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Agenda de Seguridad y Defensa

Por Carlos Ramírez (*)

Finalmente y con decisiones apresuradas por el tiempo-calendario, el 30 de junio quedó finalmente legalizada la Guardia Nacional con sus reglamentos internos, sus reglas de mando, las leyes de regulación del uso de la fuerza en sus funciones y el problema de los agentes de la Policía Federal y la Gendarmería.

La GN es un cuerpo de seguridad del Estado para atender de manera prioritaria los delitos de fuero federal, dejándole a las fuerzas de seguridad estatales y municipales los delitos de fuero común. El mando estará bajo fuero civil, aunque sus miembros provenientes del ejército y de la marina no perderán rangos ni prestaciones. El encargado de la GN es un general en proceso de retiro.

El marco formal ha estado a la vista. Sin embargo, hay una serie de problemas que no han sido desahogados de cara a la sociedad:

1.- El número de efectivos en su primera fase fue anunciado como de 70 mil y se espera que el total sea de 150 mil. Los policías estatales y municipales suman alrededor de 325 mil efectivos. Existen más de 250 mil miembros de las tresarmas de las fuerzas armadas. Y registrados hay cuando menos unos 600 mil guardias operando en empresas de seguridad privada que, en emergencias y por ley, pueden ser convocadas a labores de seguridad publica. En total, en cálculo aproximado, habría más de un millón 300 mil efectivos de seguridad. Sin embargo, México vive una crisis estructural de seguridad sin precedentes.

2.- Los delitos de fuero federal corresponden a las policías federales. Sin embargo, la acumulación de delitos en el país se aglomera en los delitos de fuero común que revelan las estadísticas gubernamentales. De enero a mayo, por ejemplo, hubo 65 mil 15 delitos de fuero federal, contra 833 mil 457 delitos de fuero común. De delitos vinculados a criminalidad en materia federal, sólo hubo 3 mil 266. En términos estrictos es mucha Guardia Nacional para tan pocos delitos; en todo caso, la Guardia Nacional pareció ser creada como cuerpo federal para ir sustituyendo la ineficacia de los cuerpos estatales y municipales dominados por la corrupción, la improductividad y la irresponsabilidad.

3.- Existe una contradicción no aclarada: la Guardia parece que será un cuerpo operativo de funcionamiento en las calles –presencia y proximidad como estrategia disuasiva–, pero sin que exista un cuerpo especializado en persecución de caposy desmantelamiento de cárteles. El Centro Nacional de Inteligencia podría ser parte de ese nuevo cuerpo, pero sus intenciones, reglamentos y funciones acotadas no alcanzan para perseguir estructuras criminales. La tarea podría ser asignada a la Fiscalía General de la República, pero sin que se conozcan las funciones de esos policías asignados a esas tareas; antes estaba la policía judicial federal de la PGR.

4.- La Guardia nació ante el aumento de la incidencia delictiva y del crecimiento de la violencia criminal, en ejercicio pleno del monopolio del uso de la fuerza que define la característica del Estado para darle seguridad a la sociedad. Sin embargo, como ningún otro cuerpo policiaco, la Guardia nació con restricciones justamente en el uso de la fuerza. Las razones de estos acotamientos se dieron ante abusos en la represión del Estado no contra delincuentes, sino contra la disidencia política e ideológica en los tiempos en que el sistema político era presidencialista, mono partidista y autoritario. Pero hoy en día mientras los criminales carecen de restricciones, la Guardia tendrá que combatirlos con los derechos humanos como espada de Damocles.

5.- En el debate sobre la creación de la Guardia se definió un criterio que podría ser invocado: si en cinco años no hay resultados, la Guardia podría ser disuelta. Esta concesión respondió a las presiones de la oposición estridente respecto a abusos policiacos. No se dieron referentes concretos para señalar el fracaso de la Guardia, pero sin duda que su ineficacia en el abatimiento de la delincuencia, en la desarticulación de los cártelesy en la recuperación del dominio social en zonas controladas por el crimen serían algunos de los indicios. Pero mal comienza una organización que hace depender su existencia de resultados intangibles.

Luego de diez meses de debate legislativo, la Guardia ya está en operación y será uno de los cuerpos institucionales más vigilados.

 Zona Zero

·      Algo está fallando en los monitoresdel Estado, del gobierno y de la sociedad. El columnista Héctor de Mauleón, de El Universal, narró el 26 de junio: el infierno de inseguridad que estalló el viernes 21 cuando el Cártel Jalisco Nueva Generaciónlanzó ataques contra funcionarios de la fiscalía y sus familias por la falta de un supuesto acuerdo. La fuerza del Estado nacional fue rebasada. La nota se publicó, pero no generó reacciones de poder.

