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Seguridad y Defensa

El tiroteo en la cantina “Caballo Blanco” de Coatzacoalcos, Veracruz, ha dejado muchas preguntas:

 

• ¿Quién otorgó la licencia para vender alcohol?

• ¿Quiénes llevan expedientes de inteligencia de dueños de antros?

• ¿Quién habría abierto una carpeta de sospechas de venta droga en ese lugar?

• ¿Quién tiene o debe tener una indagatoria de los presuntos delincuentes que trafican con droga en antros?

• ¿Quién revisa a los asistentes a antros para prevenir ingresos de armas de fuego?

• ¿Qué parte de la seguridad municipal debiera estar capacitada para elaborar inteligencia criminal?

• ¿Por qué se ha frenado la capacidad de actuación de las fuerzas armadas en labores de apoyo a la seguridad pública como crisis de seguridad interior, sobre todo después del asesinato del coronel Víctor Manuel Maldonado Celis?

Hasta ahora, la estrategia nacional de seguridad pública se ha centrado en la creación de la Guardia Nacional y en la aprobación legislativa de sus principales reglas, pero sin que se haya visto un planteamiento integral del problema de la inseguridad, la violencia criminal y la impunidad de los delincuentes. Si algunos indicios se asumen en lo inmediato, las autoridades federales estarían en posibilidad de arrestar no sólo a los causantes de la tragedia en la cantina de Coatzacoalcos, sino a la banda criminal que arropó a los asesinos y de paso podría desmantelar las estructuras criminales en el sureste de la entidad.

La pasividad de las autoridades estatales y municipales y la distancia justificatoria de las federales ha permitido en toda la república la consolidación de cárteles, bandas y delincuentes al menudeosin ninguna restricción legal. No se entiende que se sigan otorgando licencias para bares, cantinas y antrosque de modo natural se convierten –por derivación de sus propietarios o por alianzas posteriores– en células criminales.

No se necesitan labores de inteligencia para saber qué grupos delincuenciales están detrás o al frente de esos antroscriminales, pero es la hora en que ninguna ley federal o reglamento estatal impone limitaciones al otorgamiento de esos permisos. Y hasta ahora ninguna autoridad municipal se ha preocupado por revisar las condiciones de seguridad en esos antroscomo para congelar permisos, limitar actividades o tener presencia policiaca que reduzca las oportunidades a los criminales.

 

AHORA QUIEREN SER CARABINEROS

 

Todavía no se termina de consolidar la idea de una Guardia Nacional que había sido objetivo desde los tiempos juristas de mediados del Siglo XIX y que se había inclusive establecida en la Constitucion de Cádiz de 1812, y ya quieren cambiarle de giro para hacerla más parecía a los Carabineros de Italia.

El principal problema radica en el hecho de que los Carabineros italianos son parte de la fuerza armadas y su condición es militar. Y aquí se tuvieron que hacer maromaspolíticas, legislativas y lingüísticas para alejar cualquier sombra de duda de los legisladores sobre un cuerpo de seguridad pública con referencias militares. Salir ahora conque se quiere una Guardia tipo Carabinera con estructura militar sería regresar el debate que le seguirá restando legitimidad al nuevo cuerpo de seguridad.

Los Carabineros tienen más de 200 años de existencia y su estructura es considerada como un arma del ejército. Esta modelo de militarización le ha dado mucha mayor fuerza de operación porque el uso de técnicas militares no ha preocupado a los italianos. En México muchos sectores siguen discutiendo si los militares tienen facultades legales para intervenir en seguridad pública, a pesar de la fundamentación constitucional de la seguridad interior como ámbito de actuación de fuerzas armadas.

Durante la discusión de la creación de la Guardia se dejó claro que el nuevo cuerpo debiera ser militarizado por la protección de la seguridad interior. Si la seguridad pública son los delitos contra los ciudadanos, la seguridad interior es el espacio de defensa del Estado ante el embate en su contra de delincuentes: Es decir, los delincuentes comunes afectan a los ciudadanos y los delincuentes contra la seguridad interior quieren desplazar y sustituir al Estado.

Entre las fuerzas armadas para la seguridad nacional y la Guardia para la seguridad interior debiera existir una policía para la seguridad pública.

Abrir el debate sobre la Guardia como Carabineros a la italiana, en medio de críticas al nuevo cuerpo por el aumento en la delincuencia, afectará a la estrategia de seguridad.

 

Zona Zero

• Políticamente el presidente de la república perdió la oportunidad de iniciar en Veracruz un nuevo modelo de relaciones federales en materia de seguridad. Al alzarle la mano al gobernador Cuitláhuac Garcíano hizo más que politizar una crisis de seguridad. Y el mandatario estatal debió haber recibido al presidente con un expediente criminal de los delincuentes locales y peticiones concretas para retomar la iniciativa en seguridad. Los 30 civiles muertos, hasta ahora, necesitaban de una política de seguridad, no de seguridad política.

• Luego del tiroteo en El Paso, Texas, otros han ocurrido sin que gobierno y sociedad tengan claro qué hacer. Sí es la disponibilidad de armas, pero habrá que darle mayor importancia al estado de ´mínimo social, racial, político y de estabilidad emocional de los causantes de los tiroteos. El presidente Trumpretiró hace poco la exigencia de certificados psicológicos de los que compran armas.

• Cuando menos seis estados de la república están metidos en disputas de cártelespor control de plazas: Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Chihuahua y Guanajuato. Y la Guardia Nacional no es subiente porque se requiere de indagatorias de inteligenciay mecanismos preventivos contra cártelesen guerra.

