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Carlos Ramírez
Con el apoyo político mexicano y la inversión estadunidense de cuatro mil millones de dólares en cuatro años, EE. UU. y México quieren resolver la crisis de viabilidad socioeconómica y policía de Centroamérica, cuyo origen se localiza en la configuración de sus quebrados sistemas políticos y de gobierno y su fracasado modelo de desarrollo dependiente. Con unos cuantos dólares, Washington y Ciudad de México quieren desactivar las caravanas de miles de centroamericanos que salen de sus países, cruzan territorio mexicano y solicitan asilo ante el gobierno americano.

El problema migratorio centroamericano es grave y se une a la crisis permanente de mexicanos que cruzan, de manera legal o clandestina, la frontera, para internarse en territorio estadunidense en busca de empleo y bienestar que no tienen en su país de origen. A la fecha existen once millones de hispanos sin regularización migratoria y sujetos a deportación inmediata, sin importar que pudieran haber vivido en EE. UU. en los últimos años. Obama deportó a más de tres millones, Trump los criminalizó y ahora Biden no sabe qué hacer con ese problema estructural de la desigualdad regional del desarrollo.

De la población total de 50 millones de personas en siete países centroamericanos –la zona territorial y estratégica que conecta Norteamérica con Sudamérica–, algunas estimaciones están señalando que la migración podría ser en total de alrededor de un millón de personas. En 2019 y 2020 hubo decenas de miles de migrantes forzosos que congestionaron y presionaron la frontera de EE. UU. con México y la declaración formal de no persecución por parte del gobierno de Biden ha estimulado algunas caravanas de varios miles de personas.

La crisis migratoria al sur de EE. UU. es grave. Y en la Casa Blanca no saben qué hacer con el problema. El presidente Biden aprobó un programa de emergencia de 1.9 billones de dólares (1,900,000,000,000) para atender la crisis social, económica y de empleo por el COVID-19, pero para Centroamérica en cuatro años estima destinar cuatro mil millones de dólares. Washington está más o menos tranquilo con la región centroamericanita, porque la crisis es de desarrollo y empleo y no ideológica como en los ochenta. La amenaza comunista que enardeció a Reagan y a su operador regional Henry A. Kissinger en los ochenta ha derivado en gobiernos dictatoriales de izquierda reprimiendo a la izquierda, como ocurre en Nicaragua.

El gobierno de Biden ha identificado un problema, pero carece de análisis y diagnóstico y todo lo quiere arreglar con dólares regalados. La tesis de Kissinger en su informe a Reagan en 1984 sigue latente: un problema de modelo de desarrollo, de recursos naturales saqueados inclusive por EE. UU. y la represión social como mecanismo estabilizador. A esa Centroamérica se refirió, con enfoque despectivo, Kissinger cuando afirmo que eran países “no viables”, cuya dependencia sería a la larga una carga para la Casa Blanca.

Pero el problema de subdesarrollo ha derivado en crisis de violencia criminal y ahora como un tema de seguridad nacional para EE. UU.. Al derrotar a la guerrilla en El Salvador y Nicaragua, EE. UU. se desentendió de Centroamérica. El enfoque de seguridad nacional ideológica –la amenaza comunista cubana– se deshizo por sí mismo ante la imposibilidad de sociedades, economías y gobiernos comunistas en la región. La salida lateral populista de Hugo Chávez y ahora Maduro –con sus aliados en Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Ecuador– tampoco alcanza para darle gobernabilidad a la región.

La grave crisis centroamericana, además de la de gobernabilidad política y de modelo de desarrollo insatisfactorio, es de violencia criminal en sus dos vertientes principales: por el accionar de bandas delictivas y por los cárteles del crimen organizado. Los organismos de seguridad han sido rebasados, cooptados o anulados por los delincuentes y las estrategias de seguridad locales carecen de apoyos internacionales. El principal temor de EE. UU. radica en la infiltración en las caravanas de delincuentes que vayan a organizar o a reforzar a las bandas que ya existen dentro del territorio estadunidense y que controlan, junto con los cártelesmexicanos, el tráfico al menudeo de drogas. El grupo criminal Maras Salvatruchas opera no sólo en las calles de EE. UU., sino que tiene el control de las cárceles.

