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Brújula pública:

Luego de un largo litigio desde 2015, en el que varios grandes contribuyentes presentaron amparos para no dar a conocer dicha información, el Centro de Análisis FUNDAR dio a conocer (https://privilegiosfiscales.fundar.org.mx/) el estado de los privilegios fiscales, que abarca desde 2007 hasta 2015.

En el gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto se condonaron o se cancelaron adeudos o créditos fiscales, por un monto de 274,00 millones de pesos, en un listado que involucra a casi 8 mil contribuyentes, entre los que se incluyen, personajes de la política, artistas, deportistas, grandes contribuyentes y otros.

El tema principal aquí es, si a personas físicas y morales les condonaron montos que van desde 1 millón de pesos hasta varios cientos de millones de pesos, entonces, ¿a cuánto ascendió verdaderamente el ingreso neto para pagar condonar un impuesto?

Este es uno de los temas de injusticia que prometió el presidente López Obrador y quizás sea un buen ejemplo representativo del agravio ciudadano, la injusta condonación o cancelación de los impuestos, que podría generar o coincidir en factores de corrupción, por la vía del régimen de consolidación fiscal.

Dicho régimen se aplica para las grandes empresas y consiste en la deducción de perdidas contra ganancias acumuladas por impuestos, mediante la adquisición premeditada de una empresa con pérdidas y mantenerla de esa manera, para demostrar a la SHCP sus mermas y deducirlas de sus utilidades.

Otro ejemplo son las facilidades fiscales a grandes corporativos. Un poco antes del periodo 2007 a 2015 de estas condonaciones, se supo que entre el 2000 y el 2005 los 50 grandes contribuyentes -de empresas de la industria automotriz, productos fotográficos, panificadoras, acereras, tiendas departamentales y de autoservicio, e instituciones financieras-, pagaron sólo 74 pesos de Impuesto sobre la Renta (ISR) y 67 pesos por Impuesto al Valor Agregado (IVA), en promedio. Lo anterior fue dado a conocer en el informe “Áreas de Opacidad y Riesgo en el Estado Federal Mexicano, Oportunidades de Mejora” presentado en 2009 por la Auditoría Superior de la Federación.

Del anterior informe se desprende que la falta de transparencia generó opacidad en los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), así como una deficiencia recaudatoria. Por ejemplo, los montos por adefas del 2010 al 2015, van de 13,324 13,632 14,389 15,084 15,550 y 31,085 millones de pesos, respectivamente.

Esto funciona porque existe un sistema de recaudación diseñado para omitir información y generar canonjías a discreción. El presidente Felipe Calderón no se equivoca al señalar que es el Congreso quién aprobó el modelo de cancelaciones o condonaciones, pero deliberadamente omitió señalar que es a propuesta del Ejecutivo Federal, es decir, el Congreso no diseñó el esquema de condonaciones y cancelaciones contenidos en el Código Fiscal de la Federación o en otras normas.

No nos hagamos tontos. En tanto permanezca el excesivo sistema de condonaciones o cancelaciones de deudas fiscales diseñado en el sistema recaudatorio mexicano, persistirán los mismos o más injusticias.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Twitter: @racevesj

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Es politólogo por la Universidad de Guadalajara (UdG) y por invitación del Alto Mando es maestro en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Secretaria de Marina. Ha sido invitado como expositor en el curso de Mando y Estado Mayor General de la Armada de Mexico, así como en el CESNAV. Actualmente se desempeña como académico de la Universidad del Valle de México y cómo investigador externo del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (ININVESTAM). Twitter: @racevesj

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Carlos Ramírez

Revista Campo de Marte: seguridad,  defensa, marina, inteligencia

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Indicador Político:

En 1984 surgió el problema de los cárteles del narcotráfico, en 1988 el Estado se desentendió de la seguridad interior, en 1997 comenzó el ciclo sangriento de crímenes por lucha entre bandas delictivas y en 2006 se inicio la guerra del Estado contra los delincuentes.
En este largo ciclo en el que el Estado fue rebasado, ocupado, capturado y debilitado por la delincuencia organizada/desorganizada, Indicador Político fue perfilando el interés en el tema noticioso y analítico de la inseguridad. En 2012 se creó dentro del proyecto Indicador Político lo que hoy es el Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad y en 2016 abrió el sitio web http://seguridadydefensa.mx con publicaciones sobre esos dos temas vitales para el Estado: la seguridad y la defensa, y los temas derivados.
A comienzos de este mes de octubre el CEEPS lanzó a circulación impresa la revista Campo de Marte –en referencia al Cham-de-Mars de París y al Campo Marte mexicano–, una publicación que atenderá mensualmente los temas de seguridad, defensa, marina, geopolítica de inteligencia desde el punto de vista informativo y analítico. La revista estará abierta en diferentes formas de lectura en el sitio web http://seguridadydefensa.mx y en http://indicadorpolitico.mx y podrá solicitarse el envío de la versión impresa.
En el panorama editorial de publicaciones periódicas, Campo de Marte sería la primera con circulación mensual impresa en el medio social con temas de seguridad insertos en el ambiente social, político, económico y geopolítico. Se trata de una publicación dirigida a la sociedad en general y a la comunidad empresarial que padece y se interesa con las estrategias de seguridad del Estado y sus efectos en la vida cotidiana, los ciudadanos que no encuentran en otros medios escritos la reflexión sobre la seguridad.
Asimismo, Campo de Marte atenderá la necesidad de circulación de información de las oficinas públicas, instituciones privadas y centros académicos especializados. La revisión de los medios cotidianos arroja una cobertura de impacto basada en la data de asesinatos, delitos y quejas sociales. El amplio sector de seguridad en el espacio público, privado y académico necesita canales de circulación de enfoques e informaciones consolidadas.
A pesar de que la ofensiva lanzada por el presidente Calderón en diciembre del 2006 de operativos especiales para perseguir y descabezar los cárteles del crimen organizado que habían aumentado su presencia y habían ocupado y capturado diferentes niveles del Estado, las bandas delictivas tardaron en ser enfocadas como estructuras criminales sofisticadas con capacidad económica, política, social y geopolítica.
Asimismo, y como una parte muy importante del enfoque analítico sobre esa realidad, los delitos también pasaron a ser nuevas formas de ejercicio del poder institucional. En este sentido y a partir de la doctrina de seguridad interior que implica el enfoque de la inseguridad como una obligación del Estado para mantener la estabilidad como base del desarrollo y la tranquilidad social, cuando menos se han perfilado tres nuevos enfoques en las formas de seguridad: la economía estratégica, la inteligencia civil y la política criminal.
Por si fuera poco, también en los últimos años se ha visto la configuración de una nueva forma de las relaciones internacionales: la geopolítica criminal globalizada o, en lenguaje económico, trasnacionalizada. Los cárteles mexicanos del narcotráfico forman parte de eslabones que comienzan con los productores sudamericanos, siguen con los grupos mexicanos que procesan y trasiegan la droga hacia los EE. UU. y terminan con los beneficiarios finales en territorio estadunidense: vendedores, consumidores y lavadores de dinero.
Por tanto, la persecución de los delitos del tráfico de drogas sale de las soberanías de los Estados y dejan a los EE. UU. la definición de políticas transnacionales, aunque con el lado negativo de que el gobierno de los EE. UU. actúa en un tiple escenario: como autoridad, como protector del consumo de droga de sus adictos y como beneficiario del dinero que mueve la droga anualmente y que aceita el funcionamiento del sistema financiero estadunidenses.
En este escenario geopolítico, estratégico y de seguridad nacional/interior/pública del funcionamiento de bandas delictivas en diferentes especialidades se moverá la revista Campo de Marte. Además, como anexos especiales, habrá dos páginas del boletín Zona Zero de asuntos geopolíticos y de la publicación Seguridad Estratégica para Empresarios que atiende el interés en seguridad por parte de los inversionistas, ambas publicaciones de circulación quicenal independiente y también disponibles en los sitios web de Indicador Político y de Seguridad y Defensa.
En cuanto comiencen las respuestas de la sociedad a Campo de Marte se abrirá un espacio para opiniones de los lectores, casi siempre con información adicional vital y estratégica que suele escaparte de la atención analítica de los expertos.

