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Por Carlos Ramírez

Luego de la crisis de Culiacán en octubre, la violencia criminal en la segunda semana de noviembre en Nuevo Laredo demolió la estrategia de seguridad del gobierno federal. El principal indicio que dejaron esos enfrentamientos en calles y en medio de población civil fue el de el repudio de organizaciones criminales locales –aunque articuladas a nacionales– a las iniciativas de pacificación del gabinete federal de seguridad.

El problema no radica en centrar todo en la política de “abrazos, no balazos”, sino en percibir que en la estructura de los mandos civiles y militares de seguridad no existen otras opciones. El repliegue del Estado de la lucha contra el crimen organizado para centrarse en la estrategia de negociación de la paz podría explicar buena parte de la violencia y el aumento de homicidios dolosos en este 2019.

La estrategia de seguridad se ha centrado en el patrullaje en calles como mecanismo de disuasión, pero entre algunos cárteles medianos y chicos en creciente ofensiva para ganar sus espacios territoriales de operación. Todo parece indicar que ya no hay operativos de persecución de bandas, ni de descabezamiento de grupos delictivos, ni de recuperación por la fuerza de territorios en poder de los grupos criminales.

El caso de Ovidio Guzmán López puede ilustrar esta nueva fase de la estrategia: las fuerzas de seguridad buscaron aprehender al hijo de El Chapo sin orden nacional de aprehensión, sino sólo a petición de una orden de extradición de autoridades judiciales de los EE. UU. Por eso funcionarios mexicanos dijeron que no había orden de aprehensión, sino sólo ejecución de orden de extradición. Pero el contenido de la orden de extradición aportó elementos delictivos suficientes de actividades criminales realizadas en México como para haber liberad una orden local de aprehensión, antes de la extradición, porque el Chapito es un delincuente consumado.

Un análisis frío puede aportar datos de que el Chapito no provocaba a nadie y se dedicaba a su negocio de las drogas y que su respuesta violenta y su amenaza de estallar explosivos en zonas de familias de militares fue una decisión extrema, pero por ese sólo hecho también se merece una orden de aprehensión.

Las autoridades han dejado ver que el repliegue del Estado en materia de seguridad ofensiva es real en función del modelo de búsqueda de la paz, pero hasta ahora se desconocen los mecanismos de negociación de la paz con los cárteles. Y si el precio de la paz pasa por una profundización de la violencia por razones que sean –como se vio en Culiacán y en Nuevo Laredo–, entonces estaremos –si acaso se lograr los objetivos– frente a una paz demasiado cara en términos de estabilidad, violencia e incertidumbre ciudadana.

Se trataría, en suma, de una paz demasiado costosa, pues implicaría exonerar a criminales que hasta hoy siguen matando gente.

Ley de la Omertá

Historia del narcotráfico en México. Apuntes para entender el crimen organizado y la violencia (Editorial Aguilar, 2013) de Guillermo Valdés Castellanos va a ocupar cuando menos tres partes de esta sección bibliográfica de asuntos de seguridad. La importancia no sólo radica en que su autor fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en los primeros cinco años del gobierno de Calderón, sino en que se trata de una primera indagación exploratoria del fenómeno de la inseguridad y el narco en México.

Esos años fijaron la primera ofensiva del Estado contra organizaciones criminales que exhibían altos grados de crueldad, violencia y crímenes y determinaron la primera respuesta del Estado a la delincuencia organizada que siempre ha existido en la historia de México, si se recuerdan los años de mediados del siglo XIX que obligaron al presidente Benito Juárez a emitir una ley contra salteadores de caminos y bandidos y a ejercer la pena de muerte.

El punto central del libro de Valdés reconoce un hecho: el grado de violencia criminal en 2008. Y su indagación se basa en tres puntos de definiciones:

1.- El negocio de las drogas es muy lucrativo que se define en función de la relación demanda-oferta.

2.- La ineficacia de las estrategias de seguridad del gobierno de los EE. UU. que repercuten en las mexicanas. A pesar de su complejidad, el crimen organizado sí puede derrotarse.

3.- El junto central: la corrupción de las oficinas de seguridad y procedimientos judiciales. Al grado de que en algunas entidades la estructura de seguridad y justicia está al servicio del crimen organizado.

