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Indicador Político

A pesar de que Centroamérica tiene un PIB regional de 3.6% y México del 2% y una tasa de pobreza de 60% allá y 80% aquí, la oleada centroamericana inducida por hondureños tiene todas las características sociales y políticas, menos la de asilo laboral. El desempleo real total en México es de 15% en todos los rubros y en Honduras de 7.5%.
En su etapa final, la caravana de centroamericanos tiene el objetivo de cruzar la frontera de México con los EE.UU. y entrar de cualquier forma al paraíso estadounidense. La Casa Blanca parece lograr su estrategia: convertir a México en el país colchón con campos de refugiados que podría recibir dólares de ayuda, aunque con problemas sociales graves en el espacio mexicano.
El caso no es único: España atraviesa por una peligrosa fase de invasión de africanos que saltan las bardas; el pasado 22 de agosto cien inmigrantes saltaron la valla de Ceuta e hirieron a seis agentes de la policía rociándolos con cal viva e hiriendo a otros con puñales, lo que hizo pasar el problema de la migración a la etapa de violencia criminal exigiendo asilo humanitario. Los migrantes legales son ambulantes de productos piratas en las calles de Madrid y Barcelona.
Lo que está a debate en el caso de la migración centroamericana no es el derecho de asilo, ni el asilo político por causas de violencia, ni el asilo humanitario por hambruna. Las condiciones de vida en nivel de pobreza en Centroamérica son producto de la concentración de la riqueza. La tasa de criminalidad en Honduras, por ejemplo, es de 44 personas por cada cien mil habitantes, en tanto que en México es de 25. Las condiciones sociales de los que aparecen en la caravana son similares a las de los millones de mexicanos que viven en zonas marginadas de las ciudades, porque en el campo la miseria social mexicana es mucho peor.
En este sentido y porque ningún país puede recibir migrantes a ciegas o sin registros legales, la crisis de los centroamericanos es un asunto de seguridad nacional y de estrategias fronterizas como asuntos de soberanía del Estado. Los EE.UU. y México han señalado que los migrantes deben primero solicitar visas y pasaportes en los consulados extranjeros en sus países. El cruce a nado de miles de migrantes puede ser definido como una invasión de un país a otros y más cuando traen la bandera de Honduras.
La política migratoria mexicana entró en colapso en los últimos diez años por la incapacidad de controlar sus cuatro fronteras –las territoriales y las marítimas en los dos océanos–, por la falta de recursos y por la preocupación por proteger las caravanas migrantes que han atravesado la república de sur a norte. Los ataques contra los trenes, los secuestros de migrantes y los asesinatos en masa forman parte del cuadro político de fracaso migratorio y diplomático mexicano. La presidencia, la cancillería, el congreso, los gobiernos estatales y municipales y la misma sociedad que se indigna por las fotos recientes revelan que el problema destaca en su fase última y no en sus causas.
El vacío de poder entre el gobierno que termina y ya no gobierna y el gobierno que entra y carece de instrumentos formales para gobernar sólo atiza la parafernalia en redes y lleva a exigencias absurdas de puertas abiertas sin controles de seguridad. En 1980 el presidente estadunidense Jimmy Carter abrió las puertas a la migración cubana de Mariel y llegaron a los EE.UU. 150 mil refugiados sin información de seguridad; Fidel Castro aprovechó el viaje para sacar de Cuba a delincuentes, drogadictos y mafiosos.
La política poblacional –interna y fronteriza– es una variable central en la seguridad nacional de un Estado. Y más cuando la migración violenta centroamericana quiere usar a México como camino de paso hacia los EE.UU. La reacción del presidente Trump de amenazar con militarizar su frontera fue extrema, pero lógica: la política de seguridad nacional de los EE.UU. no está determinada por el sentimiento humanitario del asilo, sino por los criterios de terrorismo. Aún convirtiendo a México en un campo de refugiados centroamericanos que nunca serán recibidos legalmente en los EE.UU., es de prever desde ahora que la comunidad de los servicios de inteligencia, seguridad nacional, espionaje, policiacos y antiterrorismo van a aumentar su presión en la frontera México-EE.UU.
Lo de menos será encontrar espacio a los migrantes; lo grave estará en México porque el caso de los centroamericanos no es un asunto de asilo sino de seguridad nacional.
Política para dummies: La política es saber mirar, no saber sentir.
@carlosramirezh
Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

