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Rodolfo Aceves Jiménez*

El pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación salió mal librado en la votación que pretendía autorizar la pregunta para juzgar a los expresidentes.

De entrada viola el artículo 14 constitucional, ya que podría configurar la retroactividad del derecho y además porque el objeto de la consulta es para dirigir una mayoría de razón. Algo así como un linchamiento popular.

Además de lo anterior, el propósito de la consulta es para preguntar a la ciudadanía acerca de la aplicación de la ley. Esta es una hipótesis no admitida, dado a que si la presunción gira en torno a la comisión de uno o varios delitos que pudieran haber cometido los expresidentes, son delitos y deben de perseguirse, sin que esto sea motivo de consulta.

Los razonamientos para declarar como constitucional la consulta que quiere el presidente, carecen de tesis o un pensamiento en el que se analice el sentimiento constitucional sobre dicha petición y se inscriben en el discurso político de complacencia al titular de otro Poder.

La cuestión de esto fue, la constitucionalidad de la consulta popular y la pregunta elaborada por la Corte, en la que gran parte de la opinión pública vertida en columnas de opinión o editoriales de los siguientes días dedicó sus comentarios y crítica al juicio de los ministros que se pronunciaron por la constitucionalidad de la pregunta, así como por la nueva pregunta, de cuyo contenido no resuelve nada.

El Ejecutivo se ha impuesto en algunos temas de la Corte. Por ejemplo, hace unos meses de manera súbita presentó su renuncia a la toga, Eduardo Medina Mora, ministro propuesto por el expresidente Peña, mediante una carta de renuncia ante las presiones mediáticas de una investigación en su contra por corrupción.

Con esto la Corte vulnera el equilibrio de poderes y permite que otro poder interfiera en sus decisiones.

El trabajo que desempeña la Corte es fundamental para el Estado mexicano. Se trata, nada más ni nada menos, que de la impartición de justicia en el orden federal.

La Constitución y su Ley Orgánica le establecen atribuciones que están en sincronía con políticas públicas de seguridad y de procuración de justicia.

Participa además como garante del orden constitucional y de la legalidad en el país, por medio de toda la estructura de juzgados y tribunales, con el objeto de cumplir con la función de Estado que la Constitución así le mandata.

Desvirtuar el orden constitucional para ajustarse a los deseos de otro Poder, irrumpe en el sistema democrático mexicano al no defender la división de poderes.

 Los ministros que votaron por la constitucionalidad de la consulta han dado un paso atrás en el fortalecimiento del Poder Judicial, mientras que el Ejecutivo incumplió su promesa de no intervenir en los asuntos de los otros Poderes.

 

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Es politólogo por la Universidad de Guadalajara (UdG) y por invitación del Alto Mando es maestro en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Secretaria de Marina. Ha sido invitado como expositor en el curso de Mando y Estado Mayor General de la Armada de Mexico, así como en el CESNAV. Actualmente se desempeña como académico de la Universidad del Valle de México y cómo investigador externo del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (ININVESTAM). Twitter: @racevesj

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Coyuntura

Adrián Rubalcava, mejor alcalde de la CDMX

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Consulta Mitofsky publicó los resultados de una encuesta levantada en la Ciudad de México para medir el nivel de aprobación de los 16 alcaldes de la capital del país.

Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa logró un 63.8 % de apoyo, superior incluso al nivel de respaldo que tienen el presidente de la república (54.6) y la jefa de gobierno (60.2)

Rubalcava desarrolla una intensa labor enfocada en 2 ejes:

1. El social, para apoyar a las personas desempleadas;

2. Seguridad, ha duplicado la presencia policial y triplicado las patrullas disponibles.

Adrián enfila a la reelección en las elecciones de este año, consolidando así 12 años de gobierno efectivo sobre la demarcación en la que se ubica el centro financiero más importante de latinoamérica, Santa Fe.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Biden: unidad interna… para reconstruir el imperio; “ya no nos temen”: halcones

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Carlos Ramírez*

Si la lectura progresista del mensaje del presidente Joseph Biden en torno a la unidad interna se leyó en modo Trump, en realidad el sesgo más importante radica en el hecho de que la fractura social doméstica le restólegitimidad al papel de los EE. UU. como el imperio dominante mundial.

