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‪El 2 de octubre representa un día de guardar en la liturgia cívica mexicana desde 1968. En el periodo 26 de julio a 1 de diciembre de ese año hubo una lucha estudiantil contra el autoritarismo gubernamental y una tibia, incierta y nebulosa demanda democratizadora sin agenda concreta. México cambió, en efecto, y se fue democratizando en ritmo de cámara lentísima hasta llegar a tres gobiernos de oposición.‬
A 51 años de distancia en México todavía no se alcanza a definir tres temas: ¿hay realmente una democratización?, ¿fueron los grupos estudiantiles los que ganaron la democratización? y ¿ha habido en realidad una transición democrática mexicana? Los gobiernos del PAN –centro-derecha– gobernaron con la estructura priísta y el gobierno de López Obrador ha mantenido la estructura de poder del sistema político priísta.
En dos libros publicados el año pasado he debatido este tema: el primero Octavio Paz y el 68: crisis del sistema político priísta analizo tres documentos centrales en el ensayo político de Paz: las cartas a la cancillería en septiembre de 1968 analizando, a pedido del presidente Díaz Ordaz, sus percepciones sobre los movimientos estudiantiles; el segundo: el texto base de Paz para una conferencia en Austin, Texas, titulado México: la última década en octubre de 1969 y el brillante ensayo Posdata que retoma el movimiento estudiantil y lo injerta en un contexto histórico del ser del mexicano. En su conferencia de 1969 Paz planteó el dilema del 68: democracia o dictadura.
El segundo libro fue más provocador: El 68 no existió. La tesis del texto propone que el proceso de apertura democrática mexicana hasta llegar a la alternancia en la presidencia en el 2000 no fue promovido de manera directa por el 68 ni por sus caóticas dirigencias estudiantiles, sino que fue producto del modelo politológico conocido como autopoiesis o autorrenovacion por sí misma del sistema para salvarse. Los autores de las reformas fueron priístas, pero las estructuras y clases del sistema apresuraron la apertura para evitar el colapso revolucionario o el golpe de Estado derechista. El 68 estudiantil fue más bien un movimiento de resistencia ante el autoritarismo, sin ninguna propuesta de reforma democrática. Y tanto careció el movimiento de opciones reales que el presidente Echeverría –secretario de Gobernación el 2 de octubre del 68 y señalado como responsable de la represión– logró la participación en el gobierno de líderes estudiantiles.
La única reforma democrática que provocó el 68 tardó diez años en llegar: la legalización del Partido Comunista Mexicano –de filiación marxista leninista soviética– para participar en elecciones, pero con saldos electorales de 3%-5.5%. El PCM mutó a la institucionalidad: en 1981 abandonó el apellido comunista y se llamó Partido Socialista Unificado y en 1987 pasó a ser Partido Mexicano Socialista. Pero su peor cambio fue en 1989: se disolvió como opción socialista, entregó su registro legal al expriísta Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano para fundar el Partido de la Revolución Democrática con una extraña fusión de priístas y comunistas. El oxímoron tiene un dato mayor: en el mismo partido convivieron el último dirigente de la Juventud Comunista y por tanto pivote del PCM en el movimiento estudiantil y preso político por esa militancia, Pablo Gómez Alvarez, con Porfirio Muñoz Ledo, el priísta que en 1969 pronunció dos discursos elogiosos al presidente Díaz Ordaz por la valentía de la decisión de aplastar al movimiento estudiantil.
De esa fusión nació la figura política de López Obrador, priísta de 1975 a 1988. En todo caso, Cárdenas decidió que el PRD fuera una especie de PRI histórico populista. Las banderas comunistas del PCM se lavaron en el PRD y muchos militantes comunistas en luchas que los llevaron a la cárcel terminaron sus días trabajando para el gobierno.
Ningún gobierno posterior a 1968 reivindicó el movimiento estudiantil. El sistema priísta se modernizo para sobrevivir, aunque perdió la presidencia en el 2000 bajo aquella amenaza del todopoderoso líder sindical durante 50 años Fidel Velázquez de que el PRI había ganado el poder a balazos y a balazos se lo tenían que quitar. No fue así. En el 2000 el PRI perdió la presidencia en las urnas, la recuperó en el 2012 y la volvió a perder en el 2018.
La línea que continuó la protesta del 68 fue la guerrilla, que había nacido en septiembre de 1965 con el asalto de un grupo guerrillero al Cuartel Madera en Chihuahua, imitando el asalto al Cuartel Moncada de Fidel Castro en 1953. La güerilla mexicana asaltó bancos, secuestró empresarios y funcionarios, estalló bombas y quiso y no pudo explotar una revolución armada y fue aplastada en el periodo 1979-1985 hasta liquidarla con torturas, secuestros de dirigentes y asesinatos.
El EZLN quiso revivir la guerrilla en enero de 1994, pero fue obligada por la sociedad mexicana a abandonar el camino de las armas. Poco tuvo esta guerrilla zapatista chiapaneca del 68, porque en 26 años el sistema priísta había triturado simbólicamente a dirigentes y herencia, a pesar de que el EZLN había nacido del Frente de Liberación Nacional que surgió como respuesta al 68.
El 68 mexicano es, pues, una fecha, no una herencia real. No tuvo una propuesta de reforma y quedó como una víctima del poder autoritario del Estado en 68… que es el mismo Estado de la actualidad.

