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Rodolfo Aceves Jiménez*

Un dilema por saber las verdaderas cifras de la estadística de seguridad lo constituye, los productos de seguridad que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Y es que aproximadamente desde 2006, los Congresos de las entidades federativas han modificado los elementos constitutivos de los conceptos de homicidio y feminicidio, principalmente, eliminando el elemento de la violencia, para evitar dar a conocer las verdaderas cifras de la estadística criminal, incluido la violencia feminicida, cuyas políticas públicas están en crisis.

Esto es importante porque, junto con otras variables, de aquí se desprende los criterios de distribución de subsidios y fondos públicos, locales y federales, de apoyo a la seguridad pública que reciben los estados y municipios. Es el caso del FORTASEG.

La pobreza es una de las variables que no es parte de los criterios de distribución de los recursos para la seguridad pública, cuando en la lógica de la cuarta transformación, debería ser parte importante porque se trata de ciudades o comunidades cuyos deciles de pobreza son mayores al 50 por ciento y, en contraste, se utiliza la percepción de la seguridad cuando en realidad es un elemento intangible, sin posibilidad de ser medible y condicionado a valoraciones subjetivas.

Estas zonas de atención prioritaria en los estados y municipios son los beneficiarios de una bolsa de 4,000 millones de pesos, que anualmente aprueba la Cámara de Diputados, por vía del Presupuesto de Egresos de la Federación, por conducto del FORTASEG pero que en el proyecto de dicho presupuesto para el 2021 fue suprimido.

Para estar en condiciones de aprobar recursos para los estados y municipios, existen nueve indicadores sobre los cuales, el Coneval mide la pobreza en dos grandes rubros. El primero, el ingreso; y el segundo, una serie de carencias sociales en materia de rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, el acceso a la alimentación, la calidad y espacios de la vivienda, el acceso a servicios básicos en la vivienda y, por último, pero no menos importante, el grado de cohesión social. Aquí debería estar considerado estas variables para la seguridad pública.

Para ampliar la evaluación y cambiar su denominación de evaluación de política social y llamarles políticas públicas, es menester incorporar a los instrumentos de medición, los derechos de tercera generación, que comprometerían los derechos de la autodeterminación, la identidad nacional y cultural, la paz, la justicia internacional, el uso a la informática, la información, el medio ambiente, la vida digna, la salud y, desde luego, la seguridad pública, de donde se desprenden una serie de bienes jurídicos que tutela la seguridad, como la legalidad, la salud, la integridad física, la vida, por citar algunos.

La sincronía en las variables que manejan los criterios de distribución de los recursos públicos nos daría una mejor referencia para fijar un techo presupuestal, proporcional al grado de pobreza y la necesidad en seguridad pública.

El campo social de la seguridad nacional está debilitado y vulnerado por la falta de diseño en implementar nuevas formas de distribución presupuestal, que, aunque ninguna cantidad es suficiente, los creadores de políticas públicas parece que prefieren mantenerse en un nicho de seguridad y comodidad en mantenerse en lo establecido, en vez de crear nuevas políticas públicas.

 

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Es politólogo por la Universidad de Guadalajara (UdG) y por invitación del Alto Mando es maestro en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Secretaria de Marina. Ha sido invitado como expositor en el curso de Mando y Estado Mayor General de la Armada de Mexico, así como en el CESNAV. Actualmente se desempeña como académico de la Universidad del Valle de México y cómo investigador externo del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (ININVESTAM). Twitter: @racevesj

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Carlos Ramírez

Indicador Político- México, vecino incómodo de Biden; hay intereses nacionales mexicanos

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Carlos Ramírez

Como no se había dado desde los tiempos de Lázaro Cárdenas y Luis Echeverría, la política exterior mexicana regresa con López Obrador al reconocimiento de la existencia de intereses nacionales mexicanos en la relación con el vecino del norte. Y como no había ocurrido antes en EE. UU. el disenso interior con Donald Trump le esta restando legitimidad a la política exterior imperial de la Casa Blanca.