A eso se refirieron, en septiembre pasado, los casi quinientos exfuncionarios de inteligencia, seguridad nacional y defensa de los EE. UU. cuando circularon una carta de apoyo al modelo de política exterior dura de Biden, frente al repliegue blando de Trump. En el texto de esa misiva dejaron su principal crítica al presidente republicano: “ya no nos temen”.

De todos los medios mexicanos, solo Excélsior entendió la lógica del conflicto doméstico en los EE. UU. Por ello presentó el discurso inaugural de Biden con este titular: “Unidos, EE. UU. volverá a ser la fuerza principal del mundo”.

Trump careció de un pensamiento estratégico y arribó al poder como un empresario anti Estado, anti fisco y anti seguridad nacional. La renegociación del tratado comercial con México fue un prototipo: no enfatizar la dominación estratégica de seguridad nacional, sino redinamizar los negocios dentro de los EE. UU.

Biden, en cambio, se forjó en la burocracia legislativa y fue durante muchos años presidente de la todopoderosa Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, uno de los tres pivotes de la estructura imperial, junto al Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional.

En este sentido, el discurso de Biden fue muy tucididiano, basado en el modelo de visión de seguridad nacional que narró Tucídides en la Guerra del Peloponeso en el siglo V a. C.: unidad interna para combatir a Esparta porque los espartanos se preparaban para superar a los atenienses en fuerza militar. Guerra estratégica preventiva, le dicen ahora.

Al sacar a los EE. UU. de los grupos multipolares de decisiones estratégicas, Trump debilitó la esencia imperial de la Casa Blanca. El caso central fue la OTAN: Trump vio a este organismo como una especie de fuerza militar subsidiaria de la comodidad de los países europeos para disminuir gasto militar, dejando a Washington con el peso de fondos y tropas. Trump obligó a los países de la Unión Europea a hacerse cargo de gastos y tropas, aunque con ello disminuyó el dominio imperial militar sobre esa parte estratégica del paneta.

Por lo tanto, Biden no estaba pensando en el modelo idealista de unidad nacional para encarar la crisis local, sino para regresarle la legitimidad al poder estadunidense basado en el apoyo interno. Durante decenios los estadunidenses, aun los progresistas y pacifistas, aceptaron el enfoque imparcial proactivo de la Casa Blanca porque era el único camino para consolidar el modelo del american way of life o modo de vida estadounidense; es decir, que el “sueño americano” de confort y riqueza se basaba en la explotación imperial de los EE. UU. de otros países del mundo, comenzado por el petróleo que ha animado la policía exterior estadounidense desde los años posteriores a la segunda guerra mundial.

La carta de exfuncionarios de inteligencia, defensa y seguridad nacional de septiembre estaba firmada por personal de los gobiernos militaristas de Reagan, Bush Sr., Clinton, Bush Jr., Obama y por los que renunciaron a la administración Trump por la falta de un espíritu estratégico imperial. Trump exploró la vía no militar con Rusia, China, Corea del Norte e Irán, aunque el asesinato del general Qasem Soleimani habría sido decisión no de Estado sino de la comunidad de seguridad nacional para reventar el plan nuclear de Trump para Irán.

La estrategia de seguridad nacional de Biden será la clásica militarista, de intervención en otros países y de dominación del discurso bipolar ante la amenaza rusa y china de apoderarse del mundo. En este sentido, Biden analizó el modelo Trump como una amenaza contra la estrategia de seguridad nacional militarista tradicional de intimidación del mundo y su tarea será la unidad interna para regresar a los EE. UU. al dominio de las estrategias de coexistencia imperial en el planeta.

El primer aviso de la militarización imperial de la estrategia de la Casa Blanca estuvo en la designación del general Lloyd Austin, recién retirado, como secretario de Defensa que de manera normal estaba bajo la dirección de un secretario civil. Esa designación fortaleció el poder militar de Biden.

 

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Política para dummies: La política es, de suyo, poder; por tanto, la dominación del otro.

