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Por Carlos Ramírez

Luego de la crisis de Culiacán en octubre, la violencia criminal en la segunda semana de noviembre en Nuevo Laredo demolió la estrategia de seguridad del gobierno federal. El principal indicio que dejaron esos enfrentamientos en calles y en medio de población civil fue el de el repudio de organizaciones criminales locales –aunque articuladas a nacionales– a las iniciativas de pacificación del gabinete federal de seguridad.

El problema no radica en centrar todo en la política de “abrazos, no balazos”, sino en percibir que en la estructura de los mandos civiles y militares de seguridad no existen otras opciones. El repliegue del Estado de la lucha contra el crimen organizado para centrarse en la estrategia de negociación de la paz podría explicar buena parte de la violencia y el aumento de homicidios dolosos en este 2019.

La estrategia de seguridad se ha centrado en el patrullaje en calles como mecanismo de disuasión, pero entre algunos cárteles medianos y chicos en creciente ofensiva para ganar sus espacios territoriales de operación. Todo parece indicar que ya no hay operativos de persecución de bandas, ni de descabezamiento de grupos delictivos, ni de recuperación por la fuerza de territorios en poder de los grupos criminales.

El caso de Ovidio Guzmán López puede ilustrar esta nueva fase de la estrategia: las fuerzas de seguridad buscaron aprehender al hijo de El Chapo sin orden nacional de aprehensión, sino sólo a petición de una orden de extradición de autoridades judiciales de los EE. UU. Por eso funcionarios mexicanos dijeron que no había orden de aprehensión, sino sólo ejecución de orden de extradición. Pero el contenido de la orden de extradición aportó elementos delictivos suficientes de actividades criminales realizadas en México como para haber liberad una orden local de aprehensión, antes de la extradición, porque el Chapito es un delincuente consumado.

Un análisis frío puede aportar datos de que el Chapito no provocaba a nadie y se dedicaba a su negocio de las drogas y que su respuesta violenta y su amenaza de estallar explosivos en zonas de familias de militares fue una decisión extrema, pero por ese sólo hecho también se merece una orden de aprehensión.

Las autoridades han dejado ver que el repliegue del Estado en materia de seguridad ofensiva es real en función del modelo de búsqueda de la paz, pero hasta ahora se desconocen los mecanismos de negociación de la paz con los cárteles. Y si el precio de la paz pasa por una profundización de la violencia por razones que sean –como se vio en Culiacán y en Nuevo Laredo–, entonces estaremos –si acaso se lograr los objetivos– frente a una paz demasiado cara en términos de estabilidad, violencia e incertidumbre ciudadana.

Se trataría, en suma, de una paz demasiado costosa, pues implicaría exonerar a criminales que hasta hoy siguen matando gente.

Ley de la Omertá

Historia del narcotráfico en México. Apuntes para entender el crimen organizado y la violencia (Editorial Aguilar, 2013) de Guillermo Valdés Castellanos va a ocupar cuando menos tres partes de esta sección bibliográfica de asuntos de seguridad. La importancia no sólo radica en que su autor fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en los primeros cinco años del gobierno de Calderón, sino en que se trata de una primera indagación exploratoria del fenómeno de la inseguridad y el narco en México.

Esos años fijaron la primera ofensiva del Estado contra organizaciones criminales que exhibían altos grados de crueldad, violencia y crímenes y determinaron la primera respuesta del Estado a la delincuencia organizada que siempre ha existido en la historia de México, si se recuerdan los años de mediados del siglo XIX que obligaron al presidente Benito Juárez a emitir una ley contra salteadores de caminos y bandidos y a ejercer la pena de muerte.

El punto central del libro de Valdés reconoce un hecho: el grado de violencia criminal en 2008. Y su indagación se basa en tres puntos de definiciones:

1.- El negocio de las drogas es muy lucrativo que se define en función de la relación demanda-oferta.

2.- La ineficacia de las estrategias de seguridad del gobierno de los EE. UU. que repercuten en las mexicanas. A pesar de su complejidad, el crimen organizado sí puede derrotarse.

3.- El junto central: la corrupción de las oficinas de seguridad y procedimientos judiciales. Al grado de que en algunas entidades la estructura de seguridad y justicia está al servicio del crimen organizado.

