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Por Carlos Ramírez

Luego de la crisis de Culiacán en octubre, la violencia criminal en la segunda semana de noviembre en Nuevo Laredo demolió la estrategia de seguridad del gobierno federal. El principal indicio que dejaron esos enfrentamientos en calles y en medio de población civil fue el de el repudio de organizaciones criminales locales –aunque articuladas a nacionales– a las iniciativas de pacificación del gabinete federal de seguridad.

El problema no radica en centrar todo en la política de “abrazos, no balazos”, sino en percibir que en la estructura de los mandos civiles y militares de seguridad no existen otras opciones. El repliegue del Estado de la lucha contra el crimen organizado para centrarse en la estrategia de negociación de la paz podría explicar buena parte de la violencia y el aumento de homicidios dolosos en este 2019.

La estrategia de seguridad se ha centrado en el patrullaje en calles como mecanismo de disuasión, pero entre algunos cárteles medianos y chicos en creciente ofensiva para ganar sus espacios territoriales de operación. Todo parece indicar que ya no hay operativos de persecución de bandas, ni de descabezamiento de grupos delictivos, ni de recuperación por la fuerza de territorios en poder de los grupos criminales.

El caso de Ovidio Guzmán López puede ilustrar esta nueva fase de la estrategia: las fuerzas de seguridad buscaron aprehender al hijo de El Chapo sin orden nacional de aprehensión, sino sólo a petición de una orden de extradición de autoridades judiciales de los EE. UU. Por eso funcionarios mexicanos dijeron que no había orden de aprehensión, sino sólo ejecución de orden de extradición. Pero el contenido de la orden de extradición aportó elementos delictivos suficientes de actividades criminales realizadas en México como para haber liberad una orden local de aprehensión, antes de la extradición, porque el Chapito es un delincuente consumado.

Un análisis frío puede aportar datos de que el Chapito no provocaba a nadie y se dedicaba a su negocio de las drogas y que su respuesta violenta y su amenaza de estallar explosivos en zonas de familias de militares fue una decisión extrema, pero por ese sólo hecho también se merece una orden de aprehensión.

Las autoridades han dejado ver que el repliegue del Estado en materia de seguridad ofensiva es real en función del modelo de búsqueda de la paz, pero hasta ahora se desconocen los mecanismos de negociación de la paz con los cárteles. Y si el precio de la paz pasa por una profundización de la violencia por razones que sean –como se vio en Culiacán y en Nuevo Laredo–, entonces estaremos –si acaso se lograr los objetivos– frente a una paz demasiado cara en términos de estabilidad, violencia e incertidumbre ciudadana.

Se trataría, en suma, de una paz demasiado costosa, pues implicaría exonerar a criminales que hasta hoy siguen matando gente.

Ley de la Omertá

Historia del narcotráfico en México. Apuntes para entender el crimen organizado y la violencia (Editorial Aguilar, 2013) de Guillermo Valdés Castellanos va a ocupar cuando menos tres partes de esta sección bibliográfica de asuntos de seguridad. La importancia no sólo radica en que su autor fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en los primeros cinco años del gobierno de Calderón, sino en que se trata de una primera indagación exploratoria del fenómeno de la inseguridad y el narco en México.

Esos años fijaron la primera ofensiva del Estado contra organizaciones criminales que exhibían altos grados de crueldad, violencia y crímenes y determinaron la primera respuesta del Estado a la delincuencia organizada que siempre ha existido en la historia de México, si se recuerdan los años de mediados del siglo XIX que obligaron al presidente Benito Juárez a emitir una ley contra salteadores de caminos y bandidos y a ejercer la pena de muerte.

El punto central del libro de Valdés reconoce un hecho: el grado de violencia criminal en 2008. Y su indagación se basa en tres puntos de definiciones:

1.- El negocio de las drogas es muy lucrativo que se define en función de la relación demanda-oferta.

2.- La ineficacia de las estrategias de seguridad del gobierno de los EE. UU. que repercuten en las mexicanas. A pesar de su complejidad, el crimen organizado sí puede derrotarse.

3.- El junto central: la corrupción de las oficinas de seguridad y procedimientos judiciales. Al grado de que en algunas entidades la estructura de seguridad y justicia está al servicio del crimen organizado.

En este sentido, la primera conclusión –si puede llamarse así– de Valdés no puede ser más desalentadora: la violencia no se puede explicar sin esa omisión del Estado. En la complicidad delincuentes-Estado, la sociedad queda no solo indefensa, sino muchas veces obligada a optar entre el enfrentamiento desigual con delincuentes o su incorporación a las estructuras delictivas.

