Rodolfo Aceves Jiménez*
La seguridad en Jalisco ha dado grandes ejemplos al país de organización, pero también de fracaso y derrota.
Jalisco venía de ser una parte importante en la experimentación de la seguridad nacional mexicana, con la creación de la Liga 23 de septiembre nutrida en parte por Los Vikingos de Tlaquepaque, en cuya capital Guadalajara, se desarrollaron sucesos que modificaron la seguridad del país, como los atentados terroristas o el secuestro y muerte del empresario Fernando Aranguren. Es muy posible que la posterior pacificación de Jalisco se haya debido a la influencia de María Esther Zuno con el recién fallecido expresidente Luis Echeverría.
A principios de la década de los 80 un hecho importante sacudió a los tapatíos. La muerte de Carlos Morales García, apodado “El Pelacuas”. Un afamado delincuente muerto a balazos y señalado de homicidio, terrorismo, asalto y con relaciones con el Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), la Liga Comunista 23 de septiembre (L23), el Frente Estudiantil Revolucionario (FER), la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Este hecho fue importante debido a que la delincuencia se allanó y fue minimizada.
En 1989 al inicio de la administración de Guillermo Cosío Vidaurri tomó la decisión de intermunicipalizar la seguridad de la zona metropolitana de Guadalajara que involucraba a los cuerpos de seguridad de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque bajo el mando de Héctor Córdoba Bermúdez y compartía instalaciones en el edificio de la calzada Independencia con la Dirección de Seguridad Pública del Estado a cargo de Servando Sepúlveda Enríquez.
Este modelo de intermunicipalización de la seguridad funcionó debido a varios factores. Quizás el más importante, la voluntad política y la firmeza de una clase política forjada con los hijos de los cachorros de la revolución, como Marcelino García Barragán.
La clase política de Jalisco entonces era fuerte. Abogados como José Luis Lamadrid Sauza que imponía doctas cátedras de ciencia política en los debates de la Cámara de Diputados, José Luis Leal Sanabria o Javier Hidalgo y Costilla que sabían interpretar el espíritu de la constitución y del derecho, exgobernadores que venían de ser secretarios de Estado cuya opinión fortalecía las decisiones de gobierno o de jaliscienses de cultura, como José Rogelio Álvarez Encarnación y su obra maestra: “La enciclopedia de México”, o Juan López Jiménez, quizás el único jalisciense premiado por el Rey Juan Carlos de España, muy alejado de un grupo de mediocres y rapaces cuales subordinados de Beltrán Nuño de Guzmán, en cargos de primer nivel que gobiernan Jalisco.
A la salida de Cosío Vidaurri luego de las explosiones de Guadalajara en 1992, Carlos Rivera Aceves, gobernador interino, crea el Centro Integral de Comunicaciones con el número de emergencias 066 que posteriormente se llamó 080 y por último 911 hasta hoy, como el primer centro receptor de emergencias de su tipo en el país, que hoy escasamente aporta a la seguridad, no por su capacidad, sino por una corta y limitada visión en insertarlo en una estrategia. No ha dejado de ser una “cabinota” pero ahora con televisiones.
En la primera transformación de Jalisco en 1995 con Alberto Cárdenas Jiménez, comenzó la empresarización de la seguridad en Jalisco, cuando nombra a Daniel Ituarte Reynaud, empresario que llegó de la alcaldía de Zapopan, que vende por una millonada al gobierno de Jalisco el edificio donde hoy se encuentra la Secretaría de Seguridad en el centro de Guadalajara, quién en 1965 lanzó una bomba contra las instalaciones del periódico “El Día”, entre otras linduras.
La seguridad de Jalisco siguió bajo el empresariado con Ituarte y en la procuración de justicia con su titular, el abogado Jorge López Vergara, cuyos agentes de la Policía Judicial dieron muerte a la joven Elba Rosa Frank durante el rescate de su secuestro, el 19 de febrero de 1996.
Poco a poco se entronaba en la secretaría Luis Carlos Nájera con Emilio González Márquez, como titular de la cartera de seguridad en Jalisco, propuesto por el empresariado jalisciense y que permaneció hasta ser nombrado fiscal general de Jalisco.
Posteriormente Gerardo Octavio Solís, viejo conocido de la clase empresarial y de la clase panista, que había sido gobernador interino en substitución de Francisco Ramírez Acuña, es ungido como fiscal general, con unos pobres y amargos resultados. Hoy un cercano, muy cercano, es su titular y ni esperanza de emprender acciones por delitos en contra de la administración de la justicia o en contra de la seguridad pública, que tanto le falta a la ciudad custodiada por la justicia, sabiduría y fortaleza, dice a los pies de “La Minerva”.
Así ha transcurrido la seguridad de Jalisco, cuya cartera desde la administración cardenista ha sido propiedad de una parte del empresariado local.
Hoy en día la seguridad de Jalisco es coordinada por un cargador del maletín de Aurelio Nuño. Alfaro sabe su nula experiencia, su falta de autoridad o talento para imponerse en los titulares de las carteras de seguridad y la Fiscalía, así como el nulo conocimiento en seguridad, pero ni él ni su jefe de gabinete quieren tomar cartas en el asunto o así les conviene mantenerlo y con un modelo metropolitano de seguridad en la Agencia policial de la Zona Metropolitana que no ha funcionado.
Lo más curioso del estado de seguridad de Jalisco es, que las víctimas las aporta la ciudadanía, mientras que los bienes y patrimonio del empresariado no se sabe de daños y pérdidas, como en otros estados como Michoacán o Guerrero, en donde la delincuencia secuestra camiones repartidores que proveen de bienes y servicios o roban el producto o las ventas de este.
Por estas razones es que cabe la posibilidad que la seguridad en Jalisco es propiedad de esa parte ambiciosa y corrupta del empresariado, no de su ciudadanía.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: racevesj@gmail.com
Twitter: @racevesj
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