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Rodolfo Aceves Jiménez*

Es costumbre que los cargos en política y administración pública sean ocupados por una élite, cercanos a quién ejerce el poder y, en ocasiones, desplazando al mérito y al conocimiento necesarios para su ejercicio, y que en muchas ocasiones llegan con una visión distorsionada, una ausencia de sensibilidad o peor, bajo el espejismo de un merecimiento histórico o por herencia, cuando el Estado ha pagado y con creces la recompensa de servir a la nación.

Así apellidos se posicionan como colonizadores del poder político, y en muchas ocasiones, impidiendo que exista una renovación de cuadros al servicio del país.

La ríspida designación que hizo el Senado de la República sobre la persona de Rosario Piedra Ibarra, ha sido motivo de discusión en la opinión pública, cuando su militancia en el partido en el poder es un impedimento legal para llegar a la titularidad del ombudsperson nacional.

Su madre, Rosario Ibarra de Piedra, ha sido activista por los derechos humanos y decidió abrazar esta bandera y fundar el Comité Eureka, cuando como madre sintió en carne propia la desaparición de su hijo, Jesús Piedra Ibarra, a quién en registros de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), éste aceptó que pertenecía  a la Liga Comunista 23 de septiembre con el sobrenombre “Rafael”, que participó en asaltos, secuestros y homicidios, entre ellos, el del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada (Revista Proceso, mayo 4, 2003. Los últimos días de Jesús Piedra Ibarra, en https://tinyurl.com/tpoqlfa).

La desaparición de Jesús Piedra Ibarra no deja de ser un suceso deplorable, por tratarse de un acto cometido por servidores públicos en el ejercicio de una función de gobierno, cuyos actos se configuran como un delito de lesa humanidad, bajo la responsabilidad del Estado mexicano, que bajo el derecho positivo mexicano es un acto juzgado que ha causado estado, es decir, es cosa juzgada cuando la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) instituida en la administración del expresidente Vicente Fox Quesada, documentó los momentos previos y posteriores a la detención y desaparición de Piedra Ibarra, quién acusó a Luis de la Barreda Moreno, Miguel Nazar Haro y Juventino Romero Cisneros, como probables responsables del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro.

Por su parte y hasta antes de que la izquierda llegara al poder, la señora Rosario Ibarra de Piedra ha sido reconocida por la izquierda mexicana y la ha postulado como candidata a la Presidencia de la República, además ha sido diputada federal, senadora y, recientemente galardonada con la medalla Belisario Domínguez. Es decir, su esfuerzo no ha sido en vano y ha aportado su experiencia en el Congreso.

Sin embargo, la pena que embarga a la familia Piedra Ibarra se suma a la de otros desaparecidos en la guerra sucia de los 70’s, así como de cientos, o miles, de familias que en los últimos tres sexenios han sufrido la violencia en el país.

Por padecimiento familiar y propio, Rosario Ibarra Piedra tiene los méritos suficientes y necesarios para ser la titular de la guarda y custodia de los derechos humanos del país, pero se equivocan quienes creen que por causas hereditarias o partidistas es merecedora a tal cargo.

Sabemos que la verdadera razón es, por su militancia en Morena, porque viene de ser candidata a una diputación federal por Nuevo León en el pasado proceso electoral federal, pero ni la aflicción familiar o personal, ni su buena voluntad, o su creencia que le corresponde por derecho de herencia, le alcanza para un desempeño ajeno e independiente al poder político que la promovió a ese cargo, en un país en donde se carece de humildad para reconocer las deficiencias propias; un país que le cuesta trabajo sujetarse a la voluntad del estado de derecho, al imperio de la ley y las instituciones que rige.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Twitter: @racevesj

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Es politólogo por la Universidad de Guadalajara (UdG) y por invitación del Alto Mando es maestro en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Secretaria de Marina. Ha sido invitado como expositor en el curso de Mando y Estado Mayor General de la Armada de Mexico, así como en el CESNAV. Actualmente se desempeña como académico de la Universidad del Valle de México y cómo investigador externo del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (ININVESTAM). Twitter: @racevesj

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Nacional

Brújula Pública- Sin apoyos

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Rodolfo Aceves Jiménez*

Un dilema por saber las verdaderas cifras de la estadística de seguridad lo constituye, los productos de seguridad que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Y es que aproximadamente desde 2006, los Congresos de las entidades federativas han modificado los elementos constitutivos de los conceptos de homicidio y feminicidio, principalmente, eliminando el elemento de la violencia, para evitar dar a conocer las verdaderas cifras de la estadística criminal, incluido la violencia feminicida, cuyas políticas públicas están en crisis.