En este sentido, la primera conclusión –si puede llamarse así– de Valdés no puede ser más desalentadora: la violencia no se puede explicar sin esa omisión del Estado. En la complicidad delincuentes-Estado, la sociedad queda no solo indefensa, sino muchas veces obligada a optar entre el enfrentamiento desigual con delincuentes o su incorporación a las estructuras delictivas.

Zona Zero

· Los días de violencia del crimen organizado y algunos excesos policiacos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la segunda semana de noviembre no respondió a la lógica de funcionamiento de las organizaciones criminales tradicionales dedicadas al narco. No hay datos suficientes, pero pudo haber sido producto de rencillas entre grupos de grandes cárteles y la ausencia de una estrategia de seguridad. Pero afectó a Tamaulipas, un estado cuyo gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, se enorgullecía de resultados en seguridad.

· En esos incidentes en Nuevo Laredo, frontera territorial con los EE. UU. se hizo visible el Cartel del Noreste, desprendimiento de Los Zetas y con tareas criminales adicionales al tráfico de drogas. Lo interesante fue la exhibición de armamento superior al policiaco. Asimismo, fue el aviso de que cárteles medianos y chicos están disputando territorios a los grandes, a costa de la seguridad.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

seguridadydefensa@gmail.com

www.seguridadydefensa.mx

@carlosramirezh

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Trump, producto de contradicciones sociales del capitalismo depredador

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Carlos Ramírez*

No, no es Trump. El presidente que dejará hoy la Casa Blanca por el resultado electoral oficial no fue una anomalía, sino un sujeto histórico producto de las contradicciones del conflicto social estadunidense acumulado.

Tres datos deben anotarse:

1.- De acuerdo con el tracking diario de la empresa Rasmussen, Trump llegó a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre con 39% de aprobación fuerte, contra 43% de Biden; y en lo general, el total de la aprobación presidencial de Trump el día electoral fue de 49%, contra 50% de Biden. El 15 de enero, Trump registró una aprobación fuerte de 35%, contra 42% de Biden y una aprobación total de 48% contra 52% de Biden. El 6 de enero de la crisis en el Capitolio, Trump tuvo una aprobación fuerte de 36% y total de 48% y Biden de 43% fuerte y total de 52%.

2.- A pesar de la estridencia ideológica del establishment liberal/republicano colaboracionista y del discurso ideológico para caracterizar a las bases radicales de Trump como fascistas, en las calles hubo una especie de pasividad social. En la capital federal, D.C., mostró una especie de aceptación del estado de sitio.

3.- El establishment cometió el error estratégico de caracterizar a los grupos radicales de ultraderecha vinculados a Trump como expresiones de “terrorismo doméstico” porque colocó una grave fractura social en el consenso interno que le da fuerza al comportamiento imperial de la Casa Blanca. El pensamiento liberal real sigue sin olvidar los años oscuros y criminales del macartismo cuando la derecha en el poder persiguió, como parte de la guerra fría imperial, a los pocos grupos del espectro centro-progresista a comunista. Hoy parece ser al revés: el presunto progresismo en el poder quiere criminalizar a la derecha ideológica violenta.

Los EE. UU. siempre habían expresado una polarización electoral, aunque sin incidentes poselectorales: de las elecciones de William Clinton en 1996 a Biden en 2020 el Partido Demócrata ha tenido un promedio de voto popular de 50%, contra 40% de los republicanos a pesar de los dos periodos de Bush Jr. y el cuatrienio de Trump. La diferencia Biden/Trump es de 51.4%/47%, aunque ahora con republicanos violentos en las calles.

Por primera vez en la historia, el relevo presidencial se da sin el sentido de la fiesta, sin los bailes presidenciales nocturnos y sin el paseíllo de la nueva pareja presidencial por Pennsylvania Av. Las rejas, los guardias nacionales, los miles de policías y los comandos especiales de las fuerzas armadas, con la imagen intimidante de francotiradores oficiales van a opacar la victoria de Biden. En las plazas de capitolios estatales aparecieron milicias legales armadas.

Biden y la reina Nancy Pelosi fueron incapaces de construir una legitimidad política de su victoria. El presiden electo perdió la oportunidad de exhibir un verdadero liderazgo político al salirse de la refriega y refugiarse en el sótano de su casa como búnker de campaña, en tanto que la reina Pelosi profundizó el autoritarismo de Estado contra los grupos violentos consolidando el discurso de golpe de Estado que nunca ocurrió.

