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Indicador Político

Las cifras de delitos de julio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública han sido leídas en función de los “homicidios dolosos” o crímenes, pero este rubro revela los asesinatos entre miembros de cárteles en la disputa por plazas territoriales.

En las cifras enero-julio están cuando menos diez rubros que determinan la eficacia/ineficacia de la estrategia de seguridad pública que afecta de manera directa al ciudadano:

 

1. Total de delitos: 1 millón 178 mil 600.

2. Homicidios culposos: 8 mil 865.

3. Lesiones: 112 mil 650.

4. Feminicidios: 540.

5. Violaciones simples y equiparadas: 9 mil 928.

6. Delitos contra la integridad sexual: 29 mil 404.

7. Robos: 437 mil 558.

8. Delitos contra el patrimonio: 598 mil 604.

9. Delitos de narcomenudeo: 40 mil 109.

10. Delitos contra bienes jurídicos: 280 mil 585

 

Estas son las verdaderas cifras de la inseguridad que afectan a las personas, al pueblo, a los ciudadanos. Los homicidios dolosos son apenas fotografías y videos de balaceras, delincuentes muertos, muy pocas víctimas colaterales y cierto que impactan e inducen el miedo en los ciudadanos, pero a manera de efecto. Y en materia de responsabilidades, los homicidios dolosos deben ser atendidos por autoridades de fuero federal, en tanto que los demás son delitos de fuero común y corresponden su atención a autoridades estatales y municipales.

Y se pueden desglosar cuando menos cinco delitos que son los que más afectan a la sociedad y contra los cuales los gobiernos estatales y municipales han fallado en su atención:

 

1. 42 mil 217 robos a casas habitación.

2. 111 mil 708 robos de vehículos.

3. 6 mil 899 robos a transportistas.

4. 48 mil 886 robos a transeúntes.

5. 66 mil 155 robos a negocios

 

Estas cifras tienen dos datos de excepción: sólo los homicidios dolosos y los robos de vehículos son registrados casi en su totalidad por su visibilidad y el pago de seguro vehicular, en tanto que los demás refieren una cifra negra de nodenunciados en promedio de poco más de 90% por razones de miedo, desconfianza en las autoridades y falta de voluntad judicial para investigar. Es decir, que la afectación de los ciudadanos por delincuentes de orden común es mucho mayor al de las cifras registradas.

Los despliegues de la Guardia Nacional estaban pensados para atender vigilancia de zonas ciudadanas, pero la prioridad de la migración distrajo a buena parte de los primeros efectivos. Y cuando menos en su primera etapa, los 56 mil guardias ya movilizados se están dedicando a la forma presencial con intenciones de disuasión, pero la movilidad de la delincuencia el menudeo carece de sedentarismo y se direcciona con facilidad de nómadas.

Y para completar el cuadro, el gobierno federal dio a conocer cifras de registro de policías y las pasó bajo el criterio de que lo ideal serían 300 policías por cada 100 mil habitantes y en promedio nacional hoy existen sólo 214, fijando un déficit de personal policiaco de -28.65%. Este dato, sin embargo, no recoge evaluaciones de eficacia policiaca. Por ejemplo, Ciudad de México tiene un superávit de casi 50% de más policías de la media 300/100 mil, pero la tasa de delincuencia es mucho mayor a la de otras entidades, inclusive de Estado de México.

La cifra de homicidios dolosos, pues, sólo impacta estados de ánimo; pero los datos de la delincuencia contra el ciudadano revelan el déficit de seguridad de las autoridades policiacas estatales y municipales. Pero es la hora en que gobernadores y alcaldes carecen de propuestas reales de capacitación, profesionalización y aumento de fuerzas locales de seguridad.

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Michoacán. Ante la aparición de cuerpos colgados y desmembrados en Michoacán, el presidente de la república dijo que no caería en la provocación y que no habría reactivación de la guerra contra los cárteles. Y después salió la confesión de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de que está negociando con “grupos armados” que quieren “deponer las armas” y datos oficiales hablan de grupos de Michoacán. O sea, que hay una estrategia secreta de seguridad, paralela a la oficial.

Política para dummies: La política suele ser el arte del engaño.