Esto es importante porque, junto con otras variables, de aquí se desprende los criterios de distribución de subsidios y fondos públicos, locales y federales, de apoyo a la seguridad pública que reciben los estados y municipios. Es el caso del FORTASEG.

La pobreza es una de las variables que no es parte de los criterios de distribución de los recursos para la seguridad pública, cuando en la lógica de la cuarta transformación, debería ser parte importante porque se trata de ciudades o comunidades cuyos deciles de pobreza son mayores al 50 por ciento y, en contraste, se utiliza la percepción de la seguridad cuando en realidad es un elemento intangible, sin posibilidad de ser medible y condicionado a valoraciones subjetivas.

Estas zonas de atención prioritaria en los estados y municipios son los beneficiarios de una bolsa de 4,000 millones de pesos, que anualmente aprueba la Cámara de Diputados, por vía del Presupuesto de Egresos de la Federación, por conducto del FORTASEG pero que en el proyecto de dicho presupuesto para el 2021 fue suprimido.

Para estar en condiciones de aprobar recursos para los estados y municipios, existen nueve indicadores sobre los cuales, el Coneval mide la pobreza en dos grandes rubros. El primero, el ingreso; y el segundo, una serie de carencias sociales en materia de rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, el acceso a la alimentación, la calidad y espacios de la vivienda, el acceso a servicios básicos en la vivienda y, por último, pero no menos importante, el grado de cohesión social. Aquí debería estar considerado estas variables para la seguridad pública.

Para ampliar la evaluación y cambiar su denominación de evaluación de política social y llamarles políticas públicas, es menester incorporar a los instrumentos de medición, los derechos de tercera generación, que comprometerían los derechos de la autodeterminación, la identidad nacional y cultural, la paz, la justicia internacional, el uso a la informática, la información, el medio ambiente, la vida digna, la salud y, desde luego, la seguridad pública, de donde se desprenden una serie de bienes jurídicos que tutela la seguridad, como la legalidad, la salud, la integridad física, la vida, por citar algunos.

La sincronía en las variables que manejan los criterios de distribución de los recursos públicos nos daría una mejor referencia para fijar un techo presupuestal, proporcional al grado de pobreza y la necesidad en seguridad pública.

El campo social de la seguridad nacional está debilitado y vulnerado por la falta de diseño en implementar nuevas formas de distribución presupuestal, que, aunque ninguna cantidad es suficiente, los creadores de políticas públicas parece que prefieren mantenerse en un nicho de seguridad y comodidad en mantenerse en lo establecido, en vez de crear nuevas políticas públicas.

 

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Dilema de la 4T: ruptura real con el pasado priísta o sólo sanación

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Carlos Ramírez*

El tono en que está redactada la carta del presidente López Obrador solicitando al Senado y a la Suprema Corte una consulta sobre las conductas económicas presuntamente delictivas de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pudiera llevar a una rupturasistémica de lo que parece ser sólo una transición dentro de una transición.

Por el contenido del texto, López Obrador está marcando un deslindamiento histórico. No se trata sólo de acusaciones que refieran modelos de política económica, sino acusaciones que estarían tipificando delitos concretos contenidos en el código penal. Por lo tanto, la única forma de legalizar ese proceso sería con una ley de ruptura histórica o, como ocurre en países que construyeron democracias sobre las cenizas de dictaduras, una ley de memoria histórica.

Ahora mismo, por ejemplo, la alianza en España entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Unidas Podemos y como acompañantes los resabios del Partido Comunista de España de Santiago Carrillo y La Pasionaria, están terminando de destruir las ruinas del franquismo –el Valle de los Caídos y la Fundación de Franco– para transformar a posteriori la transición española en una ruptura revolucionaria que se eludió en la transición pactada de 1978.

Las acusaciones del presidente López Obrador a cinco expresidentes de la república –tres del PRI y dos del PAN, los cinco articulados por una misma política económica– son lo suficientemente válidas como para crear ya una ley de memoria histórica que señale responsabilidades legales a quienes llevaron al país al hoyo de la gran crisis neoliberal 1983-2018.

La victoria presidencial del PAN en julio del 2000 no fue producto de algún modelo de transición pactada a la democracia, sino resultado del desmoronamiento del PRI, de la pérdida priísta del control procesal de las elecciones y del hartazgo ciudadano. Sin embargo, el PAN en la presidencia 2000-2012 careció de un esquema de ruptura con el sistema/régimen/Estado priísta y esos dos sexenios fueron, en los hechos, una continuidad del sistema-PRI.

