Por Laura Gutiérrez Franco
En su más reciente gira por el estado de Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a hacer uso de la tribuna pública para lanzar uno de esos pronunciamientos que buscan sonar profundos, pero que en el fondo delatan una preocupante falta de rigor e investigación histórica. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en las faldas del volcán Popocatépetl, la mandataria propuso rebautizar el emblemático Paso de Cortés para llamarlo “Paso de los Pueblos Indígenas”.
La premisa de la Presidenta es tajante: la historia hay que ajustarla al discurso político en turno. Sin embargo, la historia no es un lienzo en blanco que un mandatario pueda modificar a conveniencia ni a golpe de ocurrencias ideológicas.
El paso de montaña ubicado entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl lleva ese nombre porque documenta un hecho cartográfico e histórico preciso de 1519: la ruta que cruzó Hernán Cortés con sus tropas tras la matanza de Cholula en su marcha hacia Tenochtitlan. Historiadores y especialistas han coincidido en que pretender borrar el nombre del paso no borra el suceso histórico ni beneficia en nada a los pueblos originarios.
Los nombres geográficos vinculados a hechos del pasado cumplen una función de memoria y referencia documental. Pretender cambiarlos por etiquetas genéricas como “Paso de los Pueblos Indígenas” resulta paradójico, pues termina ignorando incluso la rica toponimia náhuatl real de las comunidades de la región, como las de San Nicolás de los Ranchos o Amecameca.
La Presidenta olvida, o decide omitir, que la historia de México no comenzó ni terminó con la Conquista, sino que se compone de la suma de todas sus etapas. Alterar las denominaciones históricas no cambia lo que sucedió hace más de 500 años.
Esta embestida contra la toponimia virreinal no es nueva ni aislada. A lo largo de las últimas décadas, y de manera especialmente marcada bajo los gobiernos de la llamada “Cuarta Transformación”, la revisión de los símbolos y nombres del espacio público se ha convertido en una herramienta central para reescribir la narrativa oficial.
Uno de los ejemplos más claros de esta reconfiguración ocurrió en la Ciudad de México con el emblemático parque y árbol de la calzada México-Tacuba. Lo que durante siglos se enseñó en los libros de texto y se conoció popularmente como el lugar del llanto de Hernán Cortés tras su derrota en la Noche Triste de 1520, pasó por un proceso institucional para desmantelar la perspectiva hispanista y sustituirla por una visión enfocada en el orgullo originario.
Primero, bajo el discurso de honrar la defensa del pueblo mexica a 500 años de la caída de Tenochtitlan, el sitio fue renombrado como el Ahuehuete de la Resistencia Indígena. Poco después, se consolidó la postura rebautizando oficialmente el espacio como la Plaza de la Noche Victoriosa, desplazando el adjetivo “triste” para convertir el hecho histórico en un emblema de triunfo y soberanía nativa.
En esa misma oleada de purito fervor ideológico se dio el cambio de la emblemática Avenida Puente de Alvarado por la Calzada México-Tenochtitlan (o Calzada Tenochtitlan). La decisión buscó borrar de un plumazo el recuerdo de Pedro de Alvarado y el legendario “salto” con la pica sobre la acequia del canal de Tolteca durante la convulsa retirada de los conquistadores. Un episodio que dejó marca en la crónica de Indias y que el propio Bernal Díaz del Castillo detalló minuciosamente en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España —donde, con ojo crítico y de testigo presencial, cuestionó la veracidad física de la magnitud del célebre salto, dada la profundidad del agua y la anchura de la cortadura—. Si Bernal Díaz y los grandes historiadores levantaran la cabeza, no solo estarían absolutamente encabronados por el desdén al valor documental de sus crónicas, sino atónitos ante cómo el poder político actual decreta la borradura de hitos urbanos e historiográficos consolidados por más de cinco siglos.
Y la lista de asignaturas pendientes para el afán rebautizador parece no tener fin: en la mira oficial ha estado también la insinuación de renombrar el Golfo de Cortés (Mar de Cortés o Golfo de California), como si borrar el topónimo en la cartografía marítima borrara la expedición de 1539 enviada por el conquistador que demostró la condición peninsular de la Baja California.
Por si fuera poco, la postura oficial roza lo absurdo si se observa dónde ejerce y habita la propia autoridad. La presidenta Claudia Sheinbaum reside y despacha desde Palacio Nacional, un inmueble erigido directamente sobre las ruinas de las “Casas Nuevas” de Moctezuma II, las cuales fueron expropiadas y convertidas en la residencia y Palacio de Hernán Cortés tras la toma de Tenochtitlan. Resulta una paradoja monumental pretender purgar cada rincón de la geografía nacional de la huella del conquistador extremeño mientras se habita y gobierna exactamente desde la Casa de Hernán Cortés.
Sin duda es una posición ridícula y es un hecho que se trata de un distractor, mientras la Presidenta sigue con su plan de implementar el Derecho de Audiencias, que no es más que una censura disfrazada para los medios de comunicación o para cualquier ciudadano.
Resulta inevitable notar además la contradicción política internacional. Hace apenas unos meses, cuando el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en rebautizar unilateralmente el Golfo de México como el “Golfo de América”, la Presidenta Sheinbaum levantó la voz con vehemencia en defensa de la soberanía, la geografía y la historia, argumentando que las denominaciones cartográficas no se pueden alterar por caprichos de un mandatario.
¿De qué se trata entonces este juego? Resulta incongruente criticar a la Casa Blanca por pretender cambiarle el nombre al Golfo de México y, al mismo tiempo, hacer exactamente lo mismo dentro de nuestro territorio con el Paso de Cortés, la calzada de Alvarado o el Mar de Cortés. Si cambiar topónimos por mero impulso político está mal en el norte, también está mal de este lado de la frontera. Al renombrar calles, estatuas y plazas, el poder político en turno no solo reinterpreta los acontecimientos del pasado, sino que impone su propia versión de la historia en el presente, transformando la manera en que las futuras generaciones entienden la identidad y los orígenes de la nación.
Antes de lanzar propuestas que solo alimentan la polarización y la revisión simplista del pasado, convendría que el Ejecutivo se tomara el tiempo de consultar a los historiadores y revisar las fuentes documentales con rigor.
Mientras en los micrófonos se discutían cambios simbólicos de nombres, a las afueras de los eventos de la gira la realidad social se hizo presente. Trabajadores operando en diversos programas y brigadas gubernamentales se manifestaron para aclarar que no son “becarios”, sino personal con jornadas completas que realiza tareas operativas de alto riesgo, pero que carece por completo de certezas laborales, contratos formales, seguridad social y prestaciones mínimas de ley.
Las prioridades de las comunidades que habitan la zona de los volcanes y del resto del país no son las etiquetas ideológicas sobre los mapas, sino la atención a la seguridad, la infraestructura, los apoyos reales al campo y las garantías de trabajo digno. La historia no se hace cambiando nombres de lugares históricos; se hace atendiendo las deudas del presente.
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