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Aunque no era el momento para hacerlo, el Cártel de Sinaloa de El Chapo-Ismael El Mayo Zambada mandó una respuesta contundente a la estrategia de seguridad pública de “abrazos y no balazos”: el rescate a sangre y fuego de uno de sus capos arrestado por minutos y la exhibición de una capacidad de fuerza y tácticas que doblegaron a las fuerzas federales de seguridad.
En unos días que se presente en el Senado a comparecer por el fallido operativo contra Ovidio Guzmán López, el secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, será convenido por algunos legisladores sobre la permanencia o ya no de la estrategia de “abrazos y no balazos”, de no persecución de narcos y de la anunciada y no instalada Comisión para la Construcción de la Paz.
En realidad, el operativo para arrestar al hijo de El Chapo para extraditarlo de inmediato a los EE. UU. no fue una prueba de la nueva estrategia; al contrario, se salía del guion predeterminado de no provocar a los cárteles para convencerlos de retirarse de las actividades criminales. Pero el mensaje claro y contundente del Cártel de Sinaloa –como en los casos del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima de los huachicoleros– ha sido de rechazo a cualquier negociación, pacto o pax narca.
Por ello los senadores deben aclarar qué va a ocurrir con la estrategia de “abrazos y no balazos” con cárteles con gran capacidad de armamento y con voluntad de violencia sin límites, pues no se debe olvidar que en Culiacán el Cártel de del Chapo amenazó con volar un camión en la zona habitacional de familiares de soldados. Y si a pesar del fracaso de Culiacán se va a insistir en la estrategia anterior, entonces sería importante tener datos de los primeras conversaciones y principios de acuerdo con algunos cárteles y precisar cuáles están en posibilidad de pactar su disolución ante el gobierno federal.
Pero por lo que ha visto en Aguilillas, Iguala y Culiacán y los enfrentamientos en varias ciudades de Guanajuato, nada hay tangible en el sentido de que los cárteles siquiera estén sentándose a platicar con funcionarios federales. La negociación de la paz en Chiapas después del alzamiento zapatista fue especifica y aparece como irrepetible: una guerrilla armada, acotada por las fuerzas militares, con un jefe visible y un negociador gubernamental de la paz con una agenda de beneficios indígenas.
El Senado podría desperdiciar la comparecencia y el fracaso de Culiacán si se centra en la presión y los insultos para exigir la renunciar a Durazo, pero se tratará del mismo Senado que aprobó la estrategia nacional de seguridad pública que se basaba en “abrazos y no balazos”. Sin embargo, lo que la sociedad mexicana quiere saber es qué va a venir después de la derrota de Culiacán, qué hará el gobierno federal con la vieja estrategia y cuál será la política de seguridad contra los cárteles.
La crisis de Culiacán sirvió para medir la capacidad de fuerza del gobierno federal y la de los cárteles criminales. Y el resultado debió haber prendido focos de alarma en el gabinete de seguridad. Los narcos no sólo liberaron a un jefe menor, sino que lo hicieron doblegando la capacidad de fuerza del Estado. Es cierto que el Estado pudo haber seguido con el operativo a costa de cualquier sacrificio, pero el error del operativo no adelantó la audacia de los narcos.
Después de la tercera captura de El Chapo y de su entrega a los EE. UU. para juicio y sentencia de prisión de por vida, el Cártel de Sinaloa supo que cualquier ofensiva en su contra iba a matar al grupo o éste iba a sobrevivir. Aunque salió victorioso, el Cártel de Sinaloa quedó con una herida interna: el Estado no puede dejar latente a ese grupo y es de esperarse un operativo ahora si de blitzkrieg para fulminarlo. Y de manera inmediata, la mira se debe enfocar hacia el Cártel Jalisco Nueva Generación que sigue capturando espacios municipales y estatales del Estado nacional y maneja una estructura de fuerza superior a la del Cártel de Sinaloa.
En este contexto y ante la violenta negativa del Cártel de Sinaloa para pactar la paz, los senadores podrían ayudar a la sociedad a entender qué es lo que viene en política de seguridad y qué reorganización del aparato del Estrado va a hacerse para que no se repita Culiacán.