Política para dummies: La política es la habilidad para detectar el fondo de los problemas, aunque después no se arreglen.

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Carlos Ramírez

Corte encuerada: Zaldívar enreda a Sánchez Cordero en caso Cassez

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Indicador Político:

En lo que se ha recibido como un afán por sumarse a la 4T institucional, el ministro presidente de la Corte Arturo Zaldívar Lelo de Larrea dio el salto de la muerte del calderonismo al lopezobradorismo, pero en el camino encueró el funcionamiento interno del máximo tribunal judicial como parte de la estructura de control del sistema político todavía priísta.
Al revelar que el presidente Calderón presionó a la Corte a lo ‪largo de 2012‬ para liberar a la secuestradora sentenciada Florence Cassez, Zaldívar evidenció el sometimiento del poder judicial al presidencialismo por la sencilla razón de que Cassez en efecto fue liberada por la Corte en enero de 2013.
Pero con los datos de Zaldívar podría entenderse la sorpresiva sesión de la Primera Sala de la Corte para proteger a la secuestradora con un “amparo liso y llano” por violación al debido proceso. Si Zaldívar afirmó que el presidente Calderón había solicitado a la Corte la liberación por presuntos acuerdos con el presidente francés Nicolás Sarkozy, entonces se puede inferir que los ministros que votaron por el amparo se habrían sometido a la petición presidencial.
Y en el proceso de aquella sesión del martes 23 de enero de 2013 –con Peña Nieto en la presidencia, pero sin poder aún para influir en la Corte– hubo dos circunstancias derivadas de la relación de sometimiento de ministros al poder presidencial y de quienes votaron por el amparo:
1.- La votación por el amparo la condujo la ministra Olga Sánchez Cordero y realizó una chicanada para desechar su propio proyecto que amparaba a Cassez para regresar su expediente a otro tribunal y de la manga sacó el proyecto del ministro Zaldívar de amparo liso y llano.
2.- Los votos por el amparo liso y llano a Cassez en la Primera Sala fueron de la propia Sánchez Cordero (propuesta de Zedillo en 1995) y los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Záldivar, los dos de venero calderonista y Gutiérrez de formación fiscalista.
En este contexto, las revelaciones de Zaldívar fueron, en los hechos políticos, auto incriminatorios. Zaldívar reveló que Calderón había presionado a la Corte para liberar a Cassez, pero fueron la propuesta y el voto de Zaldívar los que lograron que Cassez fue liberada minutos después de la votación en la Corte, se dirigiera al aeropuerto a abordar un avión y viajara a París.
Como la delación sobre las presiones del presidente Calderón para liberar a Cassez condujeron precisamente a que dos ministros calderonistas y una zedillista votaran a favor del amparan que liberó de inmediato a la secuestradora, entonces debería abrirse una carpeta de investigación en la Judicatura sobre lo ocurrido con ese suceso.
Si ninguna autoridad judicial o penal reabre el caso Cassez en su etapa de liberación en la Corte, entonces el máximo tribunal judicial quedará manchado como un instrumento del presidencialismo de Felipe Calderón.
Y en los hechos, las delaciones de Zaldívar reconocerían a los ministros José Ramón Cossío y Jorge Mario Pardo Rebolledo –quienes votaron por amparo al tema exclusivo del video fabricado– como apegados a derecho porque votaron por amparar a la acusada de violaciones al debido proceso, pero regresar expediente a tribunal colegiado para no usar una parte en la exculpación del todo.
Ahora se sabe que las instrucciones del presidente Calderón a sus ministros Zaldívar y Gutiérrez Ortiz Mena –estos dos aún con cargo y Zaldívar nada menos que como presidente de la Corte– la secuestradora pudo salir libre no por ser inocente –los cargos eran sólidos–, sino por el famoso video fabricado para complacer a Carlos Loret de Mola como conductor del programa matutino de noticias de Televisa.
Y el desprestigio de la Corte se confirmó con los videos y fotos que muestra a tres ministros de la Corte –Eduardo Medina Mora Icaza, Gutiérrez Ortiz Mena y Luis María Aguilar– en la boda de la hija del importante abogado litigante Juan Collado, con casos y expedientes en la Corte. Ahí quedó plasmada la realidad del poder judicial mexicano: los diferentes grados de complicidad política y social con abogados defensores, relaciones incómodas que manchan el Estado de derecho.
Por lo pronto, Zaldívar reveló la trama secreta que liberó a una secuestradora por instrucciones de un presidente de la república. Y Záldivar fue parte del mecanismo y hoy es nada menos que presidente de la Corte.