EE. UU. está mirando a Centroamérica como un problema de migración masiva ilegal y México como un tema de presión fronteriza. El presidente López Obrador ha asumido esa crisis con ojos sociales y ha señalado que el origen es de pobreza y desigualdad en el desarrollo, pero los apoyos mexicanos son parciales (30 millones de dólares hasta ahora), por goteo y que sólo buscan replicar en otra sociedad lo que ha sido pensado para la desigualdad mexicana. La crisis de seguridad por los asesinatos en Mexico de migrantes centroamericanos –guatemaltecos, hondureños y salvadoreños– y el aumento de las bandas delictivas venezolanas y colombianas ha carecido de opciones estratégicas. Y a ese problema natural en la vecindad del sur se agrega hoy la presión del vecino del norte para que México ayude a resolver la crisis histórica centroamericana.

La globalización en la zona de Norteamérica se olvidó del sur, los acuerdos comerciales han abierto fronteras sin estimular modos de producción y comercialización y la escasez de mercado interno tienen a Centroamérica en la ruta de un colapso social violento que ha encontrado en la migración una especie de fuga hacia adelante, con la gravedad de que EE. UU. ya cerró sus fronteras y aumenta las deportaciones, México no puede con su propia marginación y desempleo y ahora se deben de sumar decenas de miles de familias huyendo de la pobreza, la violencia y la inviabilidad como sociedad.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

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Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- EU: primero los pobres y paquete disminuyó pobreza en pandemia

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Carlos Ramírez

Ante los indicios de qué el confinamiento antipandémico iba a generar mayores presiones sobre las clases bajas en Estados Unidos, el gobierno del presidente Biden aprobó varios paquetes de ayuda y subsidios directos a la población de abajo y a la vuelta de un año lograr la disminuciónde casi veinte millones de pobres respecto a 2018, una baja de casi 45%.

El principal dilema de los gobiernos ante la recesión forzada por la pandemia fue optar entre el equilibrio macroeconómico con restricciones de gastos y efectos negativos en los sectores sociales bajos o decidir subsidiosextraordinarios para contener el desempleo, la marginación y el empobrecimiento masivo.

No es la primera vez que los gobiernos enfrentan dilemas de tal naturaleza. En la crisis de corporaciones financieras del 2008-2009, hasta el Fondo Monetario Internacional permitió el aflojamiento de las metas estrictas de déficit presupuestal y endeudamiento público, a fin de que los gobiernos pudieran financiar la salida de la crisis por la vía de la demanda subsidiada.

Hoy Estados Unidos ha puesto en marcha con eficacia programas de demanda subsidiada. En su reporte de los efectos sociales de la política económica ante pandemia, publicado el pasado 28 de julio, el periódico The New York Timesaportó cifras sobre la disminución de la tasa de pobreza, con efectos sobresalientes en los sectores hispano, asiático, blanco y afroamericano. Los costos fiscales de los programas se endosaron a la inflación, el déficit presupuestal y la deuda pública, aunque con la certeza de que había que salvar primero a los pobres.

La estrategia de demanda subsidiada de Biden se basó en la entrega de pagos mensuales específicos y extraordinarios a la mayoría de las familias con niños y a las comunidades sobre todo afroamericanas con dificultades en el ingreso y el empleo. Pocos países siguieron los pasos audaces de la Casa Blanca y todos ellos vieron aumentar de manera espectacular y negativa sus cifras de marginados, empobrecidos y desempleados sin expectativas de recuperación en los próximos de tres a cinco años.

El efecto adicional de los programas de apoyo a marginados se verá en las relaciones sociales de raza, pues, señala el diario neoyorquino, la pobreza afecta a grupos raciales y étnicos afroamericanos y latinos que ampliaban su brecha de marginación respecto a las comunidades blancas. Y en Estados Unidos la desigualdad racial de modo natural tiene efectos en los padecimientos de inseguridad y violencia.

La clave del paquete de ayuda social estadounidense radicó en el aumento de ingresos temporales a las familias marginadas para incrementar las posibilidades de crecimiento de la economía estadounidense en general, logrando que el hoyo recesivo por el confinamiento fuera menor. Mientras en EU el PIB de 2020 fue de -3.5%, en países como México en que no hubo apoyo a la planta productiva y el empleo el PIB en 2020 cayó -8.5% y el esfuerzo de reactivación para intentar estabilizarlo perdido tardará como mínimo cuatro años y aún así la recuperación del ritmo de bienestar social habrá perdido cuando menos diez años de ventaja. Datos del CONEVAL señalan que la población en pobreza laboral en México creció a niveles similares a 2017, el ingreso bajó 2.5% y la canasta básica aumentó 6.1%.

