Por Laura Gutiérrez Franco
La crisis del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en la Zona Metropolitana de Guadalajara es real, añeja y asfixiante. Las tuberías obsoletas, el agua turbia que sale en decenas de colonias y el desabasto intermitente son el resultado de una herencia maldita: décadas de omisiones, de sexenios y sexenios donde el presupuesto se enterró en parches y no en soluciones de fondo.
Sin embargo, la reciente narrativa impulsada por la diputada federal y presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Merilyn Gómez Pozos, de “meter a la Conagua” para intervenir el organismo no es una propuesta técnica para abrir la llave del agua limpia; es, en el fondo, una estrategia de demolición política que prioriza el voto sobre el vital líquido.
El límite legal de la Conagua: Fiscalizar sí, cogobernar no
La narrativa oficialista vende la falsa idea de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) puede llegar como un salvador institucional a tomar las riendas del SIAPA para solucionar mágicamente lo que las administraciones locales no han podido. Nada más alejado de la realidad jurídica.
Si bien el Artículo 27 de la Constitución establece que las aguas nacionales son propiedad de la Federación, el Artículo 115 constitucional blinda de manera tajante la autonomía municipal, otorgando exclusivamente a los ayuntamientos la facultad y obligación de prestar el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
La Conagua tiene “dientes” para auditar, para revisar que se cumplan las Normas Oficiales Mexicanas de salud, para sancionar descargas clandestinas o para condicionar la entrega de participaciones federales destinadas a infraestructura. Pero la Conagua jamás podrá meterse a administrar el SIAPA, ni a operar sus plantas potabilizadoras, ni a sustituir las decisiones operativas del organismo metropolitano. Prometer una intervención directa de la Federación para operar el agua de los tapatíos es, técnicamente, una mentira; constitucionalmente, un imposible.
Es aquí donde el análisis técnico se topa con la dura pared de la estrategia electoral. Resulta ingenuo pensar que desde la cúpula de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados exista un interés genuino por rescatar la gestión de un gobierno emanado de Movimiento Ciudadano en Jalisco. En la lógica de la polarización partidista, solucionar el problema del SIAPA significaría colgarle una medalla al adversario local. Y en política, el agua que limpia los hogares del ciudadano muchas veces es el lodo con el que se ataca al rival.
El verdadero objetivo de la pirotecnia declarativa parece ser otro: la capitalización del descontento. Al alimentar la expectativa de una intervención federal que legalmente está acotada, lo que se siembra en el ánimo social es la desinformación y el enojo. La estrategia es clara: mantener la crisis en el aparador, recordarle diariamente al ciudadano que el agua llega sucia a su hogar y direccionar esa frustración legítima en forma de voto de castigo.
Un problema histórico reducido a un botín de campaña
Reducir la tragedia del agua en Guadalajara a una disputa de culpas inmediatas es ignorar la historia. El colapso del SIAPA comenzó mucho antes de que las actuales administraciones se sentaran en sus sillas; es el costo de una infraestructura que creció al ritmo del negocio inmobiliario descontrolado y de presupuestos asignados a cuentagotas por administraciones de todos los colores a lo largo de los últimos treinta años.
La paradoja es que, mientras la presidenta de la Comisión de Presupuesto tiene la llave presupuestal más importante del país para etiquetar recursos extraordinarios que verdaderamente ayuden a renovar la red de tuberías de la metrópoli, el debate se arrastra hacia la amenaza de la intervención y el choque de autonomías.
Al final del día, la confrontación mediática deja una certeza: mientras los actores políticos sigan usando el desabasto como munición electoral para desgastar al contrario, las tuberías seguirán secas y el agua seguirá llegando turbia. Porque en esta guerra por los votos, lo último que importa es que el agua sea potable; lo que importa es que el enojo sea rentable.
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