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Por: Rubén Iñiguez

Mientras la corrupción se manifiesta en la figura de Manuel Bartlett, dueño de una fortuna señalada en 800 millones de pesos y con alrededor de 223 bienes raíces en la CDMX, “Bienes Raíces Bartlett” como firma comercial y un desempeño pésimo al mando de la Comisión Federal de Electricidad, el hombre del apagón para que se cayera el sistema electoral y permitiera que Carlos Salinas de Gortari le ganara a Cuauhtémoc Cárdenas, sigue muy campante en el gabinete de AMLO aunque por demás es contradictorio al emblema de la 4T y la austeridad republicana.

La ambición personal lo hizo incómodo y por ello dejó al PRI y al PRD y se acercó a banderas como la de los recursos energéticos del país, en ese entonces pertenecía a la mafia del poder, pero al incorporarse a MORENA  dejó de ser un traidor neoliberal. El detalle es que dichas banderas era para enriquecer pero sus arcas personales y no las del país.  

Ya causó un daño costoso a México con su intransigencia por los ductos de gas que motivaron la intervención de Estados Unidos y Canadá y la rectificación del presidente de la república que inexplicablemente lo sigue amparando.

Por su parte, los ecologistas lo acusan de regresar a la era del carbón, que además le compra al Senador Armando Guadiana de Morena por cerca de 2 mil millones de pesos – negocio redondo. La contaminación no le importa y pareciera que otro tipo de alternativas renovables como el viento, han entrado en desuso porque no favorecen al nuevo zar de la CFE. 

Barlett decidió dar los contratos de los medidores de luz, a IUSA empresa relacionada con el hermano de Carlos Salinas de Gortari (Raúl), como presidente B de la empresa de Alejo Peralta, una operación que nadie discute ni la Secretaría de la Función Pública, ni ninguna instancia dedicada a investigar actos de posible corrupción, una operación de más de mil millones de pesos a excepción de los organismos ciudadanos que luchan contra corrupción.

Bartlett ha llegado al extremo del cinismo al responder con un “Chu, Chu” cuando le preguntan sobre sus multiples propiedades, diciendo: “el Tren Maya va,” en una absoluta y muy rentable adhesión a su bolsillo, que se sigue llenando al estar cerca del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se suponía iba a barrer la corrupción desde arriba, pero cuando se trata del jeque de la CFE, simplemente se hace “de la vista gorda”. La lucha contra la corrupción tiene que esperar,  cuando se tiene que cuestionar a los cercanos.

 Los críticos de izquierda, muchos de ellos de Morena, advirtieron a Andrés Manuel, de la clase de sujeto que es Manuel Bartlett, varias veces expuesto por el periodista Carlos Loret de Mola, tal vez fue una de las causas de su despido en Televisa. 

En tanto sus bienes descansan en nombre de su concubina Julia Abdala  y de su hijo León Manuel. Para investigar esto, la Secretaría de Función Pública, designó a la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción para que analizara todas las acusaciones en contra del titular de la CFE, sin embargo la titular de dicho organismo fiscalizador recae en la figura de María de la Luz Mijangos Borja, quien es esposa de Jaime Cárdenas Gracia del PT, uno de los colaboradores más cercanos a Barlett desde 1992. Dudo en verdad que esta investigación avance.

Nunca se llegó antes a estos extremos de impunidad. El dinosaurio príista, por guardar las formas políticas, aplicaba como sanción la remoción, el exilio, las embajadas, el cambio de puesto a colocaciones de menor jerarquía, eran el resultado de la acusación seria ante la opinión pública. A veces era necesaria la destitución, si esta era conveniente o remotamente se montaba una investigación lenta, lentísima. Y si no estaba en gracia política, el señalado podía caer como ejemplo de la lucha contra la corrupción.

Pero ahora, el Presidente parece no escuchar otra voz más que la suya, y para él Barlett, es el funcionario ejemplar, pues lo exoneró de todos sus pecados. Por lo que el encargado de la energía eléctrica del país, al sentirse impune, se torna cínico, prepotente, sin dar cuentas de sus actividades ni ante el Presidente, mucho menos ante los medios de comunicación. 

Habría que hacer una reflexión seria de las cosas, si este personaje fue capaz de robarse un proceso electoral, además de ser uno de los principales sospechosos de la eliminación de Manuel Buendía, el periodista que era una piedra en el zapato, para el entonces Secretario de Gobernación, entonces no creo que tenga mayor empacho en seguir enriqueciendo sus arcas a costillas de la 4T y la austeridad republicana. 

Bartlett, es un dinosaurio perfecto, camuflado con los colores de Morena, y capaz de seguir llenándose de millones los bolsillos, sigue impune y la esperanza del cambio, será para otra oportunidad, no en este gobierno. La fuerza que tenía el discurso de campaña de AMLO en contra de la corrupción, se desvanece con personajes como Bartlett en su gabinete federal.