El paquete de ayuda social a los pobres en EU salvó a 10 millones de personas del empobrecimiento pandémico y los alejó de los márgenes de la pobreza extrema.

El costo de política económica se resentirá en la inflación, pero hubo de asumir la gran decisión en Estados Unidos entre endiosar la inflación y la estabilidad macroeconómica o aumentar el gasto social para evitar un empobrecimiento generalizado que hubiera tenido efectos desastrosos en el nivel social de los marginados y en el previsible aumento de la violencia y el consumo de drogas.

El efecto de la política económica de defensa del bienestar social en Estados Unidos será temporal, pero beneficiara el hecho de haber atenuado el desplome del PIB y la actividad económica de los próximos tres años absorberá paulatinamente la inflación.

Estados Unidos ofrece una imagenreal de lo que es un programa que coloca primero a los pobres.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Pues sí, el INE tiene que explicar razones de desdén a la consulta

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Carlos Ramírez

 Si por ley sólo el Instituto Nacional Electoral podía promover la consulta, entonces la revisión de la difusión de la convocatoria consulta del pasado 1 de agosto acredita responsabilidad política al desdén de los funcionarios del organismo electoral hacia el primer experimento de la democracia participativa como paso previoa las presidenciales de 2024.

Al final de cuentas, también, hay que acreditar la falta de acompañamiento político, social y partidista a la estrategia política directa del presidente de la república hacia una convocatoria a consultapromovida como parte de sus facultades legales.

Y finalmente, la consulta se convirtió en un galimatías incomprensible por la intervención enredada del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, porque debió haber rechazadola pregunta original obligando al Congreso a redactar una nueva. Por andar de ofrecido, el ministro Lelo es de los principales responsables directos del fracaso de las consultas por redactar una nueva pregunta cantinflesca.

Lo que queda por aclarar son las razones del presidente de la república para seguir adelante con una consulta que había perdido su contenido y organización. Hay que partir del hecho de que no se trató de un capricho, sino, muy en el estilo presidencial, de decisiones estratégicascon sentidos políticos de mediano plazo que sólo el presidente puede operar.

En términos estrictos, la consulta nofue un fracaso porque se realizó y porque pudo montarse sobre el escenario indirecto de juicio a cinco expresidentes de la república por decisiones políticas y de poder susceptibles de ser perseguidas, en diferentes niveles, por investigaciones políticas, sociales y judiciales, pero que de nuevo salieron condenadas.

La institución que quedó en el centro del debate es el INE, porque en las últimas semanas sus funcionarios directivos dedicaron más tiempo a sus agendas políticas particulares que a la promoción ya no tanto de la consulta sino de la experiencia de democracia participativa. El consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello condicionó la realización exitosa de la consulta a un presupuesto de gastoextraordinario que no le dieron. Y el consejero Ciro Murayama Rendón dedicó más esfuerzo a defender la existencia de los diputados plurinominales que están en la mira de una reforma electoral adelantada por el partido Morena.

Córdoba Vianello, además, tuvo más presencia en redes defendiendo la existencia del INE y tratando de blindarlo ante la reforma que busca desactivar el papel político-electoral del Instituto más allá de su función primaria, original y única de organizar elecciones y coordinar el conteo de votos, además de seguirse oponiendo a la decisión de seguridad nacional de crear una cédula única de identidad que haga obsoleta la credencial de elector que controla el Instituto.

La decisión de una reforma electoral no le corresponde defenderla a los funcionarios de la actual INE, sino que es facultad legal de los partidos en el Congreso de la Unión. Los dos consejeros que han sido pivotes del funcionamiento del INE como Ministerio de la Democracia, Córdoba Vianello y Murayama Rendón, terminan su periodo de funcionarios del Instituto en 2023, lo que ha adelantado el tiempo político para definir las posibilidades de una nueva reforma electoral que responda a la necesidad de garantizar el respeto al voto y no mantener una élite política activista de enfoques ideológicos de la democracia.

La consulta, también, permitió percibir la existencia de un establishment político-institucional vinculado a la sobrevivencia y extensión en tiempo político del actual régimen de gobierno inventado por el presidente Carlos Salinas de Gortari en 1990 para impedir instituciones político-electorales ajenas a esa corriente de funcionamiento sistémico priísta que ha impedido la construcción de una verdadera república de leyes e instituciones.