Si se revisan con cuidad todas las advertencias mexicanas a López Obrador para no hacer enojar a Washington se descubrirá que son de aquellos grupos, sectores y corrientes que apoyaron de manera ciega a Joseph Biden sólo para mostrar su repudio a Trump. Es decir, que cayeron en la trampa estratégica del menor daño, pero sin debatir que toda política exterior se define desde la política interior y ésta, en la perspectiva mexicana de relaciones de poder con otras potencias, a su vez se decanta de la definición de los intereses ideológicos, geopolíticos e históricos mexicanos.

En un esfuerzo de sistematización de posicionamientos, los que critican a López Obrador por apoyar a Trump, por marcar distancia de Biden y por meter a México otra vez bajo el paraguas de seguridad nacional estadunidense forman parte de los grupos intelectuales cincelados por el neoliberalismo salinista del Tratado de Comercio Libre 1991-1993. Pero la propuesta posneoliberalde López Obrador de modo natural nopasa por el túnel del neoliberalismo. En todo caso, a la 4T le falta aterrizar su modelo de desarrollo nacional, su reformulación del Estado salinista y su reorganización total del sector público.

Los textos que sugieren que López Obrador acepte las condiciones de subordinación voluntaria a los criterios imperialistas de Biden niegan el esfuerzo mexicano de saltar el modelo priísta de marear a los estadunidenses. Durante años, Washington no pudo descifrar al PRI y prefirió convertir al PRI en el espacio de intermediación de la aceptación de la dominación imperial. En este sentido, EE. UU. pasó a formar parte de los sectores invisibles del sistema político priísta.

La propuesta de López Obrador pasa por una autonomía relativa del desarrollo respecto de las dominaciones del modelo expansionista imperial-financiero de Washington. En el caso de la seguridad, por ejemplo, México sabe que EE. UU. quiere el control del crimen organizado para regular acceso de droga, disminuir su potencialidad criminal y apropiarse del lavado de los recursos financieros del tráfico. En los hechos, EE. UU. no quiere terminar con la droga porque enfrentaría la violencia de 30 millones de adictos directos y de otro tanto de adictos indirectos. En este sentido, su estrategia es la de subordinar a México a los enfoques de la Casa Blanca, México, en cambio, tiene el proyecto de construcción de la paz.

Biden asistió a su encuentro con el presidente de México ayer lunes con la herida abierta de Trump, el asalto al Capitolio y la reactivación del trumpismo republicano el pasado fin de semana. El eje social y de poder de la Casa Blanca para la dominación mundial ha nacido del consenso interno sin importar filiaciones partidistas. Mientras Trump siga manteniendo el control de buena parte del Partido Republicano, Biden no podrá tener la legitimidad interna para el imperialismo externo. En este escenario podría interpretarse que López Obrador juegue con su alianza pasada con Trump, a condición de que obtenga concesionesmayores de Biden.

La capacidad interna de López Obrador va a depender, también, de su habilidad para romper el padrinazgo de EE. UU.-Biden a favor de los grupos mexicanos opositores al lopezobradorismo. El escenario repite lo ocurrido en 1995 cuando el demócrata Clinton apoyó al neoliberal Zedillo en la crisis salinista, a cambio de la alternancia en la presidencia hacia el PAN. Hoy Biden y su grupo estratégico no tienen un aliado mexicano interno para oponerlo a López Obrador, como ocurre en Cuba, Venezuela, Nicaragua y el mundo árabe en crisis.

Mientras Biden no fortalezca su fuerza interna ante Trump, su capacidad exterior dependerá de la sumisión de otros países, como ya ocurrió con Inglaterra, Alemania y en general Europa. Y en el juego de estrategias, China, Rusia, Corea del Norte e Irán ya están dentro de la orbita iberoamericana de la Casa Blanca.

Y México ya mostró su prioridad: los intereses nacionales mexicanos por encima de los estadunidenses.

