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Rodolfo Aceves Jiménez*

El proceso electoral pasado dejó 91 pérdidas humanas, entre candidatos o aspirantes, con materia suficiente para dejar enseñanzas en materia de seguridad y oportuno para reformar las normas necesarias para la siguiente legislatura del Congreso de la Unión.

Se presentaron diversos hechos durante el desarrollo de la jornada electoral que merecen la atención de las autoridades locales y federales. Por ejemplo, en Michoacán se dejaron de instalar unas 100 casillas electorales, debido a la inseguridad así como a un conflicto indígena entre mazahuas y purépechas en la región.

En Oaxaca un grupo de habitantes de Santiago Laollaga en el Istmo de Tehuantepec prendieron fuego en las instalaciones del Consejo Municipal Electoral, debido a que presuntamente las autoridades entregaron los paquetes electorales a uno de los grupos políticos locales.

En ese mismo estado pero en San Jerónimo Silacayoapilla un grupo de personas robó las urnas y quemó boletas electorales.

En La Yesca en Nayarit fue canelada la elección, personas de la localidad tomaron las instalaciones del Consejo Municipal Electoral, debido a la cancelación de una candidatura.

Mientras que en Tlaxcala un empleado del INE fue asesinado mientras llevaba la paquetería electoral.

En la mayor parte de estos hechos las autoridades locales deben investigar para evitar estas prácticas, mayormente con un contenido político local. Es notorio

Quizás la cereza del pastel lo constituya la candidatura de Rogelio Portillo a la Presidencia Municipal de Huetamo en Michoacán, quién es buscado por la DEA por vínculos delictuosos y tráfico de drogas.

Es el momento en que la autoridad de seguridad y de inteligencia financiera deben sumar esfuerzos por investigar a los candidatos bajo sospecha de asociaciones delictuosas, negarles el registro y, en su caso, ponerlos a disposición de la autoridad correspondiente.

Por su parte los partidos políticos deben vigilar junto con las autoridades de seguridad, el proceso de selección de sus candidatos y negar el registro en caso de ser necesario.

Eso incluye a aquellos precandidatos con antecedentes de violencia de género o con alguna orden de aprehensión pendiente.

Cada proceso electoral la delincuencia encuentra maneras de impulsar cuadros propios ya sea presionando a partidos o candidatos a acceder a sus deseos.

Esto no puede ni debe seguir sucediendo.

 

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Es politólogo por la Universidad de Guadalajara (UdG) y por invitación del Alto Mando es maestro en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Secretaria de Marina. Ha sido invitado como expositor en el curso de Mando y Estado Mayor General de la Armada de Mexico, así como en el CESNAV. Actualmente se desempeña como académico de la Universidad del Valle de México y cómo investigador externo del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (ININVESTAM). Twitter: @racevesj

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Telmex y Línea 12, dos dardos envenenados de AMLO a Slim

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Carlos Ramírez

Identificado como prototipo empresarial del proyecto neoliberal de Carlos Salinas de Gortari, el empresario Carlos Slim Helú tuvo la estrategia y la suerte de transitar por dos gobiernos panistas. Y sin una revisión de ese pasado político escabroso, logró colocarse en los ánimos –que no los afectos– del presidente López Obrador.

Sin embargo, no hay estrellas que brillen por siempre. El presidente ha enviado dos severos avisos de que la suerte del empresario de origen libanés podría haberse apagado:

1.- En el contexto de la revelacióndel periodista José Martínez Mendoza de que la renovación de la concesión de Telmex para 2026-2056 que ya había sido aprobada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en una maniobra del 2006 del presidente Peña Nieto para blindar a sus aliados y que el gobierno actual tiene aún la última palabra, el presidente López Obrador sacó a colación una equiparación entre el fraude tramado para privatizar funciones de la Comisión Federal de Electricidad y la forma en que Salinas decidió en 1990 privatizar una de las empresas más ricas propiedad del Estado.