·      El tema que quema los aparejos de los funcionarios de derechos humanos es el de los caracterizados como desaparecidos, personas que están esfumadas de la realidad. Familiares acusan a fuerzas oficiales de seguridad y a cárteles, pero las dosbajo las funciones sociales del Estado. El tema estaría relacionado con la estrategia de seguridad del Estado en los años de la represión ideológica (1950-1982). El subsecretario Alejandro Encinasno sabe cómo explicar que el asunto no tiene solución.

·      Los datos de presuntos terroristas filtrados en alguna caravana de migrantes rumbo a los EE. UU. se aclaró en Nicaragua, pero dio la razón a los indicios de inteligencia y seguridad nacional de Washington sobre la posible infiltración de indeseables en los cruces masivos de la frontera. Antes el asunto lo llevaba el Centro de Investigación y Seguridad Nacional porque su labor era de espionaje político y tenía delegados en los países al sur del Suchiate, pero la austeridad cerró esas plazas y el Centro Nacional de Inteligencia sigue sin rumbo, sin estructura y sin agentes.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

seguridadydefensa@gmail.com

www.seguridadydefensa.mx

@carlosramirezh

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Seguridad y Defensa- Agenda sexenal Seguridad, saldos irregulares

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Por Carlos Ramírez

El corte de caja de medio sexenio en el tema de seguridad y defensa presenta resultados irregulares: de un lado, la consolidación y profesionalización de la estructura de seguridad en el gabinete de seguridad pública, la reorganización de la Secretaría de la Defensa Nacional, la funcionalidad de la Secretaría federal de Seguridad y Protección Ciudadana y la construcción de la Guardia Nacional.

Del otro lado siguen prevaleciendo en el ánimo nacional las cifras de violencia e inseguridad que han logrado estabilizarse, pero que todavía no reflejan una declinación consistente en el largo plazo. Aún así, la última encuesta del INEGI reveló una disminución de casi diez puntos en la percepción ciudadana respecto a la inseguridad. El contraste revelaría, en todo caso, un estado de ánimo social negativo de convivencia casi permanente con la inseguridad y la violencia.

Las cifras de violencia delictiva estarían reflejando los malos resultados en la estrategia de seguridad basada en la construcción de la paz, debido sobre todo a la incapacidad de los liderazgos de las bandas delictivas para entender la lógica del modelo de gobernanza criminal que implica la asunción de responsabilidades de estabilidad social y política por parte de las bandas del crimen organizado para eludir los enfrentamientos violentos entre organizaciones del crimen en la consolidación de territorios de dominación y para contribuir a la pacificación territorial.

La decisión de la estrategia gubernamental de seguridad de no perseguir capos ni combatir a cártelesexplica las cifras diarias de homicidios dolosos como producto del enfrentamiento entre bandas criminales para conquistar, mantener y expandir son las territoriales de la soberanía del Estado bajo hegemonía delictiva. La crisis del modelo de construcción de la paz en Aguililla, Michoacán, ha servido de laboratorio para entender la incapacidad de las élites del crimen organizado en el tema de la gobernanza criminal y la prioridad delictiva sólo de usar la violencia contra otras bandas y con efectos colaterales en afectaciones civiles.

Para la segunda mitad del sexenio no se percibe ninguna revaluación institucional ni nueva estrategia de Gobierno para atender la crisis de seguridad, en el entendido gubernamental de que el plan de construcción de la paz y la incorporación de los cárteles a la pacificación territorial de zonas calientes constituirían estrategias de largo plazo.

El problema que enfrentará el gobierno mexicano en los próximos tres años en materia de seguridad radicara en la presión del gobierno de Estados Unidos para que en México regrese a la estrategia de lucha frontal contra las bandas delictivas y reanude la captura y extradición de líderes de las principales organizaciones criminales que tienen importantes y crecientes células representativas dentro del territorio estadounidense para ingresar y vender en las cañas todo tipo de drogas.

En este tema, el gobierno mexicano apenas está desarrollando iniciativas para debatir con funcionarios estadounidenses la tesis de que la demanda de consumidores determina el volumen y flujo en la oferta y ha planteado con claridad la obligación que debería tener el gobierno de Estados Unidos para combatir a las células del crimen organizado mexicano que tienen importante presencia en los cincuenta estados de la Unión americana.