 

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@carlosramirezh

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- AMLO-Trump: no computadoras en Secretaria de Economía, metáfora TCL

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Carlos Ramírez*

Firmado y ratificado por los congresos legislativos de los dos países, el Tratado de Comercio Libre 2.0, con una lista muy estricta de exigencias estadunidenses y sin un nuevo modelo de desarrollo mexicano, el presidente López Obrador se reunirá con el presidente Donald Trump para agradecerle su apoyo en la revalidación del acuerdo comercial.

Sin embargo, la diplomacia no logrará ocultar el trasfondo de los efectos sociales y políticos del Tratado en el sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional mexicano. Las reformas comerciales impulsadas por Trump van a obligar al Estado mexicano a salirse del control y la conducción de las relaciones sociales, van a darle a los empresarios mayores libertades productivas que lo alejarán del autoritarismo del Estado y acotarán las funciones reforzadas el presidencialismo mexicano.

Dentro del TCL 2.0 no deben caer las recientes decisiones mexicanas de desplazar a inversionistas extranjeros para recuperar la participación del Estado en la economía productiva, sobre todo en el sector energético. Tampoco el nuevo TCL considera seguir arrastrando el viejo modelo sindical de control político de los trabajadores y los objetivos de los líderes sindicales de tener sus cuotas legislativas de poder. Y la parte más compleja deberá ser la desregulación de la economía para disminuir las restricciones del Estado, lo que tendría que llevar a una mayor autonomía relativa económica, productiva y sobre todo política de los empresarios.

Los gobiernos de Bush Sr., Clinton, Bush Jr. y Obama fueron muy tolerantes con la participación de México en el Tratado en función de su sistema/régimen/Estado de tipo priísta, es decir, de control presidencial de la economía estatizada. El primer aviso de Trump llegó por la vía del embajador estadunidense Christopher Landau y su quejade que no se pueden cambiar las reglas económicas vigentes. El embajador no lo dijo, pero en sus palabras quedó el mensaje cifrado: el Estado mexicano no puede regresar a la economía productiva,

El problema del modelo lopezobradorista de regreso del Estado al protagonismo económico no es el estatismo en sí o el discurso ideológico antineoliberal, sino que lo malo se localiza en el hecho de que el Estado mexicano carece del dinamismo, de capacidad tecnológica y de dinero para desplazar a grupos privados. Lo que vio el embajador Landau es que el Estado es parte de la producción y juez de las regulaciones.

Si el Estado mexicano quiere regresar a su papel dominante en la economía productiva, tendría que jugar sin ventajas. Sobre todo, necesitaría enormes cantidades de dinero para desarrollar tecnologías, capacitaciones e investigación científica para la competencia en innovaciones con las empresas privadas. Las empresas publicas se hundieron en la escasa competitividad porque su ineficacia fue tapada con subsidios y, al final, ni dieron fondos al Estado y si succionaron presupuesto.

El Tratado salinista desarticuló las alianzas sociales del Estado y la liberación de fuerzas llevó a la derrota del PRI en el 2000. Peña recuperó la presidencia para el PRI con un programa de modernización sectorial que perdió el rumbo y no quiso deshacerse de lo viejo. Ahora el modelo posneoliberal lopezobradorista quiere reconsolidaral Estado regresándolo a algunas áreas productivas que requieren de más fondos de los que tiene todo el presupuesto federal. Ahí naufragará el modelo posneoliberal: carece de financiamiento para el regreso del Estado a la economía productiva, de fuerza competitiva en tecnología y ciencia y sus viejas clases sociales –campesinos, obreros, clases profesionales, grupos populares– no saben a dónde dirigirse.

El mensaje contradictorio sobre el desafío del TCL 2.0 y la incapacidad del Estado para competir con el sector privado en la producción ocurrió en la Secretaría de Economía, la dependencia encargada del modelo de desarrollo, de la planta industrial y de la competitividad: por decisión de austeridad se le quitaron computadoras al 75% de los empleados y ahora tendrán que trabajar con lápiz y papel, mientras las empresas privadas han invertido capital en inteligencia artificial y desarrollo tecnológico.

