Connect with us
Avatar

Publicado

el

Por Carlos Ramírez

Luego de la crisis de Culiacán en octubre, la violencia criminal en la segunda semana de noviembre en Nuevo Laredo demolió la estrategia de seguridad del gobierno federal. El principal indicio que dejaron esos enfrentamientos en calles y en medio de población civil fue el de el repudio de organizaciones criminales locales –aunque articuladas a nacionales– a las iniciativas de pacificación del gabinete federal de seguridad.

El problema no radica en centrar todo en la política de “abrazos, no balazos”, sino en percibir que en la estructura de los mandos civiles y militares de seguridad no existen otras opciones. El repliegue del Estado de la lucha contra el crimen organizado para centrarse en la estrategia de negociación de la paz podría explicar buena parte de la violencia y el aumento de homicidios dolosos en este 2019.

La estrategia de seguridad se ha centrado en el patrullaje en calles como mecanismo de disuasión, pero entre algunos cárteles medianos y chicos en creciente ofensiva para ganar sus espacios territoriales de operación. Todo parece indicar que ya no hay operativos de persecución de bandas, ni de descabezamiento de grupos delictivos, ni de recuperación por la fuerza de territorios en poder de los grupos criminales.

El caso de Ovidio Guzmán López puede ilustrar esta nueva fase de la estrategia: las fuerzas de seguridad buscaron aprehender al hijo de El Chapo sin orden nacional de aprehensión, sino sólo a petición de una orden de extradición de autoridades judiciales de los EE. UU. Por eso funcionarios mexicanos dijeron que no había orden de aprehensión, sino sólo ejecución de orden de extradición. Pero el contenido de la orden de extradición aportó elementos delictivos suficientes de actividades criminales realizadas en México como para haber liberad una orden local de aprehensión, antes de la extradición, porque el Chapito es un delincuente consumado.

Un análisis frío puede aportar datos de que el Chapito no provocaba a nadie y se dedicaba a su negocio de las drogas y que su respuesta violenta y su amenaza de estallar explosivos en zonas de familias de militares fue una decisión extrema, pero por ese sólo hecho también se merece una orden de aprehensión.

Las autoridades han dejado ver que el repliegue del Estado en materia de seguridad ofensiva es real en función del modelo de búsqueda de la paz, pero hasta ahora se desconocen los mecanismos de negociación de la paz con los cárteles. Y si el precio de la paz pasa por una profundización de la violencia por razones que sean –como se vio en Culiacán y en Nuevo Laredo–, entonces estaremos –si acaso se lograr los objetivos– frente a una paz demasiado cara en términos de estabilidad, violencia e incertidumbre ciudadana.

Se trataría, en suma, de una paz demasiado costosa, pues implicaría exonerar a criminales que hasta hoy siguen matando gente.

Ley de la Omertá

Historia del narcotráfico en México. Apuntes para entender el crimen organizado y la violencia (Editorial Aguilar, 2013) de Guillermo Valdés Castellanos va a ocupar cuando menos tres partes de esta sección bibliográfica de asuntos de seguridad. La importancia no sólo radica en que su autor fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en los primeros cinco años del gobierno de Calderón, sino en que se trata de una primera indagación exploratoria del fenómeno de la inseguridad y el narco en México.

Esos años fijaron la primera ofensiva del Estado contra organizaciones criminales que exhibían altos grados de crueldad, violencia y crímenes y determinaron la primera respuesta del Estado a la delincuencia organizada que siempre ha existido en la historia de México, si se recuerdan los años de mediados del siglo XIX que obligaron al presidente Benito Juárez a emitir una ley contra salteadores de caminos y bandidos y a ejercer la pena de muerte.

El punto central del libro de Valdés reconoce un hecho: el grado de violencia criminal en 2008. Y su indagación se basa en tres puntos de definiciones:

1.- El negocio de las drogas es muy lucrativo que se define en función de la relación demanda-oferta.

2.- La ineficacia de las estrategias de seguridad del gobierno de los EE. UU. que repercuten en las mexicanas. A pesar de su complejidad, el crimen organizado sí puede derrotarse.

