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Rodolfo Aceves Jiménez*

Aunque ha transcurrido poco más de un mes del operativo fallido en Culiacán en la que se liberó a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, siguen trascendiendo deficiencias importantes y trascendentes en la seguridad mexicana.

La seguridad nacional es una función de Estado cuyas “acciones están destinadas a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”. Su nivel de análisis es estratégico, se fundamenta y subsiste -como objetivos nacionales permanentes-, en la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución, y -como objetivos coyunturales-, en el Plan Nacional de Desarrollo, en el que su preservación le corresponde al titular del Poder Ejecutivo Federal.

Para su aplicación, se recurre al criterio de amenazas y riesgos, en las que es posible que cualquier asunto de las carteras de gobierno, se convierta en asunto de seguridad nacional. Por su alcance, se auxilia de los campos del poder (político, económico, social y seguridad).

El punto es que se trata de un problema que en derecho debe resolver las hipótesis jurídicas que se desprenden de las funciones de Estado y de gobierno de la seguridad, establecidas en la Constitución y las normas secundarias. El modelo de seguridad contenido en el artículo 21 constitucional es un diseño elaborado en 1992 que está superado por los sistemas y subsistemas contenidos en los nuevos modelos de seguridad que se encuentran sincronizados con los modelos políticos, económicos y sociales en otras democracias.

Su nivel de análisis es operativo, subsiste en su parte dogmática por leyes (Federales o Locales) y reglamentos (Municipales) y en su parte orgánica, -de manera coordinada-, por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se auxilia de protocolos y manuales para el uso de la fuerza, que tengan por objeto prevenir la comisión de delitos, así como su investigación y persecución.

Esta podría ser la razón por el que la cuarta transformación del presidente López Obrador, no encuentra la puerta al problema de inseguridad, porque este diseño fue elaborado y responde a las necesidades de un sistema político distinto al que gobierna en este momento. Es decir, mientras que las instituciones de seguridad tienen un diseño institucional, la planeación de la seguridad, así como el entorno no se ajusta a la realidad. Es como si quisiéramos ver hoy mismo las transformaciones de la #4T.

Mientras que la seguridad nacional es estratégica y persigue objetivos de Estado, la seguridad interior es táctica tiene objetivos de bienestar ciudadano y la seguridad pública es operativa y tiene por objeto la preservación del estado de derecho y la paz pública.

Por eso es que acontecimientos que han enlutado a zonas y ciudades en el país, no solo la liberación del hijo de El Chapo, dan indicios que el Estado mexicano está siendo rebasado en su capacidad de otorgar seguridad a sus gobernados.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Twitter: @racevesj

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Es politólogo por la Universidad de Guadalajara (UdG) y por invitación del Alto Mando es maestro en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Secretaria de Marina. Ha sido invitado como expositor en el curso de Mando y Estado Mayor General de la Armada de Mexico, así como en el CESNAV. Actualmente se desempeña como académico de la Universidad del Valle de México y cómo investigador externo del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (ININVESTAM). Twitter: @racevesj

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Carlos Ramírez

El TCL 2.0, igual: carece de nuevo modelo de desarrollo; IP indolente

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Indicador Político:

De todo lo ocurrido en el 2019, la parte más importante para el proyecto sexenal del presidente López Obrador fue la firma del Tratado de Comercio Libre 2.0 porque implicó la posibilidad de construir una nueva plataforma de internacionalización de la economía. Sin embargo, la indolencia del sector privado perdió la oportunidad de la modernización.

En este sentido, las expectativas de agentes económicos sobre el PIB previsible para 2020 y 2021 –1% y 1.5%, respectivamente– sólo confirman que la negociación del Tratado se hizo sin tener ninguna propuesta de reforma productiva o de redefinición del nuevo modelo de desarrollo y sólo asegura que la planta industrial mexicana seguirá cediendo espacio a la extranjera.

Cuatro datos del economista Arnulfo R. Gómez, de la Universidad Anáhuac y experto en el análisis del TCL, seguirán deteriorándose:

1.- El porcentaje de productos mexicanos en la exportación total pasó de 45% en 2001 a 37%en 2018 y ello indica que México ha desaprovechado casi 20 años de mercado externo. Y el porcentaje fue más del 55% en 1993, antes de la firma del Tratado.

2.- La ubicación de México como país exportador sin reexportación de valor agregado nacional bajó del lugar 18 al lugar 30, una caída de 12 posiciones.