La imagen de Economía será la del Tratado 2.0: el regreso a la edad de piedra de la economía con lápiz y papel.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- AMLO-EU: del nacionalismo defensivo al pragmatismo sin agenda estratégica

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Por Carlos Ramírez*

El error en el análisis sobre la reunión del presidente López Obrador con el presidente Donald Trump no radica en lo obvio: el uso que le dará el anfitrión dentro de su campaña electoral. Lo más importante radica en el hecho de que por primera vez México carece de una agenda estratégica con los EE UU.

La falta de esa agenda estratégica y la laguna de enfoque geopolítico en la diplomacia tribal del canciller Marcelo Ebrard Casaubón llevaron al error de pedir el apoyo de Trump en la pandemia –ventiladores–, cuando la agendaestratégica exigía una sana distancia del imperios ante la agenda real: migración, la Guardia Nacional resguardando los intereses de Washington en las fronteras mexicanas, la falta de iniciativas en las correcciones del Tratado de Comercio, el intervencionismo de las agencias de inteligencia y seguridad nacional en el narco en México y las presiones para mantener negocios dentro del Tratado.

En los más de doscientos años de relaciones bilaterales –primero como posición española y luego como república–, México definió sus relaciones con la Casa Blanca con tres principios: el conflicto histórico por la perdida de la mitad del territorio en la invasión de 1847, la vecindad imperial basada en la frontera estadunidense con el sur latinoamericano en el Suchiate y no en el Bravo y la desconfianza.

México pasó del nacionalismo activo hasta principios del Siglo XX al nacionalismo defensivo –concepto de Lorenzo Meyer– y de ahí saltó el entreguismo totalizador que exigió el Tratado de Comercio libre firmado por el presidente Carlos Salinas de Gortari en 1993 y ratificado en sus términos formales –comercio– y en sus términos estratégicos —geopolítica del imperialismo estadunidense– por los presidentes Enrique Peña Nieto y López Obrador.

El Tratado en sus dos versiones –el firmado por Bush-Clinton y el revisado por Peña-López Obrador– se basó en el Memorándum (Proceso 758) del embajador estadunidenses en México en 1991 John Dimitri Negroponte –el más poderoso jefe de los servicios de inteligencia y seguridad nacional de la Casa Blanca–, en el que se fijó el parámetro estratégico del comercio como eje de la dominación imperial:

Desde una perspectiva de política exterior, un TCL institucionalizaría la aceptación de una orientación norteamericana en las relaciones exteriores de México”.

Y así fue. El sometimiento de la histórica política exterior mexicana con principios estratégicos de seguridad nacional en función de los intereses mexicanos se enterró a finales de 1989, iniciadas ya las negociaciones del Tratado, con el apoyo de México a la invasión de los EE UU de Panamá para arrestar al jefe del ejército panameño –paradójicamente agente de la CIA durante el año en que George Bush Sr. dirigió la agencia–, violando la soberanía panameña.

El Tratado que rige la totalidad de las relaciones bilaterales –en lo económico y en seguridad nacional– se firmó en función de las propuestas de la Comisión Binacional México-EE UU que concluyó en 1987 que México debería cambiar sus enfoques históricos y educativos sobre los EE UU desde la educación. Los gobiernos de De la Madrid y Salinas cumplieron con esa recomendación.

Y ha querido la realidad exhibir el desdén estadunidense a los enfoques de vecindad del Tratado con una política migratoria militarizada, agresiva y racista que México, hasta ahora, no se ha atrevido a condenar. En plena revisión del Tratado Trump se dedicó a insultar, criminalizar y deportar a mexicanos sólo por consideraciones sociales, sin que los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador pudieran o quisieran impedirlo o cuando menos disminuir su agresividad.

El Tratado salinista anuló la agenda estratégica de la política exterior mexicana y el gobierno de Trump ha definido la suya con criterios racistas, de explotación de recursos y de desdén.

El nuevo gobierno del presidente López Obrador y del canciller Ebrard debió de haberle dado prioridad a la definición de su agenda estratégica con los EE UU, inclusive sin agresividad ni confrontación, pero sí con la ratificación de los principios históricos reales de la diplomacia de colaboración-resistencia-defensiva.

