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Indicador Político

Las cifras de delitos de julio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública han sido leídas en función de los “homicidios dolosos” o crímenes, pero este rubro revela los asesinatos entre miembros de cárteles en la disputa por plazas territoriales.

En las cifras enero-julio están cuando menos diez rubros que determinan la eficacia/ineficacia de la estrategia de seguridad pública que afecta de manera directa al ciudadano:

 

1. Total de delitos: 1 millón 178 mil 600.

2. Homicidios culposos: 8 mil 865.

3. Lesiones: 112 mil 650.

4. Feminicidios: 540.

5. Violaciones simples y equiparadas: 9 mil 928.

6. Delitos contra la integridad sexual: 29 mil 404.

7. Robos: 437 mil 558.

8. Delitos contra el patrimonio: 598 mil 604.

9. Delitos de narcomenudeo: 40 mil 109.

10. Delitos contra bienes jurídicos: 280 mil 585

 

Estas son las verdaderas cifras de la inseguridad que afectan a las personas, al pueblo, a los ciudadanos. Los homicidios dolosos son apenas fotografías y videos de balaceras, delincuentes muertos, muy pocas víctimas colaterales y cierto que impactan e inducen el miedo en los ciudadanos, pero a manera de efecto. Y en materia de responsabilidades, los homicidios dolosos deben ser atendidos por autoridades de fuero federal, en tanto que los demás son delitos de fuero común y corresponden su atención a autoridades estatales y municipales.

Y se pueden desglosar cuando menos cinco delitos que son los que más afectan a la sociedad y contra los cuales los gobiernos estatales y municipales han fallado en su atención:

 

1. 42 mil 217 robos a casas habitación.

2. 111 mil 708 robos de vehículos.

3. 6 mil 899 robos a transportistas.

4. 48 mil 886 robos a transeúntes.

5. 66 mil 155 robos a negocios

 

Estas cifras tienen dos datos de excepción: sólo los homicidios dolosos y los robos de vehículos son registrados casi en su totalidad por su visibilidad y el pago de seguro vehicular, en tanto que los demás refieren una cifra negra de nodenunciados en promedio de poco más de 90% por razones de miedo, desconfianza en las autoridades y falta de voluntad judicial para investigar. Es decir, que la afectación de los ciudadanos por delincuentes de orden común es mucho mayor al de las cifras registradas.

Los despliegues de la Guardia Nacional estaban pensados para atender vigilancia de zonas ciudadanas, pero la prioridad de la migración distrajo a buena parte de los primeros efectivos. Y cuando menos en su primera etapa, los 56 mil guardias ya movilizados se están dedicando a la forma presencial con intenciones de disuasión, pero la movilidad de la delincuencia el menudeo carece de sedentarismo y se direcciona con facilidad de nómadas.

Y para completar el cuadro, el gobierno federal dio a conocer cifras de registro de policías y las pasó bajo el criterio de que lo ideal serían 300 policías por cada 100 mil habitantes y en promedio nacional hoy existen sólo 214, fijando un déficit de personal policiaco de -28.65%. Este dato, sin embargo, no recoge evaluaciones de eficacia policiaca. Por ejemplo, Ciudad de México tiene un superávit de casi 50% de más policías de la media 300/100 mil, pero la tasa de delincuencia es mucho mayor a la de otras entidades, inclusive de Estado de México.

La cifra de homicidios dolosos, pues, sólo impacta estados de ánimo; pero los datos de la delincuencia contra el ciudadano revelan el déficit de seguridad de las autoridades policiacas estatales y municipales. Pero es la hora en que gobernadores y alcaldes carecen de propuestas reales de capacitación, profesionalización y aumento de fuerzas locales de seguridad.

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Michoacán. Ante la aparición de cuerpos colgados y desmembrados en Michoacán, el presidente de la república dijo que no caería en la provocación y que no habría reactivación de la guerra contra los cárteles. Y después salió la confesión de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de que está negociando con “grupos armados” que quieren “deponer las armas” y datos oficiales hablan de grupos de Michoacán. O sea, que hay una estrategia secreta de seguridad, paralela a la oficial.

Política para dummies: La política suele ser el arte del engaño.

 

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Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Trump, producto de contradicciones sociales del capitalismo depredador

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Carlos Ramírez*

No, no es Trump. El presidente que dejará hoy la Casa Blanca por el resultado electoral oficial no fue una anomalía, sino un sujeto histórico producto de las contradicciones del conflicto social estadunidense acumulado.

