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Gabriel Torres Espinoza*
La detención en EE.UU. del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, acusado por delitos de narcotráfico y de lavado de dinero, representa un durísimo golpe a la credibilidad y confianza que han depositado los mexicanos en las Fuerzas Armadas.

Son muchas las implicaciones de este duro golpe. Quedó ‘moralmente derrotado’ el argumento de la no cooptación o infiltración del crimen organizado en las fuerzas federales, en contraposición a la podredumbre que caracteriza a las fuerzas del orden municipal y estatal. Lo anterior, porque tanto el titular de las fuerzas civiles federales, García Luna, en el sexenio de Calderón; como el titular de las fuerzas militares, Cienfuegos, en el sexenio de Peña Nieto, hoy enfrentan cargos en el país vecino del norte que los involucran con el narcotráfico. La intervención política de EE.UU. en nuestro país siempre ha existido. No obstante, en los últimos años se han hecho investigaciones, imputaciones, detenciones y extradiciones en contra de mandos de alto nivel en la política mexicana, por lavado de dinero y/o vínculos con el narcotráfico. La primera de esta magnitud ocurrió en 2010, con el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva; le siguió Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas; y, por último, Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit, quien tiene cuentas congeladas en la Unión Americana, en razón de los mismos delitos. Ante los insultantes niveles de impunidad en nuestro país, queda claro que cuando se trata de intocables ‘peces gordos’, la justicia ahora se procura y se imparte ¡en EE.UU!.

Si para EE.UU. el país de Venezuela representa un factor geopolítico de especial relevancia en el Cono Sur; México, que es su principal socio comercial, no sólo juega un rol geopolítico, sino que representa ya un asunto de seguridad nacional por la vecindad entre ambos países. Lo cierto es que, en los últimos 15 años, el narcotráfico pasó de convertirse en un problema de seguridad pública para ser uno de seguridad nacional, no sólo por el combate de las Fuerzas Armadas al crimen organizado, sino por sus robustos vínculos del más alto nivel en las instituciones civiles como militares. Ya Donald Trump amenazó tanto a Peña Nieto como a López Obrador con intervenir militarmente en nuestro país para hacerse cargo de los “bad hombres”.

La enorme interrogante es, ¿el Gobierno de la República tuvo que ver con la detención de Cienfuegos? Resulta difícil pensar que el presidente de México, que es el Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, fraguara u orquestara un golpe de tal magnitud en contra de ellas. Tan sólo su seguridad personal depende absolutamente la milicia. La estabilidad política de su gobierno, también. Los Golpes de Estado siempre entrañan de un desacuerdo irreconciliable entre el Titular del Ejecutivo y las fuerzas castrenses. En última instancia, en cualquier país del Mundo, lo que sostiene al poder político es siempre el poder militar. Si Maduro hoy sigue siendo presidente de Venezuela, es en razón del respaldo, reconocimiento y apoyo de las Fuerzas Armadas [caso contrario de lo ocurrido con Evo Morales en Bolivia]. No obstante, es un hecho que este golpe beneficia y fortalece el discurso de Trump (hacia México) y de Obrador, con relación a la corrupción.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

¿Qué busca el segundo impeachment a Trump?

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Gabriel Torres Espinoza*

El día de ayer, la Cámara de Representantes de EE. UU. -erigida en Jurado de Acusación- aprobó por 232 votos, frente a 197 tantos, el inicio de impeachment al presidente Donald Trump.

El mandatario estadounidense pasó a convertirse en el único presidente, en la historia, que ha sido dos veces sometido a este proceso de enjuiciamiento. Conviene señalar que, antes de él, sólo los expresidentes Andrew Johnson (1868) y Bill Clinton (1998) se les había instaurado este mecanismo de responsabilidad [Nixon renunció antes de ser sometido a él]. De forma que, durante tan sólo en un periodo de mandato, Trump igualó la marca prevaleciente en 232 años.

Pero ¿qué sentido tiene instaurarle impeachment a Trump a tan sólo una semana de que termine su gestión? Aunado al temor fundado en lo impredecible de su carácter, que no es poca cosa cuando se tiene acceso a los códigos nucleares del país más poderoso del Mundo, la razón de esta medida tiene que ver con el objetivo de inhabilitarlo políticamente, para que no pueda volver a postularse a un cargo.