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Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo
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Gabriel Ibarra Bourjac

Columna Los hombres del poder; Un país lleno de tumbas 

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Por Gabriel Ibarra Bourjac
¿Hasta dónde llegará la sangre derramada por todos los confines del país?
México, oficialmente no está en guerra, pero los saldos de muertes violentas, no tienen fin…no tendrán fin ni a corto ni mediano plazo, todo lo contrario.
En dos sexenios, encabezados por los Presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, entre homicidios y desaparecidos, suman 300 mil vidas apagadas. ¿Qué son 300 mil vidas? Si lo comparamos con un país en guerra como fue el caso de Irak -ocupación de Estados Unidos- entre el 2003 y el 2011 se estima que murieron 601 mil personas directamente por la violencia y de acuerdo a estimaciones realizadas por organizaciones de derechos humanos, de las cuales el 14%, 91,700 fue por atentado suicidas; el 57%, por arma de fuego, más de 373 mil, y un 20%, más de 137 mil, por ataques aéreos.
Durante el primer año del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la violencia no encuentra freno, sino todo lo contrario. Al terminar el 2019 serán cerca de 35 mil los homicidios registrados en el país y si esa constante se mantiene -en los dos sexenios que le han antecedido, tienden a aumentar año con año- llegaríamos al cerrar el 2024 a 210 mil homicidios y que sumados a los 300 mil de los últimos 12 años, llegaríamos a los 500 mil pérdida de vidas en 18 años.
Sí, 500 mil pérdidas de vida. ¡Es una barbaridad!
El sexenio de Peña Nieto cerró con 14% más homicidios que el de Felipe Calderón, conforme a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre enero y noviembre del 2018 fueron asesinados un promedio de 94 personas en México por día, esto es 4 asesinatos por hora.
Los 35 mil homicidios como seguramente cerraremos el año en todo el país vendrá a imponer marca histórica.
El gobierno de la 4T ha señalado que no hará uso de la fuerza del Estado para pacificar el país. El Presidente López Obrador ha señalado que hay que resolver el problema social para que México logre la paz y la reconciliación. Tiene parte de razón, pero el encontrarle solución pueden pasar décadas y hasta siglos, y tal vez no se logre disminuir la desigualdad, porque abatirla, es imposible. Requerimos a un Presidente mas terrenal, más realista.
Ya pasó el primero de seis años de un gobierno y a juzgar por los resultados, esa actitud cristiana de ofrecer la mejilla a los criminales, en vez de combatirlo con la fuerza del gobierno y la ley en la mano, no sirve de nada.
Al mismo tiempo, tenemos el funcionamiento de la Guardia Nacional que en el tercer tercio de este año, empezó su operación, con problemas presupuestales muy críticos, por la premura que se tuvo para que ya se hiciera presente en el país. Esperamos que la Guardia Nacional se asiente en el 2020.
UN AÑO DE PLAZO
¿Qué dice el Presidente sobre la realidad violenta que golpea al país en los tiempos de la 4T?
Tácitamente acepta la magnitud del problema cuando pide un año más de plazo.
Hay dos sucesos que este año han cimbrado a su gobierno por parte de los grupos criminales: por un lado “el culiacanazo”, que vino a exhibir el desorden que traen dentro del gabinete de seguridad que coordina el civil Alfonso Durazo, que se ha convertido en el funcionario más cuestionado de este gabinete, al no convencer su narrativa y justificaciones que ha brindado, no pocas contradictorias, en cuanto al operativo fallido en Sinaloa para detener a Ovidio Guzmán.
El segundo suceso trágico y macabro fue el que se registró en Bavispe, Sonora -en la frontera entre Sonora y Chihuahua- donde fueron asesinados 6 niños y 4 mujeres de la familia LeBarón, noticia que le dio la vuelta al mundo en los espacios estelares de los medios de comunicación.
En esas circunstancias, el Presidente de EEUU Donald Trump se atrevió a proponerle al gobierno de México ayuda para enfrentar la guerra a estos grupos criminales que han arrodillado y humillado al gobierno, lo cual inmediatamente fue rechazado por el Presidente López Obrador.
El gobierno de EEUU calificó el suceso en el que murieron ciudadanos americanos, como un acto terrorista y en esa tesitura, la administración se da la potestad de intervenir, de acuerdo a sus leyes imperialistas, justificando esas acciones de perseguir este tipo de actos estén dónde estén.
El Presidente mexicano hace alusión a la soberanía de México que debe ser salvaguardada al rechazar ayuda de Trump. ¿Debe cambiar México está posición que ha mantenido firme por décadas al no permitir la ayuda de un ejército extranjero participe en una acción de defensa del orden público? ¿Debería discutirse este punto? ¿De qué sirve la soberanía cuando el Estado es incapaz de ofrecer seguridad a sus ciudadanos, cuándo se impone la ley de la selva y la ley y el estado de derecho son letra muerta?
Lo cierto es que el gobierno de México por más que se esfuerce ha fracasado en la lucha contra los grupos criminales. 300 mil muertes en dos sexenios y 35 mil en este primer año, son números fríos y muy contundentes. ¿Esperaremos que en estos seis años se acumulen 200 mil más para llegar al medio millón de homicidios?
Ante esta terrible realidad, ¡Dios nos tome confesados!