Tres datos deben anotarse:

1.- De acuerdo con el tracking diario de la empresa Rasmussen, Trump llegó a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre con 39% de aprobación fuerte, contra 43% de Biden; y en lo general, el total de la aprobación presidencial de Trump el día electoral fue de 49%, contra 50% de Biden. El 15 de enero, Trump registró una aprobación fuerte de 35%, contra 42% de Biden y una aprobación total de 48% contra 52% de Biden. El 6 de enero de la crisis en el Capitolio, Trump tuvo una aprobación fuerte de 36% y total de 48% y Biden de 43% fuerte y total de 52%.

2.- A pesar de la estridencia ideológica del establishment liberal/republicano colaboracionista y del discurso ideológico para caracterizar a las bases radicales de Trump como fascistas, en las calles hubo una especie de pasividad social. En la capital federal, D.C., mostró una especie de aceptación del estado de sitio.

3.- El establishment cometió el error estratégico de caracterizar a los grupos radicales de ultraderecha vinculados a Trump como expresiones de “terrorismo doméstico” porque colocó una grave fractura social en el consenso interno que le da fuerza al comportamiento imperial de la Casa Blanca. El pensamiento liberal real sigue sin olvidar los años oscuros y criminales del macartismo cuando la derecha en el poder persiguió, como parte de la guerra fría imperial, a los pocos grupos del espectro centro-progresista a comunista. Hoy parece ser al revés: el presunto progresismo en el poder quiere criminalizar a la derecha ideológica violenta.

Los EE. UU. siempre habían expresado una polarización electoral, aunque sin incidentes poselectorales: de las elecciones de William Clinton en 1996 a Biden en 2020 el Partido Demócrata ha tenido un promedio de voto popular de 50%, contra 40% de los republicanos a pesar de los dos periodos de Bush Jr. y el cuatrienio de Trump. La diferencia Biden/Trump es de 51.4%/47%, aunque ahora con republicanos violentos en las calles.

Por primera vez en la historia, el relevo presidencial se da sin el sentido de la fiesta, sin los bailes presidenciales nocturnos y sin el paseíllo de la nueva pareja presidencial por Pennsylvania Av. Las rejas, los guardias nacionales, los miles de policías y los comandos especiales de las fuerzas armadas, con la imagen intimidante de francotiradores oficiales van a opacar la victoria de Biden. En las plazas de capitolios estatales aparecieron milicias legales armadas.

Biden y la reina Nancy Pelosi fueron incapaces de construir una legitimidad política de su victoria. El presiden electo perdió la oportunidad de exhibir un verdadero liderazgo político al salirse de la refriega y refugiarse en el sótano de su casa como búnker de campaña, en tanto que la reina Pelosi profundizó el autoritarismo de Estado contra los grupos violentos consolidando el discurso de golpe de Estado que nunca ocurrió.

Con la respuesta de fuerza, el establishment demócrata/republicano privilegió su falta de comprensión al mensaje que envió el electorado duro de Trump: una protesta contra el Estado autoritario dominado por una veintena de lobbies de intereses nada populares. El próximo establecimiento de leyes patrióticas internas contra el “terrorismo doméstico” profundizará la estructura fascistoides de fuerza del Estado norteamericano, pero sin entender la dinámica ideológica de ese conservadurismo militante.

Durante gobiernos anteriores, demócratas y republicanos, los grupos radicales de la derecha fueron la base de una configuración de clases sociales dispares, polarizando a los beneficiarios del establishment y los sacrificados por la acumulación privada de riqueza. La desigualdad social ha sido, en el fondo, una desigualdad de raza, sin duda la peor herencia histórica del modelo de polarización de riqueza/pobreza que es la esencia del capitalismo estadunidense.

Con un presidente sin carisma, agobiado por la edad, anticlimático y una sociedad polarizada hasta la violencia, los EE. UU. entran a una nueva fase de gobierno con tensiones sociales que van a tratar de ser aplastadas con la fuerza del poder y no con la comprensión del conflicto social subyacente.

Y en el fondo, y ya no tan en el fondo, los primeros indicios de una nueva guerra civil.

 

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Política para dummies: La violencia es la política por otros medios.

 

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Al revés: EE. UU. se dio un balazo en el pie con el arresto del general

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Carlos Ramírez*

Casi todos los análisis y enfoques mediáticos de la prensa en México reclaman que el presidente López Obrador hubiera abierto el expediente acusatorio de la DEA contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda y casi nadie ha enfocado el problema como una decisión de seguridad nacional del Estado mexicano ante el acoso de un Estado extranjero.