Es importante destacar que el proceso de impeachment podría seguir su curso, incluso cuando Trump pierda su investidura, al dejar el cargo. En 1876, la Cámara sometió a juicio político al secretario de Guerra del presidente Ulysses S. Grant, después de que este renunciara a su cargo. Esto adquiere mayor sentido toda vez que el líder republicano del Senado, McConnell, ha señalado que no convocará a la Cámara Alta antes del 19 de enero. Al parecer, los republicanos temen que los demócratas logren sumar a los 17 senadores republicanos que les hacen falta para alcanzar una mayoría de 2/3 para poder condenarlo, sabedores de que ya lograron tener el respaldo de 10 congresistas en la Cámara de Representantes, para el inicio de su 2do impeachment.

Respecto de la inhabilitación, por vía del impeachment, habría que precisar lo siguiente. Si el Senado, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, aprueba declarar culpable y condenar a Trump por el cargo oficial que se le imputa (incitación a la insurrección), la inhabilitación resulta un asunto mucho más sencillo para la bancada demócrata -que es lo que verdaderamente persigue-, pues únicamente requeriría ‘mayoría simple’ en la Cámara Alta para poder inhabilitarlo -siempre y cuando antes le sean aprobados los cargos que se le imputan en el impeachment-.

La Constitución de los EE. UU. no establece una ‘mayoría calificada’ (2/3) para tales efectos. También existen antecedentes de ello. En toda su historia, únicamente en tres ocasiones el impeachment ha concluido de manera aprobatoria en ambas Cámaras -los tres eran jueces federales-, y para su inhabilitación sólo se requirió de ‘mayoría simple’. Desde luego, es previsible que esta batalla concluya en tribunales -como indican algunos especialistas norteamericanos-.

Pero le quedaría otro ‘as bajo la manga’ a los demócratas. Inhabilitar a Trump invocando la XIV Enmienda que señala: “Las personas que habiendo prestado juramento previamente en calidad de miembros del Congreso, o de funcionarios de los Estados Unidos (…) [que] hubieran participado de una insurrección (…) [no podrán] ocupar ningún empleo civil o militar que dependa de los Estados Unidos”.

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Gabriel Torres Espinoza

INAI: una conquista social

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Gabriel Torres Espinoza*

El derecho de acceso a la información pública en México no podría entenderse sin el extendido proceso de transición democrática en nuestro país. Tampoco la alternancia partidista. La Reforma Política de 1977, que representó la génesis de este importantísimo proceso político de transformación, adicionó a la parte final del artículo 6to constitucional “El derecho a la información será garantizado por el Estado”. Ello dio lugar a un amplio proceso de discusión sobre este derecho (que inició en 1978), que tomó mayor fuerza y definición con la articulación de un robusto número de ciudadanos, defensores de este derecho, a través del surgimiento del denominado ‘Grupo Oaxaca’ en el año 2000.

De esta manera, el 23 y 24 de mayo de 2001, en la ciudad de Oaxaca, se celebró el seminario ‘Derecho a la Información y Reforma Democrática’, convocado por académicos, periodistas, miembros de la sociedad civil organizada y 70 editores de medios de comunicación impresos (nacionales y estatales). Los consensos logrados auspiciaron la ‘Declaración de Oaxaca’ que advertía los cimientos generales del derecho de acceso a la información, su reglamentación constitucional y legal, y la creación de un órgano constitucionalmente autónomo.

Entre sus signatarios destacaban los nombres de Jorge Carpizo, Ernesto Villanueva Villanueva, Juan Francisco Ealy Ortiz, Carlos Álvarez del Castillo, Alejandro Junco de la Vega, y un largo etcétera. Este acontecimiento fue la base social que propició, en 2002, la aprobación por unanimidad en el Congreso de la Unión de la Ley Federal de Transparencia y Acceso la Información Pública y la creación del otrora órgano garante IFAI -hoy INAI-. A finales de 2001, Jalisco -y posteriormente Sinaloa- se había(n) adelantado a la Federación con la creación de la primera ley de Transparencia a nivel nacional.

De forma que la legislación del derecho de acceso a la información, así como su Órgano Constitucionalmente Autónomo, representaron una lucha y una conquista social, antes que una concesión del gobierno federal. Son un factor crucial de la transición democrática.