El dilema y desafío de López Obrador, Morena y la 4-T radica en fijar, ahora sí, una ruptura con el modelo sistémico priísta para desarrollar una transformación de estructuras o deslindarse sólo de discurso del viejo régimen, pero mantener las variables priístas. Hasta ahora, la 4-T sólo se asume como posneoliberal, pero sin fijar nuevas relaciones sociales de producción que definan los objetivos de creación y distribución social de la riqueza más allá del camino fácil de los dardos verbales que en nada modifican la estructura neoliberal.

La carta presidencial para juzgar a los cinco últimos presidentes de la república hermanados por un mismo modelo neoliberal de gobierno podría ser el comienzo de una ruptura histórica de proyectos de nación o se quedará en mero planteamiento retórico. López Obrador ha sido muy certero en establecer efectos sociales negativos de presuntos delitos económicos y productivos, como alguna vez los planteó en una demanda en la antigua PGR.

A la carta le falta incluir al presidente Miguel De la Madrid –ya fallecido–, porque fue el responsable directo de las reformas constitucionales para pasar –en el razonamiento ideológico conservador de Carlos Salinas de Gortari en julio de 1985– del Estado social posrevolucionario al Estado autónomo de compromisos sociales que ha sido la esencia del ciclo neoliberal 1983-2018. Ese tránsito hubo de tener la principal ruptura interna en el PRI con la salida de la Corriente Democrática de Cuauhtémoc Cárdenas a la que se sumó López Obrador en 1988 al aceptar la candidatura frentista a gobernador de Tabasco en 1988.

El presidente López Obrador tiene elementos suficientes para fijar una ruptura real con el neoliberalismo. El juicio a expresidentes podría ser el primer paso o quedarse sólo en un acuerdo de sanación.

-0-

 Política para dummies: La política es el campo de las grandes decisiones históricas o el territorio de los engaños.

 

http://indicadorpolitico.mx

indicadorpoliticomx@gmail.com

@carlosramirezh

Canal YouTube: https://t.co/2cCgm1Sjgh

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Nacional

CDMX: ¿distinción o confirmación de la 4T?

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El reconocimiento que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a la gestión de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum es importante sobre todo para la clase política.

Para los capitalinos, lo que importa es valorar a partir de resultados locales, con información sólida y una perspectiva basada en contrastes precisos.

Y es ahí donde es más firme el resultado de algunos aspectos robustos de la política pública, como también en materia de percepción.

En el fundamental tema de la seguridad, desde hace al menos siete meses se advertía la que ahora es una tendencia consolidada en la disminución de homicidios dolosos en casi 50%: había alrededor de 6.3 diarios en diciembre de 2018 y la semana pasada se habían registrado, como desde enero de este 2019, antes de la pandemia, 3.3.

En gestión del Covid incluso un segmento de la prensa, que solía situar en el mismo sitio y en su juicio crítico, informado o no, al titular del ejecutivo como a la gobernante, ahora advierte “rebeldía” o “una diferencia” en un estilo de Gobierno que en Sheinbaum implica sensibilidad social y disciplina en ese y los demás temas.

La jefa de Gobierno es muestra de éxito de la 4T y aunque se quiera presentar un deslinde de ambos políticos, esa misma intención valida la inevitabilidad de reconocer un buen estilo de Gobierno.

Destacan también el abordaje de obra pública que en el titular Jesús Esteva Medina, tiene a un maratonista administrador ordenado, cuidadoso y eficaz; sobresaliente el esfuerzo operativo y de inteligencia en la Policía, con Omar García Harfuch, cuyo atentado es indisociable de los más de 100 cateos que han afectado a todas las organizaciones de alta peligrosidad que operan en CDMX, así como el distinguido rol de José Merino, operador de innovación a cargo de la reconfiguración digital de lo público.

Y falta una docena de nombres de personas responsables que permiten tener buenas cuentas en la capital, donde se ha avanzado en materia de agua, en repuesta institucional, así sea debatible para las organizaciones feministas más jóvenes y radicales, a la violencia familiar y de género.

La Ley de Protección Animal propuesta por la diputada Lety Varela y aprobada por el Congreso de la Ciudad para evitar el maltrato animal está relacionada con una de cada veinte llamadas que recibimos en el Consejo Ciudadano sobre una conducta que se correlaciona con inseguridad e impunidad desde los años 70.

La CDMX es una metrópoli de referencia mundial que requerirá demostrar su modelo económico post-Covid.

La reactivación estará incorporada a una narrativa en que se sitúa al Estado desde izquierdas y derechas como corresponsable de la velocidad y profundidad de la misma. Es el gran tema del siguiente año en convivencia con lo electoral.

Pero en lo que respecta a esta transición, aun considerando los enormes desafíos de la capital del país, lo que es percibido, además de registrado fácticamente, es que a la CDMX no le faltan programa, equipo ni liderazgo.

@guerrerochipres

 

 

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