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Carlos Ramírez
Con el apoyo político mexicano y la inversión estadunidense de cuatro mil millones de dólares en cuatro años, EE. UU. y México quieren resolver la crisis de viabilidad socioeconómica y policía de Centroamérica, cuyo origen se localiza en la configuración de sus quebrados sistemas políticos y de gobierno y su fracasado modelo de desarrollo dependiente. Con unos cuantos dólares, Washington y Ciudad de México quieren desactivar las caravanas de miles de centroamericanos que salen de sus países, cruzan territorio mexicano y solicitan asilo ante el gobierno americano.

El problema migratorio centroamericano es grave y se une a la crisis permanente de mexicanos que cruzan, de manera legal o clandestina, la frontera, para internarse en territorio estadunidense en busca de empleo y bienestar que no tienen en su país de origen. A la fecha existen once millones de hispanos sin regularización migratoria y sujetos a deportación inmediata, sin importar que pudieran haber vivido en EE. UU. en los últimos años. Obama deportó a más de tres millones, Trump los criminalizó y ahora Biden no sabe qué hacer con ese problema estructural de la desigualdad regional del desarrollo.

De la población total de 50 millones de personas en siete países centroamericanos –la zona territorial y estratégica que conecta Norteamérica con Sudamérica–, algunas estimaciones están señalando que la migración podría ser en total de alrededor de un millón de personas. En 2019 y 2020 hubo decenas de miles de migrantes forzosos que congestionaron y presionaron la frontera de EE. UU. con México y la declaración formal de no persecución por parte del gobierno de Biden ha estimulado algunas caravanas de varios miles de personas.

La crisis migratoria al sur de EE. UU. es grave. Y en la Casa Blanca no saben qué hacer con el problema. El presidente Biden aprobó un programa de emergencia de 1.9 billones de dólares (1,900,000,000,000) para atender la crisis social, económica y de empleo por el COVID-19, pero para Centroamérica en cuatro años estima destinar cuatro mil millones de dólares. Washington está más o menos tranquilo con la región centroamericanita, porque la crisis es de desarrollo y empleo y no ideológica como en los ochenta. La amenaza comunista que enardeció a Reagan y a su operador regional Henry A. Kissinger en los ochenta ha derivado en gobiernos dictatoriales de izquierda reprimiendo a la izquierda, como ocurre en Nicaragua.

El gobierno de Biden ha identificado un problema, pero carece de análisis y diagnóstico y todo lo quiere arreglar con dólares regalados. La tesis de Kissinger en su informe a Reagan en 1984 sigue latente: un problema de modelo de desarrollo, de recursos naturales saqueados inclusive por EE. UU. y la represión social como mecanismo estabilizador. A esa Centroamérica se refirió, con enfoque despectivo, Kissinger cuando afirmo que eran países “no viables”, cuya dependencia sería a la larga una carga para la Casa Blanca.

Pero el problema de subdesarrollo ha derivado en crisis de violencia criminal y ahora como un tema de seguridad nacional para EE. UU.. Al derrotar a la guerrilla en El Salvador y Nicaragua, EE. UU. se desentendió de Centroamérica. El enfoque de seguridad nacional ideológica –la amenaza comunista cubana– se deshizo por sí mismo ante la imposibilidad de sociedades, economías y gobiernos comunistas en la región. La salida lateral populista de Hugo Chávez y ahora Maduro –con sus aliados en Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Ecuador– tampoco alcanza para darle gobernabilidad a la región.

La grave crisis centroamericana, además de la de gobernabilidad política y de modelo de desarrollo insatisfactorio, es de violencia criminal en sus dos vertientes principales: por el accionar de bandas delictivas y por los cárteles del crimen organizado. Los organismos de seguridad han sido rebasados, cooptados o anulados por los delincuentes y las estrategias de seguridad locales carecen de apoyos internacionales. El principal temor de EE. UU. radica en la infiltración en las caravanas de delincuentes que vayan a organizar o a reforzar a las bandas que ya existen dentro del territorio estadunidense y que controlan, junto con los cártelesmexicanos, el tráfico al menudeo de drogas. El grupo criminal Maras Salvatruchas opera no sólo en las calles de EE. UU., sino que tiene el control de las cárceles.