Los libros El 68 no existió y Octavio Paz y el 68 se pueden conseguir como eBooks en Amazon: Carlos Ramírez

Y en papel impreso en mercado libre:
Octavio Paz y el 68
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El 68 no existió
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-644792253-libro-el-68-no-existio-_JM?quantity=1

En nuestro portal tenemos más materiales sobre el 68 en este enlace: http://www.indicadorpolitico.mx/?page_id=84528

‪indicadorpolitico.mx‬
carlosramirezh@hotmail.com
@carlosramirezh

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Derechos humanos: en una comisión o en las calles y medios, como antes

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A partir del hecho de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se burocratizó y perdió su esencia social, su existencia no ha tenido que ver con concesiones a una burocracia dorada que se apoltronó en la comodidad de informes y recomendaciones sin cumplir.
En los hechos, la CNDH nació por dos motivaciones: la necesidad de crear instancias de equilibrios democráticos que exigía la globalización económica y la urgencia de dar salida a las denuncias de represión del viejo régimen policiaco priísta. Las revelaciones del autoritarismo criminal del Estado estaban en las calles con las protestas paradójicamente de Rosario Ibarra de Piedra y en los medios donde se publicaban denuncias de violaciones de derechos.
La nominación de la activista María del Rosario Piedra Ibarra no garantiza el funcionamiento de la CNDH porque se trata de un organismo con la función primordial de denunciar los abusos del Estado. La designada presidenta de la Comisión viene de Morena y por tanto no denunciará abusos de gobernantes morenistas. En todo caso, a Piedra Ibarra le quedaría más bien una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes políticos del pasado priísta.
El perfil de Piedra Ibarra ayuda para simbolizar un deslindamiento del gobierno morenista con el pasado priísta, aunque ahora muchos priístas de ese pasado represivo estén en posiciones privilegiadas en la estructura de poder lopezobradorista. Un caso basta; Manuel Bartlett Díaz viene de tareas en el área político-policiaca de Gobernación desde finales del gobierno de Díaz Ordaz, pasó por el de Echeverría y López Portillo con los años de la guerra sucia para liquidar de manera criminal a guerrilleros y disidentes y fue aliado del neoliberalismo salinista que asesinó a cuando menos 500 perredistas.
Y Bartlett tiene otro caso pendiente: la CNDH debe reabrir la investigación del asesinato del columnista Manuel Buendía, de Excélsior, el 30 de mayo de 1984, año en que Bartlett era nada menos que secretario de Gobernación, jefe directo del director de la Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla Pérez, que fue sentenciado como autor intelectual de ese crimen. Buendía fue acribillado cuando se disponía a publicar datos de la protección de Gobernación y la DFS a los primeros cárteles de marihuaneros. Y la DEA le abrió a Bartlett un juicio pendiente en Los Angeles por el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar.
La CNDH de 1992 se dedicó sólo a atender quejas de la coyuntura; la fiscalía especial que creó Fox para indagar la represión priísta del pasado encontró en la CNDH de Jorge Carpizo MacGregor una puerta sellada a piedra y lodo y nunca pudo indiciar a los responsables de una era de represión.
Por lo tanto, la tarea de la CNDH en el nuevo gobierno lopezobradorista tendrá dos opciones: seguir el mismo camino de no meterse con la investigación de los crímenes de la represión priísta o abrir los expedientes de la represión priísta y llamar a cuentas a funcionarios priístas involucrados en esas tareas y hoy dentro de Morena.
Piedra Ibarra encarna el padecimiento de la represión priísta; en caso de ser ratificada a pesar del fraude instrumentado para darle los votos en el Senado, su tarea será darle a la CNDH una autonomía absoluta para convertirse en el principal dique a la violación de derechos humanos del Estado lopezobradorista.
Los primeros expedientes de la CNDH están a la vista: ausencia en la violencia de las bandas criminales, pasividad del Estado para defender los derechos humanos de la sociedad, las quejas no procesadas que equiparan los recortes presupuestales a estancias infantiles y a enfermos terminales con violación de derechos humanos por parte del Estado por reorganización presupuestal, entre los más importantes. En esos temas se calará al próximo encargado de la CNDH, sea Piedra Ibarra u otro.
Si la nueva CNDH no responde a estas quejas, las protestas saldrán a la calle e inundarán las páginas de los medios.