Con la respuesta de fuerza, el establishment demócrata/republicano privilegió su falta de comprensión al mensaje que envió el electorado duro de Trump: una protesta contra el Estado autoritario dominado por una veintena de lobbies de intereses nada populares. El próximo establecimiento de leyes patrióticas internas contra el “terrorismo doméstico” profundizará la estructura fascistoides de fuerza del Estado norteamericano, pero sin entender la dinámica ideológica de ese conservadurismo militante.

Durante gobiernos anteriores, demócratas y republicanos, los grupos radicales de la derecha fueron la base de una configuración de clases sociales dispares, polarizando a los beneficiarios del establishment y los sacrificados por la acumulación privada de riqueza. La desigualdad social ha sido, en el fondo, una desigualdad de raza, sin duda la peor herencia histórica del modelo de polarización de riqueza/pobreza que es la esencia del capitalismo estadunidense.

Con un presidente sin carisma, agobiado por la edad, anticlimático y una sociedad polarizada hasta la violencia, los EE. UU. entran a una nueva fase de gobierno con tensiones sociales que van a tratar de ser aplastadas con la fuerza del poder y no con la comprensión del conflicto social subyacente.

Y en el fondo, y ya no tan en el fondo, los primeros indicios de una nueva guerra civil.

 

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Política para dummies: La violencia es la política por otros medios.

 

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Nacional

Firma de convenio con Coparmex- Descarta Consejo Ciudadano de Seguridad de CDMX a Pandemia como reductor de delitos

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   Resaltan Consejo y COPARMEX CDMX labor coordinada en seguridad durante firma de convenio

·               Preocupan fraude y extorsión ante falta de liquidez

La Ciudad de México es la entidad que mejor comportamiento ha tenido en la reducción de incidencia delictiva con la participación coordinada entre autoridades, empresarios y ciudadanía, aseguró este martes el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, Salvador Guerrero Chiprés.

Durante la firma virtual de un convenio de colaboración con el Centro Empresarial de la Ciudad de México y ante su presidente Armando Zúñiga Salinas, Guerrero Chiprés aclaró que la pandemia por COVID-19 no ha sido factor en la disminución de delitos.

“La pandemia no reduce el delito en sí mismo; por ejemplo, tenemos estados como Jalisco, Guanajuato o Michoacán, donde la incidencia delictiva sigue en aumento, mientras en la Ciudad de México los datos indican una reducción”, enfatizó.

Zúñiga Salinas resaltó que, una vez que la emergencia sanitaria disminuya, los problemas de seguridad volverán a ser una de las prioridades para ciudadanos y empresarios.

En esta temporada, comentó el presidente del Consejo Ciudadano, la dinámica delictiva tiende a dirigirse hacia quienes presentan problemas de liquidez, entre ellos el sector empresarial, sobre todo en el caso de fraudes con préstamos fáciles que buscan extorsionar a los ciudadanos.

En este sentido, COPARMEX CDMX ha señalado que la pérdida de empleos acumulada de febrero a noviembre de 2020 es de 137 mil, cifra que aumentará por el cierre de actividades consideradas como no esenciales, por lo que el ofrecimiento de préstamos fáciles o prácticas de extorsión está en latente aumento, ante lo cual hizo un llamado a los empresarios a estar pendientes de cualquier riesgo.

Ante este hecho se resaltó que las prioridades ciudadanas son convergentes con las necesidades empresariales, entre ellas el cuidado de la salud, la reactivación económica y la seguridad.

“No puede haber seguridad si no somos todos copartícipes de la solución”, mencionó Guerrero Chiprés.

Los integrantes de COPARMEX CDMX y su presidente Armando Zúñiga Salinas se manifestaron abiertos a cualquier colaboración como la sellada esta mañana, donde el bienestar común esté por delante de cualquiera otro interés.

En el convenio, COPARMEX CDMX ofreció la promoción entre sus agremiados de la Línea de Seguridad y el Chat de Confianza 55 5533 5533, en el cual el Consejo proporcionará atención psicológica y jurídica gratuita, en un esquema 24/7, en los temas delictivos y emocionales que preocupen a los empresarios.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Al revés: EE. UU. se dio un balazo en el pie con el arresto del general

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Carlos Ramírez*

Casi todos los análisis y enfoques mediáticos de la prensa en México reclaman que el presidente López Obrador hubiera abierto el expediente acusatorio de la DEA contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda y casi nadie ha enfocado el problema como una decisión de seguridad nacional del Estado mexicano ante el acoso de un Estado extranjero.