3.- El junto central: la corrupción de las oficinas de seguridad y procedimientos judiciales. Al grado de que en algunas entidades la estructura de seguridad y justicia está al servicio del crimen organizado.

En este sentido, la primera conclusión –si puede llamarse así– de Valdés no puede ser más desalentadora: la violencia no se puede explicar sin esa omisión del Estado. En la complicidad delincuentes-Estado, la sociedad queda no solo indefensa, sino muchas veces obligada a optar entre el enfrentamiento desigual con delincuentes o su incorporación a las estructuras delictivas.

Zona Zero

· Los días de violencia del crimen organizado y algunos excesos policiacos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la segunda semana de noviembre no respondió a la lógica de funcionamiento de las organizaciones criminales tradicionales dedicadas al narco. No hay datos suficientes, pero pudo haber sido producto de rencillas entre grupos de grandes cárteles y la ausencia de una estrategia de seguridad. Pero afectó a Tamaulipas, un estado cuyo gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, se enorgullecía de resultados en seguridad.

· En esos incidentes en Nuevo Laredo, frontera territorial con los EE. UU. se hizo visible el Cartel del Noreste, desprendimiento de Los Zetas y con tareas criminales adicionales al tráfico de drogas. Lo interesante fue la exhibición de armamento superior al policiaco. Asimismo, fue el aviso de que cárteles medianos y chicos están disputando territorios a los grandes, a costa de la seguridad.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

seguridadydefensa@gmail.com

www.seguridadydefensa.mx

@carlosramirezh

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

Advertisement
Clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Nacional

Resilientes, hasta altos mandos en LLDM reiteran: firmes con Naasón Joaquín

Avatar

Publicado

el

Ya concluyó un proceso judicial contra el director internacional de la Iglesia La Luz de Mundo, con una desestimación del caso ordenado por la Corte de California y va a iniciar un segundo juicio a petición de la Fiscalía de ese estado norteamericano. Pues los miembros, y ahora los altos mandos de esa religión, ratificaron que siguen firmes con Naasón Joaquín.

Hoy domingo en la transmisión pública por Internet, el Consejo de Obispos preparó un video para los fieles de la Iglesia: en él, mandan un saludo al líder internacional de la Iglesia a quien además le patentizaron con gran alegría, su gratitud y plena obediencia a su misión.

El balance internacional es claro: La Iglesia La Luz del Mundo en 60 países está firme, segura y fiel con El Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García.

El saludo y solidaridad se hizo desde Estados Unidos de Norte América, El Salvador, Colombia, así como la Jurisdicción Norte y la Jurisdicción Sur de España, entre otros.

Esta unidad sobresale porque esta Iglesia mantiene cohesión y crecimiento.

Continuar Leyendo

Carlos Ramírez

Indicador Político- México: juicio penal o simbólico al neoliberalismo

Avatar

Publicado

el

Carlos Ramírez*

En una acción prometida desde su posicionamiento en la oposición hace ya treinta años, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició un proceso legal de enjuiciamiento de cinco expresidentes de la república del periodo 1988-2018 por ser los responsables del neoliberalismo económico, de fraudes electorales y de la violencia de la inseguridad.

El procedimiento legal es bastante complejo: solicitud al Congreso federal para realizar una consulta al pueblo si se deben enjuiciar a los ex presidentes que tiene que ser avalada por la suprema Corte de Justicia de la Nación; si gana el sí, entonces se deben juzgar a los expresidentes vivos Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (PRI, 1994-2000), Vicente Fox (PAN, 2000-2006), Felipe Calderón (PAN, 2006-2012) y Enrique Peña Nieto (PRI, 2012-2018) por la “presunta comisión de delitos” cometidos “antes, durante y después” de sus respectivas gestiones administrativas como jefes del ejecutivo federal.

El asunto complicado radica en el hecho de que los procedimientos judiciales se deben hacer a través de acusaciones concretas, carpetas de investigación y averiguaciones previas, no consultas populares para juzgar periodos presidenciales en bloque. Hasta ahora no se han precisado delitos concretos, sino orientaciones de gobierno.

La clave del procedimiento se encuentra en la Suprema Corte de Justicia, porque el Congreso tiene la mayoría el partido del presidente de la república. Y la Corte tendrá que validar la legalidad de la consulta para investigar gestiones administrativas “antes, durante y después” de los sexenios formales.

