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Rodolfo Aceves Jiménez*

El pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación salió mal librado en la votación que pretendía autorizar la pregunta para juzgar a los expresidentes.

De entrada viola el artículo 14 constitucional, ya que podría configurar la retroactividad del derecho y además porque el objeto de la consulta es para dirigir una mayoría de razón. Algo así como un linchamiento popular.

Además de lo anterior, el propósito de la consulta es para preguntar a la ciudadanía acerca de la aplicación de la ley. Esta es una hipótesis no admitida, dado a que si la presunción gira en torno a la comisión de uno o varios delitos que pudieran haber cometido los expresidentes, son delitos y deben de perseguirse, sin que esto sea motivo de consulta.

Los razonamientos para declarar como constitucional la consulta que quiere el presidente, carecen de tesis o un pensamiento en el que se analice el sentimiento constitucional sobre dicha petición y se inscriben en el discurso político de complacencia al titular de otro Poder.

La cuestión de esto fue, la constitucionalidad de la consulta popular y la pregunta elaborada por la Corte, en la que gran parte de la opinión pública vertida en columnas de opinión o editoriales de los siguientes días dedicó sus comentarios y crítica al juicio de los ministros que se pronunciaron por la constitucionalidad de la pregunta, así como por la nueva pregunta, de cuyo contenido no resuelve nada.

El Ejecutivo se ha impuesto en algunos temas de la Corte. Por ejemplo, hace unos meses de manera súbita presentó su renuncia a la toga, Eduardo Medina Mora, ministro propuesto por el expresidente Peña, mediante una carta de renuncia ante las presiones mediáticas de una investigación en su contra por corrupción.

Con esto la Corte vulnera el equilibrio de poderes y permite que otro poder interfiera en sus decisiones.

El trabajo que desempeña la Corte es fundamental para el Estado mexicano. Se trata, nada más ni nada menos, que de la impartición de justicia en el orden federal.

La Constitución y su Ley Orgánica le establecen atribuciones que están en sincronía con políticas públicas de seguridad y de procuración de justicia.

Participa además como garante del orden constitucional y de la legalidad en el país, por medio de toda la estructura de juzgados y tribunales, con el objeto de cumplir con la función de Estado que la Constitución así le mandata.

Desvirtuar el orden constitucional para ajustarse a los deseos de otro Poder, irrumpe en el sistema democrático mexicano al no defender la división de poderes.

 Los ministros que votaron por la constitucionalidad de la consulta han dado un paso atrás en el fortalecimiento del Poder Judicial, mientras que el Ejecutivo incumplió su promesa de no intervenir en los asuntos de los otros Poderes.

 

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Es politólogo por la Universidad de Guadalajara (UdG) y por invitación del Alto Mando es maestro en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Secretaria de Marina. Ha sido invitado como expositor en el curso de Mando y Estado Mayor General de la Armada de Mexico, así como en el CESNAV. Actualmente se desempeña como académico de la Universidad del Valle de México y cómo investigador externo del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (ININVESTAM). Twitter: @racevesj

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Carlos Ramírez

Indicador Político- DEA: crisis y desorden en la comunidad de inteligencia y seguridad nacional de EU

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Carlos Ramírez*

Como no se había visto desde la crisis del caso Enrique Camarena Salazar en 1985, la agencia antinarcóticos de los EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés) ha asumido una autonomía de acción que ha comprometido la estrategia de inteligencia y seguridad nacional civil y militar de la Casa Blanca. El operativo contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda se salió de la lógica de la estructurada comunidad de los servicios de inteligencia de la Casa Blanca.

En 1985 la DEA realizó su propia investigación, se alió a la CIA en México y al embajador John Gavin y determinó responsables del secuestro, tortura y asesinato del agente antinarcóticos, aunque por entonces sospechoso de colaborar con los narcos. Además de abrir juicios latentes en Los Angeles contra funcionarios mexicanos que van a ser arrestados apenas pisen suelo estadunidense, la DEA secuestró en México al doctor Alvarez Machain como responsable de las torturas, lo llevó en secreto a los EE. UU. y lo encarceló, aunque después un juez determinó ilegalidades y fue regresado a México.

El paquete de información del caso Cienfuegos ha sido integrado por la DEA, pero lo importante es que la DEA es una de las dieciséis agencias de inteligencia que existen en el gobierno estadunidense y que se coordinan, de manera supuesta, por la Dirección de Inteligencia Nacional que depende del presidente Trump. De esa oficina, sólo la DEA es la que se mueve con autonomía e impunidad con sus propias agendas, sin cumplir con los requisitos de coordinación que establece la National Intelligence Strategy 2019 de los EE. UU.

