Por Amaury Sánchez G.
En México, las elecciones no se pierden ni se ganan únicamente en las urnas. Se administran. Se cuentan. Se califican. Y, en no pocas ocasiones, se negocian en oficinas con aire acondicionado, café cargado y teléfonos que no dejan rastro. Luis Spota lo sabía bien: el poder no grita, susurra; no acusa, acomoda.
Por eso, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de revisar —y eventualmente desaparecer— a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) no es un capricho administrativo ni un ajuste contable. Es una discusión de poder real. De quién arbitra, para quién y con qué incentivos.
El argumento oficial es impecable en el papel: duplicidad de funciones, burocracia excesiva, costos innecesarios. El INE ya organiza, fiscaliza y supervisa elecciones federales y locales. ¿Para qué sostener 32 estructuras paralelas, financiadas por los gobiernos estatales, que realizan tareas similares? La pregunta no es técnica; es política. Y la respuesta incomoda.
Porque los OPLES no sólo operan elecciones. Operan contextos. Y ahí está el problema.
Jalisco 2024: el laboratorio incómodo
Basta asomarse a lo ocurrido en Jalisco durante la elección de gobernador en 2024 para entender por qué este debate dejó de ser teórico. No se trata de repetir consignas ni de dictar sentencias desde la comodidad de la columna, sino de observar los hechos con la frialdad del cirujano.
Un proceso cerrado, polarizado, con señalamientos de irregularidades, recuentos selectivos, decisiones administrativas controvertidas y una autoridad electoral local —el OPLE Jalisco— financiada por el mismo gobierno estatal que tenía interés directo en el resultado. Juez y parte. La vieja fórmula mexicana, modernizada con lenguaje técnico y discursos de autonomía.
No fue necesario el fraude burdo del pasado. Bastó con la administración del proceso: tiempos, criterios, interpretaciones reglamentarias, silencios oportunos. La elección no se cayó, pero tampoco convenció. Y cuando una elección no convence, la democracia se erosiona aunque el acta esté firmada.
El INE observó, acompañó, recomendó. Pero no mandó. La última palabra la tuvo el órgano local. Y esa es la grieta que hoy la presidenta pone sobre la mesa.
Federalismo electoral o feudos institucionales
Los defensores de los OPLES alegan conocimiento del contexto municipal, cercanía con las comunidades, sensibilidad local. Es un argumento romántico en un país donde lo local suele ser sinónimo de captura política. El cacique no desapareció; se institucionalizó.
Los OPLES nacieron para fortalecer el federalismo electoral, pero en muchos estados terminaron convertidos en extensiones administrativas de los gobiernos locales. No por decreto, sino por presupuesto. Porque quien paga, manda. Y quien manda, espera resultados, aunque nadie los pida explícitamente.
Sheinbaum no acusa. Sugiere. Y en política, sugerir es más peligroso que señalar. Cuando dice que hay que revisar funciones, costos y eficiencia, lo que está diciendo es que el modelo actual ya no da garantías plenas de imparcialidad. No en abstracto. En la práctica.
El INE como último dique
La presidenta ha sido clara en algo que sus críticos prefieren ignorar: el INE no se toca en su autonomía, ni en el padrón, ni en la lista nominal. El verdadero ajuste está en el ecosistema que lo rodea. En esa selva burocrática donde los OPLES sobreviven más por inercia política que por necesidad democrática.
Centralizar funciones no es, por definición, autoritarismo. A veces es cirugía mayor para extirpar órganos que dejaron de cumplir su función vital. El riesgo no está en que el INE asuma tareas; el riesgo está en seguir fingiendo que los OPLES son imparciales cuando su oxígeno financiero proviene del poder local.
Jalisco lo mostró con crudeza. Y no fue el único estado.
Dinero, partidos y simulación
La reforma electoral también toca nervios sensibles: financiamiento a partidos, plurinominales, representación. Más de 15 mil millones de pesos al año para estructuras partidistas que, en muchos casos, sólo sirven para reproducir élites. El sistema se volvió costoso, opaco y autorreferencial.
Los OPLES forman parte de ese entramado. No son los villanos únicos, pero sí piezas prescindibles en un tablero que exige redefinición.
La pregunta incómoda
La discusión no es si desaparecer o no a los OPLES. La verdadera pregunta es otra, más spoteana, más cruda:
¿Puede haber árbitros verdaderamente autónomos cuando su nómina depende del poder que compite en la cancha?
Jalisco 2024 ya dio una respuesta parcial. El país está obligado a escucharla, aunque no le guste. Porque las democracias no mueren con golpes de Estado; se desgastan con elecciones legales que dejan dudas. Y esas dudas, tarde o temprano, cobran factura.
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