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Indicador Político

Este texto es el resultado de la confluencia de varias opiniones de especialistas en seguridad pública/interior/nacional sobre la Guardia Nacional aprobada en el Senado el jueves 21:
La creación de la GN es un buen esfuerzo; sin embargo, el debate nuevamente se contaminó por dos factores, los intereses ocultos que financian las campañas de las Organizaciones de la Sociedad Civil para evitar la creación de ese cuerpo, y el interés político de quienes desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encontraron en esa oposición el pretexto y fuerza para apoderarse de la nueva institución.
La reforma constitucional resultante de lo anterior es muy mala; de las 250 páginas, el 80 % es la versión estenográfica de lo que dijeron en los foros, que en su mayoría fueron una serie de denostaciones, dogmas y supuestas reflexiones de cómo y por qué las fuerzas armadas son violadores de derechos humanos, es decir parecen una sentencia contra las instituciones castrenses.
Lo realmente preocupante es la contradicción entre el párrafo que se adiciona al Artículo 13 con el que prevé la subsistencia del fuero de guerra, que categóricamente refiere que no puede ejercer jurisdicción sobre personas que no pertenezcan a las fuerzas armadas y con los párrafos décimo y décimo primero del Artículo 21 que señalan que la GN es de carácter civil.
No pasa desapercibido que en el párrafo décimo segundo prevé que tengan un régimen homologado al de las fuerzas armadas, pero ello no es suficiente para decir que pertenecen a ellas y que por tanto sujetos al fuero de guerra, por eso es por lo que el diseño legislativo es muy malo, máxime que no señala que se entiende por régimen homologado,
En ese sentido, el hecho de que le haya quitado a la Secretaría de la Defensa Nacional toda injerencia en el manejo y operación de la GN y sólo sea responsable de que la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, educación, capacitación, profesionalización y el cumplimiento de las responsabilidades y que tareas de la Guardia Nacional estén homologadas a los que se aplican en el ámbito de la fuerza armada permanente, se puede traducir en que los resultados positivos de su acción se atribuyan a la SSPC y los negativos, por corrupción, infiltración o excesos del personal se le carguen a la SEDENA.
El párrafo que se adiciona al Artículo 13 es incomprensible, tratándose de los miembros de la GN de origen militar más o menos podría entenderse, pero no dice que pasa con los civiles de la PF ni con los de nuevo ingreso. Además, ese párrafo modifica lo que hasta ahora se ha preservado en la jurisdicción militar, que sólo los delitos que tengan victima civil no puedan juzgarse en esta jurisdicción, pero todos los demás aún del fuero común o federal, si se comenten en actos servicio o con motivo de éste, son competencia militar: por ejemplo, la malversación de los recursos de la GN ya no seria competencia militar. El mayor riesgo es que este párrafo termine por contaminar toda la jurisdicción militar, incluso para el resto de las fuerzas armadas; hubiera bastado con adicionar en el párrafo existente lo siguiente: que “… los tribunales militares en ningún caso extenderán su jurisdicción sobre individuos que no pertenezcan al ejército o la Guardia Nacional…”
El párrafo décimo del Artículo 21, al señalar que la GN es responsable de las tareas de “la seguridad pública para la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como de la  preservación de la paz pública, el orden…”, pareciera que le deja a dicha institución toda la seguridad publica del país: por ello, sería necesario agregarle en el ámbito de competencia que le señale la ley, pues de lo contrario, se le podrá responsabilizar de que también se ocupe de todos los delitos del orden común sin ninguna limitación.
El último párrafo que le adicionan al Artículo 21 impone a los estados y municipios proporcionar información para el Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública, pero solo por medio de sus policías, dejando fuera a las Fiscalías o equivalentes y a los sistemas penitenciarios, los cuales también tienen información relevante; debería decir instituciones de seguridad pública en lugar de policías, ya que la ley señala como tales también al ministerio público y al sistema penitenciario.
La actual fracción VII del Artículo 89 Constitucional faculta al presidente de la república para disponer de la GN para la seguridad nacional, seguridad interior y defensa exterior de la federación en casos de urgencia, lo cual es inadecuado, porque no es lo mismo urgencia que emergencia; además, aún sin que hubiere urgencia, la GN debería formar parte de las instituciones de seguridad nacional que participen en esas tareas.
Las prisas por aprobar por consigna una legislación presidencial, la negociación de cualquier cosa para el apoyo opositor y la ausencia de un enfoque real de seguridad interior pudieron haber creado una Guardia Nacional iguala la Policía Federal y a la Gendarmería.
Política para dummies: La política es la habilidad para ganar ganando, no para perder perdiendo.
@carlosramirezh 
Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- EE UU: ni liberales ni conservadores, sino imperialistas

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Carlos Ramírez

Si se revisa la historia reciente de los EE UU, Barack Obama llegó a la presidencia para salvar al capitalismo de la crisis del 2009 y del acoso de las minorías afroamericanas e hispanas. Las elecciones de noviembre próximo entre el presidente Donald Trump y Joe Biden-exvicepresidente de Obama reproducen el mismo escenario: la dirección política del imperio con el apoyo del establishment liberal-conservador o con la alianza con los puritanos conservadores racistas.