UNAM: burla de Graue y engaño de Junta de Gobierno causan protestas

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Carlos Ramírez
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La reelección del rector Enrique Graue Wiechers ha comenzado a desestabilizar la UNAM y ha causado molestias en los dos candidatos registrados por la decisión de la Junta de Gobierno asumida en Palacio Nacional. El proceso de designación de rector fue una farsa que lastimó a dos áreas importantes de la Universidad: la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Instituto de Investigaciones Jurídicas.
La nominación de Graue para un segundo periodo fue un tongo para disfrazar un proceso institucional manejado antes en el PRI y ahora en Morena. De nueva cuenta, los candidatos registrados de buena fe y la comunidad universitaria fueron defraudados por un esquema autoritario que ha convertido a la UNAM en un área paraestatal.
Graue ganó por un pacto Morena-PRI-mafia de exrectores. El programa de trabajo de Graue para inscribirse como candidato a la reelección fue el mismo que presentó hace cuatro años; es decir, se comprometió a realizar reformas que antes no pudo, no quiso o simplemente las enumeró como parte de su demagogia.
Desde 1999, con el arribo de Juan Ramón de la Fuente Ramírez a la rectoría procedente del gabinete presidencial de Zedillo y de su fracaso como precandidato presidencial priísta, la UNAM reconfirmó su dependencia absoluta del poder presidencial central y del partido en el poder: lo mismo con el PRI y el PAN y ahora con Morena.
Más que un rector, la UNAM ha necesitado desde el 68 a un administrador de intereses y un regulador de conflictos. Por sí misma, la autoridad legal del rector le impide ejercer un gobierno interno y su tarea es distribuir los recursos entre los grupos de interés que han desarticulado el funcionamiento académico, primero, y educativo, después.
Desde el rectorado sustituto de Guillermo Soberón por la decisión presidencial en 1973 de derrocar a Pablo González Casanova, los rectores de la UNAM han salido del gabinete presidencial o del PRI o han salido para ocupar posiciones de poder en el gobierno o en el partido en el poder. Existió el caso extremo de José Narro Robles, quien salió del PRI y del segundo nivel del gabinete presidencial para ir a la rectoría dos periodos, luego regresar al gabinete presidencial de Peña Nieto y competir como priísta por la candidatura presidencial del 2018 aceptando las humillaciones de Peña Nieto porque ya había decidido por José Antonio Meade Kuribreña y toda la competencia interna fue una pantomima.
Pero la UNAM es una bomba de tiempo de contradicciones y disputas por el poder. A los grupos estudiantiles y académicos se han agregado ya bandas delictivas que tienen el control de pasillos y jardines para la distribución de drogas y de grupos clandestinos violentos y armados que han abierto refugios para radicales anarquistas. En sus primeros cuatro años Graue no ha hecho sino lo que sus antecesores: congeniar con grupos de interés extrauniversitario y distribuir beneficios económicos y áreas de actividades clandestinas.
Desde el intento del rector Jorge Carpizo MacGregor de subir las cuotas a niveles aceptables que ayudaran a financiar a la Universidad, ningún rector ni ningún presidente de la república se ha atrevido a entrarle a la reforma estructural de la UNAM. El gigantismo, el deterioro salarial por el control presupuestal sindical, los grupos académicos que dominan las decisiones, la dependencia del rector de las decisiones presidenciales y la pérdida de influencia académica de la UNAM en la realidad nacional han convertido a la Universidad en una oficina de control estudiantil.
El gran desafío que presentó la pantomima de la reelección del rector obliga a Graue a cuando menos hacer un intento por plantear la reforma de la UNAM y a propiciar la multiplicación de universidades públicas que le quiten el dominio presupuestal y académico. Pero, sobre todo, la UNAM necesita un rector que ponga orden y autoridad en una rectoría que se dedica solo a redistribuir el poder entre grupos de interés universitario y extrauniversitario.
Sin embargo, desde ahora se sabe: Graue no es el rector para una tarea de esa envergadura y sólo administrará la crisis.

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CNDH, estreno. La nueva presidenta de la comisión Nacional de los Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, tuvo un estreno previsible: la exhibición del desconocimiento de sus funciones y la falta de información sobre la crisis de derechos humanos en el sector específico de los periodistas. El problema es que los periodistas y activistas de derechos humanos hostigados y asesinados son esas “víctimas” que la nueva funcionaria dijo representar. Mal empieza quien no sabe qué ocurre en las tareas asignadas contra viento y marea.
Política para dummies: La política es la habilidad de tomar decisiones engañosas, pero que pasen como veraces.