Los Órganos Constitucionalmente Autónomos, son la consecuencia de consensos que fundan y motivan su existencia: I) la despartidización de ciertas funciones de Estado; II) la pérdida de legitimidad y confianza en la administración de ciertas materias, por parte de los poderes del gobierno; III) afianzar la profesionalización y especialización del cuerpo burocrático en órganos técnicos; y IV) la fiscalización de los poderes constituidos. Órganos constitucionalmente autónomos (OCA’s) como el INAI, el IFT, el INE y el Banco de México encuentran justificación en todas ellas.

Que las elecciones en México regresaran a ser organizadas y sancionadas por el Poder Ejecutivo y autocalificadas por los propios diputados electos, resulta de un absurdo total. De igual forma resulta un despropósito que la tutela del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, volviera a ser competencia del gobierno, que es precisamente el principal sujeto obligado de esta ley. Como lo señala Carbonell: “La división de poderes se ha enriquecido con los ‘órganos constitucionales autónomos’”, que son parte fundamental de nuestro andamiaje constitucional y democrático.

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Gabriel Torres Espinoza

Trump, la “insurrección”

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Gabriel Torres Espinoza

Lo ocurrido el día de ayer en el Capitolio de los EE. UU., evidencia cómo una democracia, altamente institucionalizada, puede rápidamente erosionarse en manos de un mandatario profundamente antidemocrático. Se trata, incluso, del más importante ‘defecto’ y paradoja que acusa todo sistema democrático: que un líder político, a través de medios democráticos, se hace del poder político y anula o corrompe la democracia. El único país que ha atajado este problema es Alemania, a través de su ‘cláusula de eternidad’, establecida en su Ley Fundamental, que prohíbe este tipo acontecimientos dotando de amplios poderes a su Tribunal Constitucional para restablecer el orden democrático. Lo acontecido ayer no es menor. Estados Unidos logró consagrarse, en el siglo XX, como el referente internacional de la libertad y la democracia. Y aunque hoy, para rankings mundiales sobre democracia, como el que realiza anualmente The Economist, se categorizaba a la norteamericana como una ‘democracia defectuosa’ [frente a las ‘democracias plenas’, presentes sobre todo en países escandinavos y nórdicos], EE. UU. seguía siendo un referente del rule of law (Estado de Derecho o Imperio de la Ley) y los checks and balances (pesos y contrapesos). Pero ayer eso también quedó en entredicho. Existen dos mecanismos constitucionales para sortear una crisis de tal magnitud: el impeachment y la ‘declaratoria de incapacidad’, dispuesta en la Enmienda 25, que es propuesta y ratificada por la mayoría de los principales secretarios de Estado y el vicepresidente, para que este último asuma la Presidencia, la cual nunca ha sido utilizada, y probablemente no lo será durante el mandato de Trump, a pesar de contar con causales suficientes después de lo ocurrido.  Los más eficaces ‘controles’ han devenido de los medios de comunicación convencionales (la censura de sus mensajes denunciando fraude electoral sin pruebas) y medios digitales: Twitter -como en otras tantas ocasiones- amenazó con suspender permanentemente la cuenta de Donald Trump (que por el momento bloqueó por 12 horas), por supuesta incitación a la violencia, además de retirarle un video con simpatizantes y ordenó eliminar tres tuits que violaban sus normas.  Se trata de un trágico deja vú que nos retrotrae al 24 de agosto de 1814, la última ocasión en que el Capitolio (y la Casa Blanca) fueron tomadas y ardieron en llamas derivado de un ataque inglés en el marco de la guerra anglo-estadounidense. Debe tenerse en consideración que la no aceptabilidad de la derrota, y la impugnación de las elecciones presidenciales, generaron una Guerra Civil en 1860, después de que Lincoln resultara electo.  El presidente electo, Joe Biden, conceptualizó correctamente lo sucedido el día de ayer como una “insurrección”. Anoche, el Congreso de EE. UU. retomó su sesión para certificar los resultados enviados por el Colegio Electoral, donde Biden resultó abrumadoramente ganador. Se trata de un proceso meramente formal y ceremonial, que no tiene facultades de revertir los resultados, sino que, antes bien, de ‘objetarlos’, siempre y cuando la mayoría en ambas Cámaras así lo disponga -lo que se antoja aún más difícil toda vez que los demócratas tienen mayoría en la de Representantes-.

gabriel.torres.espinoza@gmail.com

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