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Bolivia. La caída del presidente boliviano Evo Morales debe analizarse en función de un error estratégico: el fraude electoral. Auto asumido como un líder moral sin contrapesos, buscó eternizarse en el poder. El desplome de Morales fue producto de la conclusión de una comisión de la OEA. Cuando dio la orden a sus cuerpos de seguridad de reprimir al pueblo se encontró que no habría masacres y esas fuerzas de seguridad lo emplazaron a renunciar. La caída de Morales cambia el escenario populista en América Latina, a pesar de la liberación de Luis Ignazio da Silva. México no quiere esas alianzas, Cuba y Venezuela están en el desprestigio total y a Argentina no le alcanza.
Política para dummies: La política se tasa por el rendimiento final, no por sus costes.

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Carlos Ramírez

No es Trump sino la comunidad militar y de seguridad nacional

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El sentimiento mexicano anti Trump podría estar obnubilando el enfoque estratégico que requiere la llamada del presidente Donald Trump al presidente López Obrador para ofrecerle apoyo en la guerra contra las organizaciones criminales transnacionales.
Un imperio no puede tener su enorme puerta fronteriza del sur abierta no sólo a la migración ilegal –hoy un problema grave–, sino a una variedad compleja de grupos criminales especializados.
Con el PRI, con el PAN y ahora con Morena, México sigue siendo el problema número uno de seguridad nacional de los EE. UU. Quien no entienda este principio estará cometiendo errores geopolíticos muy costosos. El gobierno de López Obrador debió haber entendido esta lógica de la dominación geopolítica cuando Trump amenazó con castigos arancelarios si México no controlaba la migración ilegal.
Trump ha exacerbado el viejo temor instalado en esa comunidad de inteligencia y seguridad nacional de Estado clandestino instalada por Ronald Reagan y la CIA: la tesis del analista de la CIA, Constantine Menges de que la inestabilidad política de México a mediados de los ochenta estaba generando un Irán “next door” o como vecino, apanicada la Casa Blanca por la revolución del Ayatola Jomeini en Irán. Este argumento se instaló desde entonces en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y se usa cada que ven riesgos de inestabilidad en México que pudiera provocar un aumento del flujo ilegal de migrantes.
Existen cuando menos siete documentos formales que establecen la existencia de los EE. UU. como un Estado de Seguridad Nacional, imperial y erigido sobre la explotación y dominación de los demás. Y México está siendo procesado dentro de estos enfoques de seguridad nacional militarizada:
1.- Estrategia para el combate de las organizaciones criminales trasnacionales de 2011. Obama estableció ahí un criterio imperial: “proteger a los estadunidenses y a nuestros socios”, del daño, la violencia de las redes criminales. Asimismo, “ayudar a sus socios” a “cortar alianzas de los criminales con el Estado”. El enfoque es intervencionista:
2.- Estrategia nacional de lucha contra los narcos en el suroeste de la frontera, de mayo de 2016. El objetivo incluye la presión a México y Centroamérica a aceptar la ayuda estadunidense en la modernización de sus instituciones de justicia y gobierno. A través de este acuerdo, los EE. UU. asumen la dirección de las oficinas mexicanas y centroamericanas de seguridad.
3.- Estrategia de seguridad nacional, de diciembre de 2017. Esta directriz le da continuidad al modelo de vincular la política exterior con la política militar de defensa nacional y dominación imperial. Sus cuatro principios van más allá de sus fronteras: protección de la patria, promoción de la prosperidad en otros países, la paz a través de la fuerza y el avance de la influencia estadunidense en el mundo.
4.- La estrategia de defensa nacional de 2018. El principio rector de la defensa nacional de los EE. UU. es muy claro: defender la patria con la preeminencia del poder militar en el mundo, para asegurar que los equilibrios de poder permanezcan a favor de los EE. UU y promover un orden internacional que sea más propicio a la seguridad y la prosperidad de los EE. UU. Esta doctrina impone la seguridad nacional de los EE, UU. como un paraguas sobre otras naciones. Y anuncia una base de innovación de seguridad nacional sin igual en el siglo XXI.
5.- Estrategia nacional contraterrorista, de octubre de 2018. Los EE. UU. se hacen cargo de combatir el terrorismo fuera de sus fronteras y en países aliados.
6.- Estrategia nacional para control de drogas, de enero de 2019. Este documento atiende a atención a dicciones, pero deja claro que los EE. UU. lucharán contra el flujo de drogas en los países productores y de trasiego, entre ellos México.
7.- El Memorándum Ejecutivo de agosto de 2019 para nombrar a los países que no controlan las drogas que se consumen en los EE. UU., en cuya lista fue incluido México.
Así que no es Trump, sino el Estado de Seguridad Nacional.

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Sinaloa normalizada. Como para mandar el mensaje de que la crisis en Culiacán del 17 de octubre fue un suceso aislado, el gobernador Quirino Ordaz Coppel aumento su actividad política e inauguró el “Paseo de la Alegría” en el Parque Las Riberas de la capital estatal, en un evento que congregó a 10 mil personas, entre ellas familias enteras. El evento debe interpretarse como un evento de normalización de la vida cotidiana, luego del colapso anterior. La inauguración fue después de una marcha social para asentar los deseos de paz de los ciudadanos. Sinaloa quiere borrar la imagen de narcoestado que ha dejado El Chapo. Y que el Cártel de Sinaloa se asuma como lo que es: el Cártel de El Chapo.
Política para dummies: La política es un juego de dominación.

