuya eficacia no depende sólo de un modelo de justicia, sino del sistema burocrático y sus autoridades. La politización de la justicia y la seguridad es el reflejo del estado en que se encuentra su clase política.

No es suficiente señalar en el desarrollo de las conferencias matutinas del presidente que se está trabajando, cuando se reciben unos modestos resultados.

Casi a mitad de la presente administración comienza a perfilarse que difícilmente podrá cumplir sus propósitos en un sexenio y cuya principal motivación es el desprestigio o descalificación a sus críticos, justo en medio de una de las peores crisis sociales, económicas y de seguridad, con altos índices de impunidad y con escándalos de corrupción que pondrá a prueba el talante de la transformación.

 

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Es politólogo por la Universidad de Guadalajara (UdG) y por invitación del Alto Mando es maestro en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Secretaria de Marina. Ha sido invitado como expositor en el curso de Mando y Estado Mayor General de la Armada de Mexico, así como en el CESNAV. Actualmente se desempeña como académico de la Universidad del Valle de México y cómo investigador externo del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (ININVESTAM). Twitter: @racevesj

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Sacar al INE del conflicto electoral para evitar el conflicto poselectoral

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Carlos Ramírez

Como no había ocurrido desde su fundación en 1990 como IFE, el Instituto Nacional Electoral fue metido por el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello y el consejero Ciro Murayama Rendón en el centro del conflicto poselectoral. La razón se localiza en el repudio de ambos al populismo. En este sentido, el INE está sentando las bases para el conflicto poselectoral después del 6 de junio.

El INE fue creado sólo para organizar elecciones y contar votos. De modo arbitrario, el organismo ha querido convertirse en el cancerbero de la democracia. Pero una cosa es que las elecciones sean una parte del proceso democrático y otra que definan la democracia en sí misma. En este sentido, el INE debería ser alejado del conflicto electoral a través de varias decisiones estratégicas o las elecciones del 6 de junio serán conflictivas y tendrán en el INE parte de la responsabilidad.

1.- Sacar a Córdova y Murayama del litigio argumentativo en medios de comunicación. Como funcionarios nodeberían aparecer en medios ni menos aún debatiendo contra el presidente de la república o con Morena.

2.- Como al presidente Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020 en EE. UU., aquí deben cerrarse de manera temporal las cuentas twitter a Córdova y a Murayama para evitar mensajes revulsivos. En procesos de alta tensión política, el medio del INE para comunicarse debería ser el boletín de prensa fuera de las redes sociales.

3.- Retirar de manera inmediata de circulación los libros Yo, el pueblo.  Cómo el populismo transforma la democracia, pagado por el INE y que se lee como un documento anti Morena y anti López Obrador. Y el libro La democracia no se construyó en un día, de Córdova, porque fue escrito en su tiempo de funcionario y con recursos del Instituto contrató a un colaborador-amanuense. En ambos casos se debe abrir un expediente por presunto peculado.

4.- Regresar el dinamismo electoral a la mesa del consejo general, pero con restricciones participativas del consejero presidente. Córdova ha mostrado en medios que se adueña del micrófono e inunda las bocinas de demagogia agobiante, sin dejar participar a los demás. La neurosis del micrófono de Córdova debiera acreditarse como política, no administración.

5.- Sacar al INE de la alianza PAN-PRI-PRD-Coparmex porque en los hechos el Instituto aparece como el virtual onceavopartido y su enfoque ideológico es el antipopulismo. Córdoba y Murayama tienen derecho a tener ideas y exponerlas, pero no como funcionarios que tienen en sus manos el delicado equilibrio de la estabilidad electoral. El presidente de la república ha demostrado la parcialidad del INE.

Nunca antes el IFE-INE había sido tan parcial en contra de alguna fuerza electoral como lo es con Morena. Y si bien hay razones suficientes para hacerlo, la dirección institucional del INE no debiera convertirse en dirección política. El cuestionamiento a Morena y al presidente de la república por el presunto populismo debiera ser objetivo de los partidos, no de la autoridad electoral.