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Argentina. Luego del fracaso del populismo en varias ocasiones, ahora los argentinos van a regresar a una estrategia de masas que nada tiene que ver con el desarrollo, el crecimiento y la reforma productiva. Los argentinos salieron el domingo pasado a votar pensando en los años cuarenta de Juan Domingo Perón. En 1973, ante la pregunta del periodista Alejandro Ramos sobre lo que podían esperar los argentinos con el regreso al poder de Perón, el poeta argentino Jorge Luis Borges contestó: “nostalgia”. En este 2019, a 73 años de la primera presidencia de Perón, Argentina sigue exhibiendo su nostalgia populista,
Política para dummies: La política es la estrategia para cuando no hay estrategia.

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Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Evo: Ebrard aplicó la doctrina Castañeda-Fox y no la Estrada

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Indicador Político:

Si México ha logrado un reconocimiento mundial por su política de asilo, el autorrenunciado presidente boliviano Evo Morales Ayma está violando las condiciones estrictas de su permanencia humanitaria en México haciendo política con efectos desestabilizadoras no sólo en Bolivia, sino en México.
El propio canciller mexicano Marceo Ebrard Casaubón, que fue en 1994-1995 subsecretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Salinas de Gortari, también se ha salido de la doctrina tradicional de política exterior fijada como Doctrina Estrada que durante decenios le dio madurez política a la diplomacia en cumplimiento del mandato constitucional –fracción X del 89 constitucional– de respetar “la autodeterminación de los pueblos” y “la no intervención” en asuntos de otras naciones.
Junto al asilo al presidente autorrenunciado Morales, el canciller Ebrard ha calificado de manera negativa la crisis en Bolivia, ha acusado a las autoridades actuales en ese país andino y está haciendo campaña por Morales que implica una intervención en los asuntos internos de Bolivia.
Aunque no es ley, la Doctrina Estrada del canciller Genaro ‪Estrada en 1930‬ sí ha definido la diplomacia mexicana en el sentido de que “México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que ésta es una práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos”.
Por tanto, la política exterior de México asumió con Estrada el concepto doctrinario de limitarse a “mantener o retirar” a sus agentes diplomáticos, sin calificar crisis de gobiernos. La explicación de esta doctrina es, inclusive, defensiva: México respeta el funcionamiento político de otras naciones, a fin de que esas otras naciones no califiquen el funcionamiento político y de gobierno de México.
La decisión de Ebrard de permitir que el autorrenunciado presidente boliviano Morales se mueva en México como rock star haciendo política se basa en la Doctrina Castañeda que definió Jorge G. Castañeda como canciller del gobierno panista de Vicente Fox en septiembre de 2001, a raíz del apoyo de México a la decisión del presidente Bush de atacar Irak por los ataques del 9/11.
Pero hay una diferencia entre una política exterior activa basada en principios de estabilidad, convivencia y reconocimiento a valores democráticos y una diplomacia convenenciera a los criterios del gobierno en turno. El derecho de asilo permitió a México proteger lo mismo al comunista Leon Trotsky que al Sha de Irán derrocado por la revolución islámica y a los republicanos que huyeron de la guerra civil española. Asimismo, muchos radicales latinoamericanos perseguidos por las dictaduras militares latinoamericanas encontraron asilo en México y contribuyeron a enriquecer el pensamiento político regional. Pero ninguno de ellos usó a México como plataforma para atacar a los países de donde salieron expulsados.
Lo que ha causado malestar en México ha sido el activismo del autorrenunciado presidente Morales y su falta de valor para quedarse en su país luchando por sus ideales. En los hechos, el asilo es incuestionable, aunque las autoridades migratorias de Gobernación debieran obligar a Morales a guardar compostura en México y evitar declaraciones que están embarcando a México a oponerse a los mecanismos locales para resolver la crisis que dejó Morales cuando salió huyendo de Bolivia al poner su vida por encima de sus ideales y sus compromisos jurados como presidente en funciones hasta enero de 2020.
Y el problema colateral para México será aguantar las reacciones no frontales de la comunidad diplomática de policía exterior y de seguridad nacional de los EE. UU. donde la autorrenuncia de Morales formaba parte de sus planes de reacomodo de los equilibrios políticos regionales. En los hechos, México ha quedado alineado al frente antiestadunidense populista de América Latina, aunque también en los hechos el presidente López Obrador no comulgué y ha marcado su distancia con los populismos de Argentina, el chavismo venezolano y el que representa Morales.