El problema radica en el desorden, desconfianzas, insubordinaciones y autonomía funcionales de las agencias, ante la falta de una dirección de Estado de la Casa Blanca. Hasta ahora, en menos de cuatro años de gobierno, Trump ha tenido nada menos que cinco directores de Inteligencia Nacional –un cargo creado como consecuencia de los ataques islámicos del 9/11 de 2001 y la falta de una coordinación entre agencias–, dos de ellos corridos –en lenguaje mexicano– por la furia presidencial porque estaban investigando la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y posible en 2020,

En un reportaje publicado por Robert Draper en The New York Times Magazine el 9 de agosto pasado se revelan los berrinches, ironías, descuidos y formas que operan las agencias de inteligencia engañando al presidente Trump para que firme directrices sin saber y autorice operativos que no entiende. Por primera vez los EE. UU. carecen de un sólido escudo de inteligencia y seguridad nacional civil y militar por la incapacidad del presidente Trump para entender la seguridad nacional.

En un acto sin precedente y violatorio de las reglas democráticas, el 24 de septiembre 489 funcionarios y exfuncionarios civiles y militares del área de inteligencia y seguridad nacional acusaron al presidente Trump de incompetencia en el tema y pidieron votar por el candidato demócrata Joe Biden, aunque con la intención secretade regresar a los tiempos de la seguridad nacional imperial que somete, asesina, derroca y manipula gobiernos extranjeros.

En este contexto la DEA lanzó su propio operativo contra el ejército mexicano y lo hizo muy al estilo Trump: atrabancado, sin procedimientos legales, manipulando pruebas y tribunales e interviniendo en asuntos internos en otros países y rompiendo compromisos de colaboración de seguridad nacional e inteligencia militar.

Como en 1985, la DEA desarticula las relaciones bilaterales México-EE. UU. para ayudar a la campaña de Trump.

 

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EE. UU. a catorce días de las elecciones. De acuerdo con un resumen de encuestas de Real Clear Politics, la brecha en estados decisivos se estrecha porque Trump ha subido y Biden ha bajado; está en 4.1 puntos de diferencia, con un margen de error de 2.5 puntos. Trump está en mejor posición que en el 2016 contra Hillary Clinton.

Y el más desesperado por la persistencia de Trump y la pasividad de Dormilón Biden es el expresidente Obama, quien usa videos para atacar a su antecesor, el mismo que llegó como repudio a la presidencia obamista.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Coahuila e Hidalgo, atípicos para PRI; pero ayudó el caos en Morena

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Carlos Ramírez*

La resistencia a la evolución política en Hidalgo y Coahuila ha obedecido a la existencia de cacicazgos políticos priístas locales, pero en medio de una incapacidad del PRD para extenderse en esas zonas y justo en el centro del caos en el partido Morena por la rebatinga de la presidencia y secretaría general.

En el PRI no hay secretos ni formulas mágicas: el cacicazgo de los Moreira en Coahuila y de las familias priístas en los últimos cincuenta años en Hidalgo es similar al que existe en el Grupo Atlacomulco que domina el Estado de México, donde el PRI ha sido zarandeado con severidad, pero no han logrado tumbarlo.

El resultado electoral local en Coahuila e Hidalgo era previsible por esas razones; las expectativas electorales de Morena en algunas encuestas reflejaban sólo eso: expectativas; a la hora del voto, los viejos mecanismos de compra de sufragios y de movilización de votantes por la estructura territorial del viejo PRI dieron los resultadosesperados.

A pesar de las cifras priístas, Coahuila e Hidalgo no prefiguran el regreso del PRI en las elecciones federales legislativas de junio del 2021 ni en la casi imposible victoria en gubernaturas. Y centrado en una lucha de facciones en Ciudad de México, las dirigencias anterior y actual de Morena se han olvidado de las plazas locales, no han construido estructura territorial y tampoco han sabido aprovechar el peso político favorable del presidente López Obrador.

Más por incapacidad de las élites que por intención presidencial, Morena puede decirse que no existe en algunas entidades, aunque en votaciones federales o de gobernador vaya a ganar con candidatos visibles. El PRI, en cambio, no saldrá de algunas –repito: sólo algunas– plazas locales donde existen estructuras caciquiles políticas de los grupos dominantes. La clave en las organizaciones partidistas no es el discurso, ni la cercanía presidencial, ni el gasto social desordenado, sino la existencia de estructuras territoriales de organización. Los Moreira en Coahuila y la élite hidalguense –el gobernador Omar Fayad es una pieza menor en la estructura– han logrado sostener al PRI como redes de poder con conexiones directas con el electorado.

El PRI nacional quiere colgarse la medallita de los resultados electorales legislativos y municipales locales, pero en realidad nada hizo la dirigencia federal del partido. Y tampoco existen condiciones para señalar que Coahuila e Hidalgo anuncien el regreso del PRI al poder. En las quince gubernaturas en disputa para junio de 2020 el PRI carece de expectativas en alguna y en realidad los escenarios estarían beneficiando a Morena como partido aun sinconsiderar nombres de candidatos.

En los hechos, el PRI perdió su estructura territorial desde los tiempos del Pronasol de Carlos Salinas de Gortari como presidente y Luis Donaldo Colosio como líder del PRI, salvo los casos en los que los gobernadores priístas se negaron a sustituir sus seccionales por los comités Pronasol. Morena no ha construido estructuras territoriales en los estados de la república, pero sí ha sabido aprovechar la imagen del presidente López Obrador.