La democracia electoral que tiene el INE como función es limitada y carece de contenido ideológico. Las elecciones son un mecanismo procedimental de la democracia como ideología. La verdaderademocracia debe ser capaz de permitir la contienda equilibrada y abierta de todas las fuerzas ideológicas o comenzar a excluir a fuerzas políticas por tener ideas no aceptadas por la autoridad electoral. Hasta ahora no se tienen datos de que el populismo sea una ideología proscritacomo algunas que conocemos. Y al propio sistema democrático le corresponderá, como ocurre ahora, aplicar los controlesnecesarios para evitar que la democracia sea usada por alguna fuerza ideológica para terminar con la democracia. El PRI usó la democracia para cerrar los caminos democráticos. Y el IFE nació como una forma limitada para abrir en México el verdadero juego plural de la democracia.

El INE es el organismo administrador de las elecciones, no el comité central de una democracia excluyente y autoritaria basada en la reglamentitis. Córdova y Murayama no pierden oportunidad para actuar como un politburó al viejo estilo comunista para determinar ellos qué es la democracia y qué no es.

O el INE regresa a organizar elecciones o su papel como comisario de una democracia tipo priísta será un factor de conflicto poselectoral.

 

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Política para dummies: La mejor defensa de la democracia es la democracia misma.

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Nacional

Brújula Pública- Pobre Jalisco

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Rodolfo Aceves Jiménez*

Uno de los objetivos de la seguridad nacional es el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno, así como la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes, entre otros.

Se basa en los objetivos nacionales permanentes que se desprenden de los anhelos señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los objetivos nacionales coyunturales consignados en el Plan Nacional de Desarrollo, los Programas Sectoriales y el Presupuesto de Egresos de la Federación. De estos tres elementos se produce la gran política nacional y el mismo contexto se inserta en cada entidad de la República.

De tiempo atrás la presente administración del Gobierno de Jalisco ha presentado crisis en el mantenimiento de su orden constitucional que debilitan las instituciones democráticas de gobierno y que impactan el desarrollo social y político de sus habitantes.

En el campo de la salud una enfermedad producida por un mosquito puso en crisis al sistema de salud de Jalisco y la corrupción producida en la pasada administración fue tolerada.

En el campo social la escasez de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara es un asunto añejo que no tuvo la voluntad política de solucionarse en tiempo y forma y que las torpezas de la presente administración mantienen a su población con cortes al suministro de agua.

La joya de la corona lo constituye, la crisis de inseguridad en que una gran cantidad de factores confluyen para su materialización.

Por principio de cuentas el gobernador no está enterado o sus asesores no le dicen, que la planeación de seguridad es obsoleta y ya dio de sí. Su administración no tuvo el valor suficiente para procesar a los mandos responsables en seguridad de la pasada administración y que todavía carga con algunos de ellos. Desaparecidos, desplazados y violencia en el estado es lo que se vive en Jalisco.

Tampoco le informan que hoy lleva a cuestas la losa con la carga moral y política del asesinato de su antecesor, sin que ninguno de los titulares actuales o extitulares del malogrado gobernador se haya molestado en voltear a ver al entonces gabinete de seguridad.

Por lo menos desde hace un año con motivo del asesinato de Giovanni López, el Ejecutivo del estado ya se dio cuenta porque afirmó que su Fiscalía está infiltrada por la delincuencia, pero no hay muestras de voluntad para erradicarla; como tampoco da muestras de voluntad para solucionar la crisis de los cuerpos que arrastra desde la pasada administración y que un día sí y otro también le brotan protestas hasta su residencia oficial por los 12 mil desaparecidos.

Quizás lo más importante es, que carga con toda la responsabilidad política por la ignorancia, impericia, torpeza y probable complicidad de los titulares de su gabinete de seguridad. Los acuerdos con los grupos políticos por los que llegaron y sostienen a los titulares de su gabinete de seguridad han sido rebasados y sus grupos impulsores no responden por sus actos. ¿o era parte del acuerdo la acción u omisión en perjuicio de la función de seguridad pública?

El Poder Judicial de Jalisco se aleja de la idealizada autonomía. Parece que responde a las necesidades políticas del partido en el poder y muy posiblemente persisten vicios y nichos de corrupción que impiden la impartición de justicia o que ésta sea con un sesgo de interés.