Zona Zero

· Los días de violencia del crimen organizado y algunos excesos policiacos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la segunda semana de noviembre no respondió a la lógica de funcionamiento de las organizaciones criminales tradicionales dedicadas al narco. No hay datos suficientes, pero pudo haber sido producto de rencillas entre grupos de grandes cárteles y la ausencia de una estrategia de seguridad. Pero afectó a Tamaulipas, un estado cuyo gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, se enorgullecía de resultados en seguridad.

· En esos incidentes en Nuevo Laredo, frontera territorial con los EE. UU. se hizo visible el Cartel del Noreste, desprendimiento de Los Zetas y con tareas criminales adicionales al tráfico de drogas. Lo interesante fue la exhibición de armamento superior al policiaco. Asimismo, fue el aviso de que cárteles medianos y chicos están disputando territorios a los grandes, a costa de la seguridad.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

seguridadydefensa@gmail.com

www.seguridadydefensa.mx

@carlosramirezh

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

EE. UU.: seguridad nacional por encima de intereses de vecinos

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Indicador Político:

El gobierno del presidente Barack Obama delineó una variante de la estrategia imperial de seguridad nacional de los EE. UU.: enfocar el problema de las drogas no del lado de la demanda, sino del lado de la oferta. Es decir, culpar a los productores y traficantes del consumo interno.
Entre reglamentaciones estrictas nació la Estrategia Para el Combate del Crimen Organizado Transnacional, aprobada en julio de 2011. En su Estrategia de Seguridad Nacional, el presidente Trump proyectó un paso adelante el modelo de Obama y asumió la táctica del presidente George W. Bush: perseguir a terroristas –y hoy su variante en delincuentes– en sus madrigueras locales.
De ahí la percepción de que la crisis de seguridad, de migración y de narcotráfico de los EE. UU. con Mexico no enfrenta al intenso presidente Trump, sino que México debiera percibir una lógica de imposición imperial de los intereses estadunidenses en México desde el gobierno de Richard Nixon y la obsesión estadunidense sobre el sur del Río Bravo, sobre todo México, de su geoestratega Henry A. Kissinger.
En su Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de 2017, Trump incluyó una definición estratégica de tareas del Estado: perseguir las amenazas hasta su lugar de origen; es decir, atacar a los presuntos enemigos del american way of life o modo de vida estadunidense en los países donde se ocultan los cerebros enemigos. Por eso la Casa Blanca como instancia de poder decidió desde 2001 atacar el terrorismo en el mundo islámico radical.
Ahora Trump viene sobre México: junto a la doctrina de seguridad nacional imperial Trump ha desempolvado la estrategia contra cárteles. En su Estrategia de Seguridad Nacional Trump corre el escenario de guerra no sólo a las agrupaciones yihadistas o promotoras de la guerra religiosa contra los infieles que han invadido zonas árabes musulmanas radicales, sino que ya incluyó a las organizaciones criminales transnacionales (OCT). Para Trump, sí hay diferencias entre yihadistas y narcotraficantes, pero “presentan desafíos comunes” como para incorporarlos en el mismo expediente: aprovechan la sociedad abierta de los EE. UU., operan en agrupaciones autónomas con objetivos comunes, se mueven en la red oscura de internet, logran recursos financieros aprovechando el capitalismo y sobre todo, varios de esos grupos yihadistas y de narcos “están protegidos y respaldados por los Estados y cumplen sus órdenes”.
Las Estrategia de Seguridad Nacional de Trump aporta algunos indicios de las nuevas formas de operación de las organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narco en México y Colombia. Un dato sobresale: la percepción en los EE. UU. que los cárteles mexicanos funcionan como corporaciones globales que son “compatibles” con las corporaciones de Fortune 500. En este enfoque cabe la información de la revista Forbes de que Joaquín El Chapo Guzmán como jefe del Cártel de Sinaloa tenía una fortuna personal de mil millones de dólares y el dato semi oficial de que El Chapo tiene escondido en algunos lugares 16 mil millones de dólares.
“Las organizaciones criminales transnacionales están motivadas por el beneficio, el poder y la influencia política”, dice la Estrategia. Probablemente por experiencia propia, los EE. UU. creen que los cárteles mexicanos tienen alianza y protección de estructuras del Estado nacional. “Algunos adversarios del Estado usan las OCT como instrumentos de poder nacional, ofreciéndoles un refugio territorial”.
La Estrategia de Obama contra las OCT https://obamawhitehouse.archives.gov/administration/eop/nsc/transnational-crime) dio el primer paso audaz al articular relaciones orgánicas entre crimen-terror-insurgencia y sembró la semilla de desconfianza hacia Centroamérica, hoy potenciada por la invasión de centroamericanos a los EE. UU. sin pasar por la acreditación de personalidades, funciones y objetivos por el arco de la migración legal y registrada. Cuando México alentó la migración centroamericana hacia los EE. UU. no tomó en cuenta el enfoque estratégico de seguridad antiterroristas y antidrogas de la política exterior estadunidense.
Obama reconoció a México por su “campaña histórica contra las OCT”, pero alertó la expansión de especialidades de esos grupos clandestinos que estaban entrando a los EE. UU.: drogas, personas, armas, contrabando, dinero ilegal, extorsión y secuestro por rescate. “Las OCT en México hacen que la frontera de los EE. UU. sea más vulnerable “porque crea y mantiene corredores ilícitos para cruces fronterizos que pueden ser usados por otros actores u organizaciones criminales y terroristas”.
De ahí que las presiones de la Casa Blanca no son de Trump, sino de la seguridad nacional imperial de la Casa Blanca.