 

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Política para dummies: La política exterior mexicana con respecto a EE. UU. consiste en engañar a la Casa Blanca y jugar ajedrez en un tablero de damas chinas.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Reforma energética: batalla por el Estado y contra neoliberalismo

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Carlos Ramírez*
En su desangelada pre-pre campaña presidencial por el 2024, el panista Ricardo Anaya Cortés difundió un video que pide –casi exige– la no aprobación de la reforma energética del presidente López Obrador. Lo que el derrotado candidato presidencial del 2018 no dice es que la propuesta actual va a borrardel mapa político la reforma energética del presidente Peña Nieto y su alianza con el PAN
y el papel de Anaya como presidente de la mesa directiva en 2013 que desdeñó las objeciones del PRD lopezobradorista.

Desde el sillón y con el martillo de jefe de la mesa directiva, Anaya aceptaba con paciencia las objeciones de la oposición perredista, las sometía a voto económica –a mano alzada– de los legisladores y luego, ante la minoría en contra, pronunciaba las palabras legales pero que negaban negociaciones: “en consecuencia, se desecha”. Hoy es lo mismo.

El debate sobre la reforma energética lopezobradorista se enmarca, quiérase o no, en dos enfoques polares: el modelo neoliberal de la reforma de Peña, el PAN y el Pacto por México para privatizar áreas publica y el modelo de rectoría activa y exclusiva del Estado. Se podrá estar de acuerdo o no, pero el actual modelo eléctrico de plano sacó al Estado de la regulación social del sector, con el dato agravante de que muchos de los funcionarios y legisladores de 2013 hoy trabajan para la industria eléctrica privada.

Las reformas de Peña Nieto en 2013 y 2014 que el candidato López Obrador dijo que iba a borrar si ganaba y que fueron bandera de campaña en contra y a favor salieron del acuerdo secreto del PRI con el PAN y el PRD chuchista en el llamado Pacto por México. El presidente electo quería una agenda legislativa informal, pero el PRI se amafiócon el PRD de Los Chuchos ya en pleno proceso de neoliberalizacion ideológica para fijar la segunda generación de reformas dentro del modelo de mercado del gobierno de Salinas de Gortari que prohijó la candidatura presidencial de Peña Nieto.

Este contexto político es inevitable el conflicto. El Pacto por México salió del fondo del proyecto neoliberal salinista de privatización de la economía pública, con la entrega a empresarios de las empresas estatales y paraestatales y la reforma del Estado para pasar, en el modelo conservador de Theda Skocpol, al “estado autónomo” de compromisos sociales, como fijó con precisión Salinas de Gortari en 1985 como arquitecto del proyecto neoliberal de De la Madrid-Salinas.

Las reformas lopezobradoristas a la educación, la luz y el petróleo fueron compromisos de campaña y fijaron la tendencia mayoritaria de votos a favor de López Obrador. En todo caso, la oposición PRI-PAN-PRD que avaló las reformas peñistas no ha sabido darle al debate su verdadero contexto: la cancelación, cuando menos por este sexenio, del modelo económico neoliberal salinista. La nueva mayoría legislativa opera como la anterior tripartidista-peñista.

En la configuración de las candidaturas a las elecciones legislativas federales de 2021 aparecen en la oposición los mismos liderazgos del Pacto por México: el PAN de Anaya, el PRI de Peña Nieto y el PRD de Los Chuchos; y lo grave para esta alianza, reforzada con el sector empresarial que se benefició de la economía neoliberal, es que carece de un discurso analítico, ha sido incapaz de reconocer que las reformas de Peña no beneficiaron a la sociedad y que a final de cuentas todo se redujo al negocio privado.