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Sinaloa y el PRI. En medio de tensiones entre la presidencia y los gobiernos estatales, las encuestas están revelando los posicionamientos de gobernadores. Y entre todos los priístas desacata, cuando menos en dos encuestas, México Elige y Consulta Mitofsky, el de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, sólo con el panista de Yucatán en primer sitio. El sinaloense logró 60% en México Elige y 59.3% en Consulta. De los morenistas aparece la regenta Claudia Sheinbaum en lugar 20. Y hasta ahora Ordaz Coppel sólo ha hecho política local.
Política para dummies: La política esta llena de pretextos, justificaciones y no-verdades.

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Carlos Ramírez

Chile y Bolivia: lectura estratégica y política

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Aunque buena parte de los países de Iberoamérica se encuentra en zona de movilización social por razones políticas, los casos extremos hoy son Chile y Bolivia. Y aunque cada uno tiene razones diferentes, el punto de interés se localiza en la rebelión de las masas.

La semana pasada Luis María Anson recordaba una frase de La rebelión de las masasde José Ortega y Gasset, un filósofo cada día más contemporáneo: la irrupción de la muchedumbre a la realidad, cuando “no hay protagonistas: sólo hay coro”. La polarización de posiciones entre radicales y moderados, para evitar la de revolucionarios y reaccionaros, impide. Encontrar lo que Ortega llamaba el “claro en el bosque” permitirá tener un principio de entendimiento sobre lo que ocurre en Iberoamérica.

En Chile salieron por cientos de miles a protestar por el alza en precios en transportes y no hace mucho hubo protestas exigiendo educación gratuita y de calidad. El gobierno conservador de Sebastián Piñera aplicó un ajuste macroeconómico a las finanzas públicas disminuyendo subsidios a servicios populares. Se trataba de una crisis clásica de política económica de mercado: trasladar a los consumidores los costos del funcionamiento de los servicios públicos, en lugar de buscar un ajuste en los ingresos. Las protestas podrían derrocar al presidente Sebastián Piñera que ganó las elecciones de noviembre de 2017 con el 54,6% en segunda vuelta, contra el 45.4% para el candidato de la coalición de izquierda.

En Bolivia el pueblo salió a las calles a protestar contra la elección presidencial para una tercera reelección de Evo Morales y por denuncias de irregularidades electorales: el conteo de votos se suspendió varias horas y al reanudarse se le dio a Morales una ventaja de 10 puntos sobare el candidato conservador y con ello se proclamó la victoria de Evo. Grupos conservadores potenciaron las protestas en las calles y la violencia se salió de control. Luego de varios días de choques, el ejército pidió la renuncia del presidente (termina en enero de 2020 su periodo), Morales la entregó y solicito asilo político en México. En febrero de 2016 Morales pidió un plebiscito para violar la Constitución y reelegirse, pero en las urnas perdió: 51.3% dijo no a la reelección. Con la complicidad del Tribunal Electoral Evo Morales desobedeció el plebiscito legal y se presentó a elecciones, en las que sacó el 47% de votos, pero 10 puntos sobre el segundo lugar, Las protestas fueron contra el conteo electoral que acreditó de irregular una Comisión de la OEA.