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Política para dummies: La política es la habilidad para ver el lado oscuro del adversario.

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Columna Brújula Pública: La seguridad que no cuida

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Rodolfo Aceves Jiménez*

Aunque ha transcurrido poco más de un mes del operativo fallido en Culiacán en la que se liberó a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, siguen trascendiendo deficiencias importantes y trascendentes en la seguridad mexicana.

La seguridad nacional es una función de Estado cuyas “acciones están destinadas a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”. Su nivel de análisis es estratégico, se fundamenta y subsiste -como objetivos nacionales permanentes-, en la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución, y -como objetivos coyunturales-, en el Plan Nacional de Desarrollo, en el que su preservación le corresponde al titular del Poder Ejecutivo Federal.

Para su aplicación, se recurre al criterio de amenazas y riesgos, en las que es posible que cualquier asunto de las carteras de gobierno, se convierta en asunto de seguridad nacional. Por su alcance, se auxilia de los campos del poder (político, económico, social y seguridad).

El punto es que se trata de un problema que en derecho debe resolver las hipótesis jurídicas que se desprenden de las funciones de Estado y de gobierno de la seguridad, establecidas en la Constitución y las normas secundarias. El modelo de seguridad contenido en el artículo 21 constitucional es un diseño elaborado en 1992 que está superado por los sistemas y subsistemas contenidos en los nuevos modelos de seguridad que se encuentran sincronizados con los modelos políticos, económicos y sociales en otras democracias.

Su nivel de análisis es operativo, subsiste en su parte dogmática por leyes (Federales o Locales) y reglamentos (Municipales) y en su parte orgánica, -de manera coordinada-, por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se auxilia de protocolos y manuales para el uso de la fuerza, que tengan por objeto prevenir la comisión de delitos, así como su investigación y persecución.

Esta podría ser la razón por el que la cuarta transformación del presidente López Obrador, no encuentra la puerta al problema de inseguridad, porque este diseño fue elaborado y responde a las necesidades de un sistema político distinto al que gobierna en este momento. Es decir, mientras que las instituciones de seguridad tienen un diseño institucional, la planeación de la seguridad, así como el entorno no se ajusta a la realidad. Es como si quisiéramos ver hoy mismo las transformaciones de la #4T.

Mientras que la seguridad nacional es estratégica y persigue objetivos de Estado, la seguridad interior es táctica tiene objetivos de bienestar ciudadano y la seguridad pública es operativa y tiene por objeto la preservación del estado de derecho y la paz pública.