La lectura de la consulta sólo en función de asistentes podría dar una imagen equivocada del reacomodo de formaciones sociales que se preparan para la votación de revocación-confirmación de mandato presidencial y que entrarán de lleno a la madre de todas las batallas electorales: las presidenciales del 2024.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Desigualdad, sigue: 70% con ingreso Igual al 10%; 20% con mitad de riqueza

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Carlos Ramírez

Desde que en 1968 el economista Enrique Padilla Aragón reveló que el modelo de desarrollo posrevolucionario había generado un proceso de crecimiento económico con pobreza y desigualdad social, los gobiernos populistas, neoliberales y posneoliberales han carecido de alguna propuesta para vincular el crecimiento y la distribución de la riqueza que define el desarrollo.

La última Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos en los Hogares en 2020 del INEGI revela las cifras que desnuda la dimensión de la crisis populista, la crisis neoliberal y la crisis pandémica: la distribución del ingreso nacional entre familias perdió en el -8.5% del PIB el año pasado lo ganado en los anteriores dos años y el reparto de la riqueza regresó a la desigualdad de 2016.

Dos cifras son reveladoras del retroceso en desigualdad social padecida en los últimos dos años de PIB negativo:

1.- El 70% de las familias mexicanas entre pobres y clase media tienen el mismo ingreso que el 10% de las familias más ricas; a nivel más global el 80% de las familias tiene el mismo ingreso que el 20%de las familias ricas. Este 20% de las familias ricas acapara, sin que alguna política económica rompa esa concentración, el 51.7% del ingreso nacional.

2.- A nivel de ingreso corriente promedio, el 10% de las familias más ricas tiene ingresos por 18 veces más que el 10% de las familias más pobres.

La distribución de la riqueza representa una de las funciones prioritarias del Estado, si no es que la más importante, porque se utilizan instrumentos fiscales para repartir la riqueza nacional tratando evitar la concentración del ingreso. Al contrario, la crisis 2018-2020 disminuyóparticipación en el ingreso a los sectores más pobres y transfirió mayor riqueza a los sectores con mayor concentración.

Las cifras del INEGI exhiben que el 10% de las familias más pobres perdió lo ganado en 2016-2018 y en el 2020 regresó al punto de 2016. En cambio, el 10% de las familias más ricas había perdido 2.8 puntos porcentuales de su participación en la riqueza, pero la crisis permitió su recuperación.

Lo anterior quiere decir que la crisis económica, el tránsito del modelo neoliberal al modelo posneoliberal y el PIB negativo en 2019-2020 afectó más a los pobres y beneficio más a los ricos.

Otros datos de la encuesta 2020 del INEGI han sido ya referidos en medios: la disminución de 5.8% en el ingreso corriente trimestral y la baja de 12.9% en el gasto corriente, además del aumento de 45% del gasto en salud por la falta de una política estratégica del Estado para proteger a los sectores con bajos niveles de ingresos que dependen de los subsidios gubernamentales.

La encuesta, además, reconfirma la polarización en el ingreso regional: Nuevo León, el estado con mayor actividad industrial, encabeza la lista de sociedades más favorecidas, en tanto que en los cinco últimos lugares aparecen las entidades más abandonadas de las políticas redistributivas de la riqueza: Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, Guerrero y en último lugar Chiapas. Chiapas, por ejemplo, tiene seis veces menos ingreso corriente qué Nuevo León.

Las cifras de concentración de la riqueza a través del ingreso nacional han sido siempre los indicadores definitivos de la estructura de desigualdad social que existe en México y de la polarización entre ricos y pobres. Las tres políticas económicas existentes –populismo, neoliberalismo y posneoliberalismo– se han fijado las metas, con diferentes grados de eficacia, de evitar la profundización de la desigualdad a través de políticas públicas de carácter fiscal y de programas sociales, pero todas han fracasado.

La desigualdad estructural que existe entre las diferentes clases sociales se confirma en las evaluaciones del CONEVAL: en promedio el 80% de las familias mexicanas vive con una a cinco restricciones sociales, lo que indica padecimientos de desigualdad en diferentes niveles y puntos de bienestar por abajo de la media; y del lado contrario, solo el 20%de la población vive con un bienestar suficiente y sin ninguna carencia social.

 La encuesta del INEGI confirmó que México sigue siendo un país con desigualdades sociales estructurales que lo colocan entre las naciones de bajodesarrollo social.

 

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