El enojo liberal con Trump no radica en sus doctrinas racistas, excluyentes y wasp (blancos, sajones y protestantes), sino en la exclusión de los intereses del establishment liberal-conservador. La comunidad liberal estadunidense había logrado una convivencia pendular con los conservadurismos republicanos de Ronald Reagan y los dos Bush, porque sus programas obedecían a la derecha en política exterior, no en la interior.

Trump vino a romper ese acuerdo no escrito porque construyó o hizo salir de sus catacumbas a la derecha puritana de condado y granjas contra un Estado interior que había caído en manos de los intereses liberales. Ahí, en la disputa por el Estado dentro de la nación, estuvo la verdadera revolución conservadora de Trump. Ahora Biden quiere regresarle el Estado a los grupos liberales que han medrado con el control del poder, a costa de exprimir a los ciudadanos ajenos a los grupos de poder y Trump quiere extender cuatro años más su modelo de exclusión del Estado depredador en el interior

Obama ejerció un racismo peor que el de Trump: llegar en nombre de una sociedad afroamericana, pero para salvar a la sociedad anglosajona con la mayor deportación de hispanos y los menores programas sociales para afroamericanos. Dedicó mayores volúmenes de dinero para salvar a las empresas afectadas por la crisis de 2009. Trump, en cambio, apeló a la defensa de los fundadores de los EE UU llegados de Europa para construir un imperio expansionista de tipo capitalista: los granjeros víctimas del hambre fiscal del Estado y sus legisladores. Ahora Biden explota el racismo de Trump, pero sin ningún programa o proyecto real para cambiar o regular sin castigos la presencia de extranjeros sin permisos legales de internación.

La lucha en las próximas elecciones estará entre la gran coalición liberal-conservadora institucional y la alianza popular de granjeros y pequeños empresarios. En lo exterior sigue prevaleciendo el mismo modelo de imperialismo militarista intervencionista, la CIA es la misma con republicanos y demócratas, los apoyos a las derechas latinoamericanas son los mismos en ambas corrientes.

El problema es que Trump no obedece a las consignas de lo que el mismo caracterizó, con razón, como Estado profundo o el bloque de mainstream media o medios de comunicación dominantes que fijan la cultura, la ideología y los intereses estadunidenses, junto con los empresarios, legisladores y hasta intelectuales dominantes. A lo largo de cinco años, los grandes medios del bloque liberal-conservador han descuartizado a Trump para sacarlo del poder. Ahora todos ellos, con The New York Times y el The Washington Post al frente, operan de manera abierta –se permite en la tradición de la prensa estadunidense– a favor de Biden, pero con parcialidad tramposa en su sección de noticias que debiera de ser equilibrada.

Trump, en efecto, encabeza una facción racista, puritana, excluyente, pero lo ha hecho de manera abierta. Esa ideología no debe seguir en el poder, pero la opción es el mismo enfoque con Biden disfrazado de liberalismo. Y los medios que denuncian el racismo de Trump guardan silencio cómplice del racismo de Obama y liberales demócratas que sólo tratan de desmovilizar las protestas con cargos de conciencia y no con cambios en la correlación de fuerzas sociales en el Estado estadunidense.

La legisladora demócrata Nancy Pelosi ha sido la encargada de bloquear en la cámara de representantes todas las iniciativas para beneficiar a los hispanos, calla en gobiernos demócratas y protesta en periodos republicanos. Pero su Congreso ha frenado esas reformas.

En este sentido, no debe caerse en la trampa mediática de suponer que Trump es el malo y Biden es el bueno, cuando en realidad los dos responden a bloques de poder –militares, industriales, mediáticos, empresas financieras transnacionales, agencias de inteligencia y mecanismos de explotación de países subdesarrollados y hasta desarrollados– que están imponiendo el nuevo orden del siglo XXI. Trump lo hace de forma brutal, desordenada y arrogante y Biden lo hará engañando con las sonrisas, pero el objetivo final es el mismo. Obama prometió el fin del imperio en su discurso de primera campaña en Berlín y al final no quiso siquiera salir de la invasión de Afganistán e Irak.