Esta semana, sin esa agenda estratégica mexicana, se dará la reunión de López Obrador con Trump.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- CJNG: droga o narco-Estado como las FARC; El Mencho sólo es un matón

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Carlos Ramírez*

Las amenazas del presidente Donald Trump de caracterizar cárteles mexicanos del crimen organizado como terroristas ha tenido detrás un expediente de inteligencia contra el Cártel Jalisco Nueva Generación y contra el Cártel de El Chapo. Estas organizaciones criminales transnacionales mexicanas que operan de manera masiva dentro de los EE UU estarían llegando a ser grupos con propósitos políticos como la narcoguerrilla de las FARC colombianas.

La Operación Python de la DEA en marzo arrestó a más de 600 efectivos del CJNG, pero esa ofensiva antinarcóticos ya cruzó la frontera sur y está en México. Algunos expertos en análisis de seguridad señalan que en los EE UU tienen la impresión de que la estrategia mexicana de seguridad publica –que ya no busca desmantelar y descabezarlos principales cárteles— ha permitido la expansión del narco hacia territorio estadunidense.

Los expedientes sobre el CJNG y su líder Nemesio Oseguera Cervantes están acotados y se carece de información de inteligencia sobre su evolución y reforzamiento directivo. La versión de que El Mencho está enfermo, retirado o muerto no ha sido corroborada, tampoco se tienen datos de la reorganización de la élite dirigente del grupo, salvo algunos nombres más o menos conocidos.

La versión no oficial es que hay nuevas cabezas dirigentes en el cártel y con mayor capacidad de análisis político.

A pesar de esa presunta debilidad del CJNG por la falta de atención de tiempo completo por parte de El Mencho, el cártel no ha detenido su fase de expansión violenta en toda la república y en los EE UU. Pero lo que más ha llamado la atención ha sido el uso de algunas técnicas de violencia que se salen del marco de referencia de una banda delictiva que lucha por control de plazas territoriales. No es lo mismo atentar contra un jefe policiaco local que se niega a colaborar en un espacio territorial menor, que intentar asesinar al secretario de Seguridad de la capital de la república gobernada por una de las preferidas políticas del presiente López Obrador o amenazar el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sólo por “no estar jalando”, como si el poder de fuerza del CJNG necesitara de tan altos funcionarios en zonas donde los nervios del grupo en realidad operan sin freno y extendiéndose. Es decir, no necesitan de un pacto con esas altas autoridades. Por tanto, amenazas y agresiones tienen otro objetivo.

Las tácticas del atentado contra el jefe Omar García Harfuch o las amenazas contra el gobernador Alfaro y varios miembros del gabinete son propias de organizaciones políticas, no criminales. El cumplimiento de las amenazas contra esos dos altos funcionarios hubiera conducido a una operación gubernamental de exterminio contra el grupo criminal. Y si bien la capacidad de fuego del CJNG es superior a las policías locales, la Guardia Nacional con el apoyo de las fuerzas armadas podría casi aplastarlo como respuesta.

El atentado contra el jefe policiaco del gobierno de CDMX alertó más a las organizaciones estadunidenses de inteligencia y seguridad nacional, porque en los EE UU hay una recompensa de 10 millones de dólares por El Mencho. En la comunidad de inteligencia de Washington no les preocupa Harfuch porque no es un cuadro que hayan entrenado ni que participe en los enlaces bilaterales, sino que llamó su atención que el CJNG haya pasado a técnicas de guerra que también pudiera aplicar dentro del territorio estadunidense donde el cártel de El Mencho está siendo acotado por la policía.

La presión estadunidense sobre el gobierno mexicano por el CJNG El Mencho va a seguir creciendo porque esa organización criminal pudiera llevar su guerraa las calles de los EE UU. En la lógica analítica estadunidense están procesando la información del CJNG con elementos de un reacomodo en la dirección operativa del grupo criminal a partir de sus operaciones: pasar de lucha contra cárteles menores locales a provocaciones contra el Estado amenazando a secretarios del gabinete presidencial y atentando contra el jefe de la policía de la capital de la república. La dimensión de esos operativos contra figuras del Estado en su primer nivel rebasa la capacidad de El Mencho y conduce a decisiones de disputas por el poder con el Estado que requerirían de reflexiones más de guerrilla anti Estado que de criminales.

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Política para dummies: La política en esencia es actividad de pensamiento estratégico y enfoques de inteligencia.

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