Indicador Político:
La decisión inexplicable de ejercer una orden de aprehensión con fines de extradición de un jefe del Cártel de El Chapo hizo añicos la estrategia de seguridad del gobierno del presidente López Obrador de buscar el camino de la pacificación a partir del repliegue del Estado en la persecución de capos y cárteles.
El operativo de arresto de Ovidio Guzmán López, hijo del capo Joaquín El Chapo Guzmán Loera, generó una reacción violenta del Cártel de Sinaloa que estalló una guerra a balazos en calles de Culiacán. Por la forma del operativo, las fuerzas de seguridad no esperaban una respuesta de ese nivel: una mini guerra convencional.
En la agenda de prioridades, el hijo de El Chapo no era de interés urgente para el gobierno mexicano, pues el gabinete de seguridad estaba mas interesado en dejar claro el repliegue del Estado en la persecución de capos. Sin embargo, los EE. UU. habían sentenciado a El Chapo sin tener acceso a su riqueza, tasada en alrededor de 25 mil millones de dólares. En este sentido, el gobierno estadunidense era el más interesado en desmantelar el cártel de Sinaloa y en esa lógica se entiende la visita de funcionarios de la DEA dos semanas antes a Sinaloa para explorar el terreno y la llamada urgente del presidente Trump al presidente López Obrador.
En términos estratégicos, el operativo para arrestar al hijo de El Chapo fue inexplicable, para decir lo menos, sobre todo en el contexto de la política de pacificación definida por el presidente López Obrador. Fue, en los hechos, un nuevo escobazo –al estilo Calderón o Peña Nieto– al panal de las avispas que ya se habían tranquilizado un poco con nueve meses de no persecución policiaca.
La estrategia lopezobradorista era progresiva: cesar persecuciones, aumentar programas sociales en zonas calientes, abrir espacios para negociar una paz con los cárteles y lograr una disminución en las cifras mensuales de homicidios dolosos. Las cifras han venido creciendo, pero más por ajustes internos de cuentas entre algunas bandas, que por la acción del Estado. En esta lógica, el Cártel de El Chapo era el menor de los problemas.
En este sentido, la decisión de arrestar al hijo de El Chapo para entregárselo a las autoridades estadunidenses que encarcelaron de por vida al capo mayor fue un despropósito, un error garrafal o una provocación. En el juego de tronos del reinado de los cárteles existen pugnas para conquistar nuevos espacios de poder. Atacar a uno sin perseguir a otro implica romper el precario equilibrio de poderes entre cárteles. Es decir, aplastar el Cártel de El Chapo ayudaría a consolidar al temerario, cruel y asesino Cartel Jalisco Nueva Generación.
Ahora debe venir, aunque no quieran en el gobierno lopezobradorista, un replanteamiento de la estrategia de seguridad basada en la pacificación. La crisis en Culiacán reveló la existencia de una línea dura de seguridad dentro del nuevo gobierno que no quiere ningún pacto con los cárteles y que hace poco interrumpió los primeros acercamientos de Gobernación con algunas organizaciones. En este sentido, el operativo en Culiacán dejó el mensaje de regresar a la estrategia de combate de los cárteles que habían desarrollado Calderón y Peña Nieto.
La crisis del operativo rompió la unidad interna en las fuerzas de seguridad del Estado: el gobierno estatal fue afectado por la violencia, los militares se sintieron usados por decisiones sin entrenamiento estratégico, el gabinete de seguridad tuvo que tomar –al menos así lo dice la versión oficial– la nada grata decisión de liberar al capo detenido y el presidente de la república hubo de respaldar esa decisión de derrota y acreditarla a su función como jefe de gobierno.
Y del lado de los narcos, ahora debería venir una respuesta contundente del Estado contra el Cártel de El Chapo porque el Estado no puede cargar, sin consecuencias, el estigma de la derrota, y de paso lanzar una ofensiva contra cuando menos tres cárteles que están dominando el ambiente de inseguridad; el Cártel Jalisco Nueva Generación, los huachicoleros de Guanajuato y los gomeros de Guerrero involucrados en el caso Ayotzinapa. Y de nueva cuenta se agitará el avispero del crimen organizado.
La estrategia de seguridad ya no puede ser la misma después de Culiacán. En realidad, no debería serlo, aunque hay decisiones de Estado y de gobierno que tienen que mantenerse pagando los costos políticos y de autoridad. Pero Culiacán tampoco debería ser el signo de una derrota del Estado ante los grupos delictivos que han ido aumento en su presencia dominante en la república.
Las opciones estratégicas del gobierno son pocas y todas tienen altos costos políticos y sociales. Lo que está en juego no es el prestigio de un gobierno o sus titulares sexenales, sino la hegemonía del Estado en materia de seguridad pública ante la consolidación de cárteles del crimen organizado en áreas de soberanía territorial y política del Estado.
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Explicación. En el lenguaje militar existe un axioma: orden más contraorden igual a desorden.
Política para dummies: La política tiene, entre muchos, un dogma: molestia que no te molesta, no la molestes.
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