 

El autor es director de Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

 

seguridadydefensa@gmail.com

www.seguridadydefensa.mx 

@carlosramirezh 

(Imagen Formato 7)

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Gabriel Torres Espinoza

Análisis- El pacto plural por la impunidad

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Gabriel Torres Espinoza*

Además de las designaciones ilegales que realiza el Congreso del Estado de Jalisco, no se puede aspirar a un Estado de Derecho mientras los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco devenguen una remuneración mayor que la del presidente de la República, en franco desacato al mandato constitucional del artículo 127 de nuestra Carta Magna –vigente desde el 24 de agosto de 2009– y que establece que ningún servidor público en el país podrá recibir una remuneración mayor a la del Titular del Ejecutivo Federal. El Presupuesto de Egresos 2020 establece una remuneración bruta anual para el jefe del Estado mexicano de dos millones 400 mil 118 pesos: Mientras que en Jalisco, en franco desacato a la Constitución de la República, los  magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco tienen presupuestado para este año (2020) una remuneración bruta anual de tres millones 081 mil 601 pesos.

La Fracción I, del artículo 127 constitucional federal señala textualmente que, “se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.” Para entonces señalar, en su fracción II, que “Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente.” Incluso, el Quinto Transitorio de la reforma al 127 Constitucional señala que “Las Legislaturas de los Estados, en el ámbito de su competencia, deberán tipificar y sancionar penal y administrativamente (ojo) las conductas de los servidores públicos cuya finalidad sea eludir lo dispuesto en el presente Decreto”.

Tanto el Congreso de Jalisco y el Poder Judicial, dejan testimonio de que no existe voluntad política para hacer cumplir la ley, ni profesionalismo para hacer coincidir norma, con normalidad. De forma que no habrá reforma suficiente al Poder Judicial para auspiciar los cambios que demanda la deficiente impartición de justicia en Jalisco. Incluso, en nuestra entidad estuvo vigente la eliminación del fuero, de julio de 2016 a septiembre de 2019 –fecha en que la SCJN invalidó la reforma constitucional ‘de avanzada’ en Jalisco– sin ningún funcionario público procesado.

En agosto de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias de Armando García Estrada, Alberto Barba Gómez y Celso Rodríguez González, por la sospecha de que poseen recursos de origen ilegal. Se ampararon, y obtuvieron la suspensión del acto reclamado. Resulta elocuente que ni la Fiscalía General de la República, ni la Fiscalía del Estado solicitaron una declaración de procedencia (quitar fuero) al Congreso de Jalisco para poder procesar a estos funcionarios, en razón del inicio de una investigación. Otro ejemplo más de que en Jalisco el “fuero” es de facto, por el ‘pacto plural de impunidad’, no de jure.

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Gobierno

Tiempo Nuevo- Lo individual es colectivo

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Salvador Guerrero Chiprés*

En el discurso político y periodístico los adversarios del Gobierno parecen estar más dispuestos a encontrar los detalles de “la polarización” que a buscar alternativas al fracaso de “eso” que han constituido como problema nacional. El espíritu comunitario indispensable en esta hora requiere a todos los sectores. Desde empleados y pequeños comerciantes hasta los grandes empresarios, los representantes de cámaras y las autoridades.

La secuencia de soluciones en la expectativa de quienes queremos encontrarlas depende de forma estrecha de las acciones individuales frente a la pandemia. Podemos pensar, por ejemplo, en las medidas estrictas para controlar el flujo de una de las zonas con más tránsito peatonal en la ciudad —el Centro Histórico—, la reapertura paulatina de mercados y centros comerciales, y la implementación de semáforos rojos locales.

El movimiento de la economía será proporcional a la responsabilidad ciudadana. En el compromiso propio está la oportunidad de que la entrada al semáforo verde sea cada vez más posible y, por ende, que el impacto, la pérdida vivida por ciertos sectores, se revierta. En tiempos de confinamiento, el apoyo mutuo se revela como una de nuestras mayores herramientas; el compromiso individual es el compromiso colectivo.

Tal contexto explica la relevancia de la reunión que en días recientes entabló el secretario de Economía, Fadlala Akabani Hneide, con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, en su carácter representativo de la sociedad civil y con la presencia de los consejeros honorarios que representan a organizaciones como Canaco Ciudad de México, Anafarmex, Canirac y el Consejo de la Comunicación, así como abanderados de la iniciativa privada.

El sentido es comprender a fondo los nuevos retos que implican la pandemia y la nueva normalidad para el sector productivo. Las condiciones, por supuesto, dieron pie para una reunión virtual en la que se buscó el fortalecimiento de las aptitudes en cada sector.

No está de más puntualizar que las MiPyMES, término que designa a las micro, pequeñas y medianas empresas, han sido respaldadas por el Ejecutivo local y que la vinculación con los pequeños proveedores ha sido un principio fundamental de la estrategia.

Como señaló el presidente de Coparmex, a nivel local, y también consejero honorario, Jesús Padilla Zenteno, el cuidado hacia las empresas es necesario porque ellas son el motor de la economía, o, en otras palabras, la protección de un trabajador es la protección de un proyecto más grande.

El riesgo es latente y se expande al abordar cómo se relaciona el impacto empresarial con la crisis sanitaria, de desempleo o de inseguridad (todas paralelas al reto de la Covid-19 en todo el mundo), y justo por este nuevo orden de prioridades desplegado en todo el país, se llama a cerrar filas como un solo equipo.

El camino hacia el semáforo verde es una oportunidad de fortalecimiento. Los trabajadores, las empresas, los pequeños y grandes proyectos, con el sustento de la autoridad y la sociedad civil, pueden salir juntos de esto.

@guerrerochipres

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Cartón

De risa…

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El cartón de Miguel Parras

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