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Carlos Ramírez

Ocaso de los estadistas y el ciudadano Wikipedia

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Luego de las elecciones en Bolivia y Argentina, de las protestas callejeras violentas en Bolivia, Chile, Ecuador y Cataluña, de la crisis de gobernabilidad en México y de las elecciones para presidente del gobierno de España, una especie de común denominador atraviesa de manera transversal los conflictos: terminó la era de los estadistas y estamos en el ciclo nada agradable de los políticos del poder.
Unos días de presencia física en Barcelona y Madrid y el seguimiento de la política en España desde 1974 me permitieron ver una crisis de los estadistas, de los hombres de Estado, de dirigentes políticos capaces de no cruzar líneas prohibidas y con un apego a la institucionalidad y a las ideas. Los cinco principales candidatos a la presidencia están viendo acomodos de sus posibilidades y ninguno está enfocando una crisis del Estado. La ausencia de estadistas está liquidando la transición de 1976-1978.
Argentina es otro caso singular. Luego de los fracasos del modelo social-populista-personal de Juan Domingo Perón, en cuando menos tres ocasiones el peronismo ha irrumpido en la vida nacional. Derrotado en 2015, hoy regresa el mismo peronismo que llevó a Argentina a severas crisis de corrupción y económica. El presidente indígena Evo Morales, que enarboló una propuesta de transición, ha desobedecido las leyes para perpetuarse en el poder, a pesar, en las recientes elecciones, de las protestas masivas violentas por sospechas de fraude electoral.
En Chile una reforma económica de ajuste macroeconómico neoliberal sacó a los chilenos a las calles a protestar contra el neoliberalismo, sin reconocer que está reventando el modelo neoliberal de Pinochet que los mismos chilenos avalaron como gran reforma productiva. En Ecuador también reformas económicas indispensables en la lógica de sus programas de gobierno estalló la violencia. En Nicaragua fermenta una gran protesta social contra el sandinismo revolucionario que echó a los Somoza del poder, pero para dejar a los Ortega como copia del somocismo. En Brasil no se ha resuelto la crisis populismo neoliberalismo que precipitó Nilda Rousseff y la corrupción debatida en tribunales judiciales de Luis Ignazio da Silva.
En México asumió el poder el modelo de liderazgo social personal de Andrés Manuel López Obrador, después de seis presidentes que impulsaron un modelo neoliberal de mercado en condiciones de exclusión de los errores del viejo populismo que en 1982 lanzaron la economía estatal a la economía de mercado. Pero el primer efecto ha sido negativo: si en el ciclo populista 1934-1982 el PIB crecido 6% promedio anual y en el periodo neoliberal 1983-2018 ese indicador se ubicó en promedio anual sexenal de 2.2%, el primer año de nuevo gobierno y de nuevo proyecto económico será de -0.2%.
En todos estos escenarios se dio una constante: el agotamiento en diferentes niveles y fechas de modelos políticos populistas para dar paso a economías de mercado, pero con el regreso del populismo. Pero el dato mayor fue la existencia de liderazgos políticos de masas; es decir, que el populismo y el neoliberalismo condujeron a la terminación de los políticos-estadistas. La referencia es clara: los políticos hoy piensan en el ejercicio del poder a cualquier precio, en tanto que los estadistas siempre vieron el bosque del papel direccional del Estado.
Otra característica ha sido apenas esbozada por algunos analistas: el fin de las ideas políticas como espacios de cohesión social; en casi todas las elecciones de países con procesos electorales abiertos los candidatos asumen al electorado no como una ciudadanía en acto, sino como una masa dependiente de los pánicos sociales de las redes cibernéticas. Ahora mismo en España se percibe la contratación de expertos en redes para captar votos con propuestas direccionadas.
Los fracasos económicos, políticos y sociales de las naciones en crisis y en procesos electorales son asumidas con responsabilidades externas. Las campañas buscan votos cautivos con programas asistencialistas. En ninguno de los países en crisis se ha llevado a debate electoral el agotamiento de los dos sistemas en pugna –mercado y populismo– y todo se resuelve con dinero regalado. Una vez en el poder, la legitimidad y la duración de esos gobiernos dependerá de los recursos presupuestales. En México, el nuevo gobierno medirá resultados con el número de beneficiados directos de entregas de dinero en función de su marginación, en tanto que hay un desdén hacia el PIB que refleja la suma de la actividad económica cuantificable en empleos, salarios, bienestar y satisfacción.
Hoy la calificación de los gobernantes se hace con la medida de un maquiavelismo distorsionado: el ejercicio del poder, por el poder y para el poder, no la significación del Estado como el objetivo final. Aristóteles, en explicación de Julián Marías, desarrolló su obra Política no en función del ejercicio del poder, sino en relación al papel del gobernante en la polis. Y Thomas Hobbes definió el Estado como un contrato social que dejaría armas el Estado de naturaleza. Eso sí, los nuevos líderes políticos se quedaron con el Estado de Weber: el monopolio de la fuerza, una derivación hobbesiana.
La dinámica ruidosa de la comunicación cibernética, el surgimiento del ciudadano-Wikipedia por efecto de las redes sociales, la agonía de la filosofía política, la calificación de resultados vía el voto cautivo de los programas asistencialistas y la sustitución del Estado por el poder han llevado a la política a un intercambio de beneficios: se eligen distribuidores presupuestales, no estadistas.

‪indicadorpolitico.mx‬
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@carlosramirezh

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