En este sentido, la primera conclusión –si puede llamarse así– de Valdés no puede ser más desalentadora: la violencia no se puede explicar sin esa omisión del Estado. En la complicidad delincuentes-Estado, la sociedad queda no solo indefensa, sino muchas veces obligada a optar entre el enfrentamiento desigual con delincuentes o su incorporación a las estructuras delictivas.

Zona Zero

· Los días de violencia del crimen organizado y algunos excesos policiacos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la segunda semana de noviembre no respondió a la lógica de funcionamiento de las organizaciones criminales tradicionales dedicadas al narco. No hay datos suficientes, pero pudo haber sido producto de rencillas entre grupos de grandes cárteles y la ausencia de una estrategia de seguridad. Pero afectó a Tamaulipas, un estado cuyo gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, se enorgullecía de resultados en seguridad.

· En esos incidentes en Nuevo Laredo, frontera territorial con los EE. UU. se hizo visible el Cartel del Noreste, desprendimiento de Los Zetas y con tareas criminales adicionales al tráfico de drogas. Lo interesante fue la exhibición de armamento superior al policiaco. Asimismo, fue el aviso de que cárteles medianos y chicos están disputando territorios a los grandes, a costa de la seguridad.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

seguridadydefensa@gmail.com

www.seguridadydefensa.mx

@carlosramirezh

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Sacar al INE del conflicto electoral para evitar el conflicto poselectoral

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Carlos Ramírez

Como no había ocurrido desde su fundación en 1990 como IFE, el Instituto Nacional Electoral fue metido por el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello y el consejero Ciro Murayama Rendón en el centro del conflicto poselectoral. La razón se localiza en el repudio de ambos al populismo. En este sentido, el INE está sentando las bases para el conflicto poselectoral después del 6 de junio.

El INE fue creado sólo para organizar elecciones y contar votos. De modo arbitrario, el organismo ha querido convertirse en el cancerbero de la democracia. Pero una cosa es que las elecciones sean una parte del proceso democrático y otra que definan la democracia en sí misma. En este sentido, el INE debería ser alejado del conflicto electoral a través de varias decisiones estratégicas o las elecciones del 6 de junio serán conflictivas y tendrán en el INE parte de la responsabilidad.

1.- Sacar a Córdova y Murayama del litigio argumentativo en medios de comunicación. Como funcionarios nodeberían aparecer en medios ni menos aún debatiendo contra el presidente de la república o con Morena.

2.- Como al presidente Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020 en EE. UU., aquí deben cerrarse de manera temporal las cuentas twitter a Córdova y a Murayama para evitar mensajes revulsivos. En procesos de alta tensión política, el medio del INE para comunicarse debería ser el boletín de prensa fuera de las redes sociales.

3.- Retirar de manera inmediata de circulación los libros Yo, el pueblo.  Cómo el populismo transforma la democracia, pagado por el INE y que se lee como un documento anti Morena y anti López Obrador. Y el libro La democracia no se construyó en un día, de Córdova, porque fue escrito en su tiempo de funcionario y con recursos del Instituto contrató a un colaborador-amanuense. En ambos casos se debe abrir un expediente por presunto peculado.

4.- Regresar el dinamismo electoral a la mesa del consejo general, pero con restricciones participativas del consejero presidente. Córdova ha mostrado en medios que se adueña del micrófono e inunda las bocinas de demagogia agobiante, sin dejar participar a los demás. La neurosis del micrófono de Córdova debiera acreditarse como política, no administración.

5.- Sacar al INE de la alianza PAN-PRI-PRD-Coparmex porque en los hechos el Instituto aparece como el virtual onceavopartido y su enfoque ideológico es el antipopulismo. Córdoba y Murayama tienen derecho a tener ideas y exponerlas, pero no como funcionarios que tienen en sus manos el delicado equilibrio de la estabilidad electoral. El presidente de la república ha demostrado la parcialidad del INE.

Nunca antes el IFE-INE había sido tan parcial en contra de alguna fuerza electoral como lo es con Morena. Y si bien hay razones suficientes para hacerlo, la dirección institucional del INE no debiera convertirse en dirección política. El cuestionamiento a Morena y al presidente de la república por el presunto populismo debiera ser objetivo de los partidos, no de la autoridad electoral.