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Gabriel Torres Espinoza

Mototaxis ¿el fracaso del modelo de transporte?

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Análisis:

Ayer se dio a conocer que el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), “trabaja en la elaboración de un mapa de cuencas de servicio”. Mario Silva reconoce que se estudia la posibilidad de los ‘mototaxis. Incluso, el ex secretario en el gobierno de Emilio González Márquez, Diego Monraz, ahora titular de la Secretaría de Transporte, afirma que serán los mototaxis los que presten el servicio. Ayer mismo, la Coordinadora del Observatorio Ciudadano de Movilidad, Ana Belén Vázquez,  advirtió de los graves riesgos para los usuarios por el uso de la moto como servicio de transporte.Básicamente señaló una verdad de Perogrullo (algo evidente u obvio): ‘que los Mototaxis no reúnen las características de la norma técnica establecida.

Debe advertirse que el mototaxi surge como un medio de transporte que es recurrido por personas de escasos recursosque se encuentran en la necesidad de recorrer distancias cortas, donde no existen rutas establecidas de transporte público (producto de una omisión de la ciudad). En el corto plazo suele resultar un modo de transporte económico, de baja inversión para quien lo adquiere, de poco consumo de combustible, pero que expone a muchos más riesgos a quienes viajan en ellos. El mototaxi, según la Real Academia Española, es básicamente una motocicleta de tres ruedascon techo, que tiene pocos o nulos elementos que garanticen la seguridad al pasajero. El mototaxismo, provoca toda una actividad económica, basada en la ausencia de normas de seguridad para el pasajero, la falta de regulación en sus rutas y trayectos, y el caos vehicular donde circulan. Su aparición es, primordialmenteun fenómeno que denota una derrota a la innovación y la modernidad en materia de transporte.

Surge como consecuencia de las falta de oportunidades para una parte de la población. También, es el testimonio del fracaso en el modelo de transporte público de una ciudad. Significa la claudicaciónde las autoridades a los mínimos de calidad, seguridad y equilibrio en el transporte. Tal vez rebasados por la realidad. Lo que ayer anunciaron con tanta ligereza Mario Silva y Diego Monraz, resulta de la mayor importancia, porque en ello va el modelo de transporte que Jalisco desea darse, supuestamente capital de la Innovación. Una vez que acepten el ‘mototaxismo’ para Jalisco, no habrá vuelta atrás, y se tendrán que afrontar las consecuencias del crecimiento exponencial de semejante decisión. 

Cierto es que el mototaxismo ya existe en los barrios y zonas marginadas, precisamente por la falta de opciones detransporte público. En las ciudades donde se ha legalizado, a pesar de los riesgos que implica para los usuarios, creció tanto que el gobierno no pudo frenarlo, ni regularlo. Básicamente porque el ‘mototaxismo es un fenómeno que está íntimamente relacionado a la corrupción en el transporte público (no hay rutas, donde no hay ganancia), a la caída del salario, los precios bajos de las motos esencialmente las de bajo cilindraje- y a las facilidades de financiación. Además de la claudicación del gobierno a cuidar las condiciones mínimas de seguridad de las personas, durante su transporte.

 

 

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Gobierno

Columna Seguridad y Defensa: Estrategia de seguridad: No perseguir, pero no dejar escapar