En una conferencia matutina, López Obrador reveló la existencia de un modelode desprestigio de la empresa pública para propiciar su privatización: la CFE en el escenario de la reforma del 2013 dentro del Pacto por México PRI-PAN-PRD. El fraseoutilizado por el presidente dejó entrever algunos indicios que preocuparon a Slim:

“A nuestras generaciones las engañaron, porque no se sabía qué significaba, que representaba la privatización de una empresa pública; no se conocía. Entonces, como había más presencia del sector público se hacían campañas de que no servía el sistema telefónico, que era muy malo el servicio de teléfonos de México y se fue preparandoel terreno y se entregó la empresa pública (Telmex) porque ese era el propósito. Nos hicieron lo mismo con la industria eléctrica”.

Al equiparar la privatización de Telmex con la privatización de áreas del sector eléctrico, el mensaje dirigido a la concesión de Telmex de que puede ser revocada por la autoridad presidencial en marzo del 2023 quedó como indicio de que podría regresarse la telefónica a manos del Estado.

2.- El otro mensaje fue de apenas el pasado jueves 14 de octubre: el dictamenfinal de la Fiscalía de Ciudad de México determinó culpabilidad y responsabilidad de las empresas constructoras, entre ellas el grupo Carso de Slim Helú. Previo al informe judicial, se había dado una especie de perdón anticipado a Carso y en los hechos se había obligado a Slim a cubrir el costo de la reparación de la infraestructura destruida con el desplome de dos trenes con cargo económico a la propia empresa.

Se supuso en su momento que allí había terminado toda la investigación. Sin embargo, la Fiscalía reconstruyó el proceso desde el punto de vista de la investigación penal y determinó también posibilidades de castigos judiciales, solo que con la posibilidad de lo que se conoce como justicia retributiva-restaurativa y que implica el pago del daño para evitar consecuencias penales. La responsabilidad de Carso afectará su credibilidad como empresa constructora que tiene contratos con otras grandes obras de la 4ª-T y desde luego que minará la riqueza y la credibilidad del empresario.

Slim saltó a la fama y el poder económico con la privatización de la empresa Teléfonos de México que cubrió con todos los mecanismos legales previsibles entonces, pero que dejó la decisión final a la voluntad del presidente Salinas de Gortari. La complicidadSalinas-Slim quedó fijada en el imaginario popular con la referencia a Carlos & Charlie con relación al nombre propio de los dos personajes.

El imperio económico de Slim Helú –alrededor de más de 60,000 millones de dólares, aproximadamente un billón de pesos, algo así como el 15% del presupuesto federal o 3.5% del PIB– se construyó a partir de Teléfonos de México, pero incumpliendo con uno de los principios formales de la privatización: mantener el servicio a favor del público yno para construir una fortuna personal-familiar que quiere extenderse otros cincuenta años más.

En este escenario, los dos mensajes presidenciales hacia Slim Helú y su imperio empresarial estarían revelando la reflexión, cuando menos, al interior del gobierno lopezobradorista de que se podría rescatara Telmex como empresa de servicio público de la misma manera que la CFE.

 

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Política para dummies: La política es el instante del poder para tomar decisiones de Estado.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

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Nacional

Brújula Pública- Las agencias

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Rodolfo Aceves Jiménez*

A fin del año pasado el Congreso aprobó la iniciativa a la Ley de Seguridad Nacional que presentó el presidente de la República para proscribir la participación de agentes en territorio nacional.

Esta iniciativa obliga a presentar informes mensuales sobre sus actividades lo que provocó la molestia de agencia como la DEA, que contaba con agentes en el país.

Pero en la reunión de la semana pasada en la que estuvieron altos funcionarios de seguridad del gobierno norteamericano, en la que seguramente consultaron de viva voz al gobierno mexicano, la posibilidad de que sus agentes vuelvan a tener dicha participación en campo.

El Entendimiento Bicentenario, denominación por lo que en lo sucesivo se conocerá a la extinta Iniciativa Mérida es el instrumento político jurídico necesario para que Washington tenga presencia en territorio nacional con su personal.

No obstante, hoy por hoy la Embajada de Estados Unidos en México es la representación diplomática norteamericana que tiene más personal con unas 400 personas, después a la de Egipto en El Cairo.

Lo anterior da cuenta de la importancia que para Washington representa la relación bilateral con México, debido a la cantidad de agencias y representaciones de ese país distribuidos en territorio nacional y en especial lo que significa la seguridad.

Los Estados Unidos han colaborado con las agencias de seguridad y de defensa mexicanas con intercambio de información para combatir delitos, como corrupción o narcotráfico, así como con inteligencia en tiempo real con la que se logró la detención de El Chapo.