La propuesta del presidente mexicano mezcla acusaciones formales de presunta corrupción con la aplicación de un modelo económico neoliberal como si fuera un delito, además de reiteraciones de fraudes electorales que ya fueron exonerados en las instituciones electorales correspondientes. El asunto no es que no haya habido evidencias de delitos, sino que su momento se cumplieron con los procedimientos legales para cancelarlos. El tema más actual es el del caso Odebrecht hoy en litigio, pero el proceso legal está en curso con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en prisión domiciliaria hasta la entrega de pruebas que pudieran involucrar al hoy expresidente Peña recibiendo sobornos cuando era candidato presidencial del PRI en 2012.

El filtro principal estará en la autorización o negativa que tendría que dar la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal legal máximo: investigar la “presunta comisión de delitos” sin carpetas de averiguaciones previas y la temporalidad de esos delitos y “antes, durante y después de sus respectivas gestiones”, sin precisar tiempos legales. En términos procedimentales, las autoridades de la Fiscalía tienen facultades para iniciar carpetas de investigación para elaborar sin consultas populares averiguaciones previas que puedan conducir a solicitudes de órdenes de aprehensión contra expresidentes, aunque con el dato legal de que durante sus gestiones sólo podrían ser acusados de “delitos graves de orden común” y de “traición a la patria”.

Al margen de que se trate de un acto político de posicionamiento mediático que renueve el repudio popular contra el ciclo priísta-panista-priísta de 1988 a 2018 y que deje al margen los gobiernos anteriores con los mismos o peores delitos, el hecho es que bien encaminado el proceso pudiera convertirse en un enjuiciamiento social y político al neoliberalismo económico mexicano que profundizó la pobreza y la marginación y el enriquecimiento plutocrático, aunque sin cargos penales. La prueba del repudio social al neoliberalismo fue el voto a favor de López Obrador en el 2018 para inaugurar un periodo económico posneoliberal.

Dentro de ese periodo neoliberal 1988-2018 existieron casos flagrantes de corrupción que debieran de investigarse –inclusive sin consulta popular–, pero que el gobierno de López Obrador no ha iniciado los procedimientos legales. Por ejemplo, la muy criticada privatización de la empresa Teléfonos de México en 1992 para entregársela al empresario Carlos Slim Helú, con el dato de que hoy Slim es uno de los empresarios consentidos del gobierno de López Obrador. O la privatización de Televisión Azteca que se le dio al empresario Ricardo Salinas Pliego, quien tuvo que conseguir un préstamo de Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente que privatizaba la empresa, para completar la inversión. Salinas Pliego también es de los empresarios consentidos del gobierno de López Obrador.

Lo más probable es que la consulta no pase el filtro de la suprema Corte de Justicia de la Nación por la falta de consistencia legal al pedir investigaciones como día de pesca y sin basarse en averiguaciones previas con recopilación de pruebas procesales y legales, aunque un tercio de los ministros haya sido propuesto por el presidente de la república. Cada uno de los expresidentes tiene en su haber asuntos oscuros de corrupción y malversación de fondos, pero sin estar en carpetas oficiales de investigación.

Si la solicitud fracasa, entonces la bandera de enjuiciar la corrupción del PRI y el PAN en la presidencia podría fracasar y afectar la base social y política del partido lopezobradorista Morena que avanza a su primera prueba electoral en junio del 2021 con la elección de la Cámara federal de Diputados y quince gubernaturas y que está resintiendo en pérdida de votos el saldo de muertos por la pandemia, la crisis económica con un PIB promedio anual de 1.3% de 2020 a 2024 y el aumento en la violencia de los cárteles del crimen organizado.

López Obrador encarnó siempre el espíritu de justicia popular contra la élite gobernante depredadora a costa de la pobreza de las mayorías y su elección fue un voto de esperanza para someter a la justicia a los gobernantes anteriores. Sin embargo, se esperaban procedimientos legales muy bien cuidados y no solicitudes generales que pudieran esfumarse en el aire.