Hasta ahora, sin embargo, la Casa Blanca se ha atrincherado en la negación de la fórmula demanda-oferta, sigue asumiendo el consumo local como un asunto de garantías individuales y sigue careciendo de operativos concretos para combatir y desarticular a las bandas delictivas mexicanas dentro de EU. Los encuentros bilaterales de altos y medios niveles han revelado a México una falta de voluntad estadounidense para construir una verdadera estrategia bilateral con compromisos formales para disminuir el flujo de droga hacia los consumidores americanos.

De manera injustificable existe un dato revelador de la falta de voluntad de la Casa Blanca para una verdadera estrategia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado: una importante lista de cabecillas de los principales cárteles mexicanos encarcelados en Estados Unidos tiene el contraste negativo con el acceso de las autoridades americanas a información sobre la configuración de los carteles en su país, pero sin ninguna programación estratégica de operativos para desarticularlos.

En el tema bilateral del narcotráfico debe quedar claro el criterio estadounidense de que el consumo no forma parte de las prioridades de gobierno, sino que las autoridades locales han preferido castigar a capos con prisiones perpetuas y no desarticular a sus respectivas bandas. Ello quiere decir que el consumo de drogas seguirá creciendo en Estados Unidos y por tanto seguirán aumentando las actividades de los cárteles del narcotráfico dentro del espacio estadounidense.

Mientras no exista una protesta real y creciente de la sociedad mexicana contra la estrategia de Estado de tolerar a las bandas criminales fortalecidas, seguirá latente la percepción de que el problema de inseguridad no tendrá solución en la segunda mitad del sexenio y las cifras de inseguridad y homicidios continuaran creciendo.

 

Zona Zero

·         En septiembre se realizará una cumbre presidencial México-Estados Unidos para iniciar de manera formal la relación entre el presidente Joseph Biden y el presidente López Obrador. En esa reunión se definirá la agenda bilateral para los próximos tres años, en el entendido de que en 2024 habrá elecciones presidenciales en México y en Estados Unidos. En términos generales, no se percibe que Estados Unidos cambie sus exigencias en los temas centrales de migración, seguridad nacional, inseguridad fronteriza, tratado comercial y crimen organizado, debido a la continuidad del aparato burocrático que define las estrategias estadounidenses y que apenas maquilla los temas centrales para ajustarlos al discurso del presidente en turno.

 

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico.

seguridadydefensa@gmail.com

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Carlos Ramírez

Seguridad y Defensa- Gobernanza criminal: No democracia sino dictadura

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Por Carlos Ramírez

La estrategia de seguridad de “construcción de la paz” se basa en un punto clave: que los grupos criminales asentados en comunidades territoriales de la república asuman su responsabilidad, abandonen la disputa a balazos de plazas municipales y contribuyan a mantener la estabilidad social.

El modelo se entiende en la teoría; sin embargo, la realidad es otra. La configuración educativa de los liderazgos criminales no sólo es menor a la educación media baja nacional, sino que está determinada por el uso de la violencia como instrumento de dominación social, territorial y de grupos ciudadanos.

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, surgió de las fuerzas de seguridad del gobierno y ha demostrado una ferocidad sin límite social y humano. Y el Chapo Guzmán y sus hijos tampoco pasaron por una educación media o media superior y su funcionamiento instintivo se sustenta en el ejercicio de la violencia.

Los grandes capos están inmersos en las estructuras de gobierno más por el deseo de controlar territorios y personas para favorecer las actividades criminales de sus organizaciones y no con el sentido de contribuir al mejoramiento de la estabilidad social y el nivel de bienestar de sus habitantes. Inclusive, la tendencia del Cártel del Golfo de distribuir despensas o de organizar festivales populares en fiestas de la comunidad son más actos de propaganda y relaciones públicas que de preocupación por el nivel de vida de las personas.

Cuando era jefe todopoderoso de la familia michoacana, Servando Gómez La Tuta llegó a ejercer funciones prácticas de gobernador, de delegado municipal y hasta de alcalde, tratando de involucrarse en la construcción, compra o expropiación violenta de empresas y con ello abrir el camino a la institucionalización productiva de su grupo delictivo. Sin embargo, nunca pudo entender el papel que juegan las autoridades como promotoras del bienestar y de la actividad económica y se quedó solamente en papel de recaudador de impuestos para aumentar su riqueza y no para beneficiar el desarrollo de la comunidad.