Por eso es que acontecimientos que han enlutado a zonas y ciudades en el país, no solo la liberación del hijo de El Chapo, dan indicios que el Estado mexicano está siendo rebasado en su capacidad de otorgar seguridad a sus gobernados.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Twitter: @racevesj

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Carlos Ramírez

Agenda de Trump con AMLO: drogas y acuerdos de seguridad nacional

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Indicador Político:

Además de que sigue siendo dominado por las pasiones de su estilo atrabancado de negociar y sabedor de que otros jefes de gobierno y de Estado lo tachan de jocker, el presidente Donald Trump tiene una agenda oculta amplia en sus negociaciones con México que se reduce a un punto: refrendar la permanencia del nuevo gobierno mexicano bajo el paraguas de seguridad nacional imperial de Washington.
En su Memorándum Ejecutivo del ‪8 de agosto‬ pasado dirigido al secretario de Estado, Mike Pompeo, Trump resume en tres párrafos sus exigencias a México:
“A lo largo de nuestra frontera sur, México necesita hacer más para detener el flujo de drogas letales que ingresan a nuestro país. Necesitamos que el gobierno mexicano intensifique sus esfuerzos para aumentar la erradicación de la adormidera, la prohibición de drogas ilícitas, los enjuiciamientos y la incautación de activos, y para desarrollar una estrategia integral de control de drogas.
“En particular, la plena cooperación de México es esencial para reducir la producción de heroína y enfrentar la producción ilícita de fontanillo y todas las formas de tráfico de drogas, incluso a través de los puertos de entrada de los EE. UU. Muchos profesionales militares y policías mexicanos, en cooperación con sus homólogos de los EE. UU. están enfrentando valientemente este desafío y confrontando a las organizaciones criminales transnacionales que amenazan a nuestros dos países.
“Necesitamos ver un compromiso sostenido y unificado de los funcionarios del gobierno mexicano a través de sus agencias militares y civiles y trabajar con sus socios extranjeros. Sin más progreso durante el próximo año, consideraré determinar que México ha fallado demostrablemente en cumplir con sus compromisos internacionales de control de drogas”.
El gobierno del presidente López Obrador enfrió la guerra contra las drogas y en los hechos suspendió colaboraciones estratégicas civiles y militares con las agencias de seguridad de los EE. UU., sin que se haya notado algún aumento en el flujo de droga. A lo ‪largo de 2019‬, el principal problema bilateral de México con los EE. UU. fue la invasión fronteriza de migrantes centroamericanos que pidieron asilo sin cumplir con las reglas migratorias.
El tema del terrorismo fue un plus que siempre ha estado presente desde que agencias de inteligencia de los EE. UU. recibieron informes no probados de que militantes de Hamas, del Estado Islámico y de Al Qaeda estarían llegando a México para cruzar la frontera a los EE. UU. de manera clandestina. Inclusive, se habla de que habría sido detectados en Chiapas algunos personajes vinculados a Al Qaeda.
El problema real con estos tres temas bilaterales –drogas, migrantes y terroristas– tiene una doble responsabilidad que se aprecia en los asuntos de drogas y migrantes: la complicidad en grado de corrupción de funcionarios fronterizos de diferentes agencias estadunidenses. En términos de las prácticas de seguridad nacional, la frontera EE. UU.-México debiera estar sellada –con muro o sin muro–, pero en la realidad la droga pasa porque así lo permiten funcionarios estadunidenses.
A regañadientes, a veces con complicidad y casi siempre por lo inevitable de la vecindad, México se ha cobijado debajo del paraguas de la seguridad nacional de los EE. UU. En ninguna etapa de los años de autonomía relativa, México ha podido deslindarse de esa doctrina imperial. En su Estrategia de Seguridad Nacional de los EE. UU. de diciembre de 2017, el gobierno de Trump ha señalado con claridad que se trata de “una estrategia de seguridad nacional de primero los EE. UU”.
La estrategia de seguridad nacional de los EE. UU. que quiere Trump se basa en cuatro pilares cuyo planteamiento proyectan decisiones de imposición internacional y vecinal: defender el american way of life o capitalismo de consumo desenfrenado basado en la exacción de otros países, promover la prosperidad estadunidense, preservar la paz a través de la fuerza, imponer la influencia estadunidense en el mundo occidental.
En su Estrategia de Seguridad Nacional, Trump potencia el miedo para rehacer el poder estadunidense y por eso trata de imponer su doctrina de seguridad como única en el mundo. Esta semana, encaró con violencia verbal y gestual a los países de la OTAN –el Departamento de Defensa de Occidente controlado por los EE. UU.– y exigió que sus socios militares invirtieran no menos del 2% de su PIB en gasto de defensa.
Estos serían las razones de Trump para presionar a México, a partir de la definición practica de su seguridad nacional: “seguimos siendo una nación en guerra”.

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Política para dummies: La política es la sensibilidad para entender la agenda oscura que se encuentra debajo de la agenda clara.

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