En este mismo vacío de argumentos, la oposición carece de capacidad política e intelectual para discutir el tema del Estado, de sus funciones y de sus compromisos sociales porque el Estado neoliberal polarizó la distribución de la riqueza a favor de la plutocracia que se beneficio con la privatización, con Carlos Slim Helú al frente de esa nueva casta social multimillonaria en un país de pobres y marginados. La propuesta lopezobradorista busca el refortalecimiento del Estado con la intervención directa en los procesos productivos, en tanto que la defensa opositora quiere que se mantengan los privilegios de la privatización del periodo neoliberal que ha involucrado a Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto.

Las quejas opositoras suenan hipócritas porque en el pasado priísta-panista se dieron las mismas prácticas de uniformidad. Habrá que releer las versiones del debate de la reforma energética de 2013 para revivir la sumisión del PRI, el PAN y el PRD a la compra de votos por el gobierno de Peña Nieto.

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Política para dummies: La política efectiva es la que no se quiere discutir, sobre todo cuando están en juego privilegios de riquezas y cargos de pobreza.

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Nacional

Brújula Pública- La importancia de la fiscalización

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Rodolfo Aceves Jiménez*

En todas las democracias la fiscalización juega un papel importante en el sistema de pesos y contrapesos.

Se trata de la posibilidad de conocer las actividades de los gobernantes en donde se descubre el verdadero fin al que han sido destinados los dineros públicos.

La historia de la fiscalización en México es relativamente reciente, ya que hasta 1978 fue que se expidió la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, que le otorga facultades de control y fiscalización. Con anterioridad a ese año no existían mecanismos para auditar a los gobiernos y hacer públicos sus resultados.

Pero conforme el avance de la democracia política mexicana también avanzó la democracia en la rendición de cuentas. Tiempos vertiginosos.

La Contaduría Mayor de Hacienda, órgano de la Cámara de Diputados encargado de la función de control y fiscalización, con el paso de los años se ha transformado en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como la dependencia de la Cámara de Diputados que se encarga de fiscalizar los recursos públicos que aprueba en el Presupuesto de Egresos.

Sin embargo uno de los pendientes que debe el Poder Legislativo Federal es, que los informes y auditorías que realiza la ASF tengan una fuerza y carácter vinculante, de tal forma, que sus resultados puedan ejercer la obligatoriedad y puedan relacionarse con delitos de corrupción, ya que de 2010 a 2020 sólo ha acumulado 22 sentencias en más de la mitad de las denuncias presentadas por la ASF.

Esto da cuenta de la debilidad del sistema en que se encuentran los métodos y procedimientos de vinculación de la legislación en materia de control y fiscalización.

Sus informes han divulgado importante información sobre los excesos en que incurre el poder, como por ejemplo, presentó el informe “Áreas de Opacidad y Riesgo en el Estado Federal Mexicano, Oportunidades de Mejora, 2009”, en la que detectó, que en el 2006, 50 grandes contribuyentes, -entre empresas de la industria automotriz, productos fotográficos, panificadoras, acereras, tiendas departamentales y de autoservicio, e instituciones financieras-, pagaron 74 pesos de Impuesto sobre la Renta (ISR) y 67 pesos por Impuesto al Valor Agregado (IVA) entre el 2000 y el 2005, en promedio, entre otras barbaridades.

El informe que presentó recientemente la Auditoría Superior de la Federación sobreestimó el cálculo de gasto que se hizo sobre las obras significativas de esta administración, como la refinería Dos Bocas, el Tren Maya o el Aeropuerto Felipe Ángeles de la ciudad de México lo que dejó a la ASF en una debilidad institucional.

Una versión de la opinión pública señala la presunción de que el presidente López Obrador ejerció presión política necesaria para que el titular de la ASF reconociera la sobreestimación en sus cálculos hasta en un 70%, mientras que otra versión señala la falta de pericia en actuaría y cálculo, como la responsable en el cómputo fallido.

La ASF no debe ser sujeta de un juicio sumario que debilite la función de control y fiscalización, que es necesaria en una democracia que experimenta la transición en un gobierno de izquierda. No pierde la ASF o sus titulares, sino la democracia.

 

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

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