EE. UU. está mirando a Centroamérica como un problema de migración masiva ilegal y México como un tema de presión fronteriza. El presidente López Obrador ha asumido esa crisis con ojos sociales y ha señalado que el origen es de pobreza y desigualdad en el desarrollo, pero los apoyos mexicanos son parciales (30 millones de dólares hasta ahora), por goteo y que sólo buscan replicar en otra sociedad lo que ha sido pensado para la desigualdad mexicana. La crisis de seguridad por los asesinatos en Mexico de migrantes centroamericanos –guatemaltecos, hondureños y salvadoreños– y el aumento de las bandas delictivas venezolanas y colombianas ha carecido de opciones estratégicas. Y a ese problema natural en la vecindad del sur se agrega hoy la presión del vecino del norte para que México ayude a resolver la crisis histórica centroamericana.

La globalización en la zona de Norteamérica se olvidó del sur, los acuerdos comerciales han abierto fronteras sin estimular modos de producción y comercialización y la escasez de mercado interno tienen a Centroamérica en la ruta de un colapso social violento que ha encontrado en la migración una especie de fuga hacia adelante, con la gravedad de que EE. UU. ya cerró sus fronteras y aumenta las deportaciones, México no puede con su propia marginación y desempleo y ahora se deben de sumar decenas de miles de familias huyendo de la pobreza, la violencia y la inviabilidad como sociedad.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

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Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Sacar al INE del conflicto electoral para evitar el conflicto poselectoral

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Carlos Ramírez

Como no había ocurrido desde su fundación en 1990 como IFE, el Instituto Nacional Electoral fue metido por el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello y el consejero Ciro Murayama Rendón en el centro del conflicto poselectoral. La razón se localiza en el repudio de ambos al populismo. En este sentido, el INE está sentando las bases para el conflicto poselectoral después del 6 de junio.

El INE fue creado sólo para organizar elecciones y contar votos. De modo arbitrario, el organismo ha querido convertirse en el cancerbero de la democracia. Pero una cosa es que las elecciones sean una parte del proceso democrático y otra que definan la democracia en sí misma. En este sentido, el INE debería ser alejado del conflicto electoral a través de varias decisiones estratégicas o las elecciones del 6 de junio serán conflictivas y tendrán en el INE parte de la responsabilidad.

1.- Sacar a Córdova y Murayama del litigio argumentativo en medios de comunicación. Como funcionarios nodeberían aparecer en medios ni menos aún debatiendo contra el presidente de la república o con Morena.

2.- Como al presidente Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020 en EE. UU., aquí deben cerrarse de manera temporal las cuentas twitter a Córdova y a Murayama para evitar mensajes revulsivos. En procesos de alta tensión política, el medio del INE para comunicarse debería ser el boletín de prensa fuera de las redes sociales.

3.- Retirar de manera inmediata de circulación los libros Yo, el pueblo.  Cómo el populismo transforma la democracia, pagado por el INE y que se lee como un documento anti Morena y anti López Obrador. Y el libro La democracia no se construyó en un día, de Córdova, porque fue escrito en su tiempo de funcionario y con recursos del Instituto contrató a un colaborador-amanuense. En ambos casos se debe abrir un expediente por presunto peculado.

4.- Regresar el dinamismo electoral a la mesa del consejo general, pero con restricciones participativas del consejero presidente. Córdova ha mostrado en medios que se adueña del micrófono e inunda las bocinas de demagogia agobiante, sin dejar participar a los demás. La neurosis del micrófono de Córdova debiera acreditarse como política, no administración.

5.- Sacar al INE de la alianza PAN-PRI-PRD-Coparmex porque en los hechos el Instituto aparece como el virtual onceavopartido y su enfoque ideológico es el antipopulismo. Córdoba y Murayama tienen derecho a tener ideas y exponerlas, pero no como funcionarios que tienen en sus manos el delicado equilibrio de la estabilidad electoral. El presidente de la república ha demostrado la parcialidad del INE.

Nunca antes el IFE-INE había sido tan parcial en contra de alguna fuerza electoral como lo es con Morena. Y si bien hay razones suficientes para hacerlo, la dirección institucional del INE no debiera convertirse en dirección política. El cuestionamiento a Morena y al presidente de la república por el presunto populismo debiera ser objetivo de los partidos, no de la autoridad electoral.

La democracia electoral que tiene el INE como función es limitada y carece de contenido ideológico. Las elecciones son un mecanismo procedimental de la democracia como ideología. La verdaderademocracia debe ser capaz de permitir la contienda equilibrada y abierta de todas las fuerzas ideológicas o comenzar a excluir a fuerzas políticas por tener ideas no aceptadas por la autoridad electoral. Hasta ahora no se tienen datos de que el populismo sea una ideología proscritacomo algunas que conocemos. Y al propio sistema democrático le corresponderá, como ocurre ahora, aplicar los controlesnecesarios para evitar que la democracia sea usada por alguna fuerza ideológica para terminar con la democracia. El PRI usó la democracia para cerrar los caminos democráticos. Y el IFE nació como una forma limitada para abrir en México el verdadero juego plural de la democracia.