 

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Trump, tan culpable como JFK, LJ, RN, JC, RR, GB Sr., WC, GB Jr., BO y JB

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Carlos Ramírez*

A partir del criterio analítico de que Donald Trump es responsable/culpable de la violencia del 6 de enero en el Capitolio y que su acusación debe ser probada en tribunales, el juicio contra el hoy expresidente debe servir de portal de entrada para comenzar un enjuiciamiento penal contra todos los presidentes de los EE. UU. por decisiones de poder que pueden configurar delitos penales.

Sin embargo, en los EE. UU. aun prevalece lo que pudiera ser el principio político del poder absoluto estadunidense que fue definido en catorce palabras por el expresidente Richard Nixon en su entrevista en 1977 con el periodista británico David Frost:

–Si el presidente realiza el acto ilegal, quiere decir entonces que no es ilegal.

Todos los presidentes estadunidenses de los últimos setenta y cinco años, de Harry Truman en 1945 a Donald Trump en 2021 y desde luego el hoy presidente Biden como vicepresidente ocho años del gobierno de Obama, han violado las leyes externas y, como Nixon y Trump, las internas. Sin embargo, las complicidades del poder imperial han mantenido a los presidentes lejos de los tribunales y colocados en sus nichos respectivos por serviciosprestados a la patria.

En todo caso, el establishment liberal quiere juzgar a Trump no por sus delitos tipificados por las leyes, sino por haber tomado decisiones contra la legitimidad del régimen imperial; es decir, por atentar contra la estabilidad del modelo de gobierno vertical, de grupos de poderes fácticos y al servicio de una elite económica y política.

El régimen estadunidense ha sido, de muchos modos, shakesperiano: el poder y el crimen han ido de la mano. “Aquel que se ensucie las manos de sangre conmigo será mi hermano”, dice Enrique V. Pero la sociedad, cómplice del poder, ha avalado crímenes: le perdonó a Kennedy su relación con la mafia, el desastre de Cuba y la guerra de Vietnam y terminó como prototipo del escritor ¿izquierdista? Norman Mailer como un “héroe existencial” porque importaba su existencia, no su esencia. En cambio, condenó a Nixon por negarse a obedecer una orden de la Corte Suprema y no por los bombardeos secretos sobre la población civil en la guerra de Vietnam.

En este sentido, Trump no fue ni más abusivo ni menos responsable que sus antecesores. Pero en 2016 los colegios electorales –es decir: el establishment– le dieron la victoria que le negaron los votos populares y durante cuatro años mantuvo la aprobación suficiente para lograr el 47% de los votos populares en las elecciones del pasado 3 de noviembre de 2020. Y en las encuestas sobre su responsabilidad, Trump pierde confianza, pero no aprobación.

El sistema democrático estadunidense que tanto ha sido alabado en los EE. UU. y el mundo quiere sentenciar a Trump por los incidentes del 6 de enero, pero en el fondo su delito es otro: tener la iniciativa de fundar otro partido político, crear otra gran cadena de televisión y dejar entrever la posibilidad de competir por una senaduría en 2022 o por la presidencia en 2024. Como sistema político autoritario, populista, elitista y fundamentalista, el régimen estadunidense busca cerrarle las puertas de la democracia a Trump. Como no pudieron vencerlo en la lucha política, ahora buscan su muerte civil.

Pero al final de cuentas, Trump no es una anomalía; al contrario, dibuja todas las características típicas del político estadunidense: la ambición desmedida de poder. Las denuncias de irregularidades electorales fueron un dardo envenenado al corazón de la legitimidad del régimen imperial y el establishment se cerró como concha de ostión. Kennedy cometió irregularidades electorales, Bush Jr. apostó a esas irregularidades en el 2000, Hillary se quejó en 2006 de engaños en los colegios electorales y el propio Trump denunció manipulación en su contra del voto popular. Pero en lugar de investigar al sistema electoral, como en cualquier país con subdesarrollo democrático Nancy Pelosi persigue al denunciante y no indaga la denuncia.

Trump merece ser enjuiciado por crímenes del poder absoluto, basados en argumentaciones de crímenes del poder de sus antecesores en el cargo. Pero no será así porque seguirá prevaleciendo el principio del poder presidencial estadunidense definido por Nixon: las ilegalidades que cometan los presidentes en funciones no son ilegales.

 

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Política para dummies: La política es el reino de la impunidad.

 

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