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Por Carlos Ramírez

La crisis de seguridad en Culiacán el 18 de octubre llevó a la exposición de la realidad de la inseguridad: las organizaciones criminales no han leído la estrategia de seguridad pública que se basa en la construcción de la paz. Los ataques contra poblaciones civiles en Culiacán, Bavispe, Ciudad Juárez y Chihuahua revelan la urgencia de reactivar la persecución de bandas criminales, sin perder de vista la construcción de la paz.
Los golpes de efecto de los criminales en las últimas semanas requieren de una reafirmación del monopolio de la fuerza judicial del Estado. Podría estar bien que se haya abandonado la estrategia sólo de perseguir capos, pero no por ello se deje dejar en la impunidad a los grupos criminales que atacaron poblaciones civiles. Ahí, en esos casos, se justifica la línea persecutoria del Estado.
La estrategia de pacificación es tardada, llena de sobresaltos y exige contactos directos con las jefaturas criminales de las bandas delictivas. De todos esos grupos quizá sólo tres sigan usando la violencia en territorios civiles: el Cártel de El Chapo, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Santa Rosa de Lima, los tres en disputas territoriales. Los demás siguen desgranándose en bandas de delitos menores.
El problema de la violencia criminal requiere de un Estado que ponga límites. La estrategia de Calderón y Peña Nieto de perseguir capos se olvidó de las estructuras criminales; 90% de las bandas fueron descabezadas, pero la criminalidad siguió subiendo su índice de delitos.
Ahí, en los delitos de alto impacto social, es donde se debería trabajar con mayor intensidad, sin demérito de seguir buscando la construcción de la paz. El chapito Ovidio Guzmán López debe ser capturado y deportado a los EE. UU., los asesinos de la familia Lebarón tienen que ser arrestados y enjuiciados con todo el rigor de la ley, los atacantes a fuerzas de seguridad en Aguilillas e Iguala tienen que ser desarticulados con acciones de seguridad; en fin, los responsables de los delitos al menudeo, los miles de delincuentes sueltos en las calles tienen que pagar por sus delitos y no esperar a su lejano arrepentimiento.
La construcción de la paz se debe hacer sobre el ejercicio de la aplicación de le ley y con la persecución de delincuentes de todo tipo. Ninguna banda criminal se va a sentar a pactar la paz que implicaría su rendición, la entrega de sus botines y el castigo a sus miembros con acusaciones criminales. Los delincuentes pactan cuando se encuentran atrapados, arrinconados o perseguidlos sin piedad.
El Estado le debe a las víctimas de delitos de alto impacto no sólo la satisfacción de la preocupación, sino la persecución de los perpetradores y sobre todo las garantías de seguridad. El éxodo de mormones hacia los EE. UU. revela que las acciones del Estado han sido insuficientes y no satisfacen las exigencias de seguridad de quienes viven en zonas infectadas de delincuentes.
Así que el Estado debe construir la paz, pero perseguir el delito,

Ley de la Omertá
Todos saben qué hacer con las policías mexicanas como centro de la inseguridad, pero nadie sabe cómo resolver sus crisis. Antes de las elecciones del 1 de julio de 2018, un policía con formación profesional se atrevió a indagar el papel de los guardias de seguridad y escribió un libro ágil, profundo, desde dentro del alma policiaca: Nicolás González Perrín, por cierto, sobrino del famoso epigramista Tomás Perrín. Su libro: Para hacer posible lo imposible. Una mirada a la seguridad pública en México, editorial LEEA.
El libro ofrece una doble visión: un panorama social, político y criminal de las organizaciones delictivas en sus diferentes versiones y una anatomía desde dentro de las corporaciones policiacas y, sobre todo, los policías de carne y hueso.
El secretario Durazo Montaño ha otorgado mucha importancia a los cuerpos policiacos federales y locales e inclusive tiene un programa de reorganización integral, pero se ha encontrado con dos carencias: dinero y recursos humanos. Se ha tratado de un enfoque desde fuera, con los datos visibles. Ha faltado, sin embargo, una investigación desde dentro del alma de los policías, con todos los defectos, con todas las carencias, pero con voluntad para cambiar si tienen la oportunidad.
González Perrín habla de su experiencia como policía federal. Le han tocado casos complejos, como la tercera captura de Joaquín El Chapo Guzmán en Sinaloa después de su fuga del penal de Almoloya. Conoce al monstruo policiaco desde sus entrañas. Por ello, sabe de sus defectos, pero al mismo tiempo confía en sus regeneraciones. No es complicado, pero se requiere que policías controlen a policías. Al final de cuentas, no todo es cuestión de salarios o de entrenamiento. Se requiere de construir un espíritu policiaco, un orgullo.
El eje de su propuesta es simple: empoderar a la policía para empoderar al ciudadano. Por ahí habría que comenzar.

Zona Zero
·      Los funcionarios parecen haber perdido la capacidad de conmoverse, cuando la política debiera ser pasión. Ni un lamento, ni un saludo solidario, nada desde el poder a los mormones de LeBarón que fueron masacrados. Importa más la hegemonía del Estado. Ya abandonaron el país, exiliados por la violencia, 100 mormones.
·      Sigue el problema de la violencia criminal desconocida: los enterrados en fosas comunes clandestinas y los desaparecidos. Los números crecen, nadie sabe cuántos más hay, el Estado carece de sensibilidad e instrumentos y todos forman parte de los crímenes perfectos.
·      Siguen los ataques de los grupos criminales contra fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales. Ahora le tocó a Oaxaca: cinco policías asesinados en una emboscada en San Antonio Coyotepec, una población a quince kilómetros de la capital. Los escobazos a los panales criminales soltaron a las avispas.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

‪seguridadydefensa@gmail.com‬
www.seguridadydefensa.mx
@carlosramirezh

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