El INE es el organismo administrador de las elecciones, no el comité central de una democracia excluyente y autoritaria basada en la reglamentitis. Córdova y Murayama no pierden oportunidad para actuar como un politburó al viejo estilo comunista para determinar ellos qué es la democracia y qué no es.

O el INE regresa a organizar elecciones o su papel como comisario de una democracia tipo priísta será un factor de conflicto poselectoral.

 

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Política para dummies: La mejor defensa de la democracia es la democracia misma.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- WOLA, un think tank clave en el juego estratégico de Casa Blanca

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Carlos Ramírez

En términos estratégicos, el poder central en EEUU se conoce con el concepto –no referencia de nombre institucional– de Casa Blanca. A pesar de lo que piensen o digan los funcionarios, Casa Blanca decide lo que es mejor para la seguridad nacional de EEUU para privilegiar, como dice la Doctrina respectiva del gobierno de Biden, y defender el american way of life o modo de vida estadunidense.

Aunque tiene sus propias oficinas y organizaciones ad hoc que son controladas por el Congreso, el aparato de poder estadunidense –la comunidad de los servicios de inteligencia y seguridad nacional– utiliza a agrupaciones con cobertura académica o sólo analítica que son conocidas como think tanks, en cuyo seno son asimilados exfuncionarios de la seguridad civil y militar ya en fase de empresas de movilidad en la seguridad privada al servicio de la seguridad oficial.

En esa comunidad asesora se localiza el grupo Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). El enfoque de seguridad nacional de esta organización coincide con el oficial estadunidense. Su último reporte sobre México y su crítica a la militarización sólo encontró contexto en tres escenarios construidos por la Casa Blanca:

1.- La presentación formal de la vicepresidenta Kamala Harris como encargada Senior de la agenda México dentro del nuevo aparato de gobierno.

2.- El aumento de las presiones de la DEA para realizar operaciones en México sin cumplir con las nuevas reglas de registro establecidas por la Ley mexicana de Seguridad Nacional.

3.- La búsqueda del debilitamiento de la participación de las fuerzas armadas mexicanas en labores de seguridad nacional estratégica y de seguridad interior para que México regrese al corral de una nueva Iniciativa Mérida.

La intención de la Casa Blanca es evitar la autonomía relativa del gobierno del presidente López Obrador en tareas de seguridad mexicanas en temas que tienen efecto en EEUU. La iniciativa Mérida firmada por el presidente Calderón con el presidente Bush sometió la estrategia de seguridad mexicana a la aprobación y sobre todo supervisión estadunidense, es decir, en relación a los intereses de EEUU.

El presidente López Obrador anuló esa Iniciativa y definió su propio paradigma de seguridad en función de los intereses mexicanos de abandonar los escenarios de la guerra y crear condiciones de paz, incluyendo un entendimiento informal con los cárteles para evitarles la tentación de ser gobierno, no perseguirlos para eludir la respuesta criminal a balazos y generar condiciones de bienestar en las zonas controladas por el crimen organizado.

El último reporte de WOLA deja ver los intereses estratégicos de la Casa Blanca de Biden: sacar a los militares de las tareas de seguridad y evitar su utilización –que tiene fundamentos y garantías constitucionales– en tareas civiles de obras sociales que permiten las leyes y reglamentos mexicanos.

La clave está en la estrategia de seguridad. El reporte de WOLA, en la lógica de Casa Blanca, pone la atención en los militares, pero con el segundo pensamiento de que la estructura civil mexicana no tiene las condiciones ni fuerza para contener a los narcos y entonces el gobierno de Mexico debiera permitir la entrada de especialistas estadunidenses militares en materia de seguridad para suplir a los mexicanos, sin colaborar ni compartir tecnologías e inteligencia.

La lectura del reporte de WOLA sobre la militarización en México deja ver esas intenciones estratégicas ocultas. Y por si fuera poco, ese reporte circuló en México la víspera de la reunión institucional México-EEUU en materia de seguridad, con la presencia en México de expertos estadunidenses de alto nivel. El objetivo de WOLA quedó claro: que organismos y personal del gobierno de EEUU tenga más beligerancia en México sin pasar por las normas regulatorias de registro de agentes y operaciones y revolver los territorios de los cárteles para aniquilarlos o llevárselos extraditados.