El asunto –que no caso– Cienfuegos tiene muchas aristas:

1.- El general Cienfuegos tiene una representación institucional y simbólica del ejército mexicano.

2.- El ejército mexicano, a diferencia de otros sudamericanos, es el eje de la soberanía, la seguridad nacional y el Estado.

3.- Como nunca, el gobierno de los EE. UU. encontró voluntad en las fuerzas armadas mexicana para establecer relaciones profesionales.

4.- En el sexenio de Peña Nieto, el general secretario Cienfuegos fue muy directo en las relaciones militares con los EE. UU.

5.- El arresto del general Cienfuegos fue iniciativa de la DEA en base a un expediente armado en México sin cumplir con los requisitos legales. Por tanto, en su juicio se iba a exhibir al sistema penal-judicial de México como parte de la inseguridad.

6.- México violó acuerdos de confidencialidad en procesos judiciales, pero la DEA, con el aval del gobierno de los EE. UU., también violó esos acuerdos porque ha operado en secreto en México, al margen de las leyes y sin intercambiar información e inteligencia.

6.- El sistema político, judicial y de seguridad de los EE. UU. ha sido horadado por la corrupción: la instalación de cárteles mexicanos en los EE. UU, el control del tráfico de drogas al menudeo en más de tres mil ciudades estadunidenses y el lavado de dólares del narco ha sido posible por la corrupción estadunidense.

7.- En este sentido, los EE. UU. dependen más de México en la lucha contra el narcotráfico, que lo que depende México de los EE. UU. La mayor parte de la droga que se siembra, produce y trasiega en México va para atenderla demandas de 30 millones de adictos dependientes estadunidenses y dos veces más de consumidores no regulares. La demanda determina la oferta.

8.- La investigación de la DEA no fue profesional ni procesal, se basó en interpretación de rumores e intercepciones telefónicas y en conclusiones no sustentables. Pero eso en los EE. UU. no importa porque ahí se juzga y condena por razones no judiciales, como lo prueban los miles de presos sentenciados, algunos de muerte, basados en expedientes irregulares.

9.- Los reclamos de la DEA por el regreso del general Cienfuegos a México debieron de endosarse a las autoridades judiciales y de gobierno de los EE. UU. que lo avalaron. México ejerció su derecho a exigir la liberación de un ciudadano arrestado por investigaciones irregulares, superficiales y hasta ficticias.

10.- México ejerció su derecho de conocer el expediente, lo pasó por los filtros locales y todos han reconocido que se trató de una investigación maliciosa. Las amenazas estadunidenses contra México por la decisión soberana de México de difundir el expediente para exhibir la pobreza jurídica de la investigación de la DEA responden más al ridículo en que quedó la agencia estadunidense que a las sospechas de veracidad de los indicios investigados.

11.- La DEA le dio un balazo en el pie de la estructura de seguridad nacional de los EE. UU. al arrestar de manera ostentosa y grosera a un reciente exjefe del ejército y con ello romper las relaciones del ejército de los EE. UU. con el ejército mexicano.

12.- El ejército mexicano es una pieza exterior del escudo de seguridad nacional de los EE. UU. por la frontera de casi tres mil kilómetros. La DEA no midió la dimensión de su operativo ni siguió los canales institucionales adecuados.

13.- El ejército mexicano ha sido una pieza clave de la estructura de lucha contra los cárteles mexicanos y siempre ha encontrado suspicacias, ofensas y dudas en los EE. UU. Ahora México tiene todo el derecho de cerrarse a los E. UU. y que la Casa Blanca rompa la colaboración militar de seguridad nacional con las fuerzas armadas mexicanas.

14.- Para regresar a la colaboración, México necesita exigir reciprocidad equidistante y que los estadunidenses notraten a los mexicanos como madrinas judiciales de los agentes estadunidenses.