La democracia electoral que tiene el INE como función es limitada y carece de contenido ideológico. Las elecciones son un mecanismo procedimental de la democracia como ideología. La verdaderademocracia debe ser capaz de permitir la contienda equilibrada y abierta de todas las fuerzas ideológicas o comenzar a excluir a fuerzas políticas por tener ideas no aceptadas por la autoridad electoral. Hasta ahora no se tienen datos de que el populismo sea una ideología proscritacomo algunas que conocemos. Y al propio sistema democrático le corresponderá, como ocurre ahora, aplicar los controlesnecesarios para evitar que la democracia sea usada por alguna fuerza ideológica para terminar con la democracia. El PRI usó la democracia para cerrar los caminos democráticos. Y el IFE nació como una forma limitada para abrir en México el verdadero juego plural de la democracia.

El INE es el organismo administrador de las elecciones, no el comité central de una democracia excluyente y autoritaria basada en la reglamentitis. Córdova y Murayama no pierden oportunidad para actuar como un politburó al viejo estilo comunista para determinar ellos qué es la democracia y qué no es.

O el INE regresa a organizar elecciones o su papel como comisario de una democracia tipo priísta será un factor de conflicto poselectoral.

 

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Política para dummies: La mejor defensa de la democracia es la democracia misma.

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Nacional

Brújula Pública- Pobre Jalisco

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Rodolfo Aceves Jiménez*

Uno de los objetivos de la seguridad nacional es el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno, así como la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes, entre otros.

Se basa en los objetivos nacionales permanentes que se desprenden de los anhelos señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los objetivos nacionales coyunturales consignados en el Plan Nacional de Desarrollo, los Programas Sectoriales y el Presupuesto de Egresos de la Federación. De estos tres elementos se produce la gran política nacional y el mismo contexto se inserta en cada entidad de la República.

De tiempo atrás la presente administración del Gobierno de Jalisco ha presentado crisis en el mantenimiento de su orden constitucional que debilitan las instituciones democráticas de gobierno y que impactan el desarrollo social y político de sus habitantes.

En el campo de la salud una enfermedad producida por un mosquito puso en crisis al sistema de salud de Jalisco y la corrupción producida en la pasada administración fue tolerada.

En el campo social la escasez de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara es un asunto añejo que no tuvo la voluntad política de solucionarse en tiempo y forma y que las torpezas de la presente administración mantienen a su población con cortes al suministro de agua.

La joya de la corona lo constituye, la crisis de inseguridad en que una gran cantidad de factores confluyen para su materialización.

Por principio de cuentas el gobernador no está enterado o sus asesores no le dicen, que la planeación de seguridad es obsoleta y ya dio de sí. Su administración no tuvo el valor suficiente para procesar a los mandos responsables en seguridad de la pasada administración y que todavía carga con algunos de ellos. Desaparecidos, desplazados y violencia en el estado es lo que se vive en Jalisco.

Tampoco le informan que hoy lleva a cuestas la losa con la carga moral y política del asesinato de su antecesor, sin que ninguno de los titulares actuales o extitulares del malogrado gobernador se haya molestado en voltear a ver al entonces gabinete de seguridad.

Por lo menos desde hace un año con motivo del asesinato de Giovanni López, el Ejecutivo del estado ya se dio cuenta porque afirmó que su Fiscalía está infiltrada por la delincuencia, pero no hay muestras de voluntad para erradicarla; como tampoco da muestras de voluntad para solucionar la crisis de los cuerpos que arrastra desde la pasada administración y que un día sí y otro también le brotan protestas hasta su residencia oficial por los 12 mil desaparecidos.

Quizás lo más importante es, que carga con toda la responsabilidad política por la ignorancia, impericia, torpeza y probable complicidad de los titulares de su gabinete de seguridad. Los acuerdos con los grupos políticos por los que llegaron y sostienen a los titulares de su gabinete de seguridad han sido rebasados y sus grupos impulsores no responden por sus actos. ¿o era parte del acuerdo la acción u omisión en perjuicio de la función de seguridad pública?

El Poder Judicial de Jalisco se aleja de la idealizada autonomía. Parece que responde a las necesidades políticas del partido en el poder y muy posiblemente persisten vicios y nichos de corrupción que impiden la impartición de justicia o que ésta sea con un sesgo de interés.