Y para enredar más las cosas, Biden –que tiene acusaciones de racismos contra afroamericanos y señalamientos de acosos sexuales– siempre ha sido un segundo en los intereses de Obama; en 2016 Obama prefirió la red de intereses de los Clinton y optó por la candidatura de Hillary; aplastada y humillada por Trump, ahora Obama voltea hacia Biden, cuya candidatura depende al cieno por ciento del expresidente afroamericano

Las elecciones estadunidenses deben ser miradas con ojo crítico, desde la perspectiva de que demócratas y republicanos son lo mismo y que sólo cambian los rostros hipócritas o realistas. Los EE UU son un imperio explotador e invasor. Y los presidentes del imperio representan el bloque de poder hegemónico que fija las reglas del capitalismo y que maneja, en fase superior, el complejo financiero-militar-mediático que no quiere dejar ningún resquicio para el regreso del socialismo.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Medicinas y TV, agenda expropiatoria de la izquierda base del PRD y Morena

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Carlos Ramírez

 

La creación de una empresa estatal comercializadora de medicinas para la salud pública y el uso pagado de las televisoras privadas para la transmisión de clases públicas de emergencia reabren la vieja agenda de la izquierda socialista: la nacionalización de la industria químico-farmacéutica y la expropiación de Televisa por ser instancias claves en la configuración del social del ciudadano.

Esas dos demandas estuvieron en las últimas propuestas del Partido Comunista Mexicano antes de solicitar su legalización en 1978 y, de hecho, quedaron como banderas en la oposición populista. Sin embargo, de manera paulatina fueron arriadas cuando el PCM cedió su registro legal a los priístas de la Corriente Crítica de Cuauhtémoc Cárdenas para fundar el PRD con las metas del neo/pos cardenismo y no del socialismo de izquierda.

Inclusive, las dos demandas expropiatorias fueron propuesta de la primera campaña legal del PCM con registro legal en 1979 y la primera presidencial como PSUM en 1982. El funcionamiento privado de la producción y comercialización de medicinas y de las televisoras como forjadoras del pensamiento social habían sido, inclusive, cuestionadas por grupos priístas progresistas o por funcionarios del gobierno.

Lo que pueda hacer la nueva empresa estatal comercializadora de la 4-T tendrá que someterse a los dictados del oligopolio de las medicinas y el Estado sólo usará pagando el espacio público concesionado a las televisoras privadas para uso comercial. La emergencia medicinal por el coronavirus y la necesidad de mantener funcionando el sistema educativo sin presencia en las escuelas ha vuelto a poner en la mesa de debates el funcionamiento privado o utilitario de funciones privadas concesionadas por el Estado.

En el sexenio de Echeverría hubo iniciativas para aumentar el control público sobre los negocios privados que tenían que ver con la salud pública –física y mental– de los mexicanos. Echeverría se quejó que la televisión destruía por las noches el esfuerzo educativo de las mañanas. Y el poder de las farmacéuticas impedíaregulaciones que bajaran los precios y que aumentaran las disponibilidades de medicinas indispensables para la salud pública.

A lo largo de veinte meses el actual gobierno federal no ha podido romper el bloque de poder y sus influencias políticas de la industria farmacéutica, sobre todo porque muchos políticos del PRI se convirtieron en empresarios del sector y con ello fortalecieron su fuerza contra instituciones políticas donde todavía hay una representación del PRI. La Secretaría de Salud está dirigida por funcionarios que ignoran las funciones vitales del Estado con la salud de los mexicanos y sólo miden la comercialización social der las medicinas en función de presupuestosviables de corto plazo.

La televisión ha sido cuestionada por la 4-T, pero a la hora de las decisiones siempre se atraviesan las complicidades del poder o la debilidad de clase del nuevo grupo gobernante. Sin embargo, el gobierno actual noha podido construir una televisión pública con penetración social como para marginar los recursos de la televisión privada, ni una industria de las medicinas.

Uno de los principales redactores y promotores de la agenda presidencial del Partido Comunista en 1978-1981 fue el dirigente de la Juventud Comunista del PCM y pivote del partido, Pablo Gómez Álvarez, quien ha hecho carrera legislativa representando al PCM, al PRD y ahora a Morena. Y con él una corriente del viejo PCM ha tratado de ir imponiendo algunos puntos de la agenda, aunque casi sin éxito porque el PRD era de expriístas y ahora Morena también y además carece de una propuesta programática de la izquierda ideológica.

Las condiciones para la nacionalización de la industria químico-farmacéutica y la expropiación de Televisa nuncahan estado en la agenda del PRD o Morena, pero en los sobrevivientes del viejo PCM que andan pululando en las goteras de la política populista. La crisis en el abasto social de medicinas y la dependencia del régimen de la condescendencia de Televisa, TV Azteca y los nuevos oligopolios mediáticos cuando menos exigiría una reforma para obligarlos a apoyar labores sociales del Estado.