La llamada gobernanza criminal es el reconocimiento por parte del Estado y del gobierno al papel estabilizador y de promotor del bienestar que debieran jugar los jefes de los cárteles y las bandas criminales, a partir del criterio de que el ambiente de violencia armada sólo disminuye las posibilidades de los negocios directos e indirectos de la droga. Cuando un delincuente crea una empresa, no ingresa a las reglas competitivas con otras, sino que impone su dominio por la fuerza y la violencia.

En términos estrictos, es imposible que el jefe o capo de una banda criminal quiera dedicar tiempo a la compleja administración de los asuntos de las comunidades dónde está instalado y menos aún que sepa siquiera cómo construir una estructura de seguridad y justicia basado en las reglas de los derechos humanos. Los capos del crimen organizado utilizan solamente el lenguaje de la violencia represiva del adversario.

Por estas razones, en estos dos y medio años de gobierno no se han notado avances en la parte de la propuesta de construcción de la paz que tiene que ver con la corresponsabilidad de las bandas del crimen organizado con la administración cotidiana de las comunidades municipales. Al contrario, la pasividad operativa de las estructuras gubernamentales de seguridad ha sido aprovechadas por las bandas criminales para intensificar su violencia armada con el propósito de imponer su dominio y control territorial, institucional, económico y fiscal sobre los espacios territoriales dominados.

En este sentido, la línea de gobernanza criminal que se supone forma parte de la estrategia de construcción de la paz de manera difícil podrá llegar a reconstruir la estabilidad social, económica y pacífica en las comunidades asentadas que dominan los capos del crimen organizado. Y como no se trata sólo de los jefes, la tropa delictiva conoce menos de responsabilidad de su fuerza para mantener la paz en una comunidad rural o urbana.

El problema radica en que el objetivo prioritario de las bandas criminales no es sustituir a las autoridades institucionales, sino tomar el control de una zona territorial para marcar su territorio e impedir la presencia de otros grupos delictivos. Y ocurre que, al interior de las mismas bandas, formadas por liderazgos cómplices o por alianzas familiares, también existe disputa interna por el control del grupo, como se aprecia en los desprendimientos que ha habido en cárteles como el Jalisco o el de Sinaloa.

A dos y medio años de iniciada la estrategia se requiere una evaluación crítica de sus propuestas y resultados y de la valoración de las metas no alcanzadas. Al final de cuentas, la función del Estado y los gobiernos en zonas territoriales de la República tiene como objetivo la paz, el bienestar y las actividades legales que permitan la multiplicación de la riqueza.

 

Zona Zero

·         Los dos primeros años de funcionamiento de la Guardia Nacional ofrecen resultados concretos en configuración del cuerpo de seguridad, instalación territorial en toda la República y capacitación de su personal. Pero en los medios de información se analiza la tarea de la Guardia Nacional en función de sus resultados operativos y de las cifras de inseguridad que sigue acaparando la nota roja de los medios.

·         La crisis en Aguililla sigue escalando niveles de percepción crítica entre analistas y en la sociedad, porque la baja operatividad de las fuerzas de seguridad no ha generado algún compromiso de paz y no-violencia por parte de los cárteles en lucha por el control de la zona. En fuentes de seguridad se tiene claro qué el frenón operativo de la Guardia Nacional tiene un punto de inflexión que pudiera estar alcanzándose por la barbarie e impunidad de los carteles en lucha y por la afectación de la vida civil en el municipio.

 

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico.

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Nacional

Seguridad y Defensa- Narcodiplomacia De la Operación Intercepción a la DEA

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Por Carlos Ramírez*

En 1969, a días de haberle jurado a México amistad, el presidente Nixon ordenó el cierre de la frontera terrestre con México en lo que fue llamada Operación Intercepción para revisar autos en busca de droga. Fue una agresión vecinal que buscó doblar al gobierno del presidente Díaz Ordaz, culpándolo del consumo de drogas metidas a territorio estadunidense de contrabando.

La decisión mexicana de revelar el expediente de la DEA sobre el general Salvador Cienfuegos Zepeda la semana pasada fue una decisión soberana del gobierno mexicano ante las quejas de la agencia antinarcóticos de que se estaba encubriendo un caso de complicidad institucional con un cártel del narco responsable del tráfico de drogas al interior de los EE. UU.