3.- El total de las empresas exportadorastambién disminuyó de 37 mil 745 a 35 mil 277 (cifras de 2012, las últimas), una baja de 6.5%.

4.- Y si bien la inversión extranjera aumentó de 29.9 mil millones de dólares en 2001 a 31.6 mil millones de dólares, la falta de presencia productiva nacional revela que se trata de inversión sin beneficios nacionales.

El Tratado se concibió en 1991-1993 como un detonador del desarrollo nacional y como un estimulo a la modernización de la planta productiva aprovechando la presencia de empresas extranjeras. Pero en 26 años de Tratado, la planta productiva nacional se ha ido achicando.

El principal desafío del Tratado fue la modernización de la planta industrial. Sin embargo, el modelo del negociador Jaime Serra Puche fue sólo abrir la frontera industrial y lanzar a la planta productiva nacional a una competencia perdida. En los primeros cinco años del Tratado se dio una fase intensa de desindustrialización y de entrega de sectores productivos a empresarios extranjeros que llegaron con procesos de fabricación más competitivos.

En la negociación del Tratado 2.0 el en 2018 y 2019, tampoco hubo iniciativas mexicanas para modernizar su planta productiva. Lo más grave que la pasividad del empresariado mexicano con posibilidades de participación en el mercado norteamericano. El dato de menor agregado nacional a los productos exportados dentro del Tratado esconde el volumen de empresas que cerraron o se salieron de la oportunidad.

La palabra clave en la modernización industrial es competitividad. Los datos del profesor Gómez también revelan una falta de sentido común y de enfoque estratégico: el nivel de México en la competitividad mundial se desplomódel lugar 34 en 1999 al lugar 46 en el 2018, en tanto que los EE. UU. están en el lugar 3 y Canadá ocupa el sitio 12. En cambio, otras naciones en desarrollo como Australia, Malasia y Singapur están en mejores lugares de competitividad que México.

El esfuerzo de México en materia de competitividad requería una tarea hercúlea en calidad de las instituciones, confianza en los políticos, trámites y regulaciones, infraestructura, educación y tecnología e innovación. En las cifras de competitividad México, por ejemplo, ocupa el lugar 127 en confianza en las instituciones, el lugar 56 en innovación, 105 en eficiencia de mercado laboral, y 71 en desarrollo tecnológico y 123 en calidad de sus instituciones.

Estos datos ilustran lo que tuvo que haber hecho México, en el escenario del TCL de 1993 y del TCL 2.0 de 2019 para sacar provecho real a la integración del mercado norteamericano. Pero al carecer de alguna iniciativa en la relación nuevo modelo de desarrollo-competitividad, México sólo permitió la continuación del deterioro de la obsoleta planta industrial y agropecuaria.

El TCL de 1993 multiplicó el comercio exterior por 10, pero el PIB general fue de 2.2%. Al carecer de un nuevo modelo de desarrollo, el PIB del TCL no será mayor a 2%.

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Curso: el Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad que dirige el columnista Carlos Ramírez inicia cursos de actualización y capacitación especialidad presenciales y online presenciales. Cinco temas están abiertos: Periodismo en seguridad.  Análisis de inteligencia política, Columna Política, Ensayo político. Ciencia política para periodistas, con acreditaciones oficiales. Información para configuración de grupos y fechas en http://indicadorpolitico.mx y WhatsApp:55-1058-6460 Ana Karina Sánchez López.

Política para dummies: La política es realismo a veces brutal.

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@carlosramirezh

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Nacional

Seguridad y Defensa: Seguridad y reforma judicial-penal

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Carlos Ramírez

La filtración de páginas de la iniciativa de reforma judicial-penal que prepara el gobierno federal revelaría una nueva fase de endurecimiento de la fuerza del Estado para combatir al crimen organizado. En los hechos, esta reforma completaría la realizada en 2019 con la creación de la Guardia Nacional como un cuerpo federal único contra las bandas delictivas.

El contenido de esta gran reforma debe cruzarse con dos hechos tensionados: un año de estrategia nacional de seguridad y los saldos persistentes de delitos y homicidios. Las críticas a los resultados se han convertido en argumento de debate sobre la viabilidad de la estrategia de seguridad para el año que acaba de comenzar.

El enfoque de la estrategia de seguridad del año pasado fue de tipo social, reconociendo el hecho de que muchos delitos han sido motivados por la pobreza. La tesis central de que aumentar el bienestar disminuiría la delincuencia necesita de un horizonte de análisis más allá de un año atípico.