15.- Las reglas de control de operaciones de las agencias extranjeras en México fueron un golpe severo a la estructura de inteligencia, espionaje y seguridad nacional de los EE. UU. y un ejemplo a seguir por otras naciones que padecen la invasión policiaco-militar-espionaje de las agencias estadunidenses,

 

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Política para dummies: La política consiste en no dejarse del más grande.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Del fascismo supremacista de Trump al Estado fascista de Biden y Pelosi

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Carlos Ramírez*

El aparato de propaganda del establishment mediático anti Trump ha enfocado con eficacia todas sus baterías contra el presidente por la irrupción de vándalos al Capitolio y ha tratado de construir una narrativa ideológica para alertar sobre un fascismo doméstico de masas supremacistas. Sin embargo, poco ha dicho ese sector discursivo sobre el fascismo de Estado que el gobierno de la Casa Blanca construyó en la guerra fría contra el comunismo y después del 9/11 contra el terrorismo.

Las leyes patrióticas del presidente George Bush Jr. permitieron el espionaje masivo dentro de los EE. UU., la consignación de sospechosos sin procedimientos de defensa legal, la prisión de Guantánamo, los hoyos negros de la CIA como lugares para interrogar detenidos, el uso legal de la tortura para obtener información sobre el terrorismo árabe radical y las aprobaciones de secretarios de Justicia y de Defensa de técnicas violentas de interrogatorio.

Detrás de estos datos que mostraron al Estado estadunidense usando medidas radicales de investigación que violaron todos los derechos humanos se localizaba, como justificación, el miedo al terrorismo y la capacidad de respuesta institucional de la Cas Blanca. El dato mayor se encuentra en el repudio y el no reconocimiento de la Casa Blanca al Tribunal de Justicia de la Haya porque ahí se encuentran radicadas denuncias contra funcionarios y expresidentes estadunidenses por delitos de lesa Humanidad.

Pero la categoría que define este tipo de medidas inhumanas contra disidentes se resume en el concepto de Estado fascista: es decir, el abuso de autoridad para sostener un Estado que a su vez es el representante del gran capital. Las guerras extranjeras de los EE. UU. –Vietnam y el medio oriente, como tipologías– fueron por mantener el control ideológico de una zona del planeta fuera de los EE. UU. y para garantizar el control del petróleo.

La crisis poselectoral que tuvo su momento cumbre en la invasión del Capitolio por grupos radicales de ultraderecha, supremacistas y organizaciones racistas ha sido utilizada por el establishment de los lobbies de poder fáctico para construir una operación político-legislativa de largo alcance: la aprobación de leyes represivas contra lo que se denomina “terrorismo doméstico” que lo mismo incluye a radicales que usan la violencia criminal con argumentos políticos, que a grupos sociales organizados bajo discursos antirracistas, de derechos humanos y de libertades civiles.

En el sitio theintercept.com se han estado publicando análisis de fondo para documentar lo que se mueve detrás del escenario de indignación del grupo de poder de la reina demócrata Nancy Pelosi. El periodista James Risen fue perseguido de manera judicial-penal por los presidente Bush Jr. y –¡sorpresa!– por el presidente Barack Obama por publicar la denuncia del espionaje social de la Agencia de Seguridad Nacional y padeció amenazas judiciales de encarcelarlo, no sólo para que denunciara a su fuente de información sino como forma de intimidación a él y al The New York Times para retrasar un año la publicación de sus indagaciones.

El Estado fascista es el aparato de poder autoritario al servicio de una clase plutocracia y sus aliados –el complejo de lobbies de poder que tienen bajo control a la Casa Blanca y al que repudió Trump caracterizándolo como Estado profundo— con medidas de autoridad que reprimen las libertades de protesta, pensamiento y constitucionales. El juicio contra Trump es un choque del Estado fascista de Biden y Pelosi contra la base fascista de las masas de Trump.

Después del juicio contra Trump vendrán otras decisiones autoritarias: más espionaje social y político, leyes más represivas contra las libertades civiles y la construcción del discurso ideológico del terrorismo interno contra grupos radicales de derecha y ultraderecha y defensores de libertades civiles que aprovechan las leyes para minaral Estado autoritario.

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Fracaso de la DEA. Si se revisan bien los argumentos de la Fiscalía sobre el general Salvador Cienfuegos Zepeda se encontrarán ahí elementos que revelan, primero, la violación de leyes mexicanas en el expediente de la DEA y, después, la fragilidad de las bases probatorias de la acusación. Y como tercer dato hay que agregar el hecho de que el gobierno de los EE. UU. desautorizó la investigación de la DEA al liberar al secretario mexicano de Defensa Nacional en 2012-2018 sin ningún cargo. Ahora va a venir la venganza de la DEA contra México, sobre todo porque sus agentes deben estar registrados y sus operaciones compartidas.

Política para dummies: La política debe comenzar por poner en duda el discurso del establishment.

 

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