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Por Carlos Ramírez

 Los resultados mensuales de las estadísticas delictivitas del Sistema Nacional de Seguridad Pública eran previsibles en el registro cotidiano de un aumento en todos los índices de inseguridad, porque la sociedad ve la delincuencia todos los días y cada vez más cerca de su entorno.

El esfuerzo debe darse, entonces, en buscar interpretaciones a las cifras. La más obvia: el gobierno federal ha dado la consigna de no perseguir delincuentes a partir de la tesis de que el acoso a delincuentes por los gobiernos de Calderón y Peña Nieto sentaron las bases de una guerra criminal.

Hay otras:

1.- La descoordinación entre los tres niveles de autoridad y en los dos universos de inseguridad: el fuero federal y el fuero común. Las cifras mensuales de delitos son de fuero común, es decir, de responsabilidad de gobernadores y alcaldes. El gobierno federal sólo tiene la posibilidad de desplazar Guardia Nacional, pero sin instrumentos de combate. Y las policías locales están fallando.

2.- En 1999 se creó la policía federal como cuerpo de intervención nacional. En el 2019 se fundó la Guardia Nacional y se está liquidando a la Policía Federal. Las razones ya no explican el problema. Entre los delitos locales y la Guardia Nacional con funciones acotadas se volverá a la necesidad de tener una policía federal aparte o dentro de la Guardia para suplir a las policías estatales y municipales que se niegan a profesionalizarse.

3.- Los delitos tiene dos universos: el de la estructura de poder y la planeación y el de la realización. Policías y Guardia operan en el segundo plano. Por eso hace falta un sistema de inteligencia nacional que tenga el pulso real del funcionamiento de los delincuentes. El gobierno de López Obrador anunció un Programa para la Seguridad Nacional y un Sistema Nacional de Inteligencia y hasta ahora no se ven indicios de que se estén organizando. Sin inteligencia, la autoridad estará operando a ciegas ante los delincuentes.

Las cifras mensuales seguirán creciendo, la autoridad continuará con sus justificaciones, la sociedad entrará en zonas de pánico con consecuencias imprevisibles y los delincuentes seguirán sintiéndose en una fiesta delictiva sin que nadie les diga o haga algo.

La Guardia Nacional fue un paso y ya se vio que no muy seguro. Sin colaboración estatal o municipal y sin una policía federal nueva, la crisis de seguridad seguirá latente. El problema es que las cifras mensuales revelan que el gobierno federal ya agotó su estrategia y que todo quedó sin rumbo.

 

Ley de la Omertá

A partir de fragmentos de su enorme, profunda y compleja obra de Karl Marx, se han extraído algunos párrafos y un par de artículos para construir el librito titulado Elogio del crimen(ediciones Sequitur, Madrid). Se trata de un esfuerzo de pasar la delincuencia en todos sus niveles y formas por el filtro de la propuesta de Marx sobre lucha de clases.

Las pocas líneas encierran la complejidad del pensamiento reflexivo de Marx. Pero ayudan a darle una explicación audaz. La delincuencia es la expresión de una disputa por la riqueza, aunque ya no en la forma de relación entre propietario y obrero, además de generar artes y oficios alrededor del delito.

Inclusive, Marx cita el libro de Bernard Mandeville titulado La fabula de las abejas o los vicios privados hacen la prosperidad pública, cuya tesis es la siguiente: el mal convierte al hombre en criatura social; si el mal cesara, “la sociedad decaería necesariamente, si es que no perece completamente”.

La delincuencia, en este enfoque, es producto de la creación de riqueza y su concentración en pocas manos. Las violaciones a la ley tienen una explicación en factores económicos; se trataría de un empleo lateral o la forma en que delincuentes acceden a la riqueza y el bienestar por los caminos ilegales de apropiación de la riqueza privada, cuando los empresarios hacen lo mismo en el sistema productivo. Por tanto, delincuencia y pobreza tienen relaciones que hay que profundizar para explicarlas.

Siguiendo a Hobbes, Marx establece que el poder crea al Estado, que el Estado asume su condición dominante en base a un contrato social con la sociedad en el tema de la seguridad. Esta explicación, por cierto, se puede explicar en la crisis sobre la propiedad de armas en la Segunda Enmienda Constitucional en los EE. UU.

Para Marx, el delito es la lucha del individuo aislado contra las condiciones dominantes. En sociedad desiguales el delito es bajo o controlado en tanto el Estado tiene el poder de represión absoluta. Así, el Estado y el derecho serían expresiones de clase dominante: la ley protege la riqueza privada –mucha o poca, pero riqueza acumulada al fin– del acoso delictivo, pero en situaciones de alta concentración de riqueza y de enorme pobreza.

El enfoque del crimen desde el marxismo es una buena forma de enfocar la casis de seguridad. La delincuencia en sociedades socialistas sería una expresión de deseos de acumulación de riqueza sin pasar por el trabajo formal.