Coahuila e Hidalgo han sido un laboratorio político para el PRI y un aviso para que Morena ponga orden interno y no llegue a junio del 2021 con el caos actual.

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 EE. UU. a quince días de las elecciones. Aunque muchos dan ya por derrotado a Donald Trump, en realidad los resultados siguen siendo inciertos. El cálculo del establishment liberal se basa en el voto popular, pero nadie asegura las tendencias de los 538 votos de colegios electorales que eligen presidente. Por lo pronto, el gran debate al cierre del proceso se localiza en la prensa liberal que ha entrado en la zona de histeria informativa para insultar a Trump, para censurar informaciones negativas sobre Joe Biden y para pedir de manera directa el voto contra la reelección. De nueva cuenta, en la guerra política en los EE. UU. la primera víctima será la verdad y los grandes medios favorables a Biden ya perdieron credibilidad.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Caso Cienfuegos: ejército, clave en lucha antinarco y EU quiere el control

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Carlos Ramírez*

Si algún dato pudiera ilustrar el papel determinante del ejército en el combate al crimen organizado en su variante de narcotráfico desde 2006, las cifras hablan por sí mismas: el 80% de los capos están arrestados, extraditados o muertos y el resto vive a salto de mata.

En este sentido, la estridencia estadunidense en el arresto del general Salvador Cienfuegos Zepeda –divisionario en activo porque los exsecretarios de la Defensa Nacional nunca pasan a retiro– debe también leerse en función de los intereses reales de la estrategia de los EE. UU. contra el narco: no terminarlo porque entonces los 30 millones de adictos y los quizá 90 millones de consumidores se quedarían sin droga y la violencia estallaría en las calles; controlar el flujo, los precios y sobre todo el lavado de dinero que mantiene en operación a miles de bancos americanos; y centralizar el mando de fuerzas armadas de otros países en lucha anti cárteles.

Por ello, el caso Cienfuegos debe leerse en función del estilo perverso de la justicia estadunidense que busca sólo el control y no el fin del narcotráfico mexicano, sobre todo ahora que la venta al menudeo de droga en más de tresmil ciudades estadunidenses está controlada por entre siete y nueve cárteles mexicanos, desplazando a las bandas locales de hispanos y afroamericanos siempre controlados por las policías.

Ahí es donde salta uno de los datos más extraños del caso: acusan al exsecretario de la Defensa de asociarse con el grupo H-2, que no llegó nunca a ser un verdadero cártel, que no aparece en el radar de las evaluaciones anuales de la propia DEA y que conformaba quizá una banda pequeña de traficantes, cuyo líder H-2 fue abatido en una operación con helicóptero y armas de alto poder que no se han usado contra otros capos. Para saber más del asunto, entonces habría que revisar las razones del ataque de la Marina contra el H-2, sobre todo en momentos en que la alianza ejército-Marina era más que sobresaliente.

Pero el tema central radica en el hecho de que el ejército en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto descabezó los principales cárteles y no deshizo a los grupos criminales porque esa era tarea de la policía federal, de la Secretaría calderonista de Seguridad y de la Secretaría peñista de Gobernación. Que lo hayan hecho o no, en realidad se trata de un complemento del expediente del caso Cienfuegos. Por lo pronto, el ejército cumplió y de todos los capos siguen en activo sólo Ismael El Mayo Zambada como padrino del Cártel del Chapo, presuntamente Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho y sus sucesores en el Cártel Jalisco Nueva Generación y Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo, requerido con insistencia por los EE. UU.

En los sexenios de Calderón y Peña Nieto hubo una lucha burocrática de alto nivel entre México y los EE. UU. para el control de la lucha contra el narcotráfico; México ha estado por la aniquilación de cárteles y la destrucción de siembra y distribución, en tanto que los EE. UU: sólo buscan el control del proceso para atender a sus adictos y consumidores en calles y oficinas. Además, siempre ha existido la intención estadunidense de apropiarse del dinero del narcotráfico, varios cientos de miles de millones de dólares, sobre todo por su influencia en el sistema bancario estadunidense.

Los designios estadunidenses en materia de narcotráfico se han ido ajustando a las nuevas necesidades. La legalización del consumo lúdico de la marihuana en varios estados de los EE. UU. ha distorsionado las tareas antinarcóticos, porque existe la previsión de que pronto también se legalice el consumo de drogas fuertes. Y a los EE. UU. les ha llegado la maldición de las drogas químicas sin control que se ha convertido en la principal causa de muerte de consumidores.

En este sentido, el caso Cienfuegos tiene el efecto de influir en el control estadunidense de la lucha militar contra el narcotráfico en México para subordinarlo a las directrices del Pentágono. Y ahí el general Cienfuegos fue muy reacio y resistente a entregar a los EE. UU. la política militar contra los cárteles.

 

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Política para dummies: La política militar, establece Machiavelli en El Arte de la Guerra, es eje de la soberanía y la sobrevivencia de los principados y de las repúblicas.

 

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