Es cierto que la Federación debe hacer lo suyo en cada materia de concurrencia con las entidades, pero también es cierto que Jalisco es una entidad libre y soberana, con un marco jurídico propio, un presupuesto y recursos propios.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- WOLA, un think tank clave en el juego estratégico de Casa Blanca

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Carlos Ramírez

En términos estratégicos, el poder central en EEUU se conoce con el concepto –no referencia de nombre institucional– de Casa Blanca. A pesar de lo que piensen o digan los funcionarios, Casa Blanca decide lo que es mejor para la seguridad nacional de EEUU para privilegiar, como dice la Doctrina respectiva del gobierno de Biden, y defender el american way of life o modo de vida estadunidense.

Aunque tiene sus propias oficinas y organizaciones ad hoc que son controladas por el Congreso, el aparato de poder estadunidense –la comunidad de los servicios de inteligencia y seguridad nacional– utiliza a agrupaciones con cobertura académica o sólo analítica que son conocidas como think tanks, en cuyo seno son asimilados exfuncionarios de la seguridad civil y militar ya en fase de empresas de movilidad en la seguridad privada al servicio de la seguridad oficial.

En esa comunidad asesora se localiza el grupo Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). El enfoque de seguridad nacional de esta organización coincide con el oficial estadunidense. Su último reporte sobre México y su crítica a la militarización sólo encontró contexto en tres escenarios construidos por la Casa Blanca:

1.- La presentación formal de la vicepresidenta Kamala Harris como encargada Senior de la agenda México dentro del nuevo aparato de gobierno.

2.- El aumento de las presiones de la DEA para realizar operaciones en México sin cumplir con las nuevas reglas de registro establecidas por la Ley mexicana de Seguridad Nacional.

3.- La búsqueda del debilitamiento de la participación de las fuerzas armadas mexicanas en labores de seguridad nacional estratégica y de seguridad interior para que México regrese al corral de una nueva Iniciativa Mérida.

La intención de la Casa Blanca es evitar la autonomía relativa del gobierno del presidente López Obrador en tareas de seguridad mexicanas en temas que tienen efecto en EEUU. La iniciativa Mérida firmada por el presidente Calderón con el presidente Bush sometió la estrategia de seguridad mexicana a la aprobación y sobre todo supervisión estadunidense, es decir, en relación a los intereses de EEUU.

El presidente López Obrador anuló esa Iniciativa y definió su propio paradigma de seguridad en función de los intereses mexicanos de abandonar los escenarios de la guerra y crear condiciones de paz, incluyendo un entendimiento informal con los cárteles para evitarles la tentación de ser gobierno, no perseguirlos para eludir la respuesta criminal a balazos y generar condiciones de bienestar en las zonas controladas por el crimen organizado.

El último reporte de WOLA deja ver los intereses estratégicos de la Casa Blanca de Biden: sacar a los militares de las tareas de seguridad y evitar su utilización –que tiene fundamentos y garantías constitucionales– en tareas civiles de obras sociales que permiten las leyes y reglamentos mexicanos.

La clave está en la estrategia de seguridad. El reporte de WOLA, en la lógica de Casa Blanca, pone la atención en los militares, pero con el segundo pensamiento de que la estructura civil mexicana no tiene las condiciones ni fuerza para contener a los narcos y entonces el gobierno de Mexico debiera permitir la entrada de especialistas estadunidenses militares en materia de seguridad para suplir a los mexicanos, sin colaborar ni compartir tecnologías e inteligencia.

La lectura del reporte de WOLA sobre la militarización en México deja ver esas intenciones estratégicas ocultas. Y por si fuera poco, ese reporte circuló en México la víspera de la reunión institucional México-EEUU en materia de seguridad, con la presencia en México de expertos estadunidenses de alto nivel. El objetivo de WOLA quedó claro: que organismos y personal del gobierno de EEUU tenga más beligerancia en México sin pasar por las normas regulatorias de registro de agentes y operaciones y revolver los territorios de los cárteles para aniquilarlos o llevárselos extraditados.

En este sentido, el modelo de seguridad binacional que ha dejado ver el gobierno de EEUU tiene, en realidad, un enfoque sólo estadunidense. Hasta ahora, en esas reuniones sólo ha habido una forma de resistencia en la cancillería mexicana de Marcelo Ebrard Casaubón en función de la directriz presidencial de que no debe permitirse la restauración legal o de facto de una nueva Iniciativa Mérida.

 

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Política para dummies: La política es la forma de eludir las presiones de los adversarios.

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