 

Zona Zero

·      El dato más revelador de las últimas semanas se localiza en el aumento de asesinatos por contrato en lugares públicos. Se trata, además de la violencia, de una falta de preocupación delincuencial por las autoridades federales, estatales y municipales.

·      Al final ce cuentas, la “alerta de género” no resuelve el problema de la agresión contra las mujeres por su condición de género. Algunos investigadores dicen que llevar la inseguridad a temas de género fragmenta el hecho de que se tratan de actos delictivos.

·      A pesar de muchos indicios, es la hora en que la estrategia de seguridad no incluye el tema de la reconstrucción de tejido social y de la estructura política en zonas delictivas, porque siguen casos en los que la sociedad apoya a delincuentes y agrede a autoridades.

 

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

 

seguridadydefensa@gmail.com

www.seguridadydefensa.mx

@carlosramirezh

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Gobierno

Los incorruptibles

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Tiempo Nuevo:

Salvador Guerrero Chiprés
El esfuerzo de acreditadas organizaciones empresariales, de la sociedad civil y con el empuje del nuevo Gobierno en su declarado compromiso verificable respecto de la corrupción, hacen probable un avance histórico.
La autopercepción de amplios segmentos sociales, inclinados a creer que la corrupción es parte de la naturaleza latinoamericana y mexicana en particular, en contraste con los países anglosajones de la OCDE, es una variable vigente. La realidad de la descomposición estructural desde las instituciones y desde algunas empresas, la cual alcanzó un pico notorio en la administración federal previa, es otra.
La más importante, diferenciadora de la pasada administración, es la voluntad del Gobierno federal, concretado en una disposición de sanción. Un aspecto fundamental en el combate a la corrupción es la denuncia.
Sin embargo, 82.6% de la población a nivel nacional que sufrió algún acto de corrupción no denunció el delito, según datos del INEGI de 2017.
La misma encuesta revela que los principales motivos de la población para no denunciar los actos de corrupción se relacionan con la falta de confianza en las autoridades para atender el caso.
Nada nuevo hasta ahí. Pero cuando vemos los datos de Transparencia Internacional, encontramos que en México una de cada dos personas dieron un soborno en los últimos 12 meses. En otras palabras, hay una especie de muletilla retórica entre la ciudadanía que consiste en señalar o culpar al Gobierno de todos los males.
Hay que decirlo claramente: si la corrupción habitara solo de lado oficial de la ventanilla de cualquier trámite, ¿dónde está el uno de cada dos que ha dado un soborno?
La corrupción en trámites vehiculares, de educación pública, registro civil o de contacto con autoridades de seguridad es de siete mil millones de pesos. Este grave problema parece pequeño cuando la “mordida” es de cien pesos, pero se vuelve enorme al suceder cada día, cada hora, todo el tiempo.
En ese sentido, la visión y oportunidad con la cual Salvador Villalobos, presidente del Consejo de la Comunicación, convocó al foro por el Día Internacional Contra la Corrupción resulta de gran aporte.
Los ponentes no fueron solo teóricos de la transparencia, estuvieron presentes los protagonistas de la que el presidente López Obrador ha consolidado como su causa y legado: el fin de la corrupción.
Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, compartieron cómo han conseguido el bloqueo de mil 415 millones de pesos vinculados con presuntos actos de corrupción, lo cual involucra a 178 personas físicas y morales.
Desde lo público el compromiso es evidente a un grado que nunca antes se había presentado en nuestro país. La potencia se dará cuando cada uno de los ciudadanos replique ese principio en el que es motivo de orgullo ser incorruptible por encima de la falta de tiempo, la flojera o la facilidad del atajo que tanto nos daña.
@guerrerochipres

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Gabriel Torres Espinoza

Declararlos, ¿terroristas?