En este sentido, el modelo de seguridad binacional que ha dejado ver el gobierno de EEUU tiene, en realidad, un enfoque sólo estadunidense. Hasta ahora, en esas reuniones sólo ha habido una forma de resistencia en la cancillería mexicana de Marcelo Ebrard Casaubón en función de la directriz presidencial de que no debe permitirse la restauración legal o de facto de una nueva Iniciativa Mérida.

 

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Política para dummies: La política es la forma de eludir las presiones de los adversarios.

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Indicador Político- El INE, rebasado; Córdova contra AMLO y las elecciones vagan sin control

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Carlos Ramírez

Los tiempos políticos circunstanciales coinciden: mientras la Fiscalía General de la República abre expedientes con claros tonos de delitos electorales contra candidatos de la alianza PAN-PRI-PRD-Coparmex, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, se reúne de manera personal con el diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo en su periodo de franca guerra contra el presidente López Obrador, Morena y la 4ª-T para dar la imagen de alianzas.

En este contexto, el descuido intencionado del INE sobre el proceso electoral busca beneficiar a la alianza opositora. El Instituto quiso quitarle el registro a la candidata de Morena al gobierno de San Luis Potosí, pero la filtración adelantada de esas intenciones reventó la sorpresa. Y bajo la mirada complaciente del INE varios candidatos de la alianza opositora están comprando de manera ilegal con votos para beneficios sociales si ganan las elecciones, hechos que caen dentro de presuntos delitos electorales.

Con estos datos se confirma que el INE de Córdova Vianello ha sido reducido a una mala copia de la Comisión Federal Electoral de Manuel Bartlett Díaz de 1988.

El actual consejo electoral del INE está reventando el régimen electoral posterior a la crisis de 1988. La capacidad de autoridad institucional de los funcionarios del INE se ha reducido a su mínima expresión respecto a la alianza opositora: el consejero presidente usa redes y va a entrevistas de prensa para ostentarse como el guardián del régimen democrático, cuando su tarea es mucho más modesta: garantizar elecciones libres y conteo institucional de votos. Y en esas apariciones, Córdova Vianello aprovecha la oportunidad para promover los libros que ha escrito y editado con recursos del Instituto.

En una entrevista, inclusive, aceptó la contratación como funcionario del Instituto de Ernesto Núñez Albarrán para cumplir el único propósito de ayudarlo a escribir el libro La democracia no se construyó en un día. Pero el consejero presidente del INE confunde el hecho de que la tarea del INE radica en organizar elecciones, no en producir libros de contenido político con cargo al erario y, sobre todo, sin pasar por las reglas de utilización de los recursos del organismo.

La reunión de Córdova Vianello en las oficinas del INE con el disidente Muñoz Ledo ocurrió justo en el momento en que el legislador había roto relaciones con el presidente de la república que ayudó a encumbrar y en su campaña mediática para construir un frente amplio por la defensa de la Constitución. El tuit de Muñoz Ledo para difundir esa foto no ocultó sus intenciones: incorporar la imagen del consejero presidente del INE en tiempos electorales en labores de cuestionamiento de Morena y del jefe del ejecutivo.

Lo más grave ocurre en el escenario de delitos electorales: el presidente declaró sin ocultamientos que estaba interviniendo en el proceso electoral para denunciar irregularidades, pero en el entendido de que esa tarea le corresponde al INE y no la ha cumplido. Sin embargo, el INE se ha visto parcial a favor de la alianza opositora y enérgico contra Morena.

En riguroso enfoque institucional, el INE nada tiene que hacer definiendo la democracia como filosofía o forma de gobierno, porque su tarea es funcionar como mecanismo de realización de elecciones libres, participativas y sin obstáculos como una forma de cumplir con su tarea de acreditar funciones de democracia procedimental electoral. Pero en estas semanas, el INE ha volteado la vista hacia otro lugar mientras la alianza PRI-PAN-PRD, ahora reforzada con el poder empresarial de la Coparmex como fuerza de ultraderecha, quiere desviar el sentido popular del voto.

La revelación de la revista Contralínea, potenciada por el presidente de la república en una mañanera sobre la intervención del gobierno de los EEUU vía varios organismos vinculados a la CIA en la promoción de defensa del capitalismo en América Latina, le debió corresponder denunciarla, indagarla y procesarla de manera legal al INE, porque se trata de la injerencia de un gobierno extranjero en un proceso electoral mexicano. Sin embargo, la ingenuidad estratégica del consejero presidente Córdova Vianello y su obsesión anti AMLO podrían querer justificar que intereses estadunidenses y de corporaciones patronales mexicanas desvíen el sentido democrático real del voto ciudadano.

 

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Política para dummies: La política se hace con pasiones, no con obsesiones enfermizas.

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