Gabriel Torres Espinoza
En días posteriores se llevará a cabo una suerte de ‘Parlamento Abierto’, en el Congreso Local, para discutir una eventual reforma al Ipejal. Serán ocho las mesas de discusión que se realizarán entre octubre y noviembre, de este año: dos relacionadas con sus “finanzas”, y otras dos con sus “inversiones” —los dos problemas más importantes del Instituto—.
En cuanto a las “finanzas” del Ipejal, el argumento oficial es previsible: la falta o necesidad de un mayor número de afiliados al Instituto, para poder costear el sistema pensionario y jubilatorio de los burócratas al servicio del Estado de Jalisco. Para ello, insisten que mientras, en 2019, por cada pensionado había 3.3 afiliados; en 2013, por cada pensionado había ya 6 afiliados. Su titular ha propuesto la afiliación de 39 mil servidores públicos más al Ipejal. El otro ‘mejoralito’, para desviar la atención del verdadero problema, fue el tope a las 70 pensiones VIP que devengaban más de 100 mil pesos mensuales.
Desde luego, respecto de sus “finanzas” e “inversiones”, el tema de fondo no se toca en absoluto, ni se discute, ni se reconoce ni se dialoga: 1) la insultante corrupción en el manejo de su ‘fondo solidario’; 2) el cúmulo de inversiones sin la debida justificación de viabilidad financiera; y 3) la pésima administración del Instituto. Van tres botones de muestra.
I. En cuanto a la corrupción en su ‘fondo solidario’. La Contraloría del Estado, de 2016 a la fecha, ha presentado un total de 23 denuncias penales por malversaciones en el Ipejal —ya sea ante la Fiscalía Estatal o la Especializada en Combate a la Corrupción—, por poco más de cuatro mil millones de pesos. Por otro lado, en febrero de 2021, el Pleno del Congreso del Estado aprobó imponer un crédito fiscal al Ipejal por 495 millones de pesos, por anomalías registradas, tan sólo, en el Informe de la Cuenta Pública de 2017, realizada por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). Se trató de un crédito fiscal del que no se tenga registro en la historia reciente de Jalisco, toda vez que representó el 43% (casi la mitad) del monto total al que ascendían los 86 créditos fiscales impuestos de 2009 a 2020, con valor de mil 146 millones de pesos.
II. Respecto de la irresponsabilidad de las inversiones del Ipejal. Ahí están los corruptos ejemplos de Chalacatepec, Villas Panamericanas, Transporte Marítimo Mexicano, Abengoa, Santa Cruz de Soledad, Amapas, Toscana/Santana Margarita, Nordia Tlajomulco, GVA Desarrollos Integrales, Mendelssohn, Amadeus de Occidente, GVA Virgo, CDJ Trazo, Constructora y Urbanizadora Jones y Asociados, Actur S.AP.I. de C. V., y un largo etcétera. Todos ellos siguen sin reportar utilidades o ganancias, por el contrario, lo que indican son millonarias pérdidas.
III. De la pésima administración del Ipejal. Habría que decir que mientras que la reserva técnica del Ipejal registró un crecimiento anual promedio de 10%, de 2007 a 2014; para el periodo comprendido, de 2015 a 2021, este crecimiento anual promedio fue del 5.9%. Se redujo casi la mitad. Peor aún, el aumento de su reserva técnica fue particularmente alarmante, de 2020 a 2021, por registrar una tasa de crecimiento anual de apenas el 1.4%. De forma que la trastornada situación financiera del Instituto se ha registrado, precisamente, ¡en los últimos años! Ello sin considerar, el gigantesco adeudo de aportaciones patronales por parte de un raudal de entes públicos al Ipejal, que a finales del año pasado ascendían a los 486.5 millones de pesos. De forma que, una eventual reforma de gran calado al Ipejal, relacionada tanto con sus “finanzas” como con sus “inversiones”, tendría que ver con devolverle al Poder Legislativo Local la facultad de aprobar por ‘mayoría calificada’, todo movimiento financiero, bursátil, mercantil, o de cualquier otro tipo, respecto de las inversiones y reservas del Ipejal, que es dinero de los trabajadores, no del gobierno. Ese es el verdadero quid de una tentativa reforma, que por su ausencia detonó el descalabro de este Instituto, precisamente, desde 2009; fecha en que le fue quitada esa facultad al Congreso del Estado.