Por su parte nuestro país ha colaborado con la detención y extradición de delincuentes para compurgar penas en las cárceles de ese país, así como en algunas operaciones especiales de interés norteamericano que han permanecido en secreto, como la participación de fuerzas mexicanas en el Operativo Lanza de Neptuno que dio muerte a “Gerónimo” nombre clave de Osama Bin Laden en Pakistán en 2011.

Hubo un momento en que las relaciones con las agencias de seguridad estuvieron debilitadas, cuando fue muerto el agente de la DEA Enrique Camarena y el piloto Alfredo Zavala, provocando las protestas del director de la DEA en México, Edward Heath y llevando a su punto más bajo dichas relaciones.

El tema fue llevado a un segundo término, aunque no ha sido del todo superado, debido a lo tortuoso de los sistemas de investigación y de impartición de justicia mexicanos, en el que todavía hasta 2019 fue consignado un presunto implicado en la tortura de Camarena Salazar.

Al final del día la participación de las agencias de seguridad norteamericanas subsana algunas deficiencias operativas de las agencias mexicanas, pero llega el punto de inflexión en el que sus investigaciones trastocan intereses ajenos de la seguridad infiltrados en las agencias mexicanas.

Quizás estos sean los intereses que impiden su intervención en territorio nacional. Ni está bien, ni está mal su participación. Es una colaboración entre países con intereses comunes.

 

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

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Nacional

Seguridad Ciudadana y Reactivación Económica

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Salvador Guerrero Chiprés

La seguridad no puede considerarse un elemento más en la agenda pública: es una condición de posibilidad para el bienestar ciudadano derivado a su vez de la reactivación económica.  

Particularmente en el tema económico existe consenso entre los especialistas sobre la relación de ida y vuelta entre activación y desarrollo y la seguridad pública. En el plano nacional existen estudios (Feliz, 2012, Crimen y crecimiento económico en México. Los estados federales en el periodo 2003-2010) que calculan que un incremento de 10% en la tasa de homicidios reduce la tasa de crecimiento del PIB per cápita entre 0.13% y 3.6% en el largo plazo. 

Ya en el ámbito internacional, Frances Stewart, economista de la Universidad de Oxford, establece que la inseguridad y los conflictos violentos tienen consecuencias adversas sobre el progreso económico, a la vez que la falta de crecimiento o el desarrollo desequilibrado es probable causa de situaciones que implican inseguridad. Stewart obtiene esta conclusión a partir de un estudio de los 25 países más afectados por conflictos entre 1960 y 1995.  

Por su puesto que este vínculo no se queda sólo en palabras, la ciudadanía hoy es testigo del aspecto positivo de esa relación: la Ciudad de México se encuentra en un franco proceso de reactivación económica en el que la seguridad juega un papel central.  

Si comparamos los primeros nueve meses de este año contra el mismo periodo del 2019 encontramos una disminución del 44.6% en el total de delitos de alto impacto. Específicamente en el homicidio, ilícito referente porque su cifra negra es casi nula, existe un decremento del 33.9%. Otro que impacta directamente en las familias es el robo a cuentahabiente que se redujo en 53.7%. En tándem, recientemente se informó que, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, nuestra ciudad lidera por segundo mes consecutivo la generación de empleos formales entre todas las entidades del país, con el 13.1% de los empleos creados a nivel nacional.  

A esto se suma el avance en el proceso de vacunación en el que ya superamos el 98% de cobertura en la aplicación de primeras dosis a mayores de 18 años, lo que nos coloca por encima de grandes capitales como Paris, Nueva York y Madrid.  

Ningún logro es fortuito. Hay trabajo coordinado de ciudadanía, empresas e instituciones gubernamentales. Es necesario profundizar y acelerar el paso en el tema de violencia de género y en esa dirección hay un esfuerzo que encabeza —como en el tema de seguridad— la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum. 

Por lo pronto, con el registro de tres secuestros en septiembre en la capital nacional, en lugar de los 24 que había en ese mes del 2018, aunque por supuesto no debiera haber uno solo, se muestra un avance que es necesario profundizar. La reactivación de la seguridad tiene una dimensión comunitaria y humana, específicamente, también, económica. 

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