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Gabriel Torres Espinoza
Básicamente se trata de disponer de más poderes y recursos para atacar a los grupos criminales de México. El Departamento de Estado define una organización terrorista internacional, como una organización extranjera que comete “actos de terrorismo” y amenaza la seguridad de ciudadanosestadounidenses o la seguridad nacional de Estados Unidos. Por lo tanto, se eleva la prioridad del combate a estos grupos en la agenda internacional. 
El Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio se facultan para imponer sanciones económicas y comerciales a entidades públicas y privadas que colaboren, en todo el mundo, con grupos considerados como ‘terroristas’. Se ataca el sustento financiero de los grupos ‘terroristas’, mediante acciones extremas.
Son golpes al centro del poder económico de los grupos delincuenciales, mismos que no son recurribles. Esto llevaría al Departamento del Tesoro estadounidense a investigar a la banca privada y el gobierno mexicano, y sus relaciones directas o indirectas con todos los cárteles de la droga en México en materia de lavado de dinero. Ahora bien, ¿qué proceso debe seguir EEUU para ello? Las organizaciones terroristas extranjeras son designadas por el Secretario de Estado como ‘terroristas’, de conformidad con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Organizaciones clasificadas de esta forma por el gobierno de Estados Unidos son el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Al Qaeda. La Oficina de Contraterrorismo monitorea las actividades de los grupos delictivos activos en todo el mundo para identificar posibles objetivos para su designación. Los criterios legales son que el grupo delictivo sea una organización extranjera, participe en actividades terroristas o tenga la intención de hacerlo y estas acciones representen una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, de acuerdo con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Las principales repercusiones al ser considerado como organización ‘terrorista’, son económicas. A partir de que se considera a una banda ‘terrorista’, se vuelve ilegal para cualquier persona proporcionar apoyo o recursos materiales a la agrupación. El apoyo o recursos materiales se definen como cualquier propiedad tangible o intangible, servicio, instrumentos monetarios, alojamiento, capacitación, asesoramiento o asistencia de expertos, documentación o identificación falsa, equipo de comunicaciones, instalaciones, armas, explosivos, personal y transporte. En síntesis. La declaratoria de ‘terroristas’ entraña que Estados Unidos utilizaría TODOS sus recursos para enfrentar y combatir a la organización ‘terrorista’; es decir, que alinearía sus agencias de inteligencia e investigación: Agencia de Inteligencia de Defensa; Agencia de Seguridad Nacional; el Pentágono; Oficina Nacional de Reconocimiento; Agencia de Reconocimiento, Vigilancia e Inteligencia de la Fuerza Aérea; y, la Agencia Central de Inteligencia; Departamento de Seguridad Nacional; Departamento de Justicia y el Buró Federal de Investigación: FBI.

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Gabriel Torres Espinoza

Gestión de Contenidos 4.0

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La Inteligencia Artificial forma parte de nuestra cotidianeidad. No es en absoluto un asunto de discusión propio de futurólogos o predictólogos. Por el contrario, sus más distintivos prodigios de la IA nos asisten la vida diaria: el reconocimiento inteligente de imágenes, es ya una realidad ordinaria en nuestros dispositivos móviles a través del desbloqueo facial’ instantáneo; el recuadro amarillo que aparece en una selfie’ es un ejemplo elocuente de ella, para focalizar y dotar de luz y contrastes un punto en particular de la imagen; la sugerencia de contenidos audiovisuales basados en nuestros hábitos de consumo en las plataformas Over The Top [Netflix, p.ej.], supuso un salto cuántico’ en la visualización de contenidos a partir de la IA. Todos los ejemplos anteriores, nos permiten concluir que la IA no sólo definirá el panorama digital de días venideros, sino que moldea ya nuestro presente.

El uso de potentes algoritmos basados el Big Data, ahora permiten a las más importantes Casas Productoras de Contenidos calcular la predictibilidad del éxito que habrá de tener con solo leer’ el guion. Al respecto, es importante señalar que el gigante de streaming, Netflix, antes de producir su famosa serie House of Cards, hizo uso de un algoritmo que informó a los productores cuál debía ser la cantidad ideal de capítulos de ésta y la duracióperfecta’ que debería tener cada uno. 

Por otro lado, en un contexto comunicacional determinado por la inmediatez de la información, los medios se han visto obligados a utilizar poderosos algoritmos para hacer frente a esta compleja y desafiante realidad, a efectos de redactar noticias a una velocidad inusitada, para permitir que el talento creativo periodístico se dedique al análisis crítico y comparado de la noticia. Como botón de muestra de este paradigma, vale la pena hacer cita del prestigioso diario francés Le Monde, que utilizó su algoritmo Syllabs’ para generar 150 mil notas periodísticas relacionadas con las pasadas elecciones locales del país galo.

Por si lo anterior fuera poco, la IA ha empezado a irrumpir en la política y en las democracias modernas. En 2018, el robot Michito Matsuda’ quedó en tercer lugar en la contienda por la alcaldía de la Ciudad de Tama, en Japón. Sus propuestas estaban basadas en su capacidad de analizar grandes cantidades de datos para hacer políticas públicas más eficientes y ser absolutamente incorruptible, lo que supone, sin lugar a dudas, una enorme ventaja frente a los candidatos humanos. Conviene preguntarse ¿Qué incursión y repercusión tendrá en las democracias, a la luz de que la paradigmática robot humanoide Sophia’ se ha convertido en la primer robot del Planeta con ciudadanía, otorgada en Arabia Saudita, país que irónicamente le concedió más derechos a un robot que a sus mujeres humanas?

Desde luego, la IA no ha estado exenta de acalorados debates con relación al contenido ético que debe asistirle, a efectos de maximizar sus beneficios y erradicar sus riesgos, estableciéndose en su aplicabilidad no robotizada, pero sí automatizada basada en algoritmos, los principios de justicia, no discriminación, garantía de igualdad, responsabilidad, transparencia y ética

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