Los dos casos exhiben las limitaciones de las democracias constitucionales en Iberoamérica y la solución de conflictos con movilizaciones en las calles. Y Chile y Bolivia muestran los dos extremos ideológicos: un gobernante de derecha en Chile y un gobernante de izquierda en Bolivia. Los dos llegaron por las urnas, pero sus seguidores y opositores resuelven controversias en las calles con expresiones de violencia. En este sentido, las democracias iberoamericanas siguen siendo frágiles, con instancias institucionales insuficientes y con sociedades acostumbradas a resolver sus demandas con muchedumbres fuera de control.

Iberoamérica padece una enfermedad de las democracias limitadas: la ingobernabilidad huntingtoniana, cuando las ofertas de modernización institucional son más lentas y reducidas que la dinámica de las exigencias sociales de cambios. Los países que han logrado controlar a sus sociedades con gobiernos autoritarios han permanecido en el poder, pero a costa del desprestigio de sus gobiernos: Cuba y Nicaragua; otros han utilizado el mecanismo estabilizador del péndulo, oscilando entre gobiernos progresistas y gobiernos conservadores.

El signo de los gobiernos iberoamericanos ha sido el de la inestabilidad. De todos, cuando menos Uruguay y Paraguay encontraron acomodo y estabilidad en el sistema pendular. Pero llego la izquierda excluyente en los sesenta a romper los equilibrios y el modelo Cuba de justificación ideológica y no de resultados es el que predomina. Evo Morales se queja diciendo que lo derrocaron por indígena y por amar al pueblo, sin reconocer sus trampas electorales y sobre todo su violación del plebiscito que le negó la reelección. El Tribunal Electoral en 2016 –el mismo que avaló el fraudé de las pasadas elecciones– dijo que negarle la participación electoral era una violación a sus derechos humanos.

Iberoamérica ha sustituido la democracia de los derechos por la fuerza de las bayonetas y la ideología social. De manera estricta, en Bolivia no hubo un golpe de Estado; los militares que fueron convocados por Morales a reprimir las protestas dijeron que no y le sugirieron al presidente que renunciara. No ha habido junta de gobierno, ni disolución del parlamento, ni ilegalización de partidos. Habrá un presidente interino que convocará a nuevas elecciones, mientras Morales se encuentra ya en México protegido por asilo político.

En esa vertiente de lo real-maravilloso de la realidad que aportó Iberoamérica a la literatura del boom de los sesenta, presidentes derrocados pueden regresar al poder: Perón, por ejemplo; y en Bolivia, el general Hugo Banzer: dio golpe de Estado en 1971, se quedó en el poder hasta 1978 en que fue derrocado, hizo su partido y regresó al gobierno por la vía electoral en 1997 y murió de cáncer sin terminar su periodo.

La inestabilidad política y los golpes de Estado cruentos o pacíficos seguirán interrumpiendo la vida institucional hasta que no existan leyes respetadas y canales institucionales de acceso al poder, y a nivel histórico están los dos golpes de los dos 18 brumario de dos Napoleón. Pero en Iberoamérica sólo hay golpes de Estado en la lógica de los intereses de los EE. UU. Al menos hasta que no maduren las democracias constitucionales sólidas.