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Carlos Ramírez

Evo: ejército le hizo ¡bu! y salió huyendo; CNDH y Garza Sada

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Dos temas urgentes en la agenda política:
1.- El derecho de asilo en México ha sido histórico y las grandes migraciones enriquecieron la cultura y la ciencia. Inclusive, los asilados latinoamericanos socialistas en los setenta que llegaron huyendo de las dictaduras militares contribuyeron a ennoblecer el pensamiento mexicano y, de manera significativa, el periodismo progresista.
Evo Morales se auto desplazó del poder cuando el ejército tuvo que optar entre los beneficios del poder o el incumplimiento de la orden de reprimir. El modelo político de Evo Morales fue más discursivo que real, de clases, de reconstrucción de un poder popular. Ahora parece olvidarse un hecho: el apoyo de Evo a la producción de coca desestabilizó el mercado de tráfico de drogas.
El error político de Morales fue su decisión de permanecer en el poder más allá de sus promesas, de las leyes y de la dinámica misma del desgaste de su liderazgo. La derecha no solo permaneció, sino que encontró en el radicalismo del presidente indígena los espacios para la construcción de alianzas estratégicas internas y externas.
Con la huida de Morales de su país podría estar llegando a su fin el ciclo populista que comenzó en el primer decenio del siglo XXI. Los líderes Hugo Chávez, Nicolás Maduro, los Kirchner, Ortega y Lula, entre otros menores, dependieron de los hilos de control de Fidel Castro desde La Habana. A Raúl Castro le falta talento, enfoque estratégico, discurso y sobre todo habilidad. Y el modelo populista acorta su dinamismo en ciclos cortos para dar paso, de manera inevitable, al neoliberalismo estabilizador.
De todos los gobernantes en la actualidad, Evo Morales era el que tenía más imagen política, aunque careció de mayores relaciones con La Habana y no pudo asumirse como el líder de una corriente regional. El fracaso de proyecto comercial bolivariano se asoció a la declinación de la riqueza petrolera de Venezuela. Y el indigenismo de Bolivia nunca fue un prototipo para las economías productivas industriales de Iberoamérica.
Las posibilidades de reactivación política de Evo Morales dependerán de las posibilidades de su regreso a Bolivia; sin embargo, las circunstancias de su huida ante un ¡bu! de los militares le restaron calidad política y liderazgo.
2.- El proceso de nominación de la activista María del Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue, al mismo tiempo que una reafirmación de la política morenista sumisa en el legislativo, un mensaje sobre el funcionamiento de ese organismo de cara a su tarea de vigilar los derechos humanos. La CNDH nació para encarar al Estado y la pérdida de efectividad fue producto de la burocratización, apoltronamiento y jibarización de su papel durante la gestión de Luis Raúl González Pérez.
El fracaso previsible de una administración morenista en la CNDH lo ha evidenciado con claridad el papel de pollo descabezado del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez. Ningún gobierno desde el 2000 ha logrado aparecer a los desparecidos porque el responsable de esa política criminal contra la disidencia ha sido el Estado, lo mismo el priísta que el panista y ahora el morenista. La represión de la disidencia ha sido una tarea sistémica.
Lo que viene ahora es el efecto político: en 1973 el presidente Echeverría dio un giro estratégico hacia la izquierda discursiva y el asilo a chilenos socialistas provocó la ruptura con la derecha empresarial: rumores, oposiciones, desinversiones y el pánico al golpe de Estado. La parte más delicada de la ruptura empresarial fue la fuga de capitales que se unió a la inflación por el déficit presupuestal y condijeron al círculo vicioso de inflación-devaluación.
Ahora parece repetirse el ciclo de la historia: el asilado Evo Morales viene a hacer activismo para sí y contaminará el precario equilibrio ideológico del gobierno mexicano con los empresarios; y la nueva presidenta de la CNDH recordará de manera permanente el asesinato del empresario Eugenio Garza Sada porque su hermano Jesús Piedra Ibarra participó en el comando de la Liga Comunista 23 de Septiembre que quiso secuestrarlo y le provocó la muerte.
Lo malo de todo es que el presidente López Obrador no pertenece a esa izquierda socialista; más aún, desde hace tiempo dejó de auto denominarse de izquierda y su proyecto es un modelo de búsqueda del equilibrio social y la disminución de la riqueza y se acerca más al esquema priísta de los setenta de equidad en los beneficios del crecimiento.
La reactivación económica y productiva del Estado, el activismo de Evo Morales y la nueva presidenta de la CNDH podrían redefinir el proyecto de gobierno actual.

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Política para dummies: La política es el sentido de la realidad de las contradicciones sociales y políticas.