El incidente de la DEA ocurrió en un tiempo político de vacío institucional: el gobierno de Trump iba de salida y el de Biden había quedado atrapado en la telaraña del conflicto poselectoral. El secretario mexicano de la Defensa Nacional 2012-2018 había sido arrestado de manera sorpresiva y espectacular en Los Angeles, cuando aterrizaba en viaje familiar y encerrado en una celda. El juicio en su contra se abrió en una corte de Brooklyn, Nueva York, cuando aun estaban latentes los climas dejados por los casos Joaquín El Chapo Guzmán y Genaro García Luna,

Las autoridades judiciales de los EE. UU. habían criminalizado a dos altos funcionarios y un capo con acusaciones de traficar toneladas de droga para los casi 30 millones de adictos estadunidenses y probablemente otros 50 consumidores más. Las acusaciones de la fiscalía insistieron en que los tres personajes eran responsables de introducir la droga a territorio estadunidense, pero sin inculpar a funcionarios, policías y autoridades de seguridad estadunidense sin las cuales la droga nunca hubiera podido ingresar. Y a ello se debe agregar el dato del Departamento de Justicia: la venta de droga al menudeo –es decir: dosis para consumo– en más de tres mil ciudades estadunidenses es controlada por miembros mexicanos y cómplices locales de cuando menos siete cárteles mexicanos que operan con libertad dentro de los EE. UU. en la introducción, distribución y venta de droga y luego del lavado de dinero.

La crisis en las relaciones bilaterales de seguridad por el expediente de la DEA sobre el general Cienfuegos tuvo dos puntos importantes: terminó el viejo modelo de tolerancia en el funcionamiento de los cárteles en México y en los EE. UU. y marcó las relaciones diplomáticas en un asunto de perfil de seguridad nacional. El tratado comercial e inclusive el rubro de las inversiones estadunidenses en México pasaron a segundo nivel. El enojo y la estridencia de la DEA y el vacío institucional en la comunidad de los servicios de inteligencia y seguridad nacional de los EE. UU. por el desdén del presidente Trump a esas oficinas a lo largo de cuatro años de gobierno estallaron en dos tiempos: el arresto del general mexicano y su liberación y la revelación pública del expediente acusatorio de la DEA.

Lo que parece olvidarse es un tema intermedio entre el arresto/liberación y la difusión del expediente: la reforma mexicana a la Ley de Seguridad Nacional para someter a control y supervisión a los agentes extranjeros que antes operaban por la libre en México y obligarlos a acuerdos estrictos de cooperación, intercambio de información y operaciones conjuntas. El embajador estadunidense Christopher Landau criticó que México hubiera rechazado recibir tecnología para detectar contrabando de armas y México respondió diciendo que no necesitaba tecnología, sino que el gobierno de los EE. UU. –el principal contrabandista de armas en el mundo– frenara las armas que salen de su país hacia México.

La narcodiplomacia México-EE. UU. no es el mejor terreno para relaciones bilaterales, pero el abuso estadunidense en la imposición de sus condiciones unilaterales de seguridad nacional había subordinado a México a obedecer a las agencias estadunidenses. El presidente Obama creó la estrategia de seguridad en materia criminal que bautizó a los cárteles mexicanos como “organizaciones criminales transnacionales”, asumiendo derechos unilaterales para meterse a México sin permiso para operar persecución y castigo contra narcos que exportaban la droga a EE. UU. De nueva cuenta este modelo ignoró que el ingreso, distribución, venta y lavado de dinero de la droga sólo puede ocurrir con la complicidad de instituciones y funcionarios del gobierno de los EE. UU. Obama, en cambio, nunca decidió un combate interno contra el narco y sólo se conformó con trabajar sobre las adicciones a posteriori.

El problema no es la DEA ni los acuerdos, sino la urgencia de que los EE. UU. reconozcan que son la mitad del problema. En la droga, la demanda determina la oferta. Si no hubiera consumidores estadunidenses por sí mismos o hasta inducidos como forma de control social, la droga no sería objeto de comercio masivo. Se ha dado el caso de que Los Zetas, un cártel casi en extinción en México, siguen operando con fuerza en los EE. UU.

El caso de la DEA-Cienfuegos creó las condiciones para que Mexico comience a definir una estrategia propia de seguridad nacional y no seguir dependiendo de los EE. UU. En la Operación Intercepción de 1969 México cedió su seguridad nacional a la de los EE. UU. y ahora el incidente con la DEA puede marcar la fijación de una doctrina de soberanía mexicana en materia de seguridad nacional frente –y no abajo– de los EE. UU.

 

Zona Zero

• Aún no se ha analizado, con enfoque estratégico, el golpe contra el general Cienfuegos basado en testimonios hoy conocidos que carecían de valor pericial. El arresto había afectado al ejército como la garantía de la soberanía y la seguridad nacional de México, en una fase de expansionismo imperial de los EE. UU.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico.

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