Es cierto que la Federación debe hacer lo suyo en cada materia de concurrencia con las entidades, pero también es cierto que Jalisco es una entidad libre y soberana, con un marco jurídico propio, un presupuesto y recursos propios.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

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Carlos Ramírez

Indicador Político- WOLA, un think tank clave en el juego estratégico de Casa Blanca

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Carlos Ramírez

En términos estratégicos, el poder central en EEUU se conoce con el concepto –no referencia de nombre institucional– de Casa Blanca. A pesar de lo que piensen o digan los funcionarios, Casa Blanca decide lo que es mejor para la seguridad nacional de EEUU para privilegiar, como dice la Doctrina respectiva del gobierno de Biden, y defender el american way of life o modo de vida estadunidense.

Aunque tiene sus propias oficinas y organizaciones ad hoc que son controladas por el Congreso, el aparato de poder estadunidense –la comunidad de los servicios de inteligencia y seguridad nacional– utiliza a agrupaciones con cobertura académica o sólo analítica que son conocidas como think tanks, en cuyo seno son asimilados exfuncionarios de la seguridad civil y militar ya en fase de empresas de movilidad en la seguridad privada al servicio de la seguridad oficial.

En esa comunidad asesora se localiza el grupo Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). El enfoque de seguridad nacional de esta organización coincide con el oficial estadunidense. Su último reporte sobre México y su crítica a la militarización sólo encontró contexto en tres escenarios construidos por la Casa Blanca:

1.- La presentación formal de la vicepresidenta Kamala Harris como encargada Senior de la agenda México dentro del nuevo aparato de gobierno.

2.- El aumento de las presiones de la DEA para realizar operaciones en México sin cumplir con las nuevas reglas de registro establecidas por la Ley mexicana de Seguridad Nacional.

3.- La búsqueda del debilitamiento de la participación de las fuerzas armadas mexicanas en labores de seguridad nacional estratégica y de seguridad interior para que México regrese al corral de una nueva Iniciativa Mérida.

La intención de la Casa Blanca es evitar la autonomía relativa del gobierno del presidente López Obrador en tareas de seguridad mexicanas en temas que tienen efecto en EEUU. La iniciativa Mérida firmada por el presidente Calderón con el presidente Bush sometió la estrategia de seguridad mexicana a la aprobación y sobre todo supervisión estadunidense, es decir, en relación a los intereses de EEUU.

El presidente López Obrador anuló esa Iniciativa y definió su propio paradigma de seguridad en función de los intereses mexicanos de abandonar los escenarios de la guerra y crear condiciones de paz, incluyendo un entendimiento informal con los cárteles para evitarles la tentación de ser gobierno, no perseguirlos para eludir la respuesta criminal a balazos y generar condiciones de bienestar en las zonas controladas por el crimen organizado.

El último reporte de WOLA deja ver los intereses estratégicos de la Casa Blanca de Biden: sacar a los militares de las tareas de seguridad y evitar su utilización –que tiene fundamentos y garantías constitucionales– en tareas civiles de obras sociales que permiten las leyes y reglamentos mexicanos.

La clave está en la estrategia de seguridad. El reporte de WOLA, en la lógica de Casa Blanca, pone la atención en los militares, pero con el segundo pensamiento de que la estructura civil mexicana no tiene las condiciones ni fuerza para contener a los narcos y entonces el gobierno de Mexico debiera permitir la entrada de especialistas estadunidenses militares en materia de seguridad para suplir a los mexicanos, sin colaborar ni compartir tecnologías e inteligencia.

La lectura del reporte de WOLA sobre la militarización en México deja ver esas intenciones estratégicas ocultas. Y por si fuera poco, ese reporte circuló en México la víspera de la reunión institucional México-EEUU en materia de seguridad, con la presencia en México de expertos estadunidenses de alto nivel. El objetivo de WOLA quedó claro: que organismos y personal del gobierno de EEUU tenga más beligerancia en México sin pasar por las normas regulatorias de registro de agentes y operaciones y revolver los territorios de los cárteles para aniquilarlos o llevárselos extraditados.

En este sentido, el modelo de seguridad binacional que ha dejado ver el gobierno de EEUU tiene, en realidad, un enfoque sólo estadunidense. Hasta ahora, en esas reuniones sólo ha habido una forma de resistencia en la cancillería mexicana de Marcelo Ebrard Casaubón en función de la directriz presidencial de que no debe permitirse la restauración legal o de facto de una nueva Iniciativa Mérida.

 

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Política para dummies: La política es la forma de eludir las presiones de los adversarios.

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