Sin embargo, la reforma judicial-penal parece contradecir el sentido social de la estrategia, porque vuelve a introducir endurecimientos en arrestos, prisiones preventivas, acusaciones, sanciones y encarcelamientos. Y queda por evaluar si el regreso a técnicas fracasadas sería el mejor camino para combatir a bandas delictivas más desorganizadas, masivas y sobre todo con la presencia incómoda de organismos de derechos humanos.

Aunque no se conocen de manera total las iniciativas de la reforma, lo que se ha difundido tiene que ver más con el proceso judicial-penal que con estrategias de bienestar social y ofrecerían una versión diferente, desarticulada. Y como tercer elemento, faltaría por tener una mejor evaluación de los resultados funcionales de la Guardia Nacional ya completada su fase de organización y de manera sobresaliente lo que tienen que hacer gobernadores y alcaldes para replantar casi desde su origen sus cuerpos de seguridad.

Al cumplir un año de gobierno, la estrategia nacional de seguridad no ha presentado un informe integral, articulado y completo de sus resultados. Las cifras mensuales-anuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública solo acumulan conteo de averiguaciones y datos de violencia. Las comparaciones estadísticas con años anteriores carecen de contexto, argumentaciones y cruce de objetivos cumplidos-incumplidos.

El peor dato de la seguridad en 2019 radica en la falta de compromiso y decisiones de gobernadores y alcaldes. En diciembre hubo de haber reuniones de emergencia de gobernadores con el presidente de la república para seguir discutiendo lo mismo: la inseguridad no se resolverá a nivel nacional si no se atiende con diligencia y decisión en los niveles estatales y municipales. Hasta ahora ningún gobernador ha reformado sus cuerpos de seguridad de manera integral y sólo algunos han invertido sólo en capacitación, pero todavía sin articulación nacional.

El dato que revela la desorganización de seguridad a nivel estatal y municipal lo exhibió la encuesta de percepción de inseguridad del INEGI: la diferencia entre la percepción baja de inseguridad de 18.9% en Mérida y alta de 92.7% en Puebla. La estrategia es nacional en contabilidad de averiguaciones previas, pero no de programas y planes asociados.

Antes de presentar las reformas al modelo judicial-penal, los tres niveles de gobierno debieran de entregar un diagnóstico de la inseguridad, una evaluación de lo logrado y no logrado en 2019 y un replanteamiento de articulación entre la estrategia de seguridad y el nuevo modelo judicial-penal.

 

Ley de la Omertá

A propósito de las amenazas contra el columnista Héctor de Mauleón, de El Universal, sólo puede decirse que el periodismo está dando mejores resultados que la estrategia de seguridad del Estado. Los medios revelan, señalan, delatan, exigen y desenmascaran.

En julio de 2017 se publicó el libro Javier Valdez Cárdenas. Periodismo escrito. Antología periodística. Textos que ninguna bala podrá callar, selección de César Ramos, en el que se publican narraciones del periodista asesinado en mayo de 2017 en las calles de Culiacán, Sinaloa, y cuya autoría no ha sido resuelta por las autoridades.

Se trata de 24 capítulos con textos diversos del periodismo criminal de Valdez, revelando los resortes sociales del crimen organizado y su inmersión en la realidad cotidiana de la sociedad. Es la aportación de un periodista y escritor a la revelación del mundo de la inseguridad en el microcosmos de Sinaloa.

Después de leer esos textos queda la amarga conclusión de que nadie sabe nada de lo que todos sabían: el narco como modo de vida cotidiano. En el libro de textos de Valdez se exhibe la descomposición de la sociedad, la complicidad de las autoridades con el crimen organizado y la falta de una decisión de Estado para sacar de la raíz social las ramificaciones del crimen organizado.

La muerte de Valdez, su investigación empantanada y el expediente sólo judicial revelan que el infierno social del crimen organizado y sobre todo del narcotráfico requiere de una voluntad de Estado que no existe.

Zona Zero

·      Las leyes de la lógica dicen que la repetición de decisiones tiende a repetir los resultados. La estrategia de seguridad ha dado pocos efectos positivos y los negativos son producto de decisiones recurrentes. Si no va a haber cambios en la estrategia, entonces nada puede adelantar resultados diferentes.

·      Viene un choque entre estrategia de seguridad y el Cártel Jalisco Nueva Generación, sobre todo porque los EE. UU. están exigiendo acciones contra esta organización que sería la segunda más fuerte en territorio estadunidense. EL CJNG es hoy el más fuerte en México, se encuentra en una lógica de expansión criminal y ha configurado un grupo de fuerza armadas que sería superior a la de la Guardia Nacional.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

seguridadydefensa@gmail.com

www.seguridadydefensa.mx

@carlosramirezh

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Nacional

Columna A decir verdad: AMLO nos sigue endeudando, mientras nos vende espejitos

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por Rubén Iñiguez.
No tomen en serio aquellos discursos de que con el ahorro que México haría combatiendo la corrupción, se realizarían grandes obras. Tampoco tomen en serio lo que dijo el diputado queretano de Morena, que aseguraba que, con la venta del avión presidencial, se pagaría la deuda externa de nuestro país; declaraciones demasiado desafortunadas y desinformadas, ya que se necesitarían vender alrededor de 2,800 aviones presidenciales para poder conseguir dicho propósito.
El poner a la venta 171 camionetas, 7 tracto camiones, 23 pickups, 9 automóviles compactos, 30 motocicletas, 12 camiones, 2 tractores agrícolas, 2 autobuses, 5 remolques, 1 BMW blindado, 1 Audi blindado, 60 aviones y 70 helicópteros que pertenecen al gobierno federal, solo recaudaría poco más de 100 millones de pesos.
Sin embargo, la construcción del Tren Maya, todavía en proyecto, subió su presupuesto ya a 140 mil millones de pesos, 20 mil millones de pesos más, de lo que se había anunciado en un principio, según lo señaló Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Aparte de todo, dicen varios especialistas en economía, que el precio total de dicha construcción, podría aumentar hasta los 360 mil millones de pesos. Esto sin considerar el daño e impacto ambiental que podría provocar esta macro obra. (Si no creen que pueda elevarse tanto el costo, solo volteen a ver la línea 3 del tren ligero de Guadalajara, obra que iba a culminarse en diciembre del año pasado, pero tuvo que posponerse la fecha de entrega, ya que los costos y gastos no terminan).
Por otra parte, el Gobierno de México decidió solicitar un financiamiento a la República popular de China, con el objeto de arrancar la construcción de la refinería de Dos Bocas, pues se adquirió un préstamo de 600 millones de dólares en presencia del Embajador de aquel país, Zhu Qingqiau, el Canciller mexicano Marcelo Ebrard, y Gabriela Márquez, de la Secretaría de Economía. Sin embargo, Rocío Nahle, secretaria de energía, negó dicho endeudamiento. En fin, el costo total de la obra se calcula tendrá un costo de 8 mil millones de dólares.
Lo que preocupa es que iniciamos el año, con un presupuesto de 14% menos para obra pública, adicional a que tuvimos una caída fuerte en materia de empleo, pues según datos del propio Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hay más de 286 mil personas que se quedaron sin trabajo en el año 2019, por lo que indica que, en el sexenio de Peña, a pesar de todas sus fechorías -otra vez la odiosa comparación-  era menor el desempleo.
Ciertamente la popularidad presidencial se sostiene, ya que, hasta la inverificable rifa de un avión presidencial, que dicho sea de paso dicen que es ajeno, pues algunos medios de comunicación afirman que pertenece a la empresa aeronáutica Boeing. “Este ocurrente sorteo”, podría ser atractivo para un ciudadano común, que se sacaría la lotería al comprar los absurdos “cachitos de a 500”.
En cuanto al Fondo de Estabilización de Ingresos (FEIP), destinado a paliar crisis del peso mexicano, o para dar seguridad al gobierno en caso de disminución de rentas fiscales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), usó alrededor de 120 mil millones de pesos para compensar la menor recaudación que hubo en el primer año del sexenio, derivada de menores ingresos petroleros y tributarios.
Otro dato preocupante es el de la industria automotriz, que muestra una caída nacional en la venta de vehículos nuevos de 7.6%. Una tendencia observada en once meses. Menos empleos, menos ingresos y focos rojos en la industria en la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA), cuyos datos demuestran que se vendieron 97 mil vehículos menos en el año 2019 en comparación a la odiosa y neoliberal época PRIANISTA. Será un gobierno más simpático, muy mediático, pero los números de crecimiento no son nada alentadores.
En resumen, la economía sigue mal y la autoridad nacional es incapaz de aceptarlo, sigue reforzando sus proyectos de asistencialismo, endeudando cada día más este país cuando prometieron que no lo harían más. ¿Aún me pregunto cómo van a enderezar el barco y cómo se pagará todo lo que ya se endeudaron?
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