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Carlos Ramírez

UNAM: burla de Graue y engaño de Junta de Gobierno causan protestas

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Carlos Ramírez
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La reelección del rector Enrique Graue Wiechers ha comenzado a desestabilizar la UNAM y ha causado molestias en los dos candidatos registrados por la decisión de la Junta de Gobierno asumida en Palacio Nacional. El proceso de designación de rector fue una farsa que lastimó a dos áreas importantes de la Universidad: la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Instituto de Investigaciones Jurídicas.
La nominación de Graue para un segundo periodo fue un tongo para disfrazar un proceso institucional manejado antes en el PRI y ahora en Morena. De nueva cuenta, los candidatos registrados de buena fe y la comunidad universitaria fueron defraudados por un esquema autoritario que ha convertido a la UNAM en un área paraestatal.
Graue ganó por un pacto Morena-PRI-mafia de exrectores. El programa de trabajo de Graue para inscribirse como candidato a la reelección fue el mismo que presentó hace cuatro años; es decir, se comprometió a realizar reformas que antes no pudo, no quiso o simplemente las enumeró como parte de su demagogia.
Desde 1999, con el arribo de Juan Ramón de la Fuente Ramírez a la rectoría procedente del gabinete presidencial de Zedillo y de su fracaso como precandidato presidencial priísta, la UNAM reconfirmó su dependencia absoluta del poder presidencial central y del partido en el poder: lo mismo con el PRI y el PAN y ahora con Morena.
Más que un rector, la UNAM ha necesitado desde el 68 a un administrador de intereses y un regulador de conflictos. Por sí misma, la autoridad legal del rector le impide ejercer un gobierno interno y su tarea es distribuir los recursos entre los grupos de interés que han desarticulado el funcionamiento académico, primero, y educativo, después.
Desde el rectorado sustituto de Guillermo Soberón por la decisión presidencial en 1973 de derrocar a Pablo González Casanova, los rectores de la UNAM han salido del gabinete presidencial o del PRI o han salido para ocupar posiciones de poder en el gobierno o en el partido en el poder. Existió el caso extremo de José Narro Robles, quien salió del PRI y del segundo nivel del gabinete presidencial para ir a la rectoría dos periodos, luego regresar al gabinete presidencial de Peña Nieto y competir como priísta por la candidatura presidencial del 2018 aceptando las humillaciones de Peña Nieto porque ya había decidido por José Antonio Meade Kuribreña y toda la competencia interna fue una pantomima.
Pero la UNAM es una bomba de tiempo de contradicciones y disputas por el poder. A los grupos estudiantiles y académicos se han agregado ya bandas delictivas que tienen el control de pasillos y jardines para la distribución de drogas y de grupos clandestinos violentos y armados que han abierto refugios para radicales anarquistas. En sus primeros cuatro años Graue no ha hecho sino lo que sus antecesores: congeniar con grupos de interés extrauniversitario y distribuir beneficios económicos y áreas de actividades clandestinas.
Desde el intento del rector Jorge Carpizo MacGregor de subir las cuotas a niveles aceptables que ayudaran a financiar a la Universidad, ningún rector ni ningún presidente de la república se ha atrevido a entrarle a la reforma estructural de la UNAM. El gigantismo, el deterioro salarial por el control presupuestal sindical, los grupos académicos que dominan las decisiones, la dependencia del rector de las decisiones presidenciales y la pérdida de influencia académica de la UNAM en la realidad nacional han convertido a la Universidad en una oficina de control estudiantil.
El gran desafío que presentó la pantomima de la reelección del rector obliga a Graue a cuando menos hacer un intento por plantear la reforma de la UNAM y a propiciar la multiplicación de universidades públicas que le quiten el dominio presupuestal y académico. Pero, sobre todo, la UNAM necesita un rector que ponga orden y autoridad en una rectoría que se dedica solo a redistribuir el poder entre grupos de interés universitario y extrauniversitario.
Sin embargo, desde ahora se sabe: Graue no es el rector para una tarea de esa envergadura y sólo administrará la crisis.

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CNDH, estreno. La nueva presidenta de la comisión Nacional de los Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, tuvo un estreno previsible: la exhibición del desconocimiento de sus funciones y la falta de información sobre la crisis de derechos humanos en el sector específico de los periodistas. El problema es que los periodistas y activistas de derechos humanos hostigados y asesinados son esas “víctimas” que la nueva funcionaria dijo representar. Mal empieza quien no sabe qué ocurre en las tareas asignadas contra viento y marea.
Política para dummies: La política es la habilidad de tomar decisiones engañosas, pero que pasen como veraces.

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