 

http://indicadorpolitico.mx

indicadorpoliticomx@gmail.com

@carlosramirezh

Canal YouTube: https://t.co/2cCgm1Sjgh

Continuar Leyendo

Carlos Ramírez

Indicador Político- AMLO y la memoria histórica: iniciar con Bartlett, Slim, Salinas Pliego y el PRI

Avatar

Publicado

el

Carlos Ramírez*

Aunque le falta mucho para cumplir su compromiso desde 1988, la carta del presidente López Obrador al Senado para convocar a una consulta para investigar a cinco expresidentes de la república debería ser la base de una ley de la memoria histórica que fije el deslindamiento del ciclo neoliberal 1979-2018.

Pero a partir del contenido del documento que señala el inicio del ciclo neoliberal depredador y de alto costo social en el gobierno de Salinas de Gortari, entonces el gobierno de la 4-T podría comenzar antes que decida la Corte con la investigación penal de dos de los episodios más visibles del autoritarismo salinista: los fraudes electorales que entronizaron el neoliberalismo en el poder y sobre todo el de 1988 y la privatización de las empresas propiedad de la nación para construir un empresariado funcional a los intereses neoliberales del salinismo.

Ahí saltan los tres principales nombres de funcionarios o beneficiarios salinistas hoy incrustados en la 4-T lopezobradorista: Manuel Bartlett Díaz fue operador del fraude electoral de 1988 –además del de 1986 que ilustró hace días el propio presidente López Obrador– que permitió la construcción del salinismo y su proyecto económico autoritario; Carlos Slim Helú recibió por dedazo Teléfonos de México para iniciar la construcción de la plutocracia que sigue enquistada en la empresa y el poder y simboliza la riqueza ofensiva; y Ricardo Salinas Pliego recogió TV Azteca del presidente Salinas de Gortari y la pagó con dinero prestado por Raúl Salinas de Gortari, en un acto de tráfico abusivo de poder y de conflicto de intereses.

Si la carta para juzgar expresidentes se asume como principio de una ley de memoria histórica, entonces el gobierno actual tiene la obligación moral de deslindarse de los miembros de la élite del neoliberalismo que resultó beneficiaria por todos los expresidentes que quieren ser sometidos a juicio. De centrar el juicio sólo en los extitulares del ejecutivo federal, entonces sí podrían analizarse sus resultados como fracaso.

La obligación política y moral del presidente López Obrador con el deslindamiento de su proyecto respecto del pasado neoliberal 1979-2018 se sustenta en que su oferta de campaña y de gobierno fue una Cuarta Transformación de la vida pública, pero para ello necesita liquidar, de manera política y penal, con la 3.1 que fue la posrevolución en fase neoliberal.

En efecto, el neoliberalismo no ha sido nunca, ni aquí ni donde se ha aplicado, un modelo simple de política económica de mercado, sino que ha necesitado –y Chile con Milton Friedman y Arnold Harberger como asesores han sido el ejemplo de que se requirió de una dictadura militar represiva– del apoyo de gobiernos autoritarios en la orilla de la dictadura. El sistema político que avaló el neoliberalismo mexicano que depredo la economía y la sociedad fue posible por el PRI, por lo que se tendría que debatir si el PRI debiera ser proscrito como partido por su responsabilidad histórica en la dictadura neoliberal que empobreció al 75% de los mexicanos en actos conocidos y razonados ya como de “crímenes económicos”.

La puerta que abrió el presidente López Obrador con su consulta fue, aunque se critique, un acto de congruenciapersonal porque siempre dijo que así lo haría. Pero habría una obligación histórica para no dejarlo en mero acto de propaganda electoral para las elecciones legislativas del 2021, porque existe el riesgo de que ese neoliberalismo pueda regresar al poder por la vía electoral en 2024, después de una campaña de desprestigio personal contra el presidente López Obrador que ya está en marcha.

Mientras llega la respuesta positiva o negativa de la Corte a la consulta, el paso político debe ser una ley de la memoria histórica.

-0-

 Política para dummies: La política es un acto de justicia o una ruta de escape.

 

http://indicadorpolitico.mx

indicadorpoliticomx@gmail.com

@carlosramirezh

Canal YouTube: https://t.co/2cCgm1Sjgh

Continuar Leyendo
Advertisement


Tendencia