El asunto –que no caso– Cienfuegos tiene muchas aristas:

1.- El general Cienfuegos tiene una representación institucional y simbólica del ejército mexicano.

2.- El ejército mexicano, a diferencia de otros sudamericanos, es el eje de la soberanía, la seguridad nacional y el Estado.

3.- Como nunca, el gobierno de los EE. UU. encontró voluntad en las fuerzas armadas mexicana para establecer relaciones profesionales.

4.- En el sexenio de Peña Nieto, el general secretario Cienfuegos fue muy directo en las relaciones militares con los EE. UU.

5.- El arresto del general Cienfuegos fue iniciativa de la DEA en base a un expediente armado en México sin cumplir con los requisitos legales. Por tanto, en su juicio se iba a exhibir al sistema penal-judicial de México como parte de la inseguridad.

6.- México violó acuerdos de confidencialidad en procesos judiciales, pero la DEA, con el aval del gobierno de los EE. UU., también violó esos acuerdos porque ha operado en secreto en México, al margen de las leyes y sin intercambiar información e inteligencia.

6.- El sistema político, judicial y de seguridad de los EE. UU. ha sido horadado por la corrupción: la instalación de cárteles mexicanos en los EE. UU, el control del tráfico de drogas al menudeo en más de tres mil ciudades estadunidenses y el lavado de dólares del narco ha sido posible por la corrupción estadunidense.

7.- En este sentido, los EE. UU. dependen más de México en la lucha contra el narcotráfico, que lo que depende México de los EE. UU. La mayor parte de la droga que se siembra, produce y trasiega en México va para atenderla demandas de 30 millones de adictos dependientes estadunidenses y dos veces más de consumidores no regulares. La demanda determina la oferta.

8.- La investigación de la DEA no fue profesional ni procesal, se basó en interpretación de rumores e intercepciones telefónicas y en conclusiones no sustentables. Pero eso en los EE. UU. no importa porque ahí se juzga y condena por razones no judiciales, como lo prueban los miles de presos sentenciados, algunos de muerte, basados en expedientes irregulares.

9.- Los reclamos de la DEA por el regreso del general Cienfuegos a México debieron de endosarse a las autoridades judiciales y de gobierno de los EE. UU. que lo avalaron. México ejerció su derecho a exigir la liberación de un ciudadano arrestado por investigaciones irregulares, superficiales y hasta ficticias.

10.- México ejerció su derecho de conocer el expediente, lo pasó por los filtros locales y todos han reconocido que se trató de una investigación maliciosa. Las amenazas estadunidenses contra México por la decisión soberana de México de difundir el expediente para exhibir la pobreza jurídica de la investigación de la DEA responden más al ridículo en que quedó la agencia estadunidense que a las sospechas de veracidad de los indicios investigados.

11.- La DEA le dio un balazo en el pie de la estructura de seguridad nacional de los EE. UU. al arrestar de manera ostentosa y grosera a un reciente exjefe del ejército y con ello romper las relaciones del ejército de los EE. UU. con el ejército mexicano.

12.- El ejército mexicano es una pieza exterior del escudo de seguridad nacional de los EE. UU. por la frontera de casi tres mil kilómetros. La DEA no midió la dimensión de su operativo ni siguió los canales institucionales adecuados.

13.- El ejército mexicano ha sido una pieza clave de la estructura de lucha contra los cárteles mexicanos y siempre ha encontrado suspicacias, ofensas y dudas en los EE. UU. Ahora México tiene todo el derecho de cerrarse a los E. UU. y que la Casa Blanca rompa la colaboración militar de seguridad nacional con las fuerzas armadas mexicanas.

14.- Para regresar a la colaboración, México necesita exigir reciprocidad equidistante y que los estadunidenses notraten a los mexicanos como madrinas judiciales de los agentes estadunidenses.

15.- Las reglas de control de operaciones de las agencias extranjeras en México fueron un golpe severo a la estructura de inteligencia, espionaje y seguridad nacional de los EE. UU. y un ejemplo a seguir por otras naciones que padecen la invasión policiaco-militar-espionaje de las agencias estadunidenses,

 

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Política para dummies: La política consiste en no dejarse del más grande.

 

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

 

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