Democracia en Cuba. Finalmente, y después de sesenta años de haber tomado el poder por las armas y de tres años de la muerte del dictador Fidel Castro, Cuba accedió a la democracia electoral y hace días el pueblo ejerció el voto para elegir como encargados de las instancias de poder… a los mismos que ya estaban. Y por si hubiera duda, el general Raúl Castro, hermano de Fidel y encargado del poder por herencia directa, se mantiene como el hombre fuerte en la Isla. Así que la democracia llevo a Cuba a… quedarse en las mismas: el control militar y familiar del poder.
Política para dummies: La política es la amalgama de la estabilidad social mínima.

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Nacional

Columna Brújula Pública; En el nombre de la seguridad

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Rodolfo Aceves Jiménez

Una larga lista de asuntos son reservados o clasificados como asuntos de seguridad nacional, a veces utilizando criterios políticos que solo desgastan la democracia mexicana.

Esta es una mala práctica del sistema político mexicano, para obscurecer gastos superfluos, corrupción, protección política a personajes obscuros e indeseables. En el nombre de la seguridad nacional se cometen actos de corrupción o injusticias.

Estas prácticas dejan mal situada las funciones de Estado y de gobierno que verdaderamente se hace cargo la seguridad nacional.

Hoy los estudios conceptuales de seguridad nacional se ciñen en estudios de Estado de la ciencia política. Involucran los campos del poder político, económico, social y de seguridad. Por esto es que la seguridad nacional participa de todos los asuntos de Estado y de gobierno.

La seguridad nacional tiene qué ver con los anhelos expresados en la parte dogmática de la Constitución, de donde se desprenden los derechos para los ciudadanos y los bienes jurídicos que protegen, así como en la forma en la que está constituido el Estado mexicano y su forma de gobierno.

Por esta razón es, por ejemplo, que asuntos como el avance de la desertificación de cuencas hidrológicas en el país, son asuntos de seguridad nacional, porque la cuenca Lerma Chapala abastece de agua a poco más del 20% de la población del país, así como los sistemas y subsistemas de los tres sectores de la economía nacional.

Por esta razón es, que el hipotético caso de una nueva crisis en el sistema bancario mexicano que pueda provocar un rescate bancario, es asunto de seguridad nacional, porque se trata de los ahorros de los ciudadanos. Lo que no es de seguridad nacional es, proponer y aprobar recursos públicos para rescatar la voracidad de la banca privada, sin responsabilidad alguna.

Por esta razón es, que la corrupción de la clase política y la impunidad y simulación en la aplicación de la justicia es asunto de seguridad nacional, porque además de causar un perjuicio al erario público, transgrede el estado de derecho mismo y vulnera principios de la democracia, como la transparencia o el buen gobierno, en perjuicio de las funciones de Estado y de gobierno, pervirtiendo la esencia de las instituciones y demerita la prestación del servicio público que tienen encomendado.

En cada marcha, en cada manifestación pública o grupo social desatendido, yace un nicho de alguno de los campos del poder en el que el Estado, sus instituciones o su forma de gobierno, ha sido superado con malas decisiones de política pública o con la ambición de un servidor público deshonesto.

La corrupción, el revanchismo político, la impunidad, el favoritismo, entre otras perversiones de la clase política, no son asuntos de seguridad nacional, son la consecuencia de la ausencia de estado de derecho y de la voluntad para someterse a ella, así como de una desatención en los asuntos de Estado y de gobierno.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Twitter: @racevesj

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