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Ciclo La columna y el poder”. Recuerde: de lunes a viernes de la semana próxima por Zoom habrá un ciclo de conferencias sobre la columna política y el poder para celebrar los treinta años de existencia de Indicador Político. Registros en http://indicadorpolitico.mx y anakarinasl@hotmail.com

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Las opciones anticrisis que no se atendieron y el costo social pagado

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Carlos Ramírez

 

En julio, ya en ruta de salida forzada de la pandemia por el deterioro productivo, el vicegobernador del Banco de México Gerardo Esquivel publicó un texto para dar su punto de vista sobre “Los impactos económicos de la pandemia en México”, aunque en el fondo para alertar sobre los altos costos sociales pagados por mantener la ortodoxia hacendaria.

Esquivel era una pieza clave del grupo económico de la 4-T antes y durante la campaña electoral, pero fue desplazado de subsecretario de Hacienda al Banco de México por sus opiniones heterodoxas sobre política, desarrollo y economía. Puede decirse que Esquivel se acercó a una propuesta real de modelo de desarrollo posneoliberal, pero careció de autonomía como subsecretario de Egresos de Hacienda.

No es, pues, un enemigo de la 4-T; al contrario, pudiera decirse que es de los pocos cuadros que tiene un proyectoalternativo a la estrategia neoliberal salinista 1979-2018. De ahí la importancia de su texto que se presenta como “impactos económicos”, pero enfatiza el agravamiento social por la falta de decisión del Estado para atenuar la pobreza adicional provocada por las decisiones gubernamentales ante la pandemia.

Además del efecto negativo en el PIB, el desplome del consumo y el choque laboral por el frenón de la actividad económica que se están confirmando con las cifras oficiales, Esquivel lanzó la primera advertencia del costo social adicional:

Se anticipa un aumento importante en las tasas de pobreza total y extrema en el país. Según diversas estimaciones, alrededor de 9 millones de mexicanos podrían pasar a ser considerados como pobres y un número similar podría caer en situación de pobreza extrema (dieciocho millones en total). Este efecto podría llevarnos a alcanzar las tasas de pobreza más elevadas en lo que va del siglo. A la larga, éste será́ quizá́ el impacto más duradero y doloroso de esta crisis y el que requiere una atención de carácter más inmediato.

La clave de las propuestas de programa de apoyo emergente ante la crisis de Esquivel radicó en la protección de las fuentes de empleo y de los trabajadores. Esquivel delineó cinco decisiones de Estado con cargo a la política económica y presupuestal:

1) Un seguro de desempleo de emergencia que pudiera beneficiar al poco más de un millón de trabajadores formales que han perdido su empleo; 2) un programa de protección a la nómina que ayudara a las empresas a sostener un mayor número de empleos formales; 3) el diferimiento en el pago de contribuciones sociales a micro, pequeñas y medianas empresas; 4) un programa especial de apoyo para el pago de rentas u otros costos fijos (para restaurantes u otros negocios especialmente afectados por la pandemia); y 5) un programa que le otorgara un apoyo mínimo a los trabajadores informales que hubieran perdido temporalmente su fuente de ingresos.

La lógica económica de Esquivel radicó en la defensa de la planta productiva para proteger el empleo y evitar el cierre de fuentes de trabajo y el aumento del desempleo con trabajadores del sector formal e inclusive los del sector informal que no pudieron salir a las calles a vender. Como no hubo ese apoyo, hoy las cifras de quiebra de empresas, de salida de trabajadores de la población económicamente activa, de aumento del desempleo formal, de crisis en el sector laboral informal y de aumento de pobreza que se resumen en la cifra prevista de PIB anual de -9% a -12%.

A la vista de lo previsible de la crisis productiva del, 2020, el escenario a atender es el de mediano plazo de 2021 a 2025 y de largo plazo de 2025 a 2030. El documento de Esquivel fue circulado en la segunda quincena de julio y los datos oficiales de agosto confirman el costo económico y productivo del frenón económico. El gran desafíoradica en reconstruir la política económica, la estrategia de desarrollo y los diseños presupuestales para saber si el país podría recuperar lo perdido o comenzará la contabilidad del desarrollo a partir del hoyo recesivo de 2020.

Ciclo La columna y el poder”. Recuerde: de lunes a viernes de la semana próxima por Zoom habrá un ciclo de conferencias sobre la columna política y el poder para celebrar los treinta años de existencia de Indicador Político. Registros en http://indicadorpolitico.mx y anakarinasl@hotmail.com

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