Por Laura Gutiérrez Franco
La pregunta se contesta sola: por supuesto que no. Los violentos y encapuchados que el pasado domingo convirtieron una manifestación legítima en un campo de batalla no le van a abrir la llave al agua limpia ni le van a resolver la crisis de desabasto a las miles de familias tapatías que llevan meses recibiendo líquido chocolatoso en sus hogares. Al contrario: su irrupción solo sirvió para enturbiar el reclamo, darle un pretexto al poder y dejar a los ciudadanos de a pie exactamente con el mismo problema en la tubería, pero ahora con violencia e impunidad en la calle.
La jornada había comenzado como una expresión ciudadana ejemplar. Cerca de 10 mil personas —familias enteras, vecinos organizados, adultos mayores y niños— se congregaron en la Glorieta Minerva para marchar con rumbo a Casa Jalisco. El hartazgo frente a la negligencia del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y la lentitud del Gobierno del Estado encabezado por Pablo Lemus para solucionar la calidad del agua sacó a las calles una protesta viva, firme pero absolutamente pacífica. Durante casi dos horas de trayecto, la exigencia fue una sola: respuestas inmediatas, soluciones definitivas y no más largas burocráticas.
Sin embargo, al arribar a la residencia oficial del Gobernador, el sentido de la movilización fue reventado. Un contingente de aproximadamente 400 personas, hombres y mujeres vestidos de negro y con los rostros cubiertos, irrumpió con una agenda completamente ajena al reclamo del agua. En cuestión de minutos, la provocación escaló: derribaron los cercos de protección y cometieron el exceso insensato de destrozar la barda de un asilo cercano para extraer piedras y usarlas como proyectiles contra la Policía Estatal. El resultado: un agente hospitalizado con reporte de gravedad por un impacto en la cabeza, pánico entre los manifestantes pacíficos que tuvieron que huir del lugar y una marcha ciudadana completamente desvirtuada.
Ahí es donde surge el tufo político y la sospecha de la infiltración porril. ¿A quién le beneficia que una marcha justa por el agua termine en zafarrancho? ¿A quién le sirve que la nota del día no sea la exigencia al SIAPA, sino el vandalismo y las pedradas? En los pasillos políticos de la entidad ya se señala abiertamente la mano del partido Morena, interesado en desestabilizar la capital jalisciense y desgastar al gobierno estatal. Lo cierto es que los grupos de choque —patrocinados o avivados por intereses partidistas— operan como mercenarios de la protesta: llegan, hacen el desmán, provocan el caos y dejan que paguen justos por pecadores.
Porque en el descontrol, la respuesta de la Policía Estatal también dejó mucho que desear. Si bien las fuerzas de seguridad recibieron agresiones severas que merecen castigo, la represión no tuvo brújula. Entre el desorden y la prisa por disuadir la gresca, terminó detenido un muchacho cuyo único delito era andar vendiendo lonches a los manifestantes. Esas detenciones arbitrarias son inaceptables: a los inocentes atrapados en la confusión se les debe liberar de inmediato, limpiar de cualquier acusación y ofrecerles una disculpa pública. En cambio, a quienes planearon, financiaron y ejecutaron la agresión —así sean porros disfrazados de activistas o elementos policiacos que se hayan excedido contra civiles— debe caerles todo el peso de la ley.
El saldo final es desolador para Guadalajara. La ciudadanía se fue a su casa con el mismo temor al abrir la llave, mientras los oportunistas políticos lograron su cometido de tapar el reclamo social con la cortina de humo de la violencia. El bloque negro no sirve para construir, no tiene propuestas y jamás dará una sola gota de agua limpia a esta ciudad; solo sirve como herramienta de desestabilización para quienes prefieren el desorden sobre la justicia social.
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