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Carlos Ramírez

Bolivia, golpe de… ego; Evo perdió votos y plebiscito anti reelección

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Carlos Ramírez
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Atemorizado por la solicitud del ejército para que renunciara a la presidencia porque los militares no quisieron obedecer la orden de masacrar las protestas del pueblo, Evo Morales en realidad cayó porque perdió el apoyo de los bolivianos y dio, él sí, un golpe de Estado en el 2016 al desobedecer el resultado negativo contra su reelección de un plebiscito oficial.
La funcionaria del Tribunal Electoral que determinó la invalidez del plebiscito con el argumento de que impedirle la reelección era violar sus derechos humanos fue nada menos que la presidenta del Tribunal Electoral que validó el fraude electoral de las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre: María Cristina Choque Quispe, ahora arrestada.
En su abuso de poder y auto designado como representante de dioses indígenas para permanecer en el poder hasta su muerte (hoy tiene 60 años), Morales no supo leer el mandato democrático de los votos. El resultado del referéndum que le dijo no a su reelección arrojó una pérdida de 627 mil 173 votos con respecto a su tope electoral en 2014 de 3 millones 173 mil 304 votos. Morales se confió en el 83.3% de votos a su favor en el revocatorio de mandato de 2008, aunque fue sólo a dos años de tomar el poder.
La base electoral de Morales comenzó con un modesto 53.7% en 2006, subió a su techo de 64.2% en 2010, bajó a 63.36% en 2015 y en este 2019 perdió la mayoría absoluta y sólo acreditó 47.1% de votos, aunque con la sospecha de fraude porque las máquinas de conteo electoral fueron desconectadas y al regresar –como el fraude electoral mexicano de Carlos Salinas contra Cuauhtémoc Cárdenas, en un operativo de caída del sistema de cómputo bajo la responsabilidad de Manuel Bartlett Díaz como secretario de Gobernación– mantuvo sus votos, pero el nuevo recuento le dio 10 puntos porcentuales arriba del segundo lugar y por ello se auto proclamó presidente. Sin embargo, una auditoria de la OEA estableció la inexistencia de pruebas contundentes de la limpieza electoral y decretó la realización de otras elecciones.
Ahí, en ese momento, estalló la crisis: Morales se negó a nuevas elecciones, sectores sociales –por sí mismos y muchos azuzados por la extrema derecha católica con bases indígenas– salieron de manera violenta a las calles y el presidente Morales ordenó al ejército y a la policía reprimir las protestas a sangre y fuego. Cuando las protestas se salieron de control, el ejército sólo pidió la renuncia del presidente Morales, no se erigió en junta militar y acompañará el proceso constitucional para designar un interino y vigilar nuevas elecciones.
Morales, en su arrogancia populista, careció de pensamiento estratégico y se confió en su modelo de “socialismo indígena”. La Constitución sólo le permitía una reelección, la cambió para sí y en 2016 participó en un referéndum con el compromiso formal de que obedecería sus resultados. Las cifras finales fueron sorpresivas; 51.3% de bolivianos dijo que no a la reelección y sólo el 48.7% la apoyó. El Tribunal Electoral le oficializó la desobediencia al referéndum. Y lo más grave: Morales desdeñó esa consulta, no se reconcilió con la sociedad y decidió ya como dictador. Su candidatura fue, en los hechos, un golpe de Estado apoyado –¡sorpresa!– por militares y policías.
Bolivia tiene una larga historia de golpes de Estado: 46 presidentes de la república en 89 años y varias juntas militares y civiles, el último presidente militar fue Hugo Banzer que dio un golpe de Estado en 1971 contra el presidente militar socialista Juan José Torres; pero Banzer fue destituido, acusado de crímenes y nunca fue juzgado; en luego fundó su partido de derecha y gobernó por vía electoral de 1997 a 2001, aunque un cáncer lo obligó a dimitir en medio de protestas sociales por la privatización del agua en Cochabamba.
La crisis de Morales en Bolivia fue producto de su estilo autoritario, unidireccional y mediático de gobierno. A pesar de la historia militar, no realizó ningún trabajo político para reconstruir a las fuerzas armadas. Asimismo, permitió el crecimiento de un radicalismo católico conservador. Y el factor de ruptura fue su golpe político de Estado cuando desconoció el referéndum legal que votó en contra de su reelección y él se agandalló la presidencia. Por ello hay que decir que Morales se cayó solo.

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Diferencias. El aprovechamiento político interno en México de la crisis en Bolivia está tensando las relaciones mexicanas con el gobierno de Trump, quien ha dejado ver que sí ha promovido la crisis boliviana. Y la agenda Palacio Nacional-Casa Blanca no está para mayores tensiones diplomáticas, y menos ya con el FBI operando en México como avanzada estadunidense para reconocer el terreno del crimen organizado.
Política para dummies: La política es, más temprano que tarde, el mandato de la sociedad democrática.

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