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Rodolfo Aceves Jiménez*

La afirmación del presidente norteamericano Donald Trump de declarar a los grupos de delincuencia organizada y carteles de la droga de este lado de la frontera, como grupos terroristas, no debe tomarse como un aviso de invasión o declaración de guerra, sino que demuestra una preocupación por las serias deficiencias en las políticas de seguridad públicas mexicanas.

Fueron varios los avisos en la Casa Blanca que prendieron las alertas. Primero, la liberación de Ovidio Guzmán en el operativo por su captura en Culiacán; segundo, el asesinato de mujeres y niños de la familia de binacional LeBarón; y no menos importante, el asilo político que México obsequió al expresidente de Bolivia, Evo Morales.

Vamos por partes. El terrorismo es una manera violenta de lucha política, su objetivo es la destrucción orden establecido. Por ejemplo, fue uno de los métodos utilizados en los años más duros de la guerra fría, para polarizar las posturas de occidente y oriente. En algunos casos así nacieron movimientos guerrilleros latinoamericanos desde finales de los 50’s y perduraron hasta los 80’s, en que México tuvo una participación pasiva en muchos casos y activa en algunos. Hoy una parte de la izquierda mexicana conserva esa ideología revolucionaria y sumado a una izquierda progresiva, son los que le dieron la bienvenida a Evo Morales a México.

Por otra parte, la deficiencia en la seguridad mexicana es un problema que ha rebasado las funciones de Estado y de gobierno establecidas en la Constitución y las normas secundarias. El modelo de seguridad contenido en el artículo 21 constitucional es un diseño elaborado en 1992 que ya dio de sí mismo, está agotado, es insuficiente y está superado por los sistemas y subsistemas contenidos en los nuevos modelos de seguridad que se encuentran sincronizados con los modelos políticos, económicos y sociales en otras democracias.

Esta podría ser la razón por el que la cuarta transformación del presidente López Obrador, no encuentra la puerta al problema de inseguridad, porque este diseño fue elaborado y responde a las necesidades de un sistema político distinto al que gobierna en este momento.

Por eso es que acontecimientos como el asesinato de una decena de policías en Michoacán, el fallido operativo en Culiacán o el asesinato de mujeres y niños de la familia Le Baron, por citar algunos, dan indicios que el Estado mexicano, que no es lo mismo que el gobierno, ha sido rebasado en su capacidad de otorgar seguridad a sus gobernados.

En el fondo la declaración del presidente Trump se ajusta a la coyuntura electoral en su país, momento en que la inseguridad mexicana trastoca intereses económicos y de seguridad de los temas de Estados Unidos en la relación con México. De aprobarse esta medida, se aplicarían sanciones económicas y el gobierno norteamericano podría aumentar su capacidad para perseguir sospechosos en territorio nacional.

La opinión pública en Washington ve en estas declaraciones de su presidente, como la respuesta a la política de “abrazos y no balazos” de la actual administración mexicana, seguido de un sentimiento de frustración por la liberación de Ovidio Guzmán y las muertes de la familia Lebarón y, además, como una respuesta al asilo de Evo Morales y que Washington lo cree involucrado con los cocaleros del Chapare relacionados con carteles mexicanos.

El mensaje a medios del canciller Marcelo Ebrard Casaubon negando algún intento de invasión a la soberanía mexicana, pareciera que está dirigido a defender un problema o unas decisiones de la política de seguridad, que hasta ahora esta administración ha sido incapaz de resolver como problema estructural, que va más allá de una afirmación, la negación de una realidad o de señalar a las pasadas administraciones.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Twitter: @racevesj

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Es politólogo por la Universidad de Guadalajara (UdG) y por invitación del Alto Mando es maestro en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Secretaria de Marina. Ha sido invitado como expositor en el curso de Mando y Estado Mayor General de la Armada de Mexico, así como en el CESNAV. Actualmente se desempeña como académico de la Universidad del Valle de México y cómo investigador externo del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (ININVESTAM). Twitter: @racevesj

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Nacional

Cifras de inseguridad 2019, de gobernadores y alcaldes

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Indicador Político:

Ante la falta de una política estratégica de comunicación social integral del gobierno federal y con un año de desidia intencionada de gobernadores y alcaldes para atender su parte correspondiente de estrategia de seguridad, las cifras mensuales de actos delictivos llegaron a un techo en diciembre de 2019 y tienen todo el año de 2020 para comenzar a disminuir de manera consistente.

El gobierno federal ha asumido como propios los saldos de actos delictivos, a pesar de que la contabilidad mensual/anual refiere con claridad la “incidencia delictiva del fuero común”, es decir a nivel de estados y municipios.

La revisión de las cifras de 2019 entregadas el pasado 20 de enero por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arroja conclusiones desagregadas que responsabilizan a las autoridades locales de la persistencia de delitos y bandas locales de delincuentes.

1.- De los 7 rubros contabilizados, el de homicidios dolosos se suele acreditar a la autoridad federal. Sin embargo, como se vio en el 2019, fueron asesinatos entre bandas locales. Sólo algunos pueden acreditarse a bandas nacionales de responsabilidad federal. Sobre 2018, en este rubro en 2019 hubo un ligero aumento de 2%.

2.- En totalidad de delitos se registró en 2019 un aumento de 8.4% sobre 2018.

3.- Los delitos patrimoniales crecieron 6.4%.

4.- Los feminicidios, un delito eminentemente estatal y municipal, tuvieron un aumento de 17%. Y en delitos sobre la seguridad sexual crecieron 23.5%.

5.- Y en robo a negocios, en 2019 hubo 18.3% delitos más que en 2018.

Estas cifras revelan, primero, que casi la totalidad de homicidios dolosos, de delitos patrimoniales, de asaltos a negocios, de feminicidios y de inseguridad sexual son responsabilidad directa de estados y municipios e involucran la ineficacia de policías locales. Y, en segundo lugar, exigen un replanteamiento y en muchos casos un planteamiento inexistente de estrategia local de seguridad pública.

El apoyo federal radica en fondos para capacitación de policía locales y presencia de la Guardias Nacional sin protagonismo y sí como soporte a policías locales, pero datos de inteligencia recopilados casi de modo natural por guardias indican complicidades de autoridades locales con bandas delictivas.

Lo federal tiene que ver con cárteles que operan en zonas regionales. Y lo local son delitos crecientes en cuando menos cinco entidades con infracciones superiores a 100 mil: Edomex (337 mil 906), Ciudad de México (242 mil 850), Jalisco (156 mil 653), Guanajuato (137 mil 658) y Baja California (104 mil 11).

Las cifras del SESNSP sobre delitos localesse confirman con los datos de percepción de inseguridad de la encuesta del INEGI del 16 de enero: la percepción sobre las policías estatales es de 48.4% y de 40.4% sobre la policía municipal, contra 83.1% sobre el ejército y 85.5% sobre la marina.

El último trimestre de 2910 el secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, intensificó las presiones sobre gobernadores para que otorguen prioridad a la seguridad, pero los mandatarios estatales nohan reaccionado. La encuesta del INEGI reveló también que aumentó 1.6 puntos la percepción de inseguridad en el último trimestre de 2019, pero aún 4 puntos porcentuales abajo del pico de marzo de 2018.

En este contexto, la lectura de las cifras debe deslindar responsabilidades federales y locales y subrayar la falta de decisión y compromiso de alcaldes y gobernadores para combatir la inseguridad local de fuero común. Las estadísticas revelan que la inseguridad y la delincuencia son locales.

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Héroes anónimos. En una reunión especial en Tijuana, once brigadistas de la Comisión Nacional Forestal recibieron reconocimientos por labores de lucha contra peligrosos incendios de bosques. El promotor del reconocimiento fue David León Romero, coordinador nacional de Protección Civil, y en la ceremonia conminó al Sistema Nacional de Protección civil –sectores público, privado y social– a aumentar acciones para evitar incendios forestales. El secretario Durazo Montaño reveló que se dedican casi 400 mil horas/hombre contra esa amenaza casi siempre provocada en el 90% de los casos por personas.

Curso: el Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad que dirige el columnista Carlos Ramírez inicia cursos de actualización y capacitación especialidad presenciales y online presenciales. Cinco temas están abiertos: Periodismo en seguridad.  Análisis de inteligencia política, Columna Política, Ensayo político. Ciencia política para periodistas, con acreditaciones oficiales. Información para configuración de grupos y fechas en http://indicadorpolitico.mx y WhatsApp:55-1058-6460 Ana Karina Sánchez López.

Política para dummies: La política es el juego de claves para que nadie sepa cómo se gobierna.

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Carlos Ramírez

El TCL 2.0, igual: carece de nuevo modelo de desarrollo; IP indolente

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Indicador Político:

De todo lo ocurrido en el 2019, la parte más importante para el proyecto sexenal del presidente López Obrador fue la firma del Tratado de Comercio Libre 2.0 porque implicó la posibilidad de construir una nueva plataforma de internacionalización de la economía. Sin embargo, la indolencia del sector privado perdió la oportunidad de la modernización.

En este sentido, las expectativas de agentes económicos sobre el PIB previsible para 2020 y 2021 –1% y 1.5%, respectivamente– sólo confirman que la negociación del Tratado se hizo sin tener ninguna propuesta de reforma productiva o de redefinición del nuevo modelo de desarrollo y sólo asegura que la planta industrial mexicana seguirá cediendo espacio a la extranjera.

Cuatro datos del economista Arnulfo R. Gómez, de la Universidad Anáhuac y experto en el análisis del TCL, seguirán deteriorándose:

1.- El porcentaje de productos mexicanos en la exportación total pasó de 45% en 2001 a 37%en 2018 y ello indica que México ha desaprovechado casi 20 años de mercado externo. Y el porcentaje fue más del 55% en 1993, antes de la firma del Tratado.

2.- La ubicación de México como país exportador sin reexportación de valor agregado nacional bajó del lugar 18 al lugar 30, una caída de 12 posiciones.

3.- El total de las empresas exportadorastambién disminuyó de 37 mil 745 a 35 mil 277 (cifras de 2012, las últimas), una baja de 6.5%.

4.- Y si bien la inversión extranjera aumentó de 29.9 mil millones de dólares en 2001 a 31.6 mil millones de dólares, la falta de presencia productiva nacional revela que se trata de inversión sin beneficios nacionales.

El Tratado se concibió en 1991-1993 como un detonador del desarrollo nacional y como un estimulo a la modernización de la planta productiva aprovechando la presencia de empresas extranjeras. Pero en 26 años de Tratado, la planta productiva nacional se ha ido achicando.

El principal desafío del Tratado fue la modernización de la planta industrial. Sin embargo, el modelo del negociador Jaime Serra Puche fue sólo abrir la frontera industrial y lanzar a la planta productiva nacional a una competencia perdida. En los primeros cinco años del Tratado se dio una fase intensa de desindustrialización y de entrega de sectores productivos a empresarios extranjeros que llegaron con procesos de fabricación más competitivos.

En la negociación del Tratado 2.0 el en 2018 y 2019, tampoco hubo iniciativas mexicanas para modernizar su planta productiva. Lo más grave que la pasividad del empresariado mexicano con posibilidades de participación en el mercado norteamericano. El dato de menor agregado nacional a los productos exportados dentro del Tratado esconde el volumen de empresas que cerraron o se salieron de la oportunidad.

La palabra clave en la modernización industrial es competitividad. Los datos del profesor Gómez también revelan una falta de sentido común y de enfoque estratégico: el nivel de México en la competitividad mundial se desplomódel lugar 34 en 1999 al lugar 46 en el 2018, en tanto que los EE. UU. están en el lugar 3 y Canadá ocupa el sitio 12. En cambio, otras naciones en desarrollo como Australia, Malasia y Singapur están en mejores lugares de competitividad que México.

El esfuerzo de México en materia de competitividad requería una tarea hercúlea en calidad de las instituciones, confianza en los políticos, trámites y regulaciones, infraestructura, educación y tecnología e innovación. En las cifras de competitividad México, por ejemplo, ocupa el lugar 127 en confianza en las instituciones, el lugar 56 en innovación, 105 en eficiencia de mercado laboral, y 71 en desarrollo tecnológico y 123 en calidad de sus instituciones.

Estos datos ilustran lo que tuvo que haber hecho México, en el escenario del TCL de 1993 y del TCL 2.0 de 2019 para sacar provecho real a la integración del mercado norteamericano. Pero al carecer de alguna iniciativa en la relación nuevo modelo de desarrollo-competitividad, México sólo permitió la continuación del deterioro de la obsoleta planta industrial y agropecuaria.

El TCL de 1993 multiplicó el comercio exterior por 10, pero el PIB general fue de 2.2%. Al carecer de un nuevo modelo de desarrollo, el PIB del TCL no será mayor a 2%.

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Curso: el Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad que dirige el columnista Carlos Ramírez inicia cursos de actualización y capacitación especialidad presenciales y online presenciales. Cinco temas están abiertos: Periodismo en seguridad.  Análisis de inteligencia política, Columna Política, Ensayo político. Ciencia política para periodistas, con acreditaciones oficiales. Información para configuración de grupos y fechas en http://indicadorpolitico.mx y WhatsApp:55-1058-6460 Ana Karina Sánchez López.

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Nacional

Seguridad y Defensa: Seguridad y reforma judicial-penal

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Carlos Ramírez

La filtración de páginas de la iniciativa de reforma judicial-penal que prepara el gobierno federal revelaría una nueva fase de endurecimiento de la fuerza del Estado para combatir al crimen organizado. En los hechos, esta reforma completaría la realizada en 2019 con la creación de la Guardia Nacional como un cuerpo federal único contra las bandas delictivas.

El contenido de esta gran reforma debe cruzarse con dos hechos tensionados: un año de estrategia nacional de seguridad y los saldos persistentes de delitos y homicidios. Las críticas a los resultados se han convertido en argumento de debate sobre la viabilidad de la estrategia de seguridad para el año que acaba de comenzar.

El enfoque de la estrategia de seguridad del año pasado fue de tipo social, reconociendo el hecho de que muchos delitos han sido motivados por la pobreza. La tesis central de que aumentar el bienestar disminuiría la delincuencia necesita de un horizonte de análisis más allá de un año atípico.

Sin embargo, la reforma judicial-penal parece contradecir el sentido social de la estrategia, porque vuelve a introducir endurecimientos en arrestos, prisiones preventivas, acusaciones, sanciones y encarcelamientos. Y queda por evaluar si el regreso a técnicas fracasadas sería el mejor camino para combatir a bandas delictivas más desorganizadas, masivas y sobre todo con la presencia incómoda de organismos de derechos humanos.

Aunque no se conocen de manera total las iniciativas de la reforma, lo que se ha difundido tiene que ver más con el proceso judicial-penal que con estrategias de bienestar social y ofrecerían una versión diferente, desarticulada. Y como tercer elemento, faltaría por tener una mejor evaluación de los resultados funcionales de la Guardia Nacional ya completada su fase de organización y de manera sobresaliente lo que tienen que hacer gobernadores y alcaldes para replantar casi desde su origen sus cuerpos de seguridad.

Al cumplir un año de gobierno, la estrategia nacional de seguridad no ha presentado un informe integral, articulado y completo de sus resultados. Las cifras mensuales-anuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública solo acumulan conteo de averiguaciones y datos de violencia. Las comparaciones estadísticas con años anteriores carecen de contexto, argumentaciones y cruce de objetivos cumplidos-incumplidos.

El peor dato de la seguridad en 2019 radica en la falta de compromiso y decisiones de gobernadores y alcaldes. En diciembre hubo de haber reuniones de emergencia de gobernadores con el presidente de la república para seguir discutiendo lo mismo: la inseguridad no se resolverá a nivel nacional si no se atiende con diligencia y decisión en los niveles estatales y municipales. Hasta ahora ningún gobernador ha reformado sus cuerpos de seguridad de manera integral y sólo algunos han invertido sólo en capacitación, pero todavía sin articulación nacional.

El dato que revela la desorganización de seguridad a nivel estatal y municipal lo exhibió la encuesta de percepción de inseguridad del INEGI: la diferencia entre la percepción baja de inseguridad de 18.9% en Mérida y alta de 92.7% en Puebla. La estrategia es nacional en contabilidad de averiguaciones previas, pero no de programas y planes asociados.

Antes de presentar las reformas al modelo judicial-penal, los tres niveles de gobierno debieran de entregar un diagnóstico de la inseguridad, una evaluación de lo logrado y no logrado en 2019 y un replanteamiento de articulación entre la estrategia de seguridad y el nuevo modelo judicial-penal.

 

Ley de la Omertá

A propósito de las amenazas contra el columnista Héctor de Mauleón, de El Universal, sólo puede decirse que el periodismo está dando mejores resultados que la estrategia de seguridad del Estado. Los medios revelan, señalan, delatan, exigen y desenmascaran.

En julio de 2017 se publicó el libro Javier Valdez Cárdenas. Periodismo escrito. Antología periodística. Textos que ninguna bala podrá callar, selección de César Ramos, en el que se publican narraciones del periodista asesinado en mayo de 2017 en las calles de Culiacán, Sinaloa, y cuya autoría no ha sido resuelta por las autoridades.

Se trata de 24 capítulos con textos diversos del periodismo criminal de Valdez, revelando los resortes sociales del crimen organizado y su inmersión en la realidad cotidiana de la sociedad. Es la aportación de un periodista y escritor a la revelación del mundo de la inseguridad en el microcosmos de Sinaloa.

Después de leer esos textos queda la amarga conclusión de que nadie sabe nada de lo que todos sabían: el narco como modo de vida cotidiano. En el libro de textos de Valdez se exhibe la descomposición de la sociedad, la complicidad de las autoridades con el crimen organizado y la falta de una decisión de Estado para sacar de la raíz social las ramificaciones del crimen organizado.

La muerte de Valdez, su investigación empantanada y el expediente sólo judicial revelan que el infierno social del crimen organizado y sobre todo del narcotráfico requiere de una voluntad de Estado que no existe.

Zona Zero

·      Las leyes de la lógica dicen que la repetición de decisiones tiende a repetir los resultados. La estrategia de seguridad ha dado pocos efectos positivos y los negativos son producto de decisiones recurrentes. Si no va a haber cambios en la estrategia, entonces nada puede adelantar resultados diferentes.

·      Viene un choque entre estrategia de seguridad y el Cártel Jalisco Nueva Generación, sobre todo porque los EE. UU. están exigiendo acciones contra esta organización que sería la segunda más fuerte en territorio estadunidense. EL CJNG es hoy el más fuerte en México, se encuentra en una lógica de expansión criminal y ha configurado un grupo de fuerza armadas que sería superior a la de la Guardia Nacional.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

seguridadydefensa@